- La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha registrado más de mil casos de criminalización, de ellos, por lo menos el 70 % corresponde a defensores del medio ambiente y líderes indígenas.
- Alrededor de cien líderes y lideresas indígenas de todo el país se reunieron en el Primer Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Ambientales en Perú para impulsar una agenda conjunta.
“En mi comunidad nativa Emanuel Varadero de Tibilo, hemos sido denunciados por defender nuestro territorio ancestral comunal. Incluso a una hermana de la comunidad la agredieron físicamente”, cuenta Lino Curitima Caritimari, que ahora se ha convertido en uno de los tres voceros de los defensores ambientales de la Macrorregión Amazónica del Perú.
Las denuncias en contra de los pobladores comenzaron cuando, según Curitima, dos asociaciones de productores agropecuarios dedicadas al cultivo de cacao, piña, yuca y plátano invadieron el territorio del pueblo indígena Kukama Kukamiria, ubicado en el distrito de Laguna, en la provincia de Alto Amazonas, en la región Loreto. “Somos seis hermanos que hemos sido denunciados”, agrega.
Mar Pérez, responsable de la Unidad de Protección a Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señala que si bien en los últimos años “lo más visible han sido los ataques en la Amazonía que se relacionan con actividades ilegales como el tráfico de drogas, la minería ilegal y la tala ilegal”, también existen “otras dinámicas de violencia contra los defensores ambientales que se vinculan con actividades de empresas formales y con violencia ejercida por el propio Estado”. Por ello, Pérez asegura que la principal forma de agresión contra los defensores del medio ambiente en el Perú es la criminalización, que se manifiesta en denuncias, investigaciones fiscales y juicios.
“En la Coordinadora de Derechos Humanos tenemos una base de datos de ataques a defensores que en estos momentos incorporan más de 1000 casos de criminalización y alrededor del 70 % de estos corresponde a defensores del medio ambiente y líderes indígenas. Es este grupo el que encabeza las cifras de agresiones y de violencia”, comenta Pérez.
La alarmante cifra quedó en evidencia durante el Primer Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Ambientales en Perú, que se realizó del 15 al 17 de junio en Lima, donde, por lo menos la tercera parte de los casi 100 líderes y lideresas indígenas reunidos allí, manifestaron haber sido víctimas de denuncias por parte de empresas o de ilegales, así como estar inmersos en investigaciones fiscales y procesos judiciales por defender sus territorios.
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Invasiones de tierras, minería y gas
En el 2017 ocurrió la primera invasión de la que habla Curitima. Ese año, una agrupación dedicada a la producción de cacao invadió parte de las 4000 hectáreas del territorio indígena de la comunidad nativa Emanuel Varadero de Tibilo, en la provincia de Alto Amazonas, en la región Loreto. Dos años antes, en 2015, precisa el vocero de los defensores ambientales de la Macroregión Amazónica del Perú, los comuneros ya vivían amenazados por quienes impulsaban las invasiones. En el 2021 ocurrió una segunda invasión, esta vez se trataba de una asociación de productores, no solo de cacao, sino también de piña, yuca y plátano.
La comunidad nativa cuenta con el reconocimiento oficial por parte del Gobierno Regional de Loreto desde el año 2017, sin embargo, debido a las invasiones en su territorio, el proceso de titulación de tierras se ha entrampado. “En el 2019, el PTRT3 [Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales tercera etapa] emite el primer informe del proceso de titulación, pero quedó inconcluso y con observaciones”, comenta Lino Curitima.
Pero no es la única comunidad que ha denunciado problemas dentro su territorio. Arthur Cruz Ochoa, presidente de la comunidad nativa Centro Arenal, en la provincia de Maynas, en Loreto, habla de la carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho que pasará por el territorio comunal y que, desde el 2015, cuando —señala Cruz— empezó el proyecto, ha generado deforestación, invasiones, y una serie de amenazas contra la comunidad.
Cruz Ochoa cuenta que en su territorio, además de la carretera que ocasionó desbosque, existe la superposición de títulos de propiedad que corresponden a un grupo de personas que formó un caserío. “Han tumbado los bosques y los riesgos que enfrentamos son amenazas de muerte. Antes podíamos caminar libremente, ahora nos sentimos como esclavos. Así están todos los defensores ambientales en diferentes regiones del Perú, no pueden caminar por su zona. En los últimos años ha habido 19 asesinatos de líderes indígenas por la tala ilegal, el narcotráfico y otros problemas. El Estado no nos garantiza absolutamente nada, incluso tenemos que llevar estos temas a la Corte Internacional de Derechos Humanos”, se queja Ochoa.
Mayra Zambrano, del Programa Derechos y Justicia Ambiental de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), está acompañando varios temas de amenazas y criminalización que ocurren en la Amazonía peruana. La abogada cuenta que en todos los casos, en los que han solicitado la inclusión de los amenazados al procedimiento de alerta temprana del mecanismo intersectorial para la protección de defensores ambientales, “se ha dado cuenta que hay una falta de relevancia o de importancia sobre la titulación y la georreferenciación territorial. Eso da pie a más ilegalidades”, precisa.
En la comunidad Emanuel Varadero de Tibilo, que no ha sido titulada por el problema territorial con una asociación dedicada al cultivo de cacao, explica Zambrano, ha ocurrido violencia física contra personas de la comunidad, pero no han ido a la comisaría a denunciar porque está muy lejos y, porque, además, “existe estigmatización por parte de la Policía hacia las comunidades indígenas. Ellos mencionan, por ejemplo, que cuando van a hacer su denuncia les dicen cosas como: ‘¿Otra vez has venido a denunciar?’”.
En el caso de Arthur Cruz, quien está amenazado por madereros ilegales, comenta Zambrano, el proceso para que cuente con garantías para su vida y acceda al procedimiento de alerta temprana fue muy lento.
Pero los casos de criminalización no solo están en la Amazonía, donde los niveles de violencia han llegado al punto de registrar el asesinato de 14 líderes indígenas y defensores ambientales desde abril de 2020 hasta la actualidad, según un registro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
En Sechura, Piura, en el norte del Perú, Rosa Gómez Nunura ha recibido notificaciones del Ministerio del Interior y del Ministerio Público en las que le exhortan a no cometer delitos contra la seguridad pública en la modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbios y contra la administración pública en la modalidad de resistencia o desobediencia a la autoridad.
Los requerimientos de estos organismos del Estado se dieron luego de que, en diciembre de 2021, Gómez Nunura participara en una protesta para paralizar las actividades de la empresa Gases del Norte del Perú SAC (Gasnorp). “La empresa Gasnorp llegó a Sechura para instalar tuberías que pasan por áreas de conservación, tierras de cultivo, estuarios y zonas arqueológicas, y lo ha hecho sin un Estudio de Impacto Ambiental”, cuenta Gómez sobre las razones de la protesta contra la empresa.
Tras las protestas, la empresa Gasnorp indicó, en declaraciones a medios de Piura, que cuenta con “todos los permisos ambientales aprobados por las autoridades correspondientes, así como con el derecho de servidumbre otorgado por los propietarios de los predios ubicados en el trazo del gasoducto”.
Consultada sobre el tema, la empresa Promigas Perú, matriz de Gases del Norte del Perú – Gasnorp, respondió que el trazado de la red del ducto “coincide con zonas ya intervenidas (…), lo que hace que sus impactos no sean significativos”. En su respuesta enviada a Mongabay Latam, la empresa agrega que “el ducto no fue construido en ninguna zona arqueológica” y tampoco “recorre algún área natural protegida o área de conservación regional”. Para el caso del Estuario de Virrilá y los Manglares de Chuyillachi, Promigas Perú señala que “la construcción del ducto se realizó en cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas en el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado”.
Promigas Perú confirmó que el instrumento ambiental presentado por Gasnorp fue una Declaración de Impacto Ambiental. Asimismo, señaló que desde que ocurrieron las protestas “Gasnorp participó en todas las convocatorias de las autoridades regionales y nacionales para abordar este perjuicio a la masificación de gas natural y para encontrar solución a las demandas expuestas por la población”.
Gómez Nunura asegura que empezó en la defensa del medio ambiente en los años 2008 y 2009, cuando participó en protestas contra una petrolera que operaba en el mar de Piura por los riesgos de contaminación que significaban para la Bahía de Sechura. En el 2010 se convirtió en dirigente de la juventud y, desde entonces, ha participado en protestas y paros para reclamar contra la contaminación ambiental. Ahora, a los 33 años, es una de las tres voceras de la Macroregión Norte de los defensores y defensoras ambientales.
“En cada región nos hemos reunido para evaluar la realidad, identificar las amenazas y a las empresas privadas que llegan a concesionar la tierra sin permiso ni consulta previa. Ahora nos hemos integrado a la red que reúne a defensores y defensoras de las macrorregiones norte, centro, sur y Amazonía con las propuestas que tenemos para la búsqueda de la justicia y los derechos de los defensores y defensoras ambientales en el país”, comenta Gómez.
En el otro extremo del Perú, en el sur, desde la provincia de Juli, en Puno, Margarita Atencia habla de las 28 personas que han sido demandadas por participar en protestas contra empresas mineras. “Desde el 2011 hemos sido denunciados. Empezamos las protestas en 2008 y 2009 para defender nuestras tierras de la contaminación de esas empresas mineras que afectan nuestra agricultura y ganadería. Son distintas compañías que además cambian de nombre porque pasan de mano en mano”, dice Atencia, una de las tres voceras de la macrorregión Sur sobre los problemas que enfrentan por la contaminación causada principalmente por la minería de oro, litio, uranio, pero también por empresas de cemento.
“En mi provincia hay ocho lugares afectados. Por ejemplo, la cuenca del río Coata está contaminada, el agua es como si fuera pintura, así que ni siquiera para que nosotros o los animales bebamos”.
Mar Pérez de la CNDH señala que las empresas que tienen relación con sectores vinculados al acaparamiento de tierras son los que están relacionados directamente con la violencia a los defensores de derechos humanos y ambientales. “Las constructoras, la industria minera y de petróleo y los desarrollos de infraestructura e inmobiliarias están vinculados con mayor frecuencia a las dinámicas de violencia que sufren los defensores”.
Pérez menciona que, de acuerdo con los estándares internacionales, las empresas son también responsables de la violencia que ocurre cuando, por ejemplo, generan la creación de organizaciones paralelas a las comunidades indígenas y estas asesinan a un defensor ambiental. También se configura un nivel de responsabilidad —señala la experta— cuando las empresas contribuyen a crear un entorno social de violencia y adverso a la labor que realizan los defensores ambientales.
Menciona el caso de Máxima Acuña, que se enfrentó a una minera en Cajamarca y que por ello no podía caminar tranquilamente por la ciudad. “Esto sucede en muchos casos como resultado de la propagación de discursos de odio a través de los medios de comunicación, de spots pagados por las empresas o de comunicadores que prestan sus servicios a las empresas y que se dedican a generar una imagen de los defensoras del medio ambiente como enemigos del desarrollo o como terroristas”.
La agenda pendiente
Marcelino Vite, de la comunidad campesina San José Obrero, del distrito de Barranquita, en Lamas, San Martín, considera que lo más importante del encuentro nacional de defensoras y defensores ambientales ha sido, en primer lugar, conocer la problemática de todas las regiones, además de intercambiar experiencias y de haber presentado sus propuestas en este foro nacional.
“Hemos participado y luego hemos tenido una ronda de preguntas con los representantes del Estado. Además, lo mejor que estamos consiguiendo es formar una red de defensores de todo el Perú”, dice Vite, quien cuenta que su comunidad, junto a otras 12, enfrentan problemas con empresas dedicadas al cultivo de palma aceitera desde el año 2006. “Se deforestaron 3000 hectáreas de bosque y se ha perdido la biodiversidad, ya no hay agua, además, tenemos las consecuencias de la contaminación del agua, del aire, del suelo”, agrega Vite.
“Se ha logrado articular a los defensores que están amenazados por proyectos formales extractivos con los defensores amenazados por economías informales e ilegales, como ocurre principalmente en la Amazonía”, dice Abel Gilvonio, especialista en monitoreo de proyectos e incidencia política de Cooperacción, una de las organizaciones civiles que organizó este primer encuentro y está impulsando un espacio de diálogo entre defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales de todo el Perú.
Gilvonio señala que como parte de la agenda, durante el primer encuentro, se realizaron reuniones con representantes del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia en las que se habló de temas como implementar una mesa de seguimiento al Mecanismo Multisectorial para Proteger la Integridad de los Defensores Ambientales en la que “no solamente participen los funcionarios del Estado sino también la sociedad civil, como se propuso inicialmente”.
Desde Ayacucho, Bernabé Machaca, vocero de la Macrorregión Centro, señala que entre las propuestas que plantearon en el primer encuentro está una ley para la protección de los defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Machaca también habla de la creación de una red nacional de defensores y defensoras. “Aquí hemos discutido a nivel de Perú con todos los dirigentes de diferentes lugares”.
Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas en la Defensoría del Pueblo, señala que en los últimos años “se ha evidenciado, de manera más aguda, los casos de ataques y amenazas no solamente a los líderes indígenas, sino que la comunidad, en su integridad, se ve amenazada por estas actividades”, además de los casos en los que “se está haciendo un uso indebido de demandas judiciales”.
Aedo menciona que es positivo contar con un marco normativo como el mecanismo multisectorial, sin embargo, afirma que “la Defensoría del Pueblo ha planteado que debe existir una ley que vincule al Ejecutivo con otros sectores”, es decir, instituciones públicas como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, los gobiernos regionales y locales, así como espacios de participación de las organizaciones indígenas y de la sociedad civil de manera institucionalizada.
La representante de la Defensoría del Pueblo también indica que, para que el mecanismo multisectorial sea realmente efectivo, debe contar con un presupuesto adecuado y capacidades logísticas para descentralizar sus intervenciones. “Por ejemplo, en los departamentos donde se ha advertido casos de riesgo y que son de prioritaria atención, debería haber un coordinador de este mecanismo que pueda atender las situaciones de amenazas de forma inmediata”.
Aedo también manifiesta que es importante contar con redes institucionales de alerta para identificar y prevenir casos de amenazas porque “lo que interesa es que el Estado prevenga y no que actúe cuando ya ocurrió un asesinato”. Por eso —menciona— es necesario identificar y prevenir los casos de amenazas con los propios líderes indígenas y con enfoque territorial.
Adicionalmente, la funcionaria de la Defensoría del Pueblo menciona que es importante la ratificación del Acuerdo de Escazú —una de las medidas urgentes propuestas por los defensores durante el primer encuentro—, un tratado fundamental de Derechos Humanos para la protección de defensores indígenas y ambientales. “Desde la Defensoría del Pueblo seguiremos insistiendo en la importancia de que se pueda ratificar el Acuerdo de Escazú”, destaca la funcionaria.
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*Nota del editor: Mongabay Latam recibe fondo de Hivos – Todos los Ojos en la Amazonía para desarrollar una serie de artículos de investigación sobre la situación de los pueblos indígenas en Perú, Ecuador y Brasil. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.
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**Imagen principal: Marcha de defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales. Foto: Red Muqui.
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