- A punto de empezar en Inglaterra un juicio contra la petrolera por afectaciones a comunidades en Putumayo tras un derrame en 2015, Cuestión Pública y Mongabay Latam recogen denuncias del pueblo indígena siona hacia la compañía por hechos similares.
- Este equipo periodístico encontró además tres convenios de la empresa con el Ejército para que le presten servicios de seguridad, mientras las comunidades denunciaban la falta de protección y vigilancia en la zona.
- Dos años después del último convenio, la multinacional fue acusada de alianzas con grupos armados para amenazar a líderes sociales.
La petrolera Amerisur-Geopark enfrenta una demanda en Inglaterra por afectaciones ambientales sobre varias comunidades en el Putumayo, en la Amazonía de Colombia, tras un derrame ocurrido en 2015. Y los vertimientos no habrían parado. En 2020 hubo otro en la Vereda Alea La Rosa, ubicada a una media hora de Puerto Asís, Putumayo, según documentó un comité conformado por la organización comunitaria Asociación de Desarrollo Sostenible de La Perla Amazónica (ADISPA) —que gestiona la Zona de Reserva Campesina La Perla, un tipo de área creada por el Estado colombiano para fomentar la economía campesina— y Corpoamazonía, la entidad encargada de proteger el medio ambiente en Putumayo y otros departamentos amazónicos como Caquetá y Amazonas.
Amerisur además ha sido señalada de posibles alianzas con disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para proteger sus proyectos de explotación precisamente en la Zona de Reserva Campesina La Perla, según denuncias de familias desplazadas por estos grupos recogidas por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
A su vez, la multinacional ha celebrado entre 2014 y 2019 al menos cinco convenios con el Ejército por $2483 millones (651 mil dólares a marzo de 2022) para proteger sus áreas de explotación. Pero estos procesos han dejado un rastro de irregularidades ya denunciadas por Rutas del Conflicto y sobre las que esta alianza periodística encontró nuevas pistas. Este tipo de convenios estatales y organizacionales, como uno con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), le han servido a la compañía para tener una buena imagen, según precisaron varias fuentes. Pero esto podría cambiar con el juicio británico. Vamos por partes.
El 30 de diciembre de 2019 campesinos de La Perla, organizados a través de ADISPA, presentaron una demanda en el Reino Unido contra la empresa. La causa: un derrame de petróleo que se presentó en la vereda Los Achapos, en cercanías a Puerto Asís (Putumayo), cuatro años antes.
Los siona denuncian a la petrolera
La petrolera fue absorbida por la chilena Geopark en enero de 2020 y pasó a llamarse La Nueva Amerisur. El 11 de junio de 2015 sujetos armados del Frente 48 de las FARC obligaron a los conductores de cinco carrotanques de transporte de crudo a abrir sus válvulas y verter su contenido en la carretera. El derrame fue de aproximadamente 30 mil galones. Según fuentes judiciales conocedoras del caso que hablaron bajo reserva para no afectar el caso judicial, la petrolera no hizo lo suficiente para evitar el incidente. Tampoco para repararlo o contener el daño y así evitar la contaminación de cuerpos de agua y afectaciones a la salud humana. Mientras se decide el caso, en enero de 2020 la justicia británica congeló 3,2 millones de libras (4,2 millones de dólares) de Amerisur tras atender la demanda presentada por los habitantes de La Perla.
En las vísperas del juicio de este grupo de campesinos organizado en ADISPA, sus vecinos del pueblo indígena siona, ubicado en el Resguardo Buenavista en Puerto Asís, Putumayo, también se declaraban víctimas de Amerisur.
Aunque el pueblo siona no es parte del caso judicial, su resguardo ha denunciado que vertimientos derivados de las labores exploratorias de Amerisur han ocasionado contaminación en el río Piñuña Blanco, el río Mansoyá y el caño Singuiya. La contaminación de las aguas, el incremento de animales muertos y la escasez de plantas medicinales, asegura la dirigencia siona, afectan la supervivencia de los pobladores del resguardo.
“Los derrames siempre van a las fuentes hídricas que tenemos en territorio. Todo ese crudo y todo lo que se derrama baja por las quebradas y por las quebradas llega al territorio nuestro. Se contaminan los caños que pasan por el territorio y abastecen a las comunidades, los caños Greoya, el Mansoyá y el Sabiyá”, dijo Sandro Piaguaje, dirigente de Cultura del Resguardo Buenavista en entrevista para este reportaje.
El líder siona indica, además, que los responsables de la contaminación en sus territorios son las multinacionales que entran a extraer los hidrocarburos. “Eso trae la contaminación de los ríos, de los caños, incluso los peces y los animales de caza se fueron contaminando por medio del agua. Uno caza a los peces y al ingerirlos nos vamos contaminando nosotros también”, complementó Piaguaje en la entrevista.
Los siona también dicen que su salud ha resultado afectada. “Hay muchas enfermedades en el sistema reproductor de las mujeres y en las vías urinarias. En los niños hay brotes en la piel. Todo esto se relaciona con la contaminación en el agua, nosotros dependemos del río para poder sobrevivir”, le dijo Mario Erazo, coordinador del territorio siona, a esta alianza periodística. El dirigente Sandro Piaguaje reiteró las mismas vulneraciones: “Tuvimos enfermedades en nuestros mayores, brotes en la piel de los niños y ancianos, y los efectos negativos en la salud de las mujeres”.
Para ellos no se trata solo de recursos básicos para su alimentación, aseo y medicina tradicional. Los ríos y quebradas también representan la conexión del pueblo con los espíritus mayores. Lo intangible también está en riesgo. “La espiritualidad tiene un papel muy importante en el proceso de resistencia y, al ejecutar proyectos petroleros, así no sean dentro del resguardo, se pierde lo espiritual y se amenaza la pervivencia”, agrega Piaguaje, dirigente de cultura del Resguardo Buenavista.
Cuestión Pública y Mongabay Latam hallaron que el área que el Estado colombiano le licenció a la petrolera tiene una intersección del 88 % con el Resguardo Buenavista. Esto, pese a que la comunidad indígena está legalmente constituida desde 1974, mientras que Amerisur apenas obtuvo su licencia para operar en esta zona en 2009.
“En Colombia el subsuelo, según nuestra Constitución, es del Estado, pero la exploración y la explotación (petrolera) no pueden ser a cualquier costo, pasando sobre la vida de las personas y más cuando tenemos una comunidad con tan baja densidad poblacional, víctima colectiva del conflicto armado, además reconocida por la Corte Constitucional (por su situación de) riesgo de exterminio físico y cultural”, precisa Laura Rojas, abogada que ha acompañado los procesos jurídicos del Resguardo Buenavista desde el 2019 como parte de Amazon Frontlines, una organización de la sociedad civil internacional cuya misión es apoyar las luchas de los pueblos indígenas, su derecho a la tierra, la vida y a su supervivencia cultural en la Amazonía.
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Amerisur y el Ejército: ¿protección al mejor postor y sin control?
A pesar de los cuestionamientos que las comunidades le han hecho a Amerisur, fuerzas de seguridad del Estado han suscrito convenios con la empresa.
Cuestión Pública y Mongabay Latam detectaron tres convenios entre Amerisur y el Ministerio de Defensa. El primero, de 2014, se celebró por un monto de 624 millones de pesos (157 mil dólares). El Ejército se comprometió a prestar “labores destinadas a mantener las condiciones de protección y seguridad de las actividades y de la infraestructura e instalaciones fijas y móviles de la empresa”.
En el acta de liquidación del convenio suscrito ese año quedó consignado que se dispusieron 31 millones de pesos (7800 dólares) para ‘bienestar personal’. Esta suma estaría destinada a la compra de pasajes aéreos y/o terrestres para el personal militar que salía de licencia, permiso o por situaciones de salud.
El mismo documento hallado en la base de datos de contratación pública (SECOP) da cuenta de algunas dudas en la ejecución de esos recursos: “Respecto a los aportes destinados a Bienestar de personal (…) no se allegaron los soportes (no adjuntaron los documentos sobre gastos) que se relacionan en el acta mencionada. Se sugiere a la Inspección General del Ejército Nacional realizar las investigaciones a las que haya lugar por la ausencia de dichos documentos”. El acta de liquidación fue suscrita por Astrid Rojas Sarmiento, directora de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional y por Carlos Andrés Martínez Bonilla, representante legal suplente de Amerisur Exploración Colombia.
Sarmiento y Martínez también pidieron a la Inspección General del Ejército investigar otras inconsistencias. Por ejemplo, había facturas ilegibles y las unidades militares no entregaron soportes de los gastos referidos a material de construcción y sobre unos recursos que recibieron para la compra de combustibles, grasas y lubricantes.
Por esas inconsistencias, el Ejército abrió una investigación disciplinaria contra el coronel Nelson Yesid Ladino Ramírez, el teniente coronel (R) William Rodríguez Avila, el mayor (R)Cesar Augusto Calderón Valderrama y la cabo segundo Lina Marcela Morales Rusinque.
El segundo convenio, con vigencia del 31 de mayo de 2016 al 31 de julio de 2018, fue tasado en un monto de 400 millones de pesos (102 mil dólares) y tuvo un objeto casi idéntico al del 2014. En su acta de liquidación se evidencia un total de 32 millones de pesos (8100 dólares) destinados a bienestar personal pagados en especie, sin especificar a qué se destinaron estos gastos y tampoco se mencionan los soportes de los mismos. Para ese convenio no fue posible encontrar el acta de liquidación en el SECOP.
Dos de los convenios encontrados por esta alianza entre Amerisur Exploración Colombia y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Foto: Información recolectada de la plataforma SECOP.
El último, con vigencia del 5 de octubre al 31 de diciembre de 2018, fue por 420 millones de pesos (105 mil dólares), según registra la base de datos del SECOP, ya que el documento original en formato PDF del convenio tiene hojas en blanco donde no se revela el monto. El monto total de los convenios encontrados por Cuestión Pública y Mongabay Latam suman 1444 millones de pesos (363 mil dólares).
Rutas del Conflicto ya había hecho públicos dos de esos convenios entre la Fuerza Pública y Amerisur que se suscribieron en 2015 y 2019 por un total de 1039 millones de pesos (262 mil dólares) y, por eso, ahora completamos su información con los cuestionamientos e investigaciones relacionadas con gastos en el rubro de ‘bienestar’ de miembros del Ejército, realizados sin los debidos soportes. Entre 2014 y 2020, Amerisur también ha tenido más convenios estatales, entre estos con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) del Acuerdo de Paz.
Las zonas de influencia de la compañía, en las que el Ejército ejerció labores de protección, quedaron explícitas en el convenio de 2016, pero llama la atención que entre esas áreas se encuentren algunas donde ha recrudecido la violencia. Mientras la fuerza pública brindaba seguridad a la empresa, los resguardos eran víctimas de amenaza. Por ejemplo, los corregimientos indígenas de Piñuña Negro y Piñuña Blanco han sido mencionados en cuatro alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre hechos violentos.
La situación es tan crítica en el Resguardo Buenavista, y en algunas comunidades de Piñuña Blanco que, el 14 de julio de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para proteger de hostigamientos y amenazas a las autoridades del Resguardo Siona Buenavista y a familias residentes en el Resguardo Gonzaya y en Po Piyuya, ubicada en Piñuña Blanco. Desde 2009, la Corte Constitucional declaró al pueblo siona en riesgo de exterminio físico o cultural.
“Nosotros hemos sido víctimas. Se han recibido varias amenazas y advertencias, y eso se ha dado sistemáticamente dentro del proceso que vamos llevando. Esto no ha sido solo hacia personas de forma particular, sino también al colectivo de la Guardia (indígena) por la participación que se hace o el control territorial que se realiza. Ha habido amenazas y advertencias de toda clase de situaciones de riesgo”, mencionó una persona en la región que pidió reservar su identidad por seguridad.
En los últimos años, en Piñuña Blanco se han registrado homicidios selectivos, accidentes con minas antipersona y enfrentamientos entre el Frente Primero, disidencia de las FARC, y La Mafia (otra facción que cambió de nombre a Comandos de la Frontera y habría sellado su entrada a la Segunda Marquetalia, grupo armado comandado por el exlíder de las FARC, Iván Márquez). Dos miembros de la comunidad La Perla fueron asesinados en 2020 y su principal líder social, Jani Silva, está en grave riesgo, como contó Diana Salinas de Cuestión Pública.
La petrolera y los actores armados
Cuatro fuentes independientes consultadas por Cuestión Pública, quienes solicitaron reserva por motivos de seguridad, confirmaron una presunta alianza entre Amerisur y actores armados ilegales, específicamente con los ‘Comandos de la Frontera’.
“Geopark ha firmado acuerdos con los actores irregulares que están en la zona, en este caso los Comandos de la Frontera. Ellos mismos han confirmado que tienen acuerdos con la empresa para que pueda entrar a trabajar tranquilamente en el territorio”, expresó una de las fuentes.
“Al llegar la multinacional se sabe que están los actores armados, porque la empresa no llega sola, viene con sus ejércitos para cuidar la condición que tiene”, denunció una segunda persona cuya identidad protegemos, también por motivos de seguridad. Nadie se atreve a denunciar de frente. No hay garantías de ningún tipo.
En diciembre de 2020, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ya había denunciado que los Comandos de la Frontera estaban amenazando a quienes se oponían a las labores de exploración petrolera que adelantaba Geopark en el Putumayo. “Nosotros ya negociamos directamente con la empresa, y vamos a asegurar la operación en la zona”, le advirtieron los armados a los campesinos en reuniones durante dos semanas.
Cinco meses después, por una denuncia conjunta de la comunidad indígena siona de Buenavista y la campesina ADISPA, se supo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tenía una alianza para reactivación económica de la región con Geopark, colaboración financiada por la petrolera.
Tras la queja de las comunidades, el PNUD se retiró de la alianza por medio de un comunicado, en el que argumentaron: “Esta decisión obedece a las preocupaciones expresadas por actores en el territorio, en particular de la sociedad civil, de las autoridades indígenas y organizaciones campesinas”. A raíz de la queja de las comunidades, la Oficina de Cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales (SECU, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas investiga las circunstancias en que se dio esta alianza. El PNUD le dijo a Verdad Abierta que se acogerán a las recomendaciones que haga dicha instancia.
“Nosotros hemos cuestionado el hecho de que un órgano internacional de Derechos Humanos reciba recursos de una multinacional que tiende a acabar a los pueblos indígenas y sus territorios y que tiene relación con actores irregulares que causan muerte para hacer sus actividades extractivas”, nos dijo bajo reserva un miembro de las comunidades afectadas en esta región sobre la alianza de la entidad de la ONU con la compañía extractiva.
Casi siete meses después de que la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz anunciara la posible alianza entre Amerisur y el grupo Comandos de la Frontera, la Defensoría del Pueblo también alertó sobre las acciones de ese grupo armado en relación con la economía petrolera. En una alerta temprana de julio de 2021 señaló que “se han recibido denuncias comunitarias sobre presuntas presiones sobre las comunidades, ejercidas por parte de actores armados ilegales como La Mafia, ahora conocida como Comandos de la Frontera, aparentemente con el fin de facilitar las actividades asociadas a dicha economía (la petrolera), especialmente sobre las localizadas en la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica”.
A pesar de todo esto, la empresa se ha defendido. En un informe que le enviaron a las Naciones Unidas especificaron que “GeoPark no se relaciona con grupos armados ilegales. Siempre ha rechazado estos comentarios enfáticamente y lo seguirá haciendo”. Al cierre de la publicación, no habíamos recibido respuesta de Amerisur a un cuestionario enviado. En caso de que llegue, la incluiremos.
Pese a la posible relación con los Comandos de la Frontera, Cuestión Pública halló que en febrero de 2022, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Lina Arbélaez —antes ejecutiva del PNUD— anunció una alianza con Geopark para dotar centros de desarrollo infantil.
Las organizaciones denunciantes de los presuntos vínculos con el grupo armado Comandos de la Frontera nos aseguraron que no tienen conocimiento de que entidades públicas colombianas hayan iniciado investigaciones penales al respecto.
Un 2020 convulsionado
Como contó este medio en 2020, el Resguardo Siona Buenavista y los campesinos de ADISPA no solo tuvieron que lidiar ese año con la pandemia por el Covid-19 y con las amenazas. En julio de 2020, en la vereda Alea La Rosa se presentó un derrame de 3000 litros de diésel documentado por un comité de ADISPA y Corpoamazonía. El evento afectó el río Mansoyá, compartido por las comunidades de Buenavista y ADISPA, y dejó decenas de peces muertos.
El derrame se dio, según la comunidad, porque Amerisur construyó una base sin respetar la distancia obligatoria de 100 metros del río pues tan solo tenía 27,5 metros. Esta base requirió la construcción de una carretera que devoró parte de la selva. Corpoamazonía, la corporación autónoma regional encargada de velar por el medio ambiente, le contestó un derecho de petición a Mongabay Latam diciendo que no es la responsable de sancionar a las petroleras.
Con este telón de fondo, comienza el juicio en Inglaterra.
Imagen central: El pueblo siona en pie de lucha por la defensa ambiental de su territorio ancestral. Foto: Tomada de la cuenta de Twitter del Resguardo Buenavista @PuebloZiobain.
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Nota del editor:
Tras haber publicado esta investigación, este 23 de marzo de 2022 la petrolera Amerisur-Geopark respondió un cuestionario de esta alianza.
Frente a los señalamientos de afectaciones a la salud y el ambiente tras el derrame de 2015, la compañía aseguró que “contaba con planes de contingencia(…) Amerisur adelantó un proceso de limpieza voluntario de las zonas, el cual fue concertado con las comunidades vecinas al área de la contingencia”. Agregó que “rechaza con vehemencia cuestionamientos sobre supuestos vertimientos de residuos tóxicos al río Putumayo o cualquier otro afluente”.
También “rechaza categóricamente cualquier referencia a relaciones con grupos al margen de la ley”. Lea la respuesta completa aquí.
