Tarsicio Granizo es biólogo, director de WWF Ecuador y fue ministro de Ambiente entre el 24 de mayo de 2017 y el 23 de agosto de 2018, durante la presidencia de Lenín Moreno.

Confiesa que cuando llegó al mando de la cartera ambiental ecuatoriana, uno de los principales retos fue cambiar la mentalidad de los mismos funcionarios del Ministerio y empezar a hablar sobre temas “extraños” como la bioeconomía y cómo la utilización sostenible de la biodiversidad podría ser una estrategia para que Ecuador viera opciones diferentes a una economía basada en las actividades extractivasen recursos no renovables. Durante su periodo como ministro se detuvo al gran barco chino que pescaba ilegalmente en Galápagos y se sancionó al proyecto minero a gran escala Mirador en la provincia de Zamora Chinchipe.

En esta entrevista con Mongabay Latam, Granizo habla de la expansión extractivista en el país mientras el gobierno de Guillermo Lasso insiste en la transición ecológica. Además, habla de la criminalización de defensores ambientales, la pesca ilegal, la reducción del presupuesto del Ministerio, el despido de guardaparques y los principales retos ambientales que enfrenta el país en una etapa de reactivación económica.

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—¿Cómo ve usted el rumbo del país en materia ambiental actualmente?

—Es una pregunta compleja por un par de razones y es que, como siempre ocurre en un gobierno, hay contradicciones internas. Yo creo que hay algunas cuestiones buenas que han sucedido desde que Guillermo Lasso empezó en el poder y la primera es el hecho de que tiene un buen ministro de Ambiente, que quiere hacer cosas, que ha logrado convertir en política pública este tema de la transición ecológica, más allá de entender bien hacia dónde va la transición o no, pero ha logrado incluir en la agenda de gobierno el concepto de transición ecológica. Ha hecho varias cosas destacadas, por ejemplo, con la creación de la nueva área marina protegida en Galápagos.

Ahora el Ministerio de Ambiente incluye el agua porque se fusionó con la Secretaría del Agua (Senagua) y ha logrado la creación de varias reservas hídricas, lo cual es muy bueno. Otra cosa muy interesante es que se ha logrado involucrar al Ministerio del Ambiente dentro del sector productivo. Ese es un lado de la moneda, el presidente tiene un buen ministro que está tratando de hacer cosas y, al parecer, Guillermo Lasso lo escucha. Por el otro lado, es evidente que el gobierno todavía le apunta fuertemente al tema minero. Yo creo que ahí hay una primera contradicción, sobre todo en el modelo de desarrollo: ¿queremos un modelo basado en los no renovables o queremos ir hacia otras formas de ingresos económicos para el Estado? Hay un tira y afloje interno. Si el ministro de Ambiente aún tiene esa posibilidad de incidencia en el gobierno, se podría fortalecer y profundizar el tema de la transición ecológica, pero habría que definir en qué modelo de desarrollo quiere crecer este país.

—¿Qué piensa de ese discurso donde el gobierno se compromete a ampliar y crear nuevas áreas marinas, pero al mismo tiempo promulgó, por ejemplo, los decretos 95 y 151 que incentivan la extracción petrolera y minera en el país?

—Yo creo que tarde o temprano ese va a ser un argumento de quiebre dentro del gobierno porque, por un lado, el ministro de Ambiente querrá continuar con este proceso de transición ecológica y, por otro lado, otros sectores del gobierno están tendiendo hacia la extracción minera a gran escala o hacia otras formas de explotación no sostenible. Yo lo que creo que le falta al gobierno es definir esa transición ecológica. ¿Una transición ecológica hacia qué y hacia dónde? El Ministerio ha hablado de una economía descarbonizada, ha hablado de una serie de cambios pero hace falta conocer cuáles son los indicadores de que estamos yendo hacia una verdadera transición ecológica, que no es más que un modelo de desarrollo realmente sostenible, más justo, más equitativo y económicamente sustentable.

—Con las afectaciones que trajo la pandemia, ¿qué impactos ambientales ha generado la reactivación económica en Ecuador?

—No ha habido una política que nos diga que la reactivación económica se vaya a hacer sin afectar los temas ambientales, por lo menos yo no he escuchado nada de eso. Se está impulsando fuertemente la minería pero hay que hacer un balance, porque en el discurso se dice que esta puede atraer muchísimo dinero pero todavía no hemos visto ese dinero. Ojalá el costo ambiental de las actividades mineras y petroleras esté incluido en esas cuentas del dinero que la minería y el petróleo le traen al país.

Por ejemplo, creo que se debería invertir en ecoturismo porque Ecuador tiene una enorme biodiversidad. Hacer una transición de una economía basada en el extractivismo a una bioeconomía que incluya el ecoturismo. Este país tiene un potencial inmenso y además tiene otras dos características relevantes: es relativamente pequeño y relativamente bien comunicado.

—Sin embargo, desde el 2020, ha habido una fuerte polémica con los despidos y cambios de contrato laboral de los guardaparques ecuatorianos. ¿Esta sigue siendo una preocupación para el sector ambiental?

—Este es un tema que sí me ha preocupado bastante. De verdad espero que el ministro [Gustavo] Manrique reverse esa decisión cuando se sacó a más de 400 funcionarios del Ministerio del Ambiente, pero no hemos visto hasta ahora, casi al cumplir un año del nuevo gobierno, que se haya fortalecido al Ministerio del Ambiente. Cómo puede ser posible que el Ministerio del Ambiente se haya fusionado con la Secretaría del Agua, cuando el agua es un tema complejo en cualquier país del mundo y, en lugar de fortalecer a esta nueva entidad, se le haya debilitado. El gobierno anterior debilitó totalmente, o más bien, desmanteló la autoridad ambiental y no hemos visto que en este gobierno se haya revisado esa decisión o que se haya vuelto a contratar al personal de guardaparques y de funcionarios que deberían estar cumpliendo tareas de control de licenciamiento, de vigilancia, etcétera. Ecuador es un país petrolero que le sigue apostando a esta actividad y, ahora que el crudo está caro, ojalá haya presupuesto para fortalecer a la autoridad ambiental, algo que el país necesita urgentemente.

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—En los últimos años la Corte Constitucional, y en general algunas instancias de la justicia ecuatoriana, le han dado la razón a comunidades rurales e indígenas que han denunciado actividades extractivas sin su consentimiento en sus territorios. ¿Se cumplen esas sentencias?

—Hay que hacer que se cumplan. La Corte Constitucional tuvo a un grupo de jueces que, lamentablemente, por cuestiones normales de rotación, han salido de la Corte. Ellos estaban muy conscientes, tenían mucho conocimiento de los temas ambientales y fueron quienes sacaron varias de estas sentencias a favor de las comunidades demandantes. Yo creo que hay que hacer presión social, presión en las redes, todo tipo de presión para que se cumpla lo que dice la ley.

La única salida es una especie de observatorio social permanente para hacer que se cumpla la ley y que no tumben estas resoluciones que han sido tan interesantes para los temas ambientales y para los luchadores y luchadoras ambientales.

—Ahora que habla de luchadores ambientales, hay otro tema que es bastante álgido en Ecuador y es la criminalización y el hostigamiento en contra de estas personas que hacen esa presión social y ambiental. ¿Cuál es su opinión respecto a las más de 250 amnistías para defensores de la naturaleza y de derechos humanos que se otorgaron el pasado 10 de marzo en la Asamblea Nacional?

—El tema de la criminalización también requiere de permanente observación. El Ecuador es signatario del Acuerdo de Escazú y creo que esta es una herramienta muy fuerte que tenemos los ecuatorianos para que la protesta ambiental no sea criminalizada. Las amnistías son una forma de reconocer que estas personas no son delincuentes, que la protesta está garantizada en la Constitución. Muchas de las protestas fueron necesarias para llamar la atención del gobierno. Es bien diferente lo que pasa en las zonas urbanas de lo que pasa en zonas rurales, lo que pasa entre los que tenemos redes sociales y lo que ocurre fuera de las redes. Hay gente que no tiene acceso a las redes sociales y cuya voz no es escuchada o no quiere ser escuchada. La gente que no es escuchada tiene que hacerse escuchar de alguna forma y una de las formas de hacerlo es a través de la protesta.

Hay territorios que están siendo invadidos por petroleras, por mineras, por camaroneras, por palmicultoras. La gente no es escuchada, entonces se toman la carretera para protestar y luego viene la represión, pero no se averigua lo que hay detrás: una permanente invisibilización de la lucha de la gente que vive más allá de las fronteras de Quito, de Guayaquil y de Cuenca. No hablamos de esas situaciones que están ahí latentes y que tarde o temprano explotan.

—La erosión del río Coca, que se visibilizó con la desaparición de la cascada San Rafael hace más de dos años, sigue causando enormes impactos sociales, ambientales y económicos, ¿qué piensa del manejo que el Estado le ha dado a este gran problema?

—Esta erosión regresiva tan tremenda del río es un estudio de caso para estudiantes y profesionales de la hidrología, geología, geomorfología y muchas otras áreas a nivel mundial. Si quieren ver un proceso masivo de erosión único en el mundo, vengan al Ecuador. Yo siempre me pongo a pensar que en un país que es altamente sísmico, que es altamente volcánico, que tiene episodios de deslaves constantemente —como el que vimos recientemente en Quito y que mató gente—, las actividades de construcción de infraestructuras, y eso incluye el petróleo y la minería, deberían hacerse con las normas más extremas de cuidado. Uno de los tubos de un oleoducto ha tenido que cambiar de ruta siete veces por culpa de la erosión regresiva del río y porque se rompe a cada rato cuando hay un deslave, un sismo, por cualquier cosa.

En un país como Ecuador las cosas tienen que hacerse teniendo en cuenta los peores escenarios posibles. La falta de planificación ambiental a largo plazo es un mal endémico del Ecuador y los temas ambientales y de gestión de riesgos deberían planificarse no cada cuatro años, cada vez que se da un cambio de gobierno, sino a 50 o 100 años. Que el gobierno que venga, cualquiera que sea su ideología, continúe con los procesos.

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—¿Cómo ve la situación de la pesca incidental e ilegal en Ecuador?

—Ahí quiero ser muy claro. Hay un vínculo, muchas veces directo, entre narcotráfico y pesca ilegal. Hay muchos pescadores que se ven obligados por los narcotraficantes a salir y entregar paquetes de droga en altamar, eso lo dicen los mismos pescadores. Si no acceden, amenazan a sus familias. Entonces, ¿qué hace el pescador? Sale y cumple con lo que le pide el narco, le queda poco tiempo para pescar y trata de hacerlo lo más rápido que puede. Desafortunadamente el tiburón es de los animales que más rápido cae en los anzuelos, en las redes, en cualquier lado donde se ponga un poco de carnada. Esto es parte del problema, aunque no digo que sea lo único porque también hay traficantes de aletas de tiburón.

El tema pesquero es muy delicado, especialmente cuando está por salir el nuevo reglamento para la Ley de Pesca que tiene muchísimos errores desde el punto de vista ambiental, muy peligrosos para la sostenibilidad de los recursos pesqueros que, como se sabe, se están agotando en todas partes del mundo, y el Ecuador no es la excepción. Ecuador es uno de los países del mundo, no solo de la región, con una de las mayores flotas artesanales. Hay una sobreexplotación del recurso pesquero y este reglamento no ayuda en lo más mínimo.

—¿Cuáles son algunos de esos errores que le preocupan?

—No se contempla la participación de organizaciones de la sociedad civil, no hay una disposición transitoria en donde haya un compromiso para aplicar el Plan de Conservación de Tiburones y la autoridad ambiental nacional pierde ciertas competencias y ciertos mecanismos de control que deberían estar bien claros. Por ejemplo, no se habla de pesca de control de especies invasoras ni regulación de pesca en el sistema de áreas protegidas. Además, la Autoridad Nacional de Pesca debería regirse, en primer lugar, a lo que dice el Código Orgánico del Ambiente pero en el reglamento eso no está presente, no incluye nada sobre regulación ambiental. Se desautoriza o se desconoce a la autoridad nacional ambiental en temas pesqueros y de acuacultura y eso preocupa bastante.

—¿Qué temas ambientales aún están pendientes por abordar en Ecuador?

—Sin duda el manejo de desechos sólidos y líquidos. Ese es un problema gravísimo. Más del 50 % de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) todavía tienen botaderos a cielo abierto sin ningún tipo de manejo, ni siquiera son rellenos sanitarios. Solo entre el 3 % y 4 % de los GAD (regionales, provinciales, cantonales, parroquiales y rurales) hacen tratamiento a sus aguas servidas. Es una situación social, de salud y ambiental gravísima. Para no ir muy lejos, el relleno sanitario El Inga, que recoge los desechos de la ciudad de Quito, está por colapsar porque ya está lleno. Todo esto viene con una contaminación de ríos y arroyos pero también de los cuerpos de agua subterránea porque se filtran los lixiviados hacia los acuíferos. En otros casos, muchos de estos desechos van directamente al mar en las ciudades costeras.

También tenemos una contaminación brutal en los mares. Galápagos tiene una biodiversidad increíble gracias a la confluencia de diversas corrientes marinas que llevan diferentes climas y se arma ahí todo un ecosistema único, pero esas mismas corrientes marinas llevan plásticos de muchas partes del mundo a Galápagos. Otro tema gravísimo es la pérdida de suelos, algo de lo que no se habla ni se conoce mucho pero, más o menos el 20 % del país tiene suelos degradados y casi la mitad de los suelos del Ecuador están en procesos de degradación. Podríamos seguir con el listado pero creo que estos son algunos de los temas ambientales más complicados.

*Imagen principal: Erosión de río Coca nuevamente amenaza oleoductos y vía nacional. Imagen de noviembre de 2021. Foto: OCP Ecuador.

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Antonio Editor/a

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