- El responsable de investigación del Centro de Documentación e Información Bolivia conversó con Mongabay Latam sobre los problemas que enfrentan las áreas protegidas en ese país.
- También habló sobre la falta de institucionalidad de los organismos encargados de proteger estas zonas biodiversas y de la violencia que se está instalando en estos territorios.
El jueves 7 de abril hubo una marcha en la ciudad de Tarija para exigir la anulación de los contratos de los proyectos de exploración petrolera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. Una semana antes, la senadora Cecilia Requena y el equipo de fiscalización que la acompañaba a una inspección en una zona minera legal, que cada vez se acerca más al Parque Nacional Madidi, fueron agredidos. Mientras tanto, científicos, organizaciones ambientales y líderes indígenas no han dejado de exigir la derogación de los dos decretos supremos que facilitan la explotación minera y de hidrocarburos en las áreas naturales protegidas de Bolivia. ¿Qué está pasando en estos ecosistemas sensibles?
Mongabay Latam conversó con Pablo Villegas, responsable de investigación del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), sobre las amenazas a la biodiversidad y sobre cómo el gobierno actual, según el especialista, empieza a ver a las áreas protegidas como un salvavidas para compensar lo que llama el desmoronamiento de una economía basada en el gas. “Ya no hay quién cuide a las áreas protegidas”, comenta.
Villegas es antropólogo, ha sido director del Reserva de la biosfera y tierra comunitaria de origen Pilón Lajas, ha publicado recientemente el informe Contradicciones en la gestión de áreas protegidas que analiza el impacto de las actividades extractivas sobre tres áreas naturales protegidas del país y es uno de los expertos que mejor conoce la problemática ambiental de Bolivia.
Distintas voces desde la ciencia, organizaciones ambientales y líderes indígenas denuncian que el gobierno boliviano ha erosionado la normativa medioambiental, específicamente la relacionada con las áreas naturales protegidas ¿Desde cuándo se están flexibilizando las normas ambientales? ¿Cuál es el foco de estas denuncias?
Podemos hablar de tres épocas. La primera ocurre por el 2014 cuando el gobierno se dio cuenta que las reservas del gas estaban cayendo y después cayeron los precios de las materias primas, entonces, el gobierno no tenía otro modelo de desarrollo ni otro tipo de economía que exportar gas. Ese año llegó a ser el 54 % las exportaciones. Con esta caída del modelo empiezan a endurecer sus posiciones respecto a los pueblos indígenas y en general al medio ambiente. Una segunda época es antes de las elecciones del 2019, cuando Evo Morales da la orden a su partido de que den curso a todas las demandas de los sectores poderosos del país, es decir, a los agroempresarios, mineros, y otros. ¿Y a qué se refería? por ejemplo al famoso decreto incendiario [Decreto que modifica el Decreto Supremo N° 26075 autorizando el desmonte para actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni] Con ese decreto se genera la catástrofe de los incendios que viene acompañado de los avasallamientos [invasiones] de tierra. Y luego tenemos una tercera etapa con la llegada del gobierno de Luis Arce, donde se ve claramente que en los sectores del MAS [Movimiento Al Socialismo] estaban muy molestos porque en la anterior gestión habían sido frenados los intentos de entrar a las áreas protegidas por los pueblos indígenas y los ambientalistas. Entonces cuando llega nuevamente el MAS, claramente toma las instituciones del estado vinculadas a estas áreas incluyendo el Ministerio de Minería y se las entregan a sectores duros como los cooperativistas y los colonizadores.
—¿Cómo así se las entregan a estos sectores?
—Por ejemplo el Sernap [Servicio Nacional de Áreas Protegidas] está dirigido por un colonizador y sectores que al menos en los últimos 15 años se han mostrado terriblemente duros contra la protección de los pueblos indígenas y el medio ambiente. Entonces, esta última etapa es realmente dura porque han tomado, han asaltado varias áreas protegidas y no ha habido ninguna medida en su contra. Hace poco, en el norte de La Paz fue una comisión a ver un área donde están trabajando mineros y los agarraron a balas. Cada vez son más frecuentes estas agresiones cuando llegan comisiones del Estados o de los afectados para ver qué está pasando en tierras avasalladas o de actividad minera y no hay ninguna medida del gobierno o, si las hay, son medidas muy cosméticas.
—Usted se refiere al ataque sufrido por la comisión liderada por la senadora Cecilia Requena que ingresó al Parque Nacional Madidi ¿Por qué están ocurriendo estos hechos de violencia?
—Tiene que ver con la situación económica, con que el modelo económico ya no se puede sostener al gobierno en el poder. Por ejemplo, el último Presupuesto General de la Nación es equivalente al 90 % del Producto Interno Bruto (PIB) y el 40 % de este tiene que financiarse con deuda, entonces, eso es una catástrofe económica. Tienes un gobierno que está en esas condiciones y para sobrevivir vas a robarte el producto interno bruto, y eso lo hace a través de impuestos. La medida para retardar el golpe de los impuestos está en la deuda externa que la vas a pagar a largo plazo. El gobierno prácticamente no tiene ningún plan económico, no existe un plan económico, mucho menos un plan de emergencia.
—¿Cómo se relaciona esta falta de plan de gobierno con los problemas que enfrenta el medioambiente?
—Y con la forma en la que se está atacando… ¿qué ganan con los avasallamientos de tierra y apoyándolos en las áreas protegidas y en los territorios indígenas? Por una parte, logran el apoyo político de estos sectores de avasalladores como grupos de choque, lo mismo que sucede con los integrantes de las cooperativas mineras, que funcionan bien como grupos de choque. En el plano económico, los avasallamientos de áreas protegidas y territorios indígenas corresponde con la mentalidad que ha demostrado el gobierno en estos últimos 15 años, sobre su concepción de la economía. Si ves toda la historia económica de estos últimos 15 años, realmente su concepción de economía es primitiva, en todo el sentido de la palabra, porque han exportado el gas sin preocuparse de explorar en otros lugares, entonces, solamente cuando se hizo obvio que la explotación estaba cayendo, se empezaron a desesperar por explorar y la forma en la que lo hacen es claramente ineficiente y corrupta.
—¿Por qué corrupta?
—Porque para los planes de exploración el Estado contrata al sector privado para hacer todo, eso quiere decir que el sector privado decide qué se explora. Podemos preguntarnos, por ejemplo, en el caso de Tariquia ¿realmente están buscando gas o es que están ejecutando el presupuesto para que las empresas privadas cobren por el trabajo y para que los funcionarios [de gobierno] que han hecho los contratos se lleven un porcentaje?
—Usted ha mencionado tres etapas en el debilitamiento del medio ambiente y ha indicado que esta tercera etapa es la de mayor endurecimiento ¿Qué está pasando ahora?
—En el periodo anterior hubo un decreto para que las áreas protegidas se volvieran dependientes del financiamiento de las empresas petroleras. Es un decreto por el cual las instituciones que vigilan el sistema de áreas protegidas pasan a recibir el 1 % de la inversión que estaba prevista hacer las empresas petroleras. Entonces pasan a depender del financiamiento de las empresas petroleras. Además, en una investigación descubrimos que se han estado modificando los planes de manejo de varias áreas protegidas de forma ilegal y artera. Las han modificado para permitir asentamientos de personas, para permitir la construcción de megaobras y actividades de hidrocarburos como es el caso de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. El plan de manejo es la columna vertebral del área protegida y lo que hicieron fue cambiarlo para reducir el nivel de protección.
—¿Cómo se ha podido cambiar el nivel de protección a través de los planes de manejo?
—Las áreas protegidas tienen una zonificación con varias categorías que van desde la más alta protección donde solamente puede estar la fauna e ingresar científicos para hacer investigación y otras zonas donde puede haber actividades de extracción de recursos naturales previo cumplimiento de una serie de normas. Entonces, lo que hacen es reducir la extensión de las zonas de mayor protección y el resto del área va quedando con un nivel más bajo de protección. Eso se ha estado haciendo en varias áreas protegidas.
—Además de Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía ¿en qué otras áreas protegidas se han hecho modificaciones en el plan de manejo?
—Hemos constatado en tres áreas protegidas: en el Parque Nacional Carrasco, el Parque Nacional Tunari y la reserva de Tariquía. Como se sabe, en estos días hay fuertes reclamos por un proyecto de hidrocarburos. En Carrasco está el problema de la hidroeléctrica de Ivirizú y también se está habilitando para que entren los cocaleros. Para el caso del Parque Nacional Tunari el problema son los llamados ‘loteadores’ que son lo mismo que los avasalladores pero en las ciudades. Ellos van tomando espacios en las urbes y detrás de ellos se mueve mucho dinero y mucho poder incluso de instituciones del Estado. Lo que hay detrás de los loteadores son mafias.
—¿Estamos hablando de terrenos dentro de las áreas protegidas?
—El problema del Tunari es que se trata de un área protegida que colinda con la ciudad y lo que buscan los loteadores es extenderse hacia todos los lados y en el Tunari cada año van avanzando. Incluso hubo un director de esta área protegida que duró 10 días. Era del MAS, pero lo sacaron porque quería poner algún tipo de orden en el área protegida. Y él nos dijo: “están quemando los bosques del Tunari para que no quede una razón para que sea área protegida”. Como explicaba sobre la visión económica, lo que está pasando en las áreas protegidas es una historia de colonización, no la española sino la de esta época, en la que se construyen caminos, luego se tumba el monte, y se inicia una actividad que tiene una importancia económica para después instalar electricidad, camiones que entran y salen y se instala una gran cantidad de gente. Y cuando ves eso y ves lo que tienen planificado económicamente, entiendes que el plan es colonizar todo, tomar tierras, destruir áreas protegidas e instalarse en todos los territorios que se pueda. Ese es el plan del gobierno.
—¿Por qué hay tanto interés en ingresar a las áreas protegidas?
—Yo creo que lo hacen por tumbar las áreas protegidas, para vulnerar las áreas protegidas y para que vayan perdiendo justamente la razón de su protección, porque para entrar tienen que abrir caminos, tienen que abrir sendas, para que detrás vengan los avasalladores.
—¿Qué tan grave es la situación de las áreas protegidas?
—Es muy grave porque la institución que debía preservar las áreas protegidas, es decir, el Sernap, tiene un acuerdo con el AJAM [Autoridad Jurisdiccional Administrativa Mineras], que es la oficina del Ministerio de Minería encargada de dar las concesiones mineras para que se habiliten áreas mineras dentro de las áreas protegidas. Por ejemplo, el mismo director ahora promociona las concesiones y se compromete con la población local ofreciendo beneficios si apoyan la minería. Entonces, tienes una institución proactiva para habilitar las áreas mineras.
—Usted ha mencionado que el Sernap es más bien un organismo que promueve la minería ¿Este organismo estatal está cumpliendo su función?
—El año pasado se despidió personal antiguo, científicos y directores de las áreas protegidas, en su lugar se ha contratado gente que no tiene experiencia en el tema ambiental y cero trayectoria para el manejo de áreas protegidas. El gobierno ha desinstitucionalizado las áreas protegidas. Incluso existen presiones contra los guardaparques que quieren cumplir su trabajo y que han protestado, entonces los cambian de un área protegida a otra. Por ejemplo, hace poco se descubrió, entre comillas, que los menonitas habían construido un puente ilegal que va hacia un área protegida y al guardaparque que hizo la denuncia lo cambiaron de lugar, como castigo.
—El año pasado hubo una crisis dentro del Sernap ¿Fue así como se inició la desinstitucionalización?
—En realidad, este tipo de acciones sobre las áreas protegidas se iniciaron con Tipnis [Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure] cuando el director de entonces dice, muy diplomáticamente, que no se debe hacer esta carretera en el parque, entonces lo cambiaron. A partir de ese momento empiezan a poner a directores del partido del MAS y a personas que nunca habían estado relacionadas con las áreas protegidas, por ejemplo, en algún momento nombraron a un político de Potosí que era diputado. La desinstitucionalización del sector ambiente empezó prácticamente con el inicio del gobierno de Evo Morales, cuando cierran el Ministerio de Medio Ambiente y, en su lugar, crean el Ministerio del Agua. Muchos creyeron que era otro nombre para el Ministerio del Medio Ambiente, pero en realidad lo que hicieron fue transferir la mayoría de sus funciones al Ministerio de Agricultura que, obviamente, su función no es proteger sino explotar.
—Se critica que el presupuesto para el sector ambiente es bajo, que hay menos guardaparques y menos fiscalización. ¿El problema del sector tiene que ver con el presupuesto?
—No manejo las cifras precisas, pero siempre ha sido un problema el presupuesto, por tanto, se depende mucho de la cooperación internacional, que muchas veces administra directamente las áreas protegidas. El único cambio que hubo en estos 15 años ha sido el 1 % que las empresas extractivas destinan a las áreas protegidas, con lo que además de pobres resultan directamente sometidas y la falta de institucionalidad que hay dentro es terrible.
—¿Cree que la presión sobre las áreas protegidas está llegando al límite?
—Claro, ya no tienes al personal que hizo carrera a pesar de todo y que conocía sus áreas, por el contrario, tienes una administración de las áreas protegidas que no responde al interés de estas sino a los intereses económicos de los sectores que están manejando el gobierno. Eso ya se está cumpliendo. Tienes una administración que castiga a los guardaparques que cumplen sus funciones. Lo que se tiene es una política minera que está aplicando el ingreso de proyectos de exploración de hidrocarburos, los avasalladores. Ya no hay quien cuide a las áreas protegidas. Obviamente pueden esperarse tiempos peores porque una cosa es el mapa con las concesiones y otra un área en la que ya han entrado. Hay áreas en las que ya se han instalado y como dije, hay violencia, y eso va a seguir extendiéndose a medida que vayan iniciando las obras. Se está viviendo la muerte de las áreas protegidas.
Imagen principal: represa Ivirizú, Parque Nacional Carrasco. Fuente: Google Earth