- El líder indígena del pueblo Baniva, Eligio DaCosta, sostiene que la minería ilegal se ha vuelto un problema en Venezuela que atenta contra la forma de vida de los pueblos indígenas, por eso se organizan para hacerle frente.
Eligio DaCosta compara el color del río Atabapo, en Venezuela, con el tono negro de la Coca-Cola. Es el aspecto natural de sus aguas y no se debe a algo negativo, sino a la presencia de taninos —productos de materia vegetal en descomposición— que lo tiñen. El afluente rodeado de bosques, que pasa por Guarinuma, la comunidad donde el líder indígena baniva nació, es oscuro, dice, y de una belleza inusual. Pero, hace unos años, este paisaje natural estuvo en grave peligro.
“Fuimos víctimas de la minería ilegal de oro en nuestro río: fueron casi tres años”, afirma el presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), sobre las amenazas al río de origen amazónico que comparte frontera con Colombia y está conectado con el río Orinoco.
“Lo denunciamos hasta que la gente de Colombia nos ayudó”, explica. “Las autoridades colombianas tomaron medidas porque también estaban destruyendo parte del río que hace límite con Colombia. Los militares colombianos ayudaron con la destrucción de las balsas con las que entraban ilegalmente”.
La preocupación por la presencia de minería en territorio indígena venezolano es generalizada y la lucha de las comunidades no se detiene. Mongabay Latam conversó con Eligio DaCosta sobre los efectos en los ecosistemas y las demandas de las organizaciones indígenas venezolanas presentes en la zona.
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Minería y violencia
—¿Qué ocurre con la minería en los territorios indígenas de Venezuela y de qué forma ha afectado a las comunidades?
—La minería ilegal es una problemática muy fuerte en diversos municipios. Tenemos 182 mil kilómetros cuadrados de selva amazónica y focos de minería en diversos territorios. Este es un problema que ha generado muchas consecuencias en los territorios indígenas y eso ha preocupado muchísimo. Hemos trabajado buscando alternativas ante las actividades extractivas, como la organización enfocada en actividades económicas indígenas y emprendimientos. Nos preocupa porque nuestra misión es la defensa del territorio y los derechos esenciales de nuestros pueblos, la biodiversidad y la naturaleza.
Tenemos 21 pueblos en el estado Amazonas, Venezuela, uno de los estados con mayor población indígena. De hecho, es un estado indígena, y ese problema por supuesto genera otras consecuencias en los territorios que tienen que ver con la afectación cultural de los pueblos, afectaciones del territorio, los desplazamientos de las actividades culturales, porque unos piensan que con la minería se va solucionar el problema y dejan de hacer sus actividades tradicionales. El abandono de la familia se ha generado en ciertos puntos de nuestra geografía, también el tema con las mujeres y la vulneración de sus derechos humanos, esas son algunas consecuencias que ha generado esto en nuestro territorio.
—¿Qué afectaciones y pérdidas ha sufrido el territorio por la actividad minera?
—Hay un municipio que está un poco más destruido en cuanto a la deforestación producto de la minería, que es el municipio de Atabapo. La minería tiene mucho tiempo y hay extensiones bastante considerables de deforestación que ya se han convertido en sabana, en médanos que, para recuperarse, requieren mucho tiempo. Ese es el miedo que tenemos en otros territorios. Ahorita estamos buscando la manera de salvar un territorio ancestral llamado Uwottüja, de la cuenca del Sipapo, porque hasta ahora se está iniciando un foco de minería y nos preocupa. Hemos acudido a algunas instancias nacionales, regionales e internacionales, lo hemos llevado a la ONU también. Estamos buscando la forma de salvar ese territorio que es saludable, igual que otros. Estamos bajo esa amenaza del Arco Minero que a veces pensamos que se quiere meter a nuestro estado por diferentes partes y no queremos.
—Existen numerosos casos de defensores de la tierra asesinados y comunidades indígenas desplazadas por la violencia y proyectos extractivos en Latinoamérica, ¿cómo estos hechos de persecución, desaparición y muerte han afectado a su territorio y a la gente?
—Con el mismo tema de la situación minera, hay territorios donde hay mayor extensión de la actividad, que por supuesto trae como consecuencia la muerte de hermanos indígenas. A veces por accidentes, pero también asesinados en algunos de los casos y que a lo mejor no están registrados porque no nos llega la información al estar en zonas muy lejanas, en el centro de la selva.
Por ejemplo, nos llega información de que en la zona minera del municipio de Atabapo ha habido muertes de hermanos indígenas. Algunos se han hecho saber aquí en la capital, otros no. Pero sí existe eso dentro de esos territorios. También en el cerro Yapacana, que es un Parque Nacional, donde hay explotación minera.
Otra de las amenazas de las que estamos pendientes es el Arco Minero del Orinoco. El estado que tiene la mayor proporción de minerales es Amazonas, es una gran preocupación y lo hemos hecho saber por los medios o pronunciamientos. No somos un estado minero y no lo vamos permitir, desde nuestra organización y nuestra competencia, que se meta el Arco Minero, eso sería la destrucción del estado. Para nadie es un secreto que la minería se está trabajando en algunos territorios: el estaño, el oro, y eso genera contaminación en ríos y sus peces. Hemos estado monitoreando a través de nuestros propios medios y buscando formas de estar pendientes de la situación. Si hay concesiones ahora, no tenemos información, solo estamos pendientes de que el Estado piense que Amazonas es una alternativa de minería y, en caso de darse, seríamos los primeros en pronunciarnos a nivel nacional e internacional.
—¿El Estado venezolano le está dando prioridad a los proyectos extractivos y a su propia economía por encima de los intereses de los pueblos indígenas?
—Sí, en su gran mayoría. Porque el petróleo se paraliza y se buscan recursos mineros, por eso nosotros estamos convenciendo, al menos en lo regional, al gobierno de que una de las alternativas sustentables que no destruyen la naturaleza es el turismo.
—¿Cuál es el contexto actual de los pueblos indígenas venezolanos luego de la pandemia de COVID-19?
—La pandemia por supuesto agudizó los problemas de salud, educación y protección del territorio. Ahora la gente se ha empezado a activar nuevamente y a buscar la forma de recuperarse. En ORPIA tenemos una política de no solo hablar de las debilidades y los problemas, porque, como organización, debemos proponer alternativas que vayan con los usos y costumbres, necesidades y cosmovisión de nuestros pueblos indígenas. Estamos trabajando fuertemente en la educación propia, haciendo incidencia y, por supuesto, acompañando temas de salud. Hemos llevado jornadas de vacunación contra COVID-19 a territorios donde no habían llegado. Hemos trabajando la articulación con algunas instituciones del Estado que acompañan este proceso.
Actualmente, los estudiantes están asistiendo a la escuela, no en su mayoría, porque también esto ha generado una gran deserción escolar en los territorios y la minería también genera eso. La gente se va a trabajar y abandona los estudios, la familia. Esta pandemia de la minería también genera muchas consecuencias en los territorios indígenas.
—¿Qué se hace desde los pueblos para contrarrestar la pandemia minera?
—En la organización tenemos como eje central, para la recuperación o mejoría económica de los pueblos, a la economía indígena y las actividades tradicionales. La mayoría de la gente de nuestros pueblos, como todos en América, vivimos del conuco, casabe, mañoco, los derivados de la yuca, con la agricultura que genera economía para nuestros pueblos. Estamos centrados en eso para hacer ver a la gente que también se puede vivir de esa manera, hacer ver que la minería es comida para hoy y hambre para mañana. Mientras que nuestras actividades tradicionales son comida para toda la vida.
También estamos trabajando fuertemente con el emprendimiento, con artesanía, derivados de productos autóctonos, con turismo, organizamos una feria y llamamos a los agricultores, pintores, artesanos y a toda la gente de nuestros pueblos, independientemente del trabajo tradicional que realicen, para fortalecerlo, motivar y que se haga respetando la naturaleza, nuestros territorios, y no destruyéndolos. Ese es nuestro trabajo.
—¿Qué tipo de actividad criminal han detectado en la selva venezolana y qué impactos tiene en los pueblos indígenas y sus territorios? ¿Cómo se han organizado para hacerle frente, desde las comunidades? ¿Existen grupos de autodefensa?
—Desde nuestra organización nacen los guardianes territoriales, lo que se llama en Colombia “guardia indígena”. Son grupos de jóvenes en articulación. En el territorio guoto sipapo, los guardianes protegen el territorio ancestral. En el tema del narco a muchos nos da miedo responder, porque vivimos en la frontera y pasan muchas cosas, pero para nadie es un secreto que sí hay focos del narco, hay aeropuertos en varios territorios y lo hemos denunciado públicamente.
—¿Qué ocurre con las juventudes indígenas en Venezuela? ¿Han detectado su incursión en actividades ilícitas?
—La creación de estos guardianes territoriales también se hizo con esa finalidad, porque veíamos que la cooptación de estos grupos del narco era bastante preocupante. Entonces generamos este proceso de guardianes territoriales captando a los jóvenes que estuvieron a punto de irse a esos espacios y seguimos buscando jóvenes que pudieron irse. Hay muchos jóvenes indígenas trabajando en esas actividades ilícitas, pero buscamos ir minimizando eso y decirle a los jóvenes que esa no es la vía, esa no es la solución; queremos convencerlos de que se puede vivir de otra forma y no es característico ni costumbre participar en este tipo de actividades.
Las guardias territoriales están llegando a ser un grupo más numeroso, estamos buscando la forma de fortalecerlo con resultados positivos en cuanto a la protección de territorios, estamos atentos a los aviones que llegan con el tema del narco: ellos tienen armas y nosotros no. Sus actividades puntuales son la supervisión de toda persona que vaya a su territorio: le preguntan a qué va, le toman su nombre, datos, el número de días que se quedan. Es un control que llevan de manera respetuosa, porque fueron formados para proteger el territorio y dar paz: no entran en conflicto. Pero hay muchos otros grupos del narcotráfico que han buscado la forma de enfrentarlos.
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—Respecto a los territorios de los pueblos indígenas en Venezuela, ¿qué tanto es el avance en su titulación y respeto a su autonomía? ¿Ha habido voluntad política del Estado para reconocerlos?
—Nosotros tenemos 20 años sin titulación. Se ha titulado una pequeña porción, un 3 % del territorio y, desde ahí, no se han hecho titulaciones hasta la fecha. Por eso nosotros recurrimos a una manera muy ancestral para proteger nuestros territorios y que el Estado sepa que son indígenas: la autodemarcación. La estamos fortaleciendo, buscando otros mecanismos de protección a través de la Jurisdicción Especial Indígena en cada uno de los pueblos que la hemos ido conformando, poco a poco. Claro, nosotros seguimos haciendo esa exigencia tan importante que tenemos como derecho los pueblos indígenas y eso está consagrado en nuestra Constitución, en nuestras leyes orgánicas de los pueblos indígenas. Nosotros seguiremos exigiendo, como siempre, que nos escuchen y se titulen los territorios.
Hasta ahora, hay cierto respeto, no puedo decir considerable, pero hemos hecho un trabajo de incidencia fuerte ante el Estado, con reuniones, mesas de trabajo, buscando que se respeten esas decisiones que estamos haciendo en los territorios. Mientras más dialoguemos, creo que vamos a ir avanzando en estos temas, pero lo estamos haciendo de esa manera: con mapas de los sitios sagrados y considerando cada territorio de cada pueblo. Nosotros tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados ante las situaciones que pasan los territorios y por eso buscamos la autodemarcación, como un mecanismo que nos ha dado un resultado bastante positivo. Independientemente de lo que el Estado diga, son territorios nuestros, porque ancestralmente se ha vivido en ellos.
—¿Qué relación tienen con el Estado venezolano actualmente? ¿En qué grado son escuchados y atendidos por el gobierno de su país?
—Hemos analizado que una de las formas de hacer incidencia para defender los derechos de los pueblos indígenas es articular con algunas instituciones, pero nuestra articulación no es común porque hemos puesto sobre la mesa el respeto a la autonomía, la visión, misión y objetivos como organización indígena y, hasta ahora, han respetado esa posición. También le hemos dicho al Estado que nos acompañe en estos procesos, en la protección de los territorios, en impulsar la economía indígena, el emprendimiento, la educación, la salud, la atención de nuestros pueblos. Nosotros hacemos trabajo territorial de campo y los llevamos para que ellos también hagan su trabajo de salud, de educación, de jurisdicción ordinaria y las instituciones que tienen que ver con justicia. Estamos convencidos de que entre todos podemos hacer el trabajo, pero sin perder la visión como organización indígena y sin politizar nuestra organización. Y hemos sido claros en eso: en el momento que quieran dirigir a nuestra organización desde el punto de vista político, nos retiraremos.
Organización para la resistencia
—En materia de organización política, ¿cómo ha servido contar con una organización como ORPIA, que usted preside, para la defensa de los pueblos indígenas?
—En ORPIA tenemos aproximadamente 20 organizaciones de base. En cada territorio hay una organización base que representa y hace los trabajos. También pertenecemos al Consejo Nacional Indio de Venezuela (Conive), que tiene una visión diferente, más política; y a la internacional, que es la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), por la Amazonía venezolana. Esto es parte de nuestra estructura y ha servido para buscar más respeto y consideración entre las instituciones del Estado. Ese respeto se ha ido ganando, porque estamos haciendo trabajo territorial y no estamos sino impulsando los temas indígenas.
—¿Ha habido hechos positivos gestados desde las comunidades, victorias legales contra el Estado o las actividades extractivas?
—Por ejemplo, estamos trabajando fuertemente para salvar el gran territorio del municipio de Autana, territorio ancestral del pueblo Wötjujä, que es bastante numeroso. Hemos hecho pronunciamientos, mesas de trabajo con el Estado, con militares, con muchas instituciones; lo hemos llevado en comisiones hasta el lugar de los acontecimientos, donde hay este proceso de minería, para paralizar esa situación que se está gestando en ese punto minero focal. Lo hemos denunciado ante la ONU, vino una comisión y dieron la oportunidad de entregar un documento y porque estamos buscando blindar con los protocolos de consulta en el pueblo indígena.
Siempre hemos denunciado contra la minería. Tenemos 28 años de lucha en esto y no vamos a perder la misión. Sin territorio no hay vida para nosotros y, si lo destruimos, no vamos a tener nada.
*Imagen principal: Eligio DaCosta durante trabajos de prevención de COVID-19 en comunidades indígenas. Foto: ORPIA
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