- Miguel López señala que históricamente el gobierno mexicano ha traicionado y despreciado a los pueblos originarios del país.
- Los pueblos indígenas de la zona este central de México encabezan una lucha contra el despojo del agua y del territorio.
En su infancia, Miguel López Vega jugó incontables veces en la rivera del río Metlapanapa. Amasó el lodo y corrió por donde se extendían los árboles de manzanas y peras que se alimentaban de sus aguas. No sabía entonces lo que era comprar una botella de agua embotellada, porque bebía directo del río. No pensaba que llegaría el día en que tendría que hacerlo.
Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla, una comunidad indígena nahua del estado mexicano de Puebla, es donde nació López Vega y fue testigo, con el paso de los años, de cómo las industrias fueron contaminando el cauce del río con desechos tóxicos. Incluso una de ellas, recuerda López, buscó apoderarse del agua de los pozos cercanos para empezar a comercializarla. El pueblo se opuso desde el inicio.
“No nos imaginamos que llegaríamos a este momento: comprarle el agua a una empresa que nos la roba”, dice López Vega, concejal del Concejo Indígena de Gobierno —organización indígena mexicana que agrupa a los 68 pueblos originarios del país— respecto a Bonafont, empresa del corporativo trasnacional Danone que operaba en Zacatepec desde hace casi 30 años y a quien los pueblos le atribuyen la disminución y sequía de pozos, ríos y ameyales.
El 22 de marzo de 2021, los 20 pueblos habitantes de la región se unieron para clausurar y ocupar la planta que, aseguran, extraía 1 600 000 litros de agua diarios, prácticamente lo mismo que consumen los 20 000 habitantes de todo el municipio. “Decidimos decretar que Bonafont se va. Que Bonafont no vuelve a sacar ni una gota de agua para traficar y para comercializar la vida”, dijo el líder indígena nahua.
Mongabay Latam conversó con Miguel López Vega sobre el panorama actual de los pueblos indígenas mexicanos en la región del este central del país y su lucha en la defensa del agua y el territorio.
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—¿Cuáles son las principales problemáticas que han detectado en sus territorios y de qué forma han afectado a las comunidades?
—Tienen que ver con el despojo de lo que tenemos, del agua, de la tierra, de nuestra identidad, de los espacios comunes. Desde la llegada de Volkswagen al estado de Puebla —en 1960— a la región donde vivimos, empieza a haber una industrialización: corredores industriales que se dedican a realizar autopartes para la armadora, que necesitan energía, agua, mano de obra. Así vemos que cuando pasan las torres de alta tensión, afectan. Cuando pasan gasoductos, carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, afectan nuestro territorio.
Vemos que hay una guerra en contra de los pueblos originarios porque no hay un plan nacional en beneficio. Y si bien hay algún plan de parte de nosotros, que nos referimos a los Acuerdos de San Andrés [firmados entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno de México en 1996 respecto a los derechos de los pueblos indígenas], en donde estamos planteando una forma diferente de vivir como pueblos originarios dentro de la República Mexicana, no somos escuchados, somos traicionados. En este caso, por los gobiernos, legisladores, senadores y el presidente de la República.
Por ejemplo, en Zacatepec, con la imposición del gasoducto en 2017, fue con el Ejército. Con eso vemos que el gobierno está del lado del empresario y de las empresas trasnacionales, donde cuidan el capital privado, no importándoles nuestros derechos colectivos, nuestro derecho a la vida, al agua, a la vivienda digna, al trabajo, a un ambiente sano. A veces, entre compañeros lo platicamos y nos alarmamos de lo que pasa en Ucrania y Rusia, en esa guerra. Pero lo estamos viviendo acá, en esta guerra del agua, en esta guerra contra el capitalismo.
—¿Cuál es su relación con el gobierno de México?
—La relación actual que tenemos con el gobierno federal, del estado y municipal, con los tres niveles, es nula. En el caso de [la empresa] Bonafont, que estaba en nuestro municipio, decidimos sacarla, quitarla, entrar y tapar los pozos, porque si le dices a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) —ya hubo varios documentos— nunca hace nada. El presidente municipal no hizo nada; el gobernador, nada; menos el gobierno de la República, porque están condicionados a obedecer a las grandes empresas.
No hay esa relación con el Estado. Si ponemos nuestro destino en sus manos —ya lo pusimos muchos años— no hay resolución del problema, al contrario, lo ha agudizado. Con el caso de Bonafont, está bien clara la guerra. El 15 de febrero pasado, cuando ya habíamos ocupado la planta Bonafont y ya había ahí una escuela, un espacio de salud, un espacio de crianza de animales y de producción de hongos, un canal de televisión y estábamos por hacer un pozo artesanal para ocupar esa tierra y producir nuestros propios alimentos, pues con apoyo del gobierno federal, la empresa trasnacional Danone manda a la Guardia Nacional a desalojar.
La relación es clara: como pueblos originarios, lo único que tenemos del gobierno es desprecio, quieren desaparecernos porque les estorbamos, porque aún tenemos grandes cantidades de territorio y esa identidad y cosmovisión que tenemos con relación a la naturaleza. No pensamos igual que ellos, para nosotros, el agua nada tiene que ver con una mercancía, sino todo lo contrario: para nosotros estar con el agua es alegría, espiritualidad, salud. Está bien claro que para que ellos —las empresas capitalistas y el mal gobierno— obtengan riqueza, necesitan destruir y necesitan extinguirnos como pueblos originarios y hacer de nuestro territorio lo que ellos quieran.
—¿Cómo se han organizado, desde el Consejo Indígena de Gobierno y Congreso Nacional Indígena, para representar a los pueblos y hacerle frente a la que llaman guerra del Estado?
—El Congreso Nacional Indígena (CNI) es un espacio de encuentro. No es algo tangible, más bien, en cualquier lugar de la República nos ponemos de acuerdo y nos reunimos. En ese encuentro de los 68 pueblos originarios o de las 68 naciones —nosotros los nahuas, otomíes, mixes, tojolabales, zapotecos, purépechas…— tenemos un espacio donde podemos comentar nuestras experiencias, nuestras rabias, nuestros procesos, las alegrías y tristezas. Nos reunimos para organizarnos, cómo caminar en la vida y defendernos con respecto a esta guerra capitalista y destructiva en contra de nosotros.
En este caso, el hermano mayor de nosotros como CNI es el EZLN, y es el que nos va enseñando cómo podemos trabajar, organizarnos, vincularnos, son los que nos dan ejemplo y nosotros vamos repitiendo en nuestras comunidades lo que ellos han hecho. Pero cada nación, cada pueblo, cada lucha es libre de determinar cómo quiere luchar y quiénes son sus aliados.
—En Latinoamérica existen numerosos casos de defensores indígenas encarcelados, desaparecidos y asesinados. ¿Cuáles son los costos de la defensa del territorio en México?
—Va en orden creciente. Empiezan con el desprestigio, a decir que los que defienden el agua y la tierra, los que se organizan, que no tienen trabajo, que son chismosos, extorsionadores… y empiezan los medios locales a denostar para dañar la organización. Después viene la intimidación, de decir: ‘ya no te metas porque te van a pegar, ya no te metas porque tienes muchos problemas con la familia, ya no te metas porque te puede pasar lo mismo que a aquel compañero’.
Luego, vienen los gritos en la misma comunidad, pero es generado por el gobierno, por las empresas, donde empieza a haber una división muy grande. Después, vienen los golpes dentro de la misma comunidad o, a veces, con el Ejército, o sea, la represión. Luego viene la tortura: hubo un compañero al que detuvieron y lo torturaron. A los tres días lo soltaron, y fue la misma policía municipal y la policía del estado. Luego, el encarcelamiento: una mujer indígena, campesina, comisariado ejidal de Atlixco, estuvo un año en la cárcel. Después viene el asesinato: como nuestro hermano Samir Flores, de Amilcingo, Morelos. En ese aspecto, está claro: aquí en México, no hemos visto cómo el Ejército Méxicano llegue a correr a una minera, que la Guardia Nacional cierre un Oxxo, un Walmart o un banco, que desaloje diciendo que este espacio es de los pueblos y que les diga que no pueden utilizarlo porque es zona agrícola o un lugar sagrado para ellos. No lo hemos visto y, a como vamos en esta guerra cruel, no lo veremos. Más bien, debe y va a ser por la organización de los pueblos. No hay otra.
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—¿Qué significa ser líder indígena en este contexto? ¿Cómo es vivir bajo amenaza y criminalización y ver a otras compañeras y compañeros pasando por lo mismo?
—El significado de ser pueblos y movimientos que luchan es porque también lo traemos en la sangre, porque no es de apenas, sino de tiempo atrás, desde la llegada de los españoles. Todas estas violaciones y desgracias las tenemos en la memoria colectiva. Si me preguntaran si me gustaría que mi familia siga en este mismo sistema en el que estamos, pues igual hay miedo. Y digo que no quiero que mi familia esté en la mira y que le puedan hacer algo. De que pueda terminar igual que Samir, igual que la compañera Enedina en la cárcel. O desaparecida, o muerta. Sí, hay un miedo, pero también hay una gran fuerza colectiva, de decir: ‘si no defendemos, si no cuidamos el agua y nuestro territorio, pues vamos a morir de otra cosa’.
En el río Atoyac, hay muchas personas enfermas por la alta contaminación. En Tlaxcala, en la comunidad de Villa Alta, hay una gran cantidad de jóvenes con problemas en los riñones. Entonces, vemos que eso nos motiva a luchar, a decir que no queremos llegar a tener un río contaminado, en donde no tengamos otra opción que, si no tenemos dinero, tomar agua contaminada, enfermar y morir. Ciertamente hay temor, hay miedo, hay división, hay silencio por parte de compañeros que sí los han golpeado fuertemente y decidieron ya no participar en el movimiento y es muy respetable. Sin duda, hay miedo de tener la bandera de defensor o comunicador popular.
—¿Qué mecanismos tienen para vigilar y defender el territorio?
—El primer mecanismo es que nos vamos capacitando y nos vamos formando. Para defender tienes que conocer, tienes que investigar y tener metodologías. En el caso de las comunidades, tuvimos que identificarnos, saber quiénes somos, cómo está nuestro territorio. Tuvimos que acudir a archivos del pueblo, de la iglesia, al Archivo General de la Nación, al Archivo Agrario Nacional; tuvimos que empezar a hacer mapeos. El conocer es una herramienta fuerte para poder defenderte, ya tenemos esa forma de ir conociendo quiénes somos, cómo han sido nuestras luchas, nuestro territorio y nuestro proceso histórico.
—¿Hacia dónde están mirando ahora el Concejo y el Congreso? ¿Hacia dónde van?
—Este mes tenemos —iniciando el 22 de marzo, Día Mundial del Agua— una caravana por ocho estados. Las principales problemáticas tienen que ver con el saqueo y contaminación del agua, hidroeléctricas, mineras, inmobiliarias y basureros. Vamos a ir a visitar a las comunidades. Lo estamos trabajando desde antes para que, cuando llegue la caravana, ya haya organización. En algunos de esos pueblos ya están planteando lo que nosotros planteamos desde el inicio: nosotros dijimos que, por autodeterminación, los pueblos tienen derecho a decidir. Si dicen que no quieren la minera, si hay organización, pueden cerrarla. Igual con las termoeléctricas o los espacios donde quieren hacer casas. Eso va a depender de cada movimiento. Nosotros solo vamos a llevar la cobertura, la organización, la palabra y escuchar también cómo están sufriendo nuestros compañeros y hermanos de otros pueblos.
Entonces, una de las líneas que tenemos sobre hacia dónde vamos, es esa: caminar hacia otros movimientos, escucharnos, organizarnos y tomar nuestro rumbo como pueblos originarios, pero que esa decisión sea de los pueblos, una cuestión colectiva. Como esa decisión colectiva tiene que ser a favor de la vida, en automático no estamos de acuerdo con los megaproyectos. Una de nuestras líneas de acción es la que nos enseñaron los zapatistas, que nosotros mandamos, crear nuestros propios espacios y ya lo estamos llevando a cabo en esta zona y lo queremos llevar a otras a otros espacios, a otros movimientos. Vemos que hay futuro con respecto a los pueblos originarios.
Con respecto al Congreso Nacional Indígena, para el 12 de octubre, tenemos nuestra gran asamblea. Allá nos encontramos todos y también vamos a evaluarnos, vamos a abrazarnos. Tuvimos la visita de compañeras que fueron a Europa a una reunión con más de mil colectivos europeos y también esos colectivos tienen la mirada hacia esta caravana. De eso se trata: de que no estamos solos en esta guerra, sino más bien es una guerra mundial contra los pueblos originarios, contra los que estamos siendo despojados, pero el problema es que no nos encontramos, que no nos vemos y no platicamos. Por eso la caravana es una de nuestras esperanzas.
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—¿Qué significan las palabras territorio y agua?
—El territorio no solo es lo tangible, sino también lo que no vemos: es nuestra identidad, es nuestra cultura. Del territorio brotan nuestras emociones, el territorio es nuestro espacio de educación. El territorio puede seguir sin nosotros, pero nosotros sin nuestro territorio, no pudiéramos vivir.
Al agua la considero más como una alegría. Porque recuerdo, cuando era niño, no se podía jugar sin que hubiera agua. Hacías el lodo con el agua y la tierra. El agua es felicidad, el agua es pueblo, el agua es vida, el agua es la razón de nuestra existencia, nuestros cuerpos son de agua. El mismo planeta Tierra debería de llamarse planeta Agua. El valor que le tenemos al agua, es más que el oro, si la queremos comparar con ese metal que divide a las naciones.
*Imagen principal: Miguel López Vega, concejal del Concejo Indígena de Gobierno. Foto: Astrid Arellano
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