- Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, organización que integra la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia, analiza en entrevista el largo y espinoso camino que ha recorrido el proyecto de ley para la ratificación del Acuerdo en Colombia, debido a la oposición del Centro Democrático y otros partidos adscritos al Gobierno.
Con una desaprobación del 64,6 %, el presidente Iván Duque está a escasos 80 días de terminar su mandato con una inmensa contradicción: la oposición del Centro Democrático, su partido, frente a un proyecto de ley que él mismo impulsó. Se trata del Acuerdo de Escazú, el primer tratado sobre medio ambiente y derechos humanos de América Latina y el Caribe compuesto por cuatro pilares fundamentales: el acceso a la información, la participación ciudadana, la justicia en materia ambiental y la protección de defensoras y defensores ambientales.
El Acuerdo empezó a colarse en la agenda de Duque ante el estallido social que vivió el país durante el 2019 que, entre otras cosas, dejó en evidencia el descontento de la ciudadanía frente a las políticas ambientales de su gobierno.
Sin embargo, ad portas de la finalización de su mandato, las dilaciones para ratificar a Colombia en el Acuerdo de Escazú han sido una constante en el Senado, que debe legislar para materializar este compromiso. El 17 de mayo del 2022, la plenaria del Senado para discutir y votar el proyecto, que se había programado ese día, tuvo que ser suspendida y reprogramada un día después, por la falta de quórum. Varios congresistas del Centro Demócratico y el Partido Conservador, adscritos al Gobierno, decidieron ausentarse.
En entrevista con esta alianza periodística, la subdirectora de Ambiente y Sociedad, organización que integra la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia, Vanessa Torres, profundizó en la situación actual de la ratificación del Acuerdo y en las confusas posturas del gobierno de turno que, por una parte, presenta el proyecto ante el Congreso, pero al momento de formalizar la ratificación, su partido se alza como una de las principales fuerzas detractoras.
—El proceso de ratificación de este acuerdo en Colombia ha enfrentado problemas desde el principio, ¿por qué?
—El proyecto de ley debió ser presentado en la primera legislatura de 2020, en marzo, pero por la pandemia solo se dio hasta el segundo semestre, cuando el Ministerio de Ambiente lo presentó con mensaje de urgencia. Nosotros como organizaciones de la sociedad civil esperábamos que el primer debate fuera asignado rápidamente para tener claridad sobre cuál era la postura de los congresistas frente al Acuerdo de Escazú. Pero el partido de gobierno, hay que decirlo con nombre propio, menciona que no hay información sobre el acuerdo y dice que necesita tener una discusión al interior del Congreso con participación de diferentes sectores. Fueron cuatro audiencias públicas que nosotros esperábamos nos llevaran a un primer debate, pero este nunca se programó.
Se acabó la legislatura en 2021 y el proyecto se archivó. Seguramente, muchos recuerdan ese cierre de la legislatura que fue dramático. Estábamos esperando que el debate se diera y el partido de gobierno no permitió la votación, dilatando, dañando el quórum dentro del espacio y lo que ocurrió fue que se terminó archivando el proyecto.
—Y entonces, ¿cuál es la situación actual?
—Al inicio de la nueva legislatura, que empezó el 20 de julio de 2021, el Ministerio de Ambiente, a petición de la ciudadanía, volvió a presentar el proyecto de ley, pero lo presentó sin mensaje de urgencia. ¿A qué nos lleva esto? pues a que no van a ser tres debates los que necesitamos, sino cuatro, dos en Senado y dos en Cámara.
Ese es el escenario en el que nos encontramos actualmente. Recientemente la bancada de oposición, a través del estatuto de oposición, está pidiendo que se priorice la votación del proyecto. El pasado abril se dio la primera votación en la Comisión Segunda del Senado. Logramos pasar esa primera votación con seis votos a favor y uno en contra. Esta semana el proyecto pasó a plenaria del Senado, pero no se pudo dar la votación porque, por parte del partido de gobierno, se manifiesta que hay dudas sobre qué es el Acuerdo de Escazú.
—Es muy contradictorio que el Centro Democrático dilate el proyecto del propio Gobierno, ¿se había visto algo así antes en un tema crucial como este?
—Para nosotros resulta complejo entender por qué el partido de gobierno se opone a un acuerdo que fue presentado como proyecto de ley por el Gobierno Nacional. Creo que este ha sido el gran cuello de botella que hemos tenido, tener un partido de gobierno en contra de lo que el mismo gobierno aparentemente promueve. De hecho, el Centro Democrático ha hecho afirmaciones en redes sociales en contra del Acuerdo de Escazú. Que un partido de gobierno se oponga a una propuesta del mismo gobierno es algo que jamás en la historia de este país había ocurrido.
Por otro lado, tenemos a los gremios, a los sectores económicos que han manifestado en reiteradas oportunidades su desacuerdo en contra del Acuerdo de Escazú. Se desconoce muchísimo cuál es el contenido del acuerdo y sobre todo se ha tergiversado el articulado. Esto por falta de un análisis técnico a nivel jurídico.
—¿Qué argumentos han usado los sectores que se oponen a que Colombia ratifique el Acuerdo de Escazú?
—Uno de los grandes mitos que se ha mencionado sobre el Acuerdo de Escazú es que vulnera la soberanía del país, que con el acuerdo se va a permitir el ingreso o la participación de ciudadanos extranjeros en, por ejemplo, la aprobación de proyectos de infraestructura, proyectos petroleros y proyectos mineros.
El Acuerdo de Escazú en su artículo tres reconoce el principio de soberanía de los Estados y soberanía sobre los recursos naturales de cada uno de los Estados que hacen parte del acuerdo. Afirmar que un tratado internacional, que está construido en el marco del derecho internacional de Naciones Unidas, vulnera la soberanía de los Estados, es algo completamente equivocado, eso estaría vulnerando el derecho internacional y no podría ser pactado ni ratificado por 12 países. Entonces, aquí no estamos hablando de un espacio antiderechos, todo lo contrario, ha sido consolidado con toda la normativa y con todas las garantías que se requieren.
—¿Qué implicaría la ratificación del Acuerdo de Escazú para Colombia?
—Implicaría una mayor regulación y articulación de los derechos socioambientales y derechos humanos, así como de la participación ciudadana en materia ambiental.
En otras oportunidades nos han preguntado si una vez ratifiquemos el Acuerdo ya no van a matar más defensores ambientales. Yo quisiera decir: “No, no van a matar más”, pero esta respuesta es imposible. Aquí necesitamos un compromiso de todos y todas, no se trata de que el acuerdo se ratifique y sea el Estado el único que responda e implemente; aquí todos y todas tenemos una responsabilidad.
—¿Cuál es la situación a nivel nacional en materia de garantías para los defensores medioambientales?
—Colombia es uno de los países que mayor número de protocolos de metodologías de protección ha impulsado desde el Ministerio del Interior. Sabemos que hay todo un trámite de asignación de medidas de protección para quienes las solicitan. Desafortunadamente, las cifras lo dicen: muchas de estas medidas de protección llegan después de que el defensor es asesinado. ¿Entregarle un chaleco y un celular es garantía de la vida de un defensor? La respuesta es ¡no! y las cifras lo dicen. El último informe de Naciones Unidas para Colombia sobre Derechos Humanos, que fue presentado en febrero de este año, lo menciona. Hay alerta de amenaza y asesinato de defensores en 28 de los 32 departamentos del país y se recomienda el fortalecimiento de mecanismos de protección para los defensores y acá es donde entraría Escazú.
—¿Cuál es la importancia del Acuerdo en materia de defensa de líderes y lideresas ambientales?
—Este tema se reconoce como una necesidad dentro del proceso de negociación del Acuerdo de Escazú. Es ampliamente conocida la situación de seguridad que viven los defensores de Derechos Humanos en asuntos ambientales en América Latina, la región más peligrosa para la defensa del ambiente. Colombia, de hecho, desde el último informe de Global Witness, ocupa el primer puesto con 65 defensores ambientales asesinados durante el año 2020. Hay una necesidad de profundizar en esta protección y en garantizar derechos que, sin duda, al no ser garantizados son los causantes de los conflictos socioambientales en la región.
—¿La llegada de un nuevo presidente y un Congreso con nuevas caras le da nuevos aires al Acuerdo en Colombia?
—Todavía nos queda un largo camino, aún no se ha dado la segunda votación. Tenemos que esperar. Recordemos que pronto va a haber un cambio, hay un nuevo Congreso que seguramente va a llegar con nuevas posibilidades para el Acuerdo de Escazú. Llegan jóvenes, líderes sociales y eso nos da un escenario que yo creo es alentador. Sin embargo, siempre tenemos que contemplar un escenario no tan alentador para el acuerdo. Si se archiva o si se vota en contra, ese es el peor escenario en el que podríamos estar, pero lo volveríamos a presentar. Hay muchos factores que influyen, como quién va a ganar las elecciones, quién viene como presidente o el nuevo congreso que se instaura. Estamos en un momento de cambio y de coyuntura. Chile es un gran ejemplo de ello. Allá se instauró un nuevo gobierno progresista y ya se va a dar un primer debate en medio de unas condiciones supremamente alentadoras para que el acuerdo se ratifique.
Como sociedad civil, estamos a la expectativa de ver qué pasa con el acuerdo. Muy atentos, en el caso que se dé la votación, de saber quiénes están a favor y quiénes en contra. Creo que sí es una responsabilidad muy grande la que tienen los congresistas frente a la solicitud de la ciudadanía, porque no somos un grupo de personas los que estamos pidiendo esta ratificación, es el país entero el que está pidiendo la ratificación del Acuerdo de Escazú.
Una colega mía que está en esta lucha sobre el Acuerdo de Escazú dijo unas palabras muy sabias: “los gobiernos no son eternos y las causas sí”.
* Imagen principal: Plantón realizado el 17 de junio de 2021 en la Plaza de Bolívar, en Bogotá para pedir la ratificación del Acuerdo de Escazú. Crédito: Colectivo Rebelión o Extinción Colombia y Viernes por el Futuro de Colombia.
* Esta entrevista es una alianza periodística entre Mongabay Latam y Cuestión Pública.
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