- Más de 20 mil pies tablares de especies forestales protegidas, como cedro y caoba, pierden cada mes los bosques de las comunidades de la etnia wampís, según estimaciones de sus dirigentes.
- La extracción y venta de la denominada madera fina repuntó desde inicios de año, luego de que dos comunidades wampís obtuvieran licencias para el aprovechamiento de algunos recursos forestales.
- Con los permisos otorgados a las dos comunidades, según narran los dirigentes de la Nación Wampís, los madereros consiguieron cortar árboles de cedro y caoba, y transportarlos a pesar de tratarse de especies protegidas.
El último plazo otorgado por el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (Gtanw) había finalizado el 30 de mayo, pero la extracción indiscriminada de madera en las comunidades nativas de Candungos y Papayacu continuaba. A diario, botes repletos de trozas de caoba, cedro y tornillo surcaban el río Santiago, en la provincia de Condorcanqui (Amazonas), rumbo a Santa María de Nieva. A vista de los comuneros wampís que habitan aquel pedazo de la selva peruana próxima a Ecuador, este ya era un antiguo pesar que los cargaba de impotencia. Sin embargo, el flujo de embarcaciones con madera talada sin control durante los últimos meses advertía que la deforestación estaba llegando a niveles descomunales. Los dirigentes wampís calculan que más de 55 toneladas de madera salían cada quincena de sus pueblos para luego ser traficadas.
La nación wampís tiene 1 millón 370 mil hectáreas de territorio, y abarca 85 comunidades nativas (22 tituladas y sus anexos) enclavadas en las cuencas de los ríos Santiago (Amazonas) y Morona (Loreto). Unos 16 500 comuneros indígenas viven en este sector de la Amazonía norte del Perú. En resguardo de toda esa población, el Gtanw realizó una asamblea de cuatro días, a fines de marzo, para contrarrestar el avasallador problema de la tala y comercio ilegal de madera. El vicepresidente de la nación wampís, Galois Flores, relata que las comunidades acordaron la erradicación de los madereros, y darles todo abril para que trasladen lo que ya había sido talado de los bosques. Cumplido ese periodo, detalla, los madereros solicitaron 20 días más y luego otros 10 días adicionales.
“Se los dimos. Después quisieron más tiempo pero ya habíamos esperado lo suficiente. Entonces, de acuerdo con lo establecido en la asamblea, empezamos el trabajo de retención temporal de la madera”, cuenta Flores a Mongabay Latam.
El 31 de mayo y 3 de junio, pobladores wampís de las comunidades de Huabal, Chapisa y Puerto Galilea, apoyados por las rondas campesinas, interceptaron el paso de dos botes que transportaban 13 mil y 14 mil pies tablares, respectivamente. El primer cargamento quedó retenido en Puerto Galilea y, el segundo, en Huabal, a unos 45 minutos de viaje por el río Santiago. Galois Flores explica que durante la inspección de lo confiscado, los dirigentes identificaron que se trataba, principalmente, de trozas de caoba y cedro. Es decir, de especies forestales amenazadas por la tala ilegal, categorizadas como vulnerables y legalmente protegidas, según el decreto supremo 043-2006-AG.
Los cargamentos habían partido de Candungos y Papayacu, comunidades tituladas que se caracterizan por sus bosques de diversas especies como cedro, caoba, capirona, tornillo y lupuna. El secretario técnico del Gobierno Territorial de la Nación Wampís, Shapiom Noningo, señala que son 18 pueblos del Alto Santiago los que están afectados por la tala indiscriminada. No obstante, precisa, es en Candungos (79 494 hectáreas) y Papayacu (27 977 hectáreas) donde la depredación de la llamada madera fina despegó desde septiembre del año pasado y se agudizó a partir de enero último. Si bien los dirigentes del Gtanw todavía no tienen un registro actualizado de la deforestación en sus comunidades, Galois Flores calcula que solo entre Candungos y Papayacu la pérdida de cobertura boscosa alcanza las 2 mil hectáreas.
“No hay madera cerca, los taladores están terminando con todo. A unas ocho o diez horas fuera de la comunidad recién puedes encontrar”, dice para este reportaje el presidente de la nación wampís, Teófilo Kukush. Con evidente preocupación, el apu declara que los territorios wampís están perdiendo unos 20 mil pies tablares de madera fina cada mes.
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En permanente peligro
Hasta el año pasado la crisis que aquejaba a las comunidades wampís era la tala y tráfico ilegal de topa o madera balsa. El 2020 esta actividad tuvo un incremento acelerado en Ecuador e ingresó silenciosamente a los territorios wampís y awajún durante el periodo más crudo de la pandemia en el Perú. En un reportaje publicado en enero de 2021, Mongabay Latam detalló este fenómeno y las divergencias que generó entre las comunidades nativas cercanas a la línea de frontera. Para ese momento, los dirigentes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís estimaban que la extracción de balsa había causado una deforestación de al menos 50 hectáreas, y que el problema iba en aumento. En un pronunciamiento posterior, el Gtanw aproximó que más de un millón y medio de pies cúbicos de topa habían sido talados en sus territorios comunales. La tala de balsa hoy es un peligro aparentemente contenido.
“Ya no vienen los ecuatorianos por la balsa, logramos erradicar eso. Ahora son peruanos talando y transportando madera fina hacia Santa María de Nieva”, explica el secretario técnico Shapiom Noningo. Los botes con las trozas de caoba, cedro o tornillo, cortadas en Candungos y Papayacu, parten desde el Alto Santiago y luego de unas cuatro horas y media de navegación pasan por las comunidades situadas en la cuenca del Bajo Santiago: Soledad, Chapisa, Huabal, Puerto Galilea y La Poza. Después, las embarcaciones toman el río Marañón hasta Santa María de Nieva. Así lo detalla Teófilo Kukush. El presidente de la nación wampís sospecha que, desde Santa María de Nieva, el trayecto de la madera continúa por carretera hacia Bagua, Chiclayo o Lima.
Una semana después de la última retención realizada por los comuneros indígenas, grupos de madereros irrumpieron en Huabal y Puerto Galilea para intentar recuperar los cargamentos. Galois Flores narra a Mongabay Latam que son personas no indígenas establecidas en ciudades como Bagua, Jaén, Santa María de Nieva, y La Poza, una pequeña comunidad nativa afectada también por la minería ilegal. Ellos llegaron en busca de la madera con el apoyo de pobladores indígenas del Alto Santiago contactados habitualmente para la tala de árboles. En Huabal, indica Flores, la población no cedió ante la exigencia de los madereros. Por el contrario, los comuneros wampís decidieron custodiar con mayor presencia lo retenido hasta que se demuestre que todo había sido cortado y transportado con autorización. La procedencia legal de sus cargamentos era justamente lo que los taladores alegaban con exaltación. En Puerto Galilea la situación se tornó aún más sombría: hubo enfrentamientos y amenazas a las autoridades wampís, hasta que los madereros consiguieron llevarse parte de las trozas incautadas.
Con el caos latente, el pasado 12 junio los dirigentes del Gtanw declararon su territorio en estado de emergencia. La medida regirá por un mes y apunta básicamente a un estricto control territorial y de transporte para evitar el tráfico ilícito de madera y drogas, así como el contrabando de combustible. “Nuestra nación wampís está viviendo los estragos de la extracción indiscriminada de especies maderables finas, minerales, bondades ictiológicas, de fauna y flora, actos delictivos que vienen generando graves conflictos sociales intercomunales (…) Tal situación se viene agravando por el contrabando masivo de combustible procedente del Ecuador y tráfico de drogas”, se anotó en el documento oficial.
Mientras esto ocurría, los madereros continuaban acechando los pueblos en que quedaron confiscados los cargamentos. El vicepresidente de la nación wampís indica que hasta hoy exigen la devolución de lo retenido y sospecha que se están reorganizando para volver a operar en las comunidades del Alto Santiago. Sin embargo, ni ante el Gtanw ni las autoridades fiscales o policiales que llegaron a las zonas convulsas, los taladores han presentado algún documento que acredite la legalidad de los cargamentos. “Reclaman que todo ha sido autorizado pero no tienen ni una guía”, reniegan los dirigentes indígenas. Flores es uno de los más enfáticos: “Además, ningún permiso puede incluir la tala de madera prohibida, o sea de caoba y cedro”.
Entonces, ¿cómo se está despojando de tanta cantidad de madera fina a los territorios wampís de la selva peruana?
Permisos perjudiciales
El abogado del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, Guinaldo Pizarro, cuenta a Mongabay Latam que en el acta fiscal levantada el 19 de junio, en Huabal, no se hace referencia a ningún documento sobre la autorización que los madereros aducen. “Solo se consignan sus dichos con respecto a que la madera es de ellos”, remarca. Tampoco se menciona en el acta, asegura Pizarro, el nombre de ningún talador o comprador de madera. No obstante, el abogado señala que denunciará penalmente a 10 personas identificadas por la dirigencia wampís como responsables de comerciar la madera fina extraída de los bosques comunales. Según detalla, la acción penal busca que los encausados presenten sus autorizaciones para talar o los contratos de compra-venta de madera que han realizado, si los tienen.
“En última instancia, que exhiban los permisos de los comuneros para talar sus árboles y venderlos, y si eso está acorde con lo que establecen las normas”, indica Pizarro.
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La dirigencia del Gtanw sostiene que la explotación de sus bosques se realiza bajo dos modalidades: la ilegal, a manos de taladores que incursionan sin reparo en las comunidades; y la legal, mediante la aprobación de un plan de manejo forestal. De acuerdo con una guía del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el plan de manejo contiene información sobre las características del bosque de una comunidad y sirve para obtener el permiso de aprovechamiento de esos recursos forestales con fines comerciales. Uno de los tipos de planes es la Declaración de Manejo (DEMA), que es elaborada y suscrita por el jefe de la comunidad nativa, y autorizada por la Autoridad Regional Ambiental (ARA) o la Autoridad Regional de Fauna Silvestre (ARFFS), según la región donde se realice el trámite.
En cuanto a los territorios wampís, el encargado de la oficina descentralizada de la ARA de Amazonas que funciona en Puerto Galilea, Efraín Calvo, dice a Mongabay Latam que los jefes de Papayacu y Candungos solicitaron sus respectivas DEMA y que ambas comunidades tienen estas licencias activas. Calvo especifica que a Papayacu se le otorgó el permiso en octubre de 2021 y, a Candungos, en enero de 2022. Las resoluciones tienen un año de vigencia. Esta información consta en los registros del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor). Allí se detalla también que la especie aprobada para su aprovechamiento en Candungos es una sola: tornillo. Mientras que en Papayacu, tornillo y lupuna. El encargado de la oficina descentralizada agrega que Papayacu tiene además un permiso para el aprovechamiento de cedro, aunque no en grandes cantidades.
Efraín Calvo precisa que los comuneros indígenas de Candungos y Papayacu son quienes talan sus bosques para luego vender las trozas a los madereros. Pero las investigaciones de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú dan cuenta de que jefes comunales y pobladores wampís también invitan a que los comerciantes madereros talen los productos forestales. “Indican que así obtienen su sustento diario”, anotó la referida dirección policial a Mongabay Latam. Sin embargo, sería durante estos procesos que los árboles de caoba y cedro son cortados junto con las especies permitidas por la ARA. De eso está convencido el presidente del Gtanw, Teófilo Kukush: “Hay un blanqueo de especies maderables para las que no se ha autorizado su extracción”. Más aún, Kukush señala que los jefes de Candungos y Papayacu primero contactaron con madereros a los que podían vender las trozas a talar y, con esto ya asegurado, solicitaron las DEMA correspondientes. Los pagos que reciben los comuneros por un pie tablar de madera fina, lamenta el titular de la nación wampís, son apenas de S/1.70 o S/2.50.
“Es vender un trabajo de conservación de más de 60 años por montos insultantes a la dignidad de los indígenas. Es una forma de discriminación por el origen de los comuneros”, expresa Guinaldo Pizarro. Los desencuentros entre los pueblos que han obtenido las DEMA y los dirigentes de la nación wampís se han sumado a la grave crisis de este territorio marcado por la deforestación.
Para el abogado de la nación wampís, los madereros aplicaron una estrategia de inducción y asesoría a las comunidades de Candungos y Papayacu con el objetivo de que soliciten las DEMA. En sus palabras, vistas las necesidades de la población indígena, los madereros ofrecieron ciertas ventajas, pagos y así negociaron. “¿De dónde se informaron estas comunidades tan alejadas sobre el expediente a presentar y sus requisitos? Hubo un trabajo coordinado. Si el apu de la comunidad hizo el trámite, quiere decir que de algún modo fue promovido”, remarca. La Policía de Medio Ambiente consigna que 66 comunidades nativas de las etnias wampís y awajún cuentan con permiso para aprovechar recursos maderables de sus bosques.
Mongabay Latam intentó comunicarse con los jefes de las dos localidades indígenas en cuestión, pero hasta el cierre de este reportaje no fue posible.
Precariedad y descontrol
El jefe de la oficina descentralizada de la ARA de Amazonas en Puerto Galilea es quien recibe los documentos con los que las comunidades solicitan las DEMA. Cada expediente pasa luego a las oficinas de la ARA de Condorcanqui y Amazonas, explica para este reportaje, y de ahí a los funcionarios del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Efraín Calvo precisa que la oficina descentralizada a su cargo funciona también como un puesto de control forestal, y que una de sus responsabilidades es fiscalizar o monitorear si las comunidades están haciendo un uso adecuado de los permisos de aprovechamiento. Es decir, si hay madereros que se valen de las autorizaciones para blanquear y transportar especies protegidas.
“Pero estas comunidades con DEMA quedan en la frontera y no tenemos presupuesto para el combustible. Acá todo es por vía fluvial”, puntualiza. De Puerto Galilea, donde Calvo está, hay más de cuatro horas de trayecto a Candungos y Papayacu si es con bote a motor. En caso solo tenga posibilidad de viajar en peque peque, el recorrido dura un día entero. En los días previos a las retenciones de madera por parte de los comuneros wampís, Efraín Calvo asegura que había planificado un viaje de fiscalización y para dar algunas charlas en las comunidades sobre el uso responsable del bosque natural. Debido a la tensión en el territorio wampís, no pudo hacer el recorrido.
Precisamente, a la intervención oportuna en las comunidades por parte de la ARA apuntan los cuestionamientos del defensor legal de la nación wampís. Guinaldo Pizarro subraya que la ARA no cumplió con un proceso de sensibilización e información a las comunidades a fin de que no talen especies en proceso de extinción. También, que los pobladores wampís no fueron orientados sobre los precios que debían establecer para sus maderas taladas, y el rechazo hacia quienes pretendían pagarles montos irrisorios. El abogado señala que si bien los madereros pudieron haber comprado trozas extraídas a través de solicitudes legales, sí son responsables de haber transportado especies que tienen una rigurosa prohibición de tala. “El artículo 310 del código penal es clarísimo para el que trafica o el que simplemente transporta los recursos forestales”. La denuncia que Pizarro prepara es por los delitos contra el medioambiente, tráfico y transporte ilícito de madera.
Durante las inspecciones que realizó a la madera retenida en Huabal y Puerto Galilea, Efraín Calvo dice que constató que no todo lo que contenían los cargamentos era cedro o caoba sino, mayormente, tornillo y lupuna. Reconoce que identificó tablares de cedro entre lo incautado, pero sostiene que se trata de una cantidad menor.
“Soy el único en el puesto de control y no puedo levantar todo el cargamento que viene en un bote. Con un cuchillo sacó una porción de lo que llevan y así veo qué especie es en realidad”, describe. De esta manera precaria, al parecer, el Estado venía enfrentando la explotación de los bosques en una zona con abundantes focos de tala ilegal y tráfico constante de madera. Conforme lo informó para este reportaje la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, uno de los últimos grandes decomisos de madera ilegal en la cuenca del río Santiago fue de 28 mil pies tablares de la especie cumala, en 2018.
El pasado 24 de junio, el Gobierno peruano declaró en estado de emergencia a la provincia de Condorcanqui (Amazonas) por 60 días. La medida fue emitida ante el incremento de las actividades delictivas relacionadas con la tala y minería ilegal en diversos puntos de aquella jurisdicción. El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís cuestionó que en la declaratoria no se haya precisado los puntos críticos donde debe intervenir con prioridad la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Además, exigió que las políticas dirigidas a erradicar la tala y minería ilegal sean coordinadas con la dirigencia del Gtanw. Y pidió la captura de cabecillas e integrantes de las mafias, y la activación del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en favor de las autoridades wampís que han sido amenazadas.
Uno de los últimos episodios del trance actual en territorio wampís fue el robo de una chalupa y su motor a manos del grupo de madereros que reclamaba los cargamentos retenidos por la población indígena. El problema de la tala ilegal, antiguo y hoy recrudecido, a la fecha no muestra una vía de solución.
Imagen principal: Comuneros wampís, apoyados por las rondas campesinas, retienen un bote cargado con trozas de cedro y caoba en la cuenca del Bajo Santiago. Foto: Evaristo Pujupat.
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