- El domingo 20 de marzo fue asesinado Juan Julio Fernández Hanco, quien tenía una concesión forestal y de restauración en la zona de amortiguamiento de la reserva Nacional Tambopata. Su hermano Germán Fernández Hanco, también concesionario, ha recibido amenazas desde hace varios años.
- Según autoridades y organizaciones civiles, quienes tienen concesiones de forestación y reforestación reciben amenazas de invasores y mineros ilegales, pero no siempre se atreven a denunciar por miedo a las represalias.
No hacen denuncias formales por miedo a ser agredidos, o aún peor, asesinados. En Madre de Dios, los concesionarios forestales ubicados en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata viven bajo amenaza por enfrentar a invasores y mineros ilegales que se instalan en los bosques que ellos protegen, aseguran representantes de la Defensoría del Pueblo de Madre de Dios, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios y del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, entre otras organizaciones.
El reciente asesinato de Juan Julio Fernández Hanco, quien tenía desde el año 2006 una concesión para forestación y reforestación de 396 hectáreas en Inambari, en la zona de amortiguamiento de la reserva Tambopata, demuestra cuál es la situación de riesgo para quienes protegen los bosques alrededor del área protegida.
Juan Julio Fernández era hermano del líder ambientalista Germán Fernández Hanco, uno de los coordinadores del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata y teniente gobernador del centro poblado Nuevo Arequipa, quien, además, ha recibido amenazas de muerte en varias oportunidades. Pero no es el único.
“No tenemos un reporte exacto, pero si hay gran cantidad, considerando a los que vienen a las reuniones son entre 20 y 30 personas que han sido amenazadas. Probablemente hay más, pero tienen temor de hacer alguna denuncia o tomar alguna medida en contra de los mineros ilegales porque son amenazados”, señala Guimo Loaiza, Jefe de Área de la Oficina Defensorial de Madre de Dios.
Victor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, también menciona que alrededor de 30 personas han solicitado garantías para su vida, pero que en realidad son muchos más los concesionarios amenazados. “A partir del asesinato de Roberto Carlos Pacheco, la Prefectura comenzó a llamar a quienes habían pedido garantías. Antes de ese suceso, tanto Demetrio Pacheco como su hijo habían pedido garantías para su vida, pero no se las dieron. Pero a partir del asesinato comenzaron a atender los pedidos”, recuerda Zambrano.
En setiembre de 2020, Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo de Demetrio Pacheco, vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, fue asesinado en un predio colindante con su concesión forestal. Roberto Pacheco y su padre habían presentado por lo menos ocho denuncias contra los mineros ilegales y habían alertado sobre las amenazas de muerte que recibían antes de que ocurriera este hecho.
Ahora, el asesinato de Juan Julio Fernández Hanco también ocurre tras una serie de amenazas de muerte recibidas por su familia y denuncias contra personas que se instalan para realizar actividades mineras dentro de las concesiones forestales.
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La defensa de los bosques en Madre de Dios
Dos balas en la cabeza terminaron con la vida de Juan Julio Fernández Hanco. El asesinato ocurrió el domingo 20 de marzo, en el centro poblado Nuevo Arequipa, ubicado en la zona de amortiguamiento de la reserva Tambopata, en el kilómetro 105 de la carretera Interoceánica. Ese día, Fernández acudió a una competencia de pelea de gallos que había organizado, cuando una persona realizó de pronto disparos al aire para luego acercarse a la víctima y dispararle dos veces directamente en la cabeza, informó la Policía de Puerto Maldonado.
“A inicios del 2020, el señor Germán Fernández ya había recibido amenazas de muerte”, menciona Luisa Ríos, coordinadora regional de la oficina descentralizada de Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) en Madre de Dios, quien recuerda que durante la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michael Frost, en enero de 2020, Germán Fernández era uno de los más preocupados por la exposición que significaba su participación en actividades contra los invasores y mineros ilegales.
“Recuerdo claramente que mencionó, en todo momento, que él estaba enfrentándose directamente a las personas que intentaban invadir, no solamente el área que tiene concesionada, sino también las tierras de las personas que él representa por ser teniente gobernador”, agrega Ríos de SPDA.
Al igual que Juan Julio Fernández, su hermano German Fernández también tiene una concesión de forestación y reforestación entregada por el Estado peruano ubicada en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, en la zona de amortiguamiento de la reserva. Se trata de un predio de 390 hectáreas entregado en el año 2006 y que ha sido invadido por la minería ilegal por lo menos desde el año 2011, según consta en una resolución emitida por el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor). Apolinario Fernández Barrientos, padre de ambos, tiene también una concesión agrícola en el kilómetro 105 de la carretera Interoceánica, en Nuevo Arequipa.
Demetrio Pacheco, vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata e integrante de la Red de Monitoreo de Delitos Ambientales de Madre de Dios, señala que hace un mes se encontró con Juan Julio Fernández en el local de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (GERFFS) de Madre de Dios. En esa ocasión —continúa Pacheco— Fernández le informó que iba a presentar una nueva denuncia por la invasión de su concesión. Según Pacheco, la víctima había puesto dos denuncias antes.
“Ellos decididamente estaban resistiendo y hacían denuncia tras denuncia y, de alguna manera, le deben haber hecho un seguimiento”, menciona Pacheco, quien señala que le recomendó a Juan Fernández que también presente la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.
Carlos Chirre, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios, confirma que su despacho investiga ahora mismo una denuncia realizada por Apolinario Fernández, padre de Juan Julio y Germán Fernández. El fiscal Chirre agrega que en los últimos meses —entre diciembre del 2021 y marzo del 2022— se han realizado dos operativos contra la minería ilegal en el sector ‘ilaria’, a la altura del kilómetro 104 de la carretera Interocéanica, en la zona de amortiguamiento de la reserva Tambopata.
“Todavía hay rezagos [de minería ilegal] en la zona de amortiguamiento de la reserva”, comenta Chirre sobre la presencia de este grupo de ilegales en La Pampa, lugar donde se instaló la mayor cantidad de mineros ilegales en Madre de Dios y que fue el centro de la Operación Mercurio en febrero de 2019, una acción conjunta de varias instituciones peruanas con el objetivo de erradicar esta actividad ilícita en esta región de la Amazonía peruana.
El fiscal Chirre también se refiere al temor que tienen los concesionarios forestales que viven en la zona de amortiguamiento del área protegida. “La población muchas veces no quiere denunciar porque tiene miedo a las represalias. Pero nosotros de todas maneras hacemos los operativos donde nos informan que puede haber actividad ilegal”, agrega.
Aumenta las violencia en Madre de Dios
“Nos han informado que [los mineros ilegales] otra vez estarían a cargo del control de las vías. Ellos controlan el tránsito en la zona de amortiguamiento y los concesionarios no pueden ingresar porque tienen temor de ser agredidos”, comenta Guimo Loaiza, de la Defensoría del Pueblo de Madre de Dios.
Loaiza señala que si bien con la Operación Mercurio se redujo la presencia de la minería ilegal en La Pampa, hubo un periodo, entre diciembre de 2020 y julio 2021, en el que la vigencia de esta acción de control terminó y los ilegales intentaron ganar terreno. “Recién en julio de 2021, se aprobó el Plan Restauración [de la Operación Mercurio]”, indica el funcionario y añade que por ello ahora “hay minería en la zona de amortiguamiento en gran cantidad porque no ha sido sostenido el trabajo de interdicción que se inició en febrero de 2019”.
En julio de 2021, el gobierno aprobó el Plan Restauración para enfrentar la minería ilegal en la región Madre de Dios y los distritos de Camanti y Ayapata, en las regiones de Cusco y Puno. De acuerdo con el Decreto Supremo que lo aprueba, este plan también busca evitar el desplazamiento [de la minería ilegal] a otros ámbitos del territorio nacional.
El 28 y 29 de marzo, una comisión multisectorial liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) llegó a Puerto Maldonado —capital de Madre de Dios— para reunirse con la familia Fernández, así como con los representantes de las organizaciones indígenas, los concesionarios, organizaciones no gubernamentales y autoridades de la región.
En un comunicado conjunto del Minjusdh, el Ministerio del Interior y el Ministerio del Ambiente, publicado días antes, se adelantó que se brindará asesoría a los familiares de Juan Fernández durante las investigaciones y el proceso judicial que se siga por este crimen. También que se trabajará en la implementación del Plan Restauración contra la minería ilegal en Madre de Dios y que “se impulsarán acciones para constituir una Mesa de Defensores Ambientales en Madre de Dios”.
Sobre este anuncio, Luisa Ríos, de la SPDA, señala que la Mesa de Defensores Ambientales contaría con un liderazgo compartido para asegurar un adecuado seguimiento a las acciones que se definan y que, según lo expresado por la comisión, se estaría instalando en abril. “Si bien tiene que haber una representación local, ellos saben que hay temas que se necesitan atender desde el nivel nacional, sobre todo cuando en el nivel regional no avanzan”.
Ríos mencionó que en la reunión el Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata solicitó que se “aborden de manera diligente” las investigaciones vinculadas al tráfico de tierras, que está generando más conflictos y situaciones de riesgo, además de la minería ilegal.
La especialista de la SPDA también confirmó que “la situación de violencia en Madre de Dios sigue escalando” y que “entre octubre y noviembre del año pasado [2021] se presentaron tres casos de violencia contra defensores ambientales”, pero señala que los agraviados no han querido presentar su denuncia por miedo a las represalias contra ellos y sus familias.
La coordinadora de la SPDA en Madre de Dios cuenta que los secuestros temporales serían una de las formas de amedrentamiento que estarían utilizando ahora los ilegales. Sobre esta modalidad, Germán Fernández ha informado que su hermana fue secuestrada hace dos semanas y que con ayuda de otras personas lograron rescatarla.
“Por los testimonios de los concesionarios, sabemos que hay amenazas directas e indirectas sobre ellos y sobre sus familias principalmente por parte de los mineros. Ese es el modus operandi: te amenazo y si denuncias te mato. Y eso se extiende a los miembros de la familia”, señala Gustavo Solano, secretario técnico de la Red de Monitoreo de Delitos Ambientales de Madre de Dios.
Los expertos y funcionarios entrevistados para esta publicación coinciden en que la violencia está escalando en Madre de Dios. “En otros lugares del mundo donde se han presentado fenómenos como la fiebre del oro, la presencia del estado es superada cuando la violencia de los que desarrollan la actividad ilegal va escalando y llegan a un punto en el que se genera un descontrol y nos está pasando a nosotros. Si no combatimos estos delitos con las fortalezas que tiene el Estado llegará un momento en que primero oponen resistencia y por último se originan enfrentamientos como los que suceden en Colombia”, explica Julio Guzmán, Procurador Público del Ministerio del Ambiente, sobre la violencia que se está presentando en la Amazonía de Perú.
Este es el primer paso —continúa Guzmán— asesinatos focalizados para que la gente tenga miedo y no reaccione. Y esta presión, según el procurador, se fortalece con la llegada de grupos armados que se dedican a proteger a quienes realizan actividades ilegales. El procurador también señala que en Perú el sistema para brindarle seguridad a los defensores ambientales “es disperso y no conduce a una efectiva protección”, en relación a los mecanismos aplicados desde la Fiscalía de Prevención del Delito y los ministerios del Interior y Justicia.
Imagen principal: Minería ilegal en el lugar denominado La Pampa, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Foto: Jonhy Laurente / Agencia Andina.
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