- Abogados indígenas y organizaciones de la sociedad civil destacan la importancia que tendría ratificar el tratado para la protección de los defensores ambientales.
- Colectivos de jóvenes, representantes indígenas y una reducida delegación oficial se hacen presentes en la COP1 de Santiago de Chile. Perú como país signatario, tiene voz, pero no voto.
Esta semana se inauguró la primera Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo de Escazú, en Santiago de Chile. Esta reunión es clave pues se definirán las reglas para la implementación del Acuerdo y las acciones que pondrán en marcha los Estados Parte, como se llama a aquellos que han ratificado el tratado. Perú no pertenece a este grupo, pese a haber sido uno de los más activos en la etapa de negociación y ser uno de los primeros países firmantes. Básicamente, el tratado aún no ha encontrado eco en el Congreso de la República peruano.
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional que promueve el acceso oportuno a la información ambiental, la participación en la toma de decisiones que afectan el medio ambiente y que promueve también el acceso a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales en los países de América Latina y El Caribe. Y es un tratado, además, aborda la protección de los defensores ambientales.
Especialistas y abogados consideran que Escazú es una herramienta necesaria para promover el acceso a la justicia en asuntos ambientales en Perú. Para las poblaciones indígenas, por ejemplo, denunciar la vulneración de sus derechos territoriales se ha convertido en una acción de alto riesgo en la última década. “Hay una desconfianza al proceso judicial y en muchas personas hay temor. No denuncian por miedo a represalias”, refiere Carlos Quispe Dávila, especialista legal de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), desde el inicio de la pandemia ya son 17 los defensores asesinados en el país por defender el medio ambiente y el territorio, una cifra que reúne tanto los casos reportados por las organizaciones indígenas como por el Estado peruano. “Se siente cada vez más la presión de los actores de actividades ilegales. Entran a territorios comunales amenazando a líderes, lideresas, a mujeres y niñas”, dice Susy Gaby Díaz, abogada indígena shipibo conibo.
A Díaz le ha tocado acompañar a varios líderes amenazados y a sus familiares que la han buscado para que ejerza sus defensas. Para atender todos los casos, muchas veces debe lidiar con limitaciones económicas, dificultades geográficas y situaciones de peligro. “Cuando los apoyas, las amenazas también pueden llegar a ti. Esa es la situación cuando una acompaña a defensores ambientales”, sostiene.
La abogada shipibo considera que muchos actores del sistema judicial peruano desconocen instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT que garantiza los derechos de los pueblos indígenas. Por ello considera que ratificar el Acuerdo de Escazú permitirá sumar mayores herramientas legales para quienes trabajan defendiendo a los líderes y comunidades.
“El Acuerdo de Escazú al ser un tratado de Derechos Humanos, sería reconocido por Cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, de esa manera tendría rango constitucional. Es decir, el nivel de obligatoriedad sería mucho mayor al de cualquier norma que tenemos ahora en protección de los defensores”, afirma Quispe Dávila de DAR.
¿Cómo impactará una eventual ratificación de Escazú en el acompañamiento a los defensores ambientales en Perú? Quispe de DAR dice que este Acuerdo permitirá una mirada colectiva al problema, hecho que actualmente no se da. “La solución no pasa por darle una garantía personal a X persona o que lo desplacen de su comunidad a Lima. De este modo, no se presta atención al tema de fondo que es el territorio”, refiere.
Katherine Paucar, abogada quechua que actualmente trabaja en Earth Rights International, considera que la transparencia de información y el reconocimiento que se hace a los defensores ambientales en el Acuerdo de Escazú es clave “para que el sistema judicial comprenda que el proceso que se abre para un defensor en una fiscalía tiene otro matiz, no es un proceso común”.
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La hora de definir el rumbo
En octubre de 2020, la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento peruano decidió archivar el proyecto que proponía la ratificación del Acuerdo de Escazú. El sector empresarial fue uno de los principales opositores. En un comunicado conjunto, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Asociación de Exportadores (Adex) y la Cámara de Comercio de Lima indicaron en ese momento que una ratificación supondría “la abdicación a nuestra soberanía sobre nuestro territorio nacional”.
Hasta el momento son 12 países los que han completado el proceso de ratificación de este tratado ambiental latinoamericano: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
A pesar de que Perú no aparece en el listado, sí está presente en la capital chilena durante esta primera COP. Eso sí, está en Santiago con una reducida comitiva oficial, confirmada a último momento con representantes de la Cancillería. Sin embargo, diversos actores de la sociedad civil peruana se sumaron a la COP con propósitos claros. “Como no hemos ratificado es compleja la situación, pero estamos para plantear una agenda, para hablar con autoridades y exponer cuál es la situación del país”, refiere Johana Mendoza, de la plataforma ciudadana Escazú Ahora Perú.
Mendoza participa también, junto con jóvenes de otros países, en actividades paralelas para exponer la coyuntura peruana respecto a este Acuerdo. Como parte de la estrategia de campaña buscarán posicionar la ausencia de Perú en la lista de Estados Parte. “Buscamos hacer tendencia el mensaje ‘Aquí falta Perú’, falta su compromiso con el ambiente, el desarrollo sostenible y las organizaciones indígenas”, expresa Mendoza.
La activista y comunicadora también considera que el intercambio de posturas en la COP permitirá incorporar buenas prácticas de otros países “para promoverlas internamente”.
Por un Acuerdo más participativo
Un aspecto importante que se abordará en la Conferencia serán los mecanismos de participación ciudadana que permitirá el Acuerdo. Por ello, los seis representantes del público asistente a la conferencia, elegidos en una votación abierta organizada por la CEPAL, han sido importantes para ampliar la discusión.
Este año se renovarán dichos representantes. En la reunión habrá integrantes de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) que buscarán incluir en la agenda una cuota indígena. “Para lograr mayor representatividad”, menciona Mendoza.
A pesar de las dificultades para instalar el tema en la agenda del Congreso de la República peruano, los actores indígenas continúan promoviendo el tratado en el país. “Las organizaciones están emitiendo voces solicitando que el Estado ratifique el tratado como un mecanismo de defensa. Vamos a seguir insistiendo hasta que se dé”, dice la abogada Susy Díaz.
“Lo único que piden las organizaciones sociales de base y las comunidades indígenas es el respeto a sus derechos, no puede ser que por eso sean criminalizados y perseguidos”, agrega la abogada quechua Katherine Paucar.
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Gestos de buena voluntad pero una decisión de fondo pendiente
Pese a que en la agenda del parlamento peruano no se vislumbra en un mediano plazo la ratificación del Acuerdo de Escazú, Carlos Quispe, de DAR, considera positiva la presencia del Ejecutivo en la Conferencia en calidad de país observador. Cabe mencionar que Perú es un país signatario, es decir que tiene voz, pero no voto en la toma de decisiones. En la jornada inaugural, realizada este miércoles 20 de abril, el Perú estuvo representando en el plenario por funcionarios de la Cancillería, aunque no tomaron la palabra. Quien sí lo hizo de forma virtual fue la viceministra de Gestión Ambiental, Elizabeth Silvestre.
“La pandemia significó un recrudecimiento de actividades ilícitas con alto impacto en el ambiente, generando una grave situación de inseguridad para los defensores ambientales”, mencionó la funcionaria. Por ello señaló que la conferencia “constituye un hito en la implementación de los derechos de acceso promovidos a partir del Acuerdo. Desde el Ministerio de Ambiente expresamos un fraterno saludo esperando que se logren consensos”.
Para Fátima Contreras, especialista legal del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, “Perú aún puede adherirse al Acuerdo y formar parte de este proceso, sin embargo es una decisión que deberá tomarse en el legislativo”. La experta, que participa ahora mismo en la COP1 del Acuerdo de Escazú, señala que ser un Estado Parte le permitiría además al país trazar una ruta clara para mejorar sus estándares de transparencia, de participación en asuntos ambientales y fortalecer la institucionalidad de la justicia ambiental. Sin embargo hasta el momento, destaca Contreras, la participación de Perú “pareciera ser un cumplimiento formal más no una muestra de un real compromiso. Igual esperamos que en los días que quedan se pueda ver un rol más activo y haya un pronunciamiento por los ministros de Relaciones Exteriores y Ambiente”
*Este artículo es parte de una colaboración periodística con Climate Tracker.
*Imagen principal: Marchas en la que jóvenes le pedían al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú. Foto: Escazú Ahora Jóvenes Perú.
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