- Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), analiza lo que pasó en Colombia durante enero y febrero, cuando se presentó la temporada más fuerte de incendios de la última década.
- Botero asegura que hubo un momento donde se apreció cómo en 700 km lineales, entre Mapiripán (Meta) y Puerto Leguízamo (Putumayo), no había un solo sitio que no hubiera sido incinerado. Dice que el Estado no tiene control territorial y que autoridades como la Agencia Nacional de Tierras están fallando en su trabajo.
Todos los años, el inicio de la temporada seca en la Amazonía colombiana es el punto de partida también de los incendios forestales. El 2022 no fue la excepción, al contrario. Los incendios de enero pasado marcaron un récord si los comparamos con las cifras del último decenio. Miles de hectáreas de bosques desaparecieron.
Cada año, Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), es una de las primeras personas en alertar sobre esta situación que se repite y se agudiza conforme avanza el tiempo. Los constantes sobrevuelos de la FCDS revelan la pérdida de bosque en el arco noroccidental de la Amazonía. Los territorios arrasados por el fuego se transforman en grandes lotes desiertos que luego son sembrados con pastos, apetecidos por la agroindustria, y que después pasan a engrosar las grandes cifras de acaparamiento y especulación de tierras en la región.
La temporada de lluvias empieza a llegar en marzo y el enorme problema de la Amazonía queda relegado de la atención pública hasta que vuelven las épocas secas, o de menos lluvias, y los acaparadores retoman su rutina de talar y quemar bosque. Es un círculo vicioso que amenaza con acabar con la riqueza forestal del país. Mongabay Latam habló con Rodrigo Botero sobre una de las temporadas de incendios más difíciles de la historia reciente de Colombia, las acciones tomadas por el gobierno y lo que se viene haciendo bien y mal en la lucha para frenar la deforestación y combatir el tráfico de tierras en el país.
—Cada año los incendios ocurren en los mismos sitios o en zonas muy cercanas a las previamente deforestadas. ¿Por qué Colombia falla tanto en la prevención de estos fenómenos si son reiterativos?
—A los colombianos nos cuesta trabajo creerlo pero es tan sencillo como que el Estado no tiene control territorial. Durante todos los años en que se ha venido talando y deforestando la Amazonía, eso es lo que ha quedado claro.
Y no se trata de que no exista presencia de Ejército o Policía. De hecho, muchos puestos militares están al lado de sitios donde se viene dando una gran deforestación y donde hay nuevas carreteras y fincas. No hay quien ejerza una autoridad legítima, suficientemente fuerte en su capacidad de disuasión, para que la gente no siga deforestando. Esa capacidad no la tienen las corporaciones autónomas [autoridades ambientales regionales], ni Parques Nacionales, ni el Ministerio de Ambiente, ni las alcaldías, ni las gobernaciones, ni los bomberos, ni la Fuerza Pública y mucho menos la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Son instituciones en las cuales no existe la menor posibilidad de que se atienda un llamado para parar una deforestación o un incendio.
—Pero Colombia tiene un monitoreo continuo de la deforestación…
—El Estado colombiano tiene herramientas tecnológicas poderosísimas donde sabe exactamente, meses antes de que ocurran los incendios, de qué tamaño fue la deforestación y cuándo y dónde ocurrió. A pesar de esto, no se evitan los incendios ni que después los ilegales se apropien de la tierra. Y no solo eso, los acaparadores se quedan con la tierra y, después, el Estado tampoco es capaz de recuperarla.
—¿Cuáles entidades deberían ocuparse de esa recuperación?
—Eso lo debería hacer la ANT que, me parece a mí, es la entidad que más omisiones tiene en todo el sistema de instituciones colombianas que intervienen en el tema de tierras y, además, es una de las que más responsabilidades tiene en lo que está pasando en la Amazonía. El fracaso de la ANT es mayúsculo, no tiene la más mínima idea de dónde están nuestros baldíos, en qué condición se encuentran, qué uso tienen, si hay gente en ellos o no. Tampoco tiene la capacidad para hacer la recuperación de baldíos indebidamente ocupados, que es una figura tipificada en el código penal y que hace parte de sus funciones constitucionales.
En otras palabras, Colombia, hoy por hoy, no tiene quien le responda por sus tierras. Ese detrimento patrimonial no tiene un doliente institucional. Ojalá algún día el Congreso llame a cuentas y exija saber qué ha pasado durante todos estos años en que se fueron perdiendo la tierra y los bosques y no hubo quien respondiera por eso, aun cuando existen instituciones que deberían hacerlo.
—¿Qué fue lo que pasó entre enero y febrero, cuando se superaron los históricos de incendios para esos meses?
—Esos incendios están relacionados con la fiebre por la tierra que está disparada. Los enormes mercados ilegales están teniendo efectos acumulativos, sinérgicos y negativos contra los bosques. Lo primero es que el precio de la tierra está subiendo: luego de deforestar, siembran pastos y ponen unos cuentos animales; esas tierras en el mercado agropecuario son muy rentables.
En segundo lugar, hay un mercado de coca creciente, con unos precios también subiendo, y una de las inversiones más frecuentes del narcotráfico está en tierras y en vacas. Lo tercero es que el mercado internacional de oro viene rompiendo récords históricos y hoy vemos cómo la Amazonía colombiana está repleta de dragas sacando oro y ese dinero se va, ya no solo para compra de armas, sino para deforestar tierras. Finalmente, están las vacas. En el último año, el mercado nacional de la carne aumentó más del 100 %, eso ha generado un proceso especulativo tremendo con la entrada en el mercado de más de medio millón de hectáreas en ganadería y más de un millón de reses en la región amazónica.
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—¿Cuáles han sido las zonas más afectadas por los incrementos en la tumba y quema de bosques amazónicos?
—Hay cuatro grandes zonas: la región de Mapiripán, la región del Área de Manejo Especial de La Macarena (Amem) [que incluye a varios parques nacionales como Sierra de La Macarena, Tinigua y Cordillera de los Picachos], la zona del Yarí y el gran Caguán. En unos sobrevuelos que hice en febrero, desde Mapiripán (Meta) hasta Puerto Leguízamo (Putumayo) había una sola línea de fuego. En más de 700 km lineales no había un solo sitio que no hubiera sido incinerado en estas zonas de gran importancia de conservación.
—Cada año el parque Tinigua es el área natural protegida más afectada por la deforestación y los incendios. Incluso, se habla de que pronto perderá totalmente su función ecológica. ¿Qué pasará con la región norte amazónica si este parque desaparece?
—Tinigua tiene casi perdida su función de conectividad ecológica. Cada vez disminuirá la disponibilidad de agua en los ríos Duda, Guayabero, entre otros que son parte esencial de la cuenca del río Guaviare. Se va a perder el último eslabón que había de ecosistemas de transición Amazonía-Orinoquía-Andes, que tiene uno de los más altos índices de biodiversidad del país y que, en un alto porcentaje, se desconocen las especies que lo habitan debido a los riesgos de seguridad que siempre han existido en la zona. Muchas especies también quedarán aisladas.
—El parque Chiribiquete, el más grande de Colombia continental, también está empezando a ser invadido por la tala y las quemas…
—Eso que está pasando es muy grave porque el río Apaporis, uno de los más importantes de la Amazonía colombiana, sufrió graves consecuencias en su caudal superficial durante el verano debido a lo que está pasando en Chiribiquete. Estamos perdiendo la conectividad entre Amazonía y Andes en la zona entre los parques Chiribiquete y Sierra de La Macarena. Esto está trayendo un problema de desplazamiento de comunidades indígenas locales, como ocurrió en el caso del resguardo Yaguara. Estamos a punto de generar un contacto no deseado con los grupos en aislamiento voluntario y estamos viendo cómo los grupos armados construyen y construyen carreteras en esta zona. Además, cada vez estamos más cerca de amenazar el patrimonio arqueológico y natural de las zonas más biodiversas de Chiribiquete, donde hay ecosistemas que no estaban representados en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y que hoy están siendo afectados.
—¿Qué piensa del reciente cartel de grandes deforestadores presentado por el gobierno hace menos de dos meses?
—No me gusta porque no veo a ningún gran deforestador de cuello blanco ahí. Hace unas semanas pasó algo muy curioso porque se dio la captura de uno de los deforestadores más importantes de Colombia y esa persona no estaba en el cartel que publicó la Policía. Es más, el hijo de ese deforestador está aspirando al Congreso por el partido político del gobierno actual.
Aun así, hay que reconocer la labor de la Fiscalía en la captura de este señor; la entidad está reorientando sus esfuerzos en inteligencia hacia otro tipo de fuentes, mecanismos, personas, tipos de economía y de asociaciones. Antes todo se concentraba en capturar a los campesinos que eran contratados para talar.
—En la Amazonía siempre se han escuchado rumores de que muchos candidatos al Congreso suelen ser financiadores de la deforestación en la región…
—A mí me parece increíble cómo los campesinos en los pueblos observan las vallas de los candidatos y ellos mismos dicen que no se sabe cuál de todos es el más deforestador. Cuando la gente identifica a estos deforestadores de cuello blanco, pero la justicia no parece estar mirando hacia ese mismo lado, te das cuenta que nos falta mucho camino por recorrer. No estoy diciendo que las personas que aparecen en el cartel publicado por el gobierno no sean deforestadores, seguramente sí, pero no son los que yo llamaría grandes deforestadores.
—Los grandes incendios entre finales de enero y comienzos de febrero causaron un gran revuelo nacional. Después de esto, el gobierno empezó a publicar diariamente los puntos de calor activos y con el pasar de los días concluían que estaban disminuyendo…
—Yo entiendo que el Ministerio de Ambiente e institutos como el Sinchi miran puntos de calor en sus satélites pero yo no miro puntos de calor, yo veo incendios porque los estoy viendo en el territorio, porque estoy en el territorio. La única confusión que pueden tener es que no sepan cuál es un punto de calor y cuál es un incendio. Yo, Rodrigo Botero, con el sustento del trabajo que hacemos en la Fundación, puedo decir que sí se siguieron presentando incendios.
—¿Qué debería hacer el gobierno para lograr una prevención efectiva de los incendios y la tala de bosque que los anteceden?
—Hay que avanzar en los procesos de formalización de derechos sobre la tierra y los bosques por parte de las comunidades campesinas, ligados a compromisos que ellos hagan para garantizar el buen funcionamiento de los ecosistemas. Paralelamente se tiene que hacer recuperación de tierras baldías indebidamente ocupadas por grandes apropiadores y poner las multas respectivas. ¿Cómo es posible que el Estado, teniendo en sus registros más de 100 mil hectáreas perdidas en la Amazonía el año pasado, no haya ejecutado ni una sola acción punitiva? ¿Cómo hacer que la información oportuna y de calidad llegue a decisiones oportunas y reales en los territorios?
No es posible que solo la sociedad civil, como en el caso nuestro [la FCDS] le contemos al país y a la sociedad lo que viene ocurriendo [con la deforestación] desde finales de 2021 y no haya una sola acción ejemplarizante. Está claro que uno de los incentivos del modelo de acaparamiento colombiano es la impunidad.
*Imagen principal: Humo proveniente de un gran incendio en enero de 2022. Foto: FCDS.
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