- Unas 143 Organizaciones No Gubernamentales han sido clausuradas en Nicaragua desde 2018, incluyendo universidades y organismos de derechos humanos y ambientales.
- Entre las organizaciones cerradas por el gobierno están: Popol Na, Fundación del Río y Centro Humboldt, reconocidas a nivel nacional e internacional por su aporte en el desarrollo ambiental y sostenible de las comunidades empobrecidas y vulnerables de Nicaragua.
Daniel Ortega, quien inició su quinto mandato en Nicaragua a comienzos de enero, y que es internacionalmente cuestionado por inhabilitar a sus adversarios políticos mandándolos a la cárcel, ha cancelado desde el 2018 a la fecha las operaciones de al menos 143 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el país.
Los argumentos que maneja el Estado para cancelarlas son tres: recibir donaciones del exterior, no reportar sus estados financieros y realizar juntas directivas con plazo vencido.
Solo en marzo de 2022 fueron canceladas 25 ONG. Ese mismo mes, la Asamblea Nacional aprobó una nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL), que prohíbe a organismos defensores de derechos humanos hacer campañas de concientización sobre la realidad política, económica, social y ambiental que atraviesa el país. La nueva ley, compuesta por 12 capítulos y 57 artículos, deroga la antigua Ley 147 de 1992 que se refería a este mismo asunto.
“Es una barrida de las organizaciones que el régimen considera contrarias a su política extractivista de Estado, que violenta los derechos fundamentales de la población”, dijo a Mongabay Latam Amaru Ruíz, biólogo, investigador y ambientalista que preside la Fundación del Río, una de las primeras organizaciones canceladas por el gobierno en 2018.
Ruíz relata que, en ese año, la Fundación del Río fue cerrada a pesar de contar con sus informes financieros al día. El argumento del Estado fue que la organización estaba desarrollando actividades fuera de su fin primordial, que consiste en la protección del ambiente y el desarrollo sostenible de las comunidades.
Otro argumento por parte del régimen de Ortega fue que Fundación del Río, que tenía más de 30 años de trayectoria, no contaba con la constancia de cumplimiento ni la certificación que emite el Ministerio de Gobernación. Sin embargo, Ruíz sostiene que el ministerio nunca quiso atender la solicitud de la fundación ni recibir los informes. “No hubo derecho a la defensa. La intención era eliminarnos por el trabajo que se estaba realizando en la Reserva Biológica Indio Maíz”, señala.
Estallido social y principio del fin
El 18 de abril de 2018, más de 5000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego en la Reserva Indio Maíz, la segunda más importante del país. Las protestas por la “negligencia del gobierno” no se hicieron esperar y se sumaron a un desacuerdo general por las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, donde se aumentaron sustancialmente las contribuciones de empresas y trabajadores, y se aprobó un impuesto a las pensiones de las personas jubiladas.
“Nos acusaron de promover un golpe de Estado por haber denunciando la negligencia del régimen en la reserva Indio Maíz. No hubo un procedimiento para que nosotros refutáramos esos argumentos y simplemente tomaron la decisión, de manera arbitraria, de cancelar nuestra personería jurídica en diciembre del 2018”, dice Amaru Ruíz y asegura que a Fundación del Río le confiscaron 22 propiedades que eran su patrimonio y dos radios comunitarias.
Para el director de la ONG es claro que el régimen de Ortega no quiere que existan cuestionamientos políticos a su gestión y que, básicamente, no le preocupa que organizaciones que están monitoreando y trabajando para mejorar las condiciones sociales y ambientales en las comunidades, especialmente campesinas, indígenas y afrodescendientes, dejen de operar.
Amaru Ruíz señala que el trabajo de las ONG va en contra de los planes del Estado que apuntan a promover las industrias extractivas, lo cual podría poner en riesgo territorios y ecosistemas clave. Asimismo, añade el director de Fundación del Río, que al no existir programas de desarrollo sostenible y de formación política ciudadana, las empresas mineras, hidroeléctricas, fotovoltaicas y de monocultivo tendrán las puertas abiertas para instalarse en territorio de las comunidades, generando así más desplazamientos forzados y procesos de criminalización como los denunciados por los líderes comunitarios.
“Nos estamos quedando sin organizaciones que generen contrapeso al modelo, es decir, quieren callar el espacio cívico. Recordemos que la sociedad civil funciona como un tercer sector [el primer sector es el gobierno y el segundo es la empresa privada], que juega en la balanza política de los principios democráticos de un Estado, porque somos quienes tenemos el rol de cuestionar las políticas públicas de un país. Pero el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no está dispuesto a que lo cuestionen”, le dice Ruíz a Mongabay Latam, desde el exilio que se vio obligado a asumir.
El informe de 2020 de Global Witness: ‘Defender el Mañana’ denunció a Nicaragua como el país del mundo con más ataques letales ‘per cápita’ en contra de personas defensoras de la tierra y el medioambiente.
En su página web, el pasado 24 de marzo, Global Witness publicó que “las violaciones de derechos humanos en Nicaragua han sido graves y numerosas en este periodo [desde 2018], incluyendo el asesinato de 325 civiles y una extensa gama de ataques en contra de la población que pasan por la tortura, criminalización, hostigamiento y amenazas de muerte”. Para la organización, quienes han trabajado en la defensa de la democracia, los derechos humanos, ambientales y territoriales, especialmente indígenas, “han sido víctimas de un discurso público de odio”.
De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, coordinado por organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, desde 2018, 171 personas han sido privadas de libertad por motivaciones políticas y muchas de ellas lo han sido por ser voceras de causas ambientales.
En entrevista con este medio, la representante regional para América Latina de Global Witness, Laura Furones Fragoso, lamentó que, a pesar de los múltiples llamamientos de las organizaciones de derechos humanos, Nicaragua siga viviendo un retroceso en su democracia, afectando a toda la población, pero con mayor énfasis en las comunidades que defienden sus bienes naturales y territorios.
“El gobierno liderado por Daniel Ortega y por su esposa Rosario Murillo ha desoído estos llamamientos, y lo que empezó con una crisis, hace unos años, sigue sin resolverse, generando más violación a los derechos humanos y asesinatos, especialmente en sectores indígenas, quienes son más vulnerables a los ataques por parte de los Estados”, expresa Furones.
Por ejemplo, Global Witness lamenta la cancelación del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica Norte (CEJUDHCAN), que ha trabajado históricamente por los derechos de los pueblos indígenas miskitu en el país. Además, advierte que “los bosques están siendo destruidos a una velocidad alarmante”.
El Centro Humboldt, una organización de la sociedad civil dedicada a promover el desarrollo territorial mediante la gestión sostenible del Medio Ambiente y los recursos naturales, denunció que entre 2011 y 2018 se perdieron 1.4 millones de hectáreas de bosque en el país. “Esta organización también ha visto su personería jurídica revocada”, denunció Global Witness el pasado 24 marzo.
Mongabay Latam contactó a Karina Saravia, integrante del Centro Humboldt, que fue cancelado recientemente. Su respuesta a través de mensajes escritos fue: “tras la cancelación de la personalidad jurídica de Centro Humboldt, la organización está en proceso de inventario para entregar todo en orden. Lamentablemente no tenemos vocería activada”.
Otros integrantes de Humboldt, quienes pidieron no ser identificados por temor a represalias por parte del gobierno, lamentan que las comunidades que han venido acompañando queden a la deriva debido a la escalada de concesiones extractivas que el gobierno nicaragüense sigue aprobando. Les preocupa el alto grado de vulnerabilidad ambiental del país, el cual quedó evidenciado con el paso de los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020. Con el cierre del Centro Humboldt también se pierden varios procesos de restauración de manglares y proyectos de agua potable.
Organizaciones internacionales canceladas
Lo más grave es que Nicaragua no solo ha cancelado la personería jurídica de organizaciones nacionales, sino de organismos internacionales como Clínica Verde de Estados Unidos; Fondo de Cooperación al Desarrollo (FOS) de Bélgica; Agencia Católica para el Desarrollo Internacional (CAFOD) del Reino Unido; el Servicio Cristiano Internacional por la Paz (EIRENE) de Alemania, entre otros. Todas estas eran iniciativas que promovían proyectos de cooperación para el desarrollo y, al cerrar sus puertas, quedan desatendidas cientos de familias que no recibían atención del Estado por la falta de recursos y voluntad política, según detallan varias de las fuentes consultadas.
Según el Ministerio de Gobernación, los organismos internacionales incumplieron sus obligaciones conforme a las leyes que regulan a los Organismos sin Fines de Lucro en territorio nicaragüense, al no registrarse como Agentes Extranjeros, bajo la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, otra polémica normativa que, incluso, ha sido cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para Elvira Cuadra, investigadora asociada del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), dos ONG nicaragüenses, la realidad del país cada día se vuelve más insostenible. Asegura que, para solventar la crisis que atraviesa Nicaragua, debe existir una salida democrática “que pasa por cambiar el poder político autoritario que actualmente está en el poder, porque desde hace algunos años dejó de representar los intereses del pueblo y se ha convertido en una dictadura familiar que está administrando los recursos del Estado como su hacienda privada”, dice.
En Nicaragua cada día crece la lista de ONG canceladas por el gobierno. De enero a abril de 2022, a unas 50 organizaciones de larga trayectoria se les anuló su personería jurídica porque fueron acusadas de violentar el Decreto Ejecutivo 15-2018. Según el régimen de Daniel Ortega, son responsables de fomentar el terrorismo, el lavado de activos y el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva.
Desde el exilio, Amaru Ruíz ve con mucha preocupación lo que ocurre en su país. Concluye diciendo que la voluntad política del mandatario Daniel Ortega, es que no exista ningún tipo de organizaciones que generen cuestionamientos y que la población no tenga conciencia de lo que está pasando a nivel político, social y ambiental. “Los que más pierden ni siquiera son las organizaciones sino los pobladores nicaragüenses”, afirma.
Estas son algunas de las ONG que han sido canceladas en el 2022:
- Asociación Operación Sonrisa de Nicaragua.
- Asociación de Periodistas de Nicaragua Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal.
- Asociación Voces Vitales de Nicaragua.
- Asociación Civil Emprendedores Juveniles de Nicaragua.
- Asociación Club Harvard de Nicaragua.
- Asociación Civil Colectivo de Mujeres 8 de Marzo.
- Asociación Fondo de Desarrollo Local.
- Asociación Foro de Mujeres de Nicaragua.
- Centro Alexander Von Humboldt para la Promoción del Desarrollo del Territorio y la Gestión del Ambiente (Centro Humboldt).
- Club Social de Matagalpa.
- Fundación Ágora Parnerships.
- Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua.
- Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense.
- Fundación Cruzada Ciudadana por la Democracia.
- Fundación Kolping-Nicaragua.
- Fundación Instituto Observación para la Democracia y los Derechos Humanos.
- Fundación Fondo de Becas de Exalumnos del Colegio Centroamérica (Fobeca).
- Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia.
- Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
- Fundación Grupo Cívico Ética y Transparencia.
- Fundación para la Libertad.
*Imagen principal: Plantón en MIGOB solicitando que se restituya el derecho a la libre organización, como consigna en la Constitución de Nicaragua. Foto: Fundación del Río.
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