- Comuneros asentados en la cuenca del río Puinahua (Loreto) denuncian que su calidad de vida es afectada por el impacto ambiental y sonoro de las operaciones de la compañía petrolera PetroTal.
- Pobladores indígenas de la etnia kukama kukamiria sostienen que derrames de crudo han afectado sus lagos, cochas y campos de cultivo. La empresa indica que solo ha incurrido en eventos menores que no llegan a ser considerados derrames.
- Por estos días los kukamas protestan frente a PetroTal para que la empresa cumpla con un convenio de cooperación. En agosto del 2020, tres comuneros murieron baleados durante una manifestación en el mismo lugar.
El apu Mayster Flores ha perdido la cuenta de los años en que apenas duerme tres horas por las noches. Cree que ya pasó una década así porque sus recuerdos del desvelo que lo oprimen llegan hasta algunas madrugadas turbulentas del 2012 en Villa Gran Tierra, la comunidad nativa que hoy lidera. Empieza a contar una a una las familias de su pueblo que pasan por lo mismo, pero de pronto calla. Navega un momento en su memoria, y luego asegura con firmeza que ya son 11 años conviviendo con el ruido estridente que despiden las operaciones en el lote petrolero 95. La empresa que actualmente realiza las actividades de extracción en esa parte del distrito de Puinahua, región Loreto, es PetroTal Perú.
La maquinaria de la base petrolera nunca da tregua. Mayster Flores dice que de día el ruido impide a los niños atender sus clases y obliga a que los comuneros kukama kukamiria prolonguen sus labores de pesca para mantenerse alejados del pueblo. Pero lo peor llega por las noches. Además del estrépito constante, los kukamas acusan que las operaciones de PetroTal generan movimientos en el suelo que remecen las viviendas desde Villa Gran Tierra hasta la comunidad nativa Bretaña.
“De noche todo es mucho más fuerte porque la calle se queda en silencio y solo permanece el ruido de la empresa”, describe Lucelia Shupingagua, una madre de familia que el año pasado decidió abandonar Bretaña en busca de un poco de paz. El 8 de agosto del 2020, el esposo de Shupingagua y hermano mayor del apu Mayster Flores, Chemilton Flores Crispín, murió tras ser baleado durante una protesta indígena que fue repelida por la Policía frente a PetroTal. Así como Chemilton Flores, otros dos comuneros kukamas también fueron asesinados y once resultaron heridos. Una crisis que por estos días parece asomar con la alerta de nuevas protestas.
¿Cuál es el costo social y ambiental de defender un territorio de la actividad petrolera para un grupo de comunidades que además no están tituladas? Ese es el dilema y la pesadilla que enfrenta la población kukama kukamiria del distrito de Puinahua. El ruido los tortura, pero la empresa niega que este exista. La superposición de sus territorios les preocupa pero el Estado no reconoce hasta hoy sus tierras. Mientras tanto denuncian la contaminación de sus fuentes de agua, chacras, problemas de salud, la falta de servicios básicos y también de una compensación por el uso de su territorio.
Una titulación que nunca llega
Villa Gran Tierra está situada en la margen izquierda del río Puinahua, a no más de 50 metros de la empresa PetroTal. Allí viven unas 130 personas en 46 casas hechas con madera, hojas y calaminas. Cerca se encuentra Bretaña, la capital del distrito de Puinahua, una comunidad mucho más grande que alberga a casi 3000 personas. Por la ubicación de ambos pueblos, sus habitantes consideran que son a quienes más afectan las operaciones de la empresa. Sin embargo, además de Villa Gran Tierra y Bretaña, las comunidades nativas Urarinas, Nuevo Kuwait, Jorge Chávez, Manco Cápac, San Pedro I y II, Siete de junio, San Carlos, Áncash, San Miguel, Huacarachiro, Las Palmas y Nueva Independencia están en la zona de influencia directa de PetroTal.
Siempre a través del río Puinahua, los recorridos entre algunos de estos pueblos pueden ser muy cortos o durar hasta tres horas. Entre Jorge Chávez y San Pedro, por ejemplo, son diez minutos en bote a motor; pero de Urarinas a Bretaña el viaje es uno de los más largos. Hay dos detalles que resaltan las similitudes entre las comunidades de la cuenca del Puinahua: todas son habitadas por pobladores indígenas kukama kukamiria y ninguna ha sido titulada pese a que hace años sus directivas impulsan gestiones para conseguirlo. A Bretaña, incluso, el Gobierno Regional de Loreto le anuló el reconocimiento como comunidad nativa dos meses después de otorgárselo. Ocurrió en el 2013 durante la gestión del sentenciado por corrupción Iván Vásquez Valera.
“Hemos hecho todos los trámites, pero en la Dirección Regional de Agricultura de Loreto (oficina encargada del proceso de titulación) siempre argumentan que no tienen presupuesto ni combustible para llegar a mi pueblo”, lamenta el jefe de Bretaña, Milton Mori. A los dirigentes de Villa Gran Tierra las diligencias para alcanzar el reconocimiento de su comunidad se les estancaron hace dos años con el brote de la pandemia. Ninguna gestión ha sido restablecida.
Entre los graves perjuicios que genera la falta de seguridad jurídica, el presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), Manuel Ramírez, remarca que comunidades como Villa Gran Tierra, Bretaña o Siete de Junio no pueden acceder siquiera a una compensación por el uso de sus terrenos. La empresa petrolera, subraya Ramírez, está íntegramente sobre territorio indígena.
Mediante una comunicación por escrito, PetroTal informó a Mongabay Latam que ocupa un territorio de 21 hectáreas: 11.49 para la plataforma y el resto como un área de protección. Para ello la anterior operadora del lote 95, Gran Tierra Energy Perú, adquirió 32 parcelas agrícolas a distintos posesionarios del sector. En el 2021, PetroTal registró 3 272 415 barriles de producción acumulada y en lo que va del año reporta 710 968. La compañía comunicó que a febrero del 2022 tiene perforados 13 pozos productores e inyectores.
Para PetroTal no existe un problema de contaminación acústica en su zona de operaciones. Ante las quejas de los comuneros de Villa Gran Tierra por perturbación a causa del ruido, la empresa asegura que adquirió equipos de monitoreo diario y buscó reuniones para entregar los resultados. El problema lo atribuye a vuelos de helicópteros con los que, entre noviembre del 2021 y enero del 2022, cumplió un plan de abandono de su locación 4. A partir de la instalación de un sonómetro, la compañía afirma que los valores del ruido no han superado los Estándares de Calidad Ambiental (ECA ruido).
Pero Mayster Flores tiene una información distinta. El último reporte que le entregó uno de los monitores locales da cuenta de que el impacto sonoro sobre Villa Gran Tierra llega hasta 80 decibeles (dB). Es decir, los comuneros viven allí en un ambiente ruidoso, de acuerdo con la definición del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). La Organización Mundial de la Salud recomienda que el ambiente se debe mantener dentro de un umbral de 55 dB.
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Golpes de contaminación
El lago Tipischa o la cocha Rompeo eran para los kukamas de la comunidad Jorge Chávez zonas clave para generosas faenas de pesca. Abundaban zúngaros y bocachicos. En una buena ‘redeada’, como le llama el jefe del pueblo, Henry Ramírez Rioja, los comuneros podían sacar hasta 100 kilos en peces. “Y si querías agarrar más, seguías ‘redeando’. Siempre había”, comenta. Pero todo ha cambiado. El apu de Jorge Chávez señala que ahora puede pasarse la noche entera en la cocha y no llega ni a 10 kilos de pesca. El pueblo de Urarinas tiene el mismo panorama desolador. Wilson Urresti, jefe de este sector, cuenta a Mongabay Latam que en la quebrada Zapoteyacu y la cocha Urarinas, habituales sectores de pesca para sus vecinos, la cantidad de peces también disminuye cada año. Los dos líderes comunales están seguros de que la contaminación procedente del lote 95 ha afectado gravemente la principal actividad económica para los pueblos del Puinahua.
“Por la petrolera nos estamos quedando sin nada”, dicen con evidente desaliento.
Orpio informó para este reportaje que no tiene un registro oficial con respecto a los derrames de crudo ocasionados por PetroTal desde que esta empresa comenzó a operar en el lote 95. Sin embargo, de acuerdo con los reportes que ha recibido, la organización indígena estima que hubo más de cinco derrames durante los tres últimos años en la zona de influencia de la petrolera. Una proyección que queda muy corta en relación con lo identificado por Mayster Flores, apu de Villa Gran Tierra. Allí, el jefe comunal contabilizó 18 derrames de petróleo solo a lo largo del 2021.
Junto con el ruido incesante, el daño de cochas y lagos es otro grave efecto de la explotación del lote 95, según denuncian los kukamas. Y a consecuencia del riego con el agua contaminada, sus chacras de yucas, maíz o plátanos han quedado infértiles. Se trata de un proceso de degradación en sus sembríos que los comuneros ya identifican bien: primero las hojas se tornan amarillas, luego empiezan a secarse y, finalmente, ninguna de sus plantaciones produce. Por el agua y los peces contaminados, además de los cultivos sin producción, los kukamas aseguran que las enfermedades estomacales son una constante en los pueblos aledaños al río Puinahua. “No faltan fiebres, diarreas, tampoco los males a la piel”, narra Wilson Urresti, el jefe de Urarinas.
Los habitantes de Urarinas suelen proveerse de madera para sus viviendas en un área de árboles próxima a la locación 4 del lote 95. Años atrás, la anterior operadora del lote, Gran Tierra Energy, empezó a construir allí una plataforma de perforación. Luego, PetroTal, ya a cargo de la explotación, tuvo que entrar en un plan de abandono de la locación 4. Para el traslado de los troncos, detalla Wilson Urresti, los comuneros deben esperar la crecida del agua en el río y las cochas. Así pueden hacerlos flotar. El jefe de Urarinas relata que toda la zona quedó contaminada tras la intervención de la empresa. Y que ahora, cada vez que intentan realizar el mismo procedimiento en el agua, los pobladores indígenas quedan varios días con comezones y ronchas.
James Pérez es el presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (Aidecobap), que agrupa a las comunidades nativas ubicadas en la zona de influencia directa del lote 95, y a otras también de la cuenca del Puinahua pero que pertenecen al distrito de Maquía (Bolívar, Padre López, Puerto Irene, entre otras). Él estima que son más de 15 mil comuneros indígenas kukama kukamiria los que viven en los pueblos representados por Aidecobap. Sin un resquicio de duda, Pérez sostiene que desde el inicio de operaciones de PetroTal han ocurrido varios derrames de petróleo que el OEFA nunca pudo identificar.
Uno de los casos a los que hace referencia sucedió en diciembre del 2020, según recuerda. James Pérez dice que fue un derrame de gran magnitud que estuvo a punto de llegar al río Puinahua. El OEFA recibió la alarma y acudió a la zona. No obstante, declara el titular de Aidecobap, la petrolera hizo que los fiscalizadores revisen en un lugar donde no había llegado el derrame. Al final de la verificación, cuenta, dijeron que solo se trataba de cuatro galones de crudo o sea de “una pequeña fuga”.
“PetroTal había echado cemento en el lugar del derrame (…) Lo dejan con concreto y el OEFA no puede ver la real magnitud. Los efectos vienen después: enfermedades en las plantas, las cochas se secan, las especies hidrobiológicas desaparecen”, declara.
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Empresa niega derrames
PetroTal descartó que se haya registrado algún derrame de crudo en río, terminal o fuera de su plataforma, y que tenga como práctica habitual cubrirlos con cemento en caso hayan sucedido. La empresa precisó que, según las normas SASB (Sustantibility Accouting Standars Board), se considera derrame si el volumen de lo vertido tiene un valor mayor a un barril o 159 litros. La petrolera reconoció que sí ha tenido eventos menores como pérdidas de aguas de producción, petróleo o aceite en su zona industrial, pero siempre en cantidades menores a un barril. Entre el 2019 y 2021, PetroTal reportó 12 de estos casos que están siendo verificados por el OEFA.
La Aidecobap, sin embargo, refiere que lo que tiene registrado corresponde a derrames de más de 15 cilindros o bidones de 60 galones. “En proporción de litros estamos hablando de mucho más del parámetro que ellos tienen”, advierte James Pérez.
De acuerdo con información proporcionada por el OEFA a este medio, hubo 50 acciones de supervisión y fiscalización al lote 95 desde que empezó a ser operado por Gran Tierra Energy Perú, en el 2011, hasta el 6 de diciembre del 2021, cuando la empresa ya había cambiado de razón social a PetroTal (nombre que lleva hasta hoy). El organismo acudió, entre otras causales, debido a alertas por derrames de aguas industriales y de crudo, deforestación en áreas de cobertura vegetal, daños ambientales en cochas y fugas de petróleo.
En cinco casos, conforme con lo que está documentado, la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA halló responsabilidad administrativa e impuso medidas correctivas. Además, entre mayo y diciembre del 2020, el organismo tiene registrados cinco casos para los que aún está en análisis el inicio de procedimientos administrativos sancionadores. En tanto, desde junio del 2021 se cuentan siete emergencias ambientales sobre las cuales la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del OEFA viene analizando los resultados de sus inspecciones.
Cisma y desatención
Aunque no tiene clara la fecha exacta, Manuel Ramírez, presidente de la Orpio, también afirma que PetroTal cubrió con cemento un derrame que estuvo muy cerca de alcanzar el río Puinahua. Además, indica que los comuneros indígenas contratados por la petrolera no quieren hablar de aquel incidente porque podrían quedarse sin trabajo. Por situaciones como esta, anota, uno de los principales impactos que ha propiciado la empresa es la división entre la población kukama.
Actualmente hay 296 comuneros indígenas de las pueblos situados en la zona de influencia de PetroTal que trabajan para la compañía. Su compromiso en el Estudio de Impacto Ambiental, apuntó la empresa, fue que el 100 % de la mano de obra no calificada sea local.
Uno de los pueblos donde los enfrentamientos se han tornado más crudos es Bretaña. “Hay gente que por un trabajito de 20 o 30 días está en contra nuestra”, dice el jefe de esa comunidad, Milton Mori. De Bretaña, precisamente, tuvo que salir Lucelia Shupingagua, seis meses después de que su esposo, Chemilton Flores, muriera baleado durante la protesta indígena del 8 de agosto del 2020 frente a las instalaciones de PetroTal.
“He salido de miedo porque hay muchas amenazas. La población misma lo hace”, comenta Shupingagua para este reportaje desde el lugar donde ahora está. Ella vivió en Bretaña 11 años de matrimonio con Chemilton Flores, un pescador y motosierrista. La noche en que lo mataron, Flores y más de 50 comuneros kukamas solicitaban en el frontis de PetroTal una compensación por el uso del territorio indígena, la implementación de servicios básicos y el derecho al 2.5 % de barriles fiscalizados de la producción. Bretaña, entonces tenía luz eléctrica solo tres horas al día. Una situación de precariedad que continúa en otras comunidades del Puinahua.
La protesta del 2020 fue parte de los acuerdos de plataforma tomados un año antes entre las comunidades afectadas por las actividades extractivas agrupadas en 62 federaciones indígenas de Loreto, o lo que se llama la Unidad del Circuito Petrolero. James Pérez, de Aidecobap, explica a Mongabay Latam que estos pueblos tienen elaborada una agenda que contempla proyectos macro, como la modificación de la ley de canon petrolero o de hidrocarburos, y temas específicos por zonas, como la implementación de servicios básicos. “Lo presentamos al Estado y nos dio la razón con la aprobación del Plan Cierre de Brechas”, precisa.
La noche del plantón en PetroTal, recuerda Pérez, primero los hicieron esperar para tener una conversación con la jefatura. Después, el personal de la empresa comenzó a irse y eso enfureció a los comuneros, quienes tenían sus armas ancestrales solo como una forma de identificación. “Algunos intentaron ingresar a la base y fue ahí cuando la policía disparó a nuestros hermanos”, relata. Además de Chemilton Flores, los comuneros William López Ijuma y Elix Ruiz Ortíz murieron baleados. Uno de los once heridos es el actual apu de la comunidad de Huacrachiro, Wellington Pacaya. Él sufrió dos disparos en la pierna izquierda que, asegura, fueron ejecutados con armas de largo alcance.
En diciembre del 2021, luego de 16 meses de los incidentes frente a PetroTal, la Fiscalía Penal Corporativa de Requena abrió investigación a 40 policías que participaron en el operativo contra la manifestación indígena. El abogado de las viudas y heridos, Jorge Tacuri, informó a Mongabay Latam que PetroTal ha sido incluida como presunto tercero civil responsable del caso.
El año pasado, también, una delegación integrada por las tres viudas y dos de los heridos que dejó la reyerta en Petrotal pidió al Ministerio de Cultura la gestión respectiva para que estas personas sean reconocidas como víctimas y reciban un apoyo social. Ante la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República, el abogado Tacuri solicitó que se investigue si el grupo policial que repelió la protesta lo hizo por orden de su comando o si tomó la decisión sin consulta. La delegación también visitó el Ministerio del Interior para saber si la acción policial había sido investigada por Inspectoría. Hasta ahora indica que todo ha quedado en ofrecimientos y promesas de prontas respuestas.
“El ministro de aquel entonces y los policías dijeron que hubo un ataque armado y tenían derecho de defenderse. En los videos obtenidos por la fiscalía se ha podido verificar que ningún manifestante tenía escopeta”, puntualiza el abogado.
Lucelia Shupingagua comenta que en junio del 2021 el Ministerio de Cultura le destinó una ayuda económica, pero desde entonces no ha recibido más apoyo. Es madre de dos niños y cada día vive un nuevo martirio para alimentarlos. “Los niños están en total abandono”, reafirma el abogado Tacuri. Y remarca que PetroTal tampoco ha apoyado a las viudas y los heridos de la protesta. La empresa, en contraposición, comunicó para este reportaje que mantiene contacto activo con las tres viudas. No precisó, sin embargo, sobre algún tipo de ayuda que haya alcanzado para ellas.
Territorio indígena y un nuevo conflicto
A pesar de sus 75 años y los dolores de espalda que lo aquejan, Braulio Meza todavía pugna por un trabajo. Eso lo deprime porque sabe que podría vivir bien si aún tuviera su terreno de cultivo. O si, cuando lo vendió, hubiera pedido lo que cree que correspondía por aquella parcela de casi media hectárea. Meza no puede leer ni escribir bien, y dice que de eso se aprovecharon los representantes de la empresa Gran Tierra Energy Perú que hace más de diez años llegaron a su zona para negociar con él y otros comuneros indígenas la compra de tierras.
“No conocía a nadie que me diera un consejo (…) No sabía nada. Solo me pagaron S/2 mil”, relata. Para ese momento, el sector donde Braulio Meza vivía y cultivaba se llamaba Bairu. En el 2014, el comunero solicitó a la empresa una reconsideración del valor de lo vendido aduciendo que no estuvo conforme con el pago, pero afirma que esto no se concretó. Ese terreno forma parte de lo que ahora es la empresa PetroTal.
El lote 95 empezó a ser operado desde el 2005 por Perupetro S.A. y Harken del Perú. Seis años después el Estado aprobó la cesión contractual a la petrolera Gran Tierra Energy Perú. Braulio Meza señala que desde el 2012 el sector contiguo a la empresa, adonde se trasladó con otros comuneros que también vendieron sus predios, se llama Villa Gran Tierra. En noviembre del 2018, el Estado aprobó el cambio de operador de Gran Tierra Energy Perú a PetroTal Perú.
Gran Tierra Energy reportó a PetroTal que realizó el proceso de adquisición de terrenos basándose en estudios de valorización económica realizados por terceros independientes. El anterior operador del lote 95 también detalló a PetroTal que las negociaciones pasaron por revisiones y reajustes. Además del valor del terreno, según explicó Gran Tierra Energy, consideró la situación de cada familia, reubicaciones, compensaciones y reuniones con los posesionarios.
“El convenio 169 la OIT (Organización Internacional del Trabajo) dice que el Estado debe consultar a las comunidades lo que piensa hacer con lo que hay en el subsuelo. Nunca hemos sido consultados”, dice Milton Mori, el apu de Bretaña.
A inicios del mes pasado, él y los demás jefes de las comunidades nativas del Puinahua se reunieron en Iquitos para evaluar medidas de lucha a fin de que los proyectos incluidos en el Plan de Cierre de Brechas sean ejecutados. Con este plan el Estado busca cumplir las demandas planteadas por los pueblos indígenas ubicados en el ámbito petrolero de Loreto. El presupuesto destinado es de S/6200 millones (alrededor de US$1662 millones) para ser invertidos hasta el 2025, pero las comunidades critican que el dinero sea administrado por los ministerios y que así los proyectos hayan caído en un lentísimo compás de espera. Su propuesta prioritaria es la creación de un fideicomiso indígena.
Desde el 28 de febrero, los kukamas han retomado sus protestas con el objetivo de que PetroTal concluya el pago por cuatro expedientes técnicos que realizó una consultora para la construcción de un hospital en Bretaña, y tres puestos de salud en las comunidades San Carlos, Huacrachiro y Bolívar. James Pérez explica que se trata de la adenda de un convenio firmado a inicios del 2021 entre la petrolera y las comunidades. Hasta ahora, sostiene, la empresa solo ha abonado el 40 % de lo que corresponde (1 millón 300 mil soles), y ello impide que el proyecto pueda entrar en el Plan Cierre de Brechas. Los comuneros reclaman también porque el Gobierno aún no ha legalizado el acta en que PetroTal se comprometió a destinar a un fondo indígena el 2.5 % de los barriles de petróleo fiscalizados.
Alrededor de la base petrolera, los comuneros han realizado marchas y plantones. También, frente a la sede del Poder Judicial de Requena (Loreto), donde la semana pasada empezaron las audiencias contra 11 pobladores indígenas por las protestas del 8 de agosto del 2020. En días recientes los kukamas identificaron que regidores y trabajadores de la Municipalidad de Puinahua custodiaban el frontis de la empresa. “Es una evidente colusión del municipio que siempre nos ha discriminado”, acusan. PetroTal, por su parte, denunció que el tránsito de las embarcaciones que transportan el petróleo del lote 95 estuvo bloqueado. Que la medida de fuerza ha reducido la producción de crudo y retrasa la implementación del fondo indígena. La tensión en este pedazo de la Amazonía peruana es un pálpito punzante.
Imagen central: Comuneros de los pueblos indígenas del bajo Puinahua llevan más de 20 días en una nueva protesta contra la empresa PetroTal. (Foto: Aidecobap)
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