- La empresa Cooke Aquaculture reubicará dos de las cuatro concesiones salmoneras que tiene al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael.
- En 2021 la Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos en contra de la empresa por no cumplir con la normativa ambiental en dos de los centros de cultivo que mantiene al interior del área protegida.
- Ambientalistas critican que las concesiones sean relocalizadas y piden que estas sean caducadas.
El jueves pasado Salmonexpert, medio de comunicación especializado en la industria salmonera , dio a conocer que el gobierno, a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), llegó a un acuerdo con la empresa Cooke Aquaculture para el retiro de sus concesiones salmoneras del Parque Nacional Laguna San Rafael, ubicado en la región de Aysén. Se trata de un área protegida que alberga parte del Campo de Hielo Norte —el que junto con el Campo de Hielo Sur forma la tercera mayor extensión de hielos del mundo después de la Antártica y Groenlandia— y donde habitan chungungos, lobos de un pelo, de dos pelos, elefantes marinos, delfines oscuros y tuninas negras entre otras diversas especies muchas de ellas Vulnerables o En Peligro.
La Subpesca confirmó a Mongabay Latam la información aunque precisó que no se trataría de un “acuerdo” entre el gobierno y la empresa, sino de una resolución que dicha subsecretaría emitió a fines de junio en la que aprueba la solicitud realizada por Cooke Aquaculture para fusionar y relocalizar o reubicar dos de las cuatro concesiones de salmonicultura que posee al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael. Dicho de otro modo, las concesiones saldrán del área protegida y se fusionarán como una sola concesión en otro lugar, fuera del parque.
Según Subpesca, la empresa había presentado la petición de relocalización en 2010, la que fue sometida a calificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y calificada como favorable por la Comisión de Evaluación de la Región de Aysén.
El proyecto de relocalización contempla un plan de abandono de los centros de cultivo ubicados al interior del área protegida y la emisión de un informe sobre la condición ambiental de las concesiones involucradas.
Desde organizaciones ambientales, si bien celebraron que se avance en el retiro de los centros de engorda de las áreas protegidas, también criticaron que la salida de Cooke Aquaculture del parque Laguna San Rafael implique la relocalización de sus concesiones en otras zonas. “El camino no puede ser premiar a las empresa permitiéndoles que después de haber destruido áreas protegidas se relocalicen en nuevas zonas”, le dijo a Mongabay Latam Estefanía González, Coordinadora de Océanos de Greenpeace. “Nos preocupa mucho y creemos que es una pésima señal del gobierno elegir esta vía”, agregó.
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Lo que preocupa a los ambientalistas
A fines del año pasado, un proyecto de ley fue presentado al Congreso Nacional para prohibir que se sigan ingresando nuevas solicitudes de concesiones salmoneras dentro de áreas protegidas y establecer un plazo de salida para las que ya fueron otorgadas. Detrás de esta moción estuvieron 62 organizaciones chilenas y extranjeras y comunidades indígenas kawésqar que presentaron el proyecto, específicamente, ante la Comisión de Pesca y Acuicultura del Congreso.
“Es una contradicción que el Estado reconozca la fragilidad de los ecosistemas en la Patagonia Austral, al mismo tiempo que autoriza el funcionamiento de industrias que los degradan”, dijo el presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Jorge Brito, al presentar el proyecto de ley.
Dicha iniciativa, que continúa en primer trámite constitucional y no ha avanzado desde enero, busca proteger de la actividad salmonera sobre todo a las reservas, ya que actualmente la ley no prohíbe que en ellas se desarrolle esta industria. De hecho, al interior de la reserva nacional Kawésqar, por ejemplo, existen 67 concesiones y otras 80 están siendo tramitadas.
Las categorías de protección que por ley sí prohíben el desarrollo de la salmonicultura son los parques nacionales y los monumentos naturales. Es por ello que, en junio pasado, las comunidades Kawésqar por la defensa del mar presentaron, además, una solicitud a la ministra de bienes nacionales para que recategorice la Reserva Nacional Kawésqar a Parque Nacional.
Sin embargo, a pesar de la prohibición de instalar centros de cultivo de salmones al interior de parques, también existen concesiones para la salmonicultura en algunas áreas protegidas que tienen esa categoría. Tal es el caso del parque nacional Laguna San Rafael, donde Cooke Aquaculture tiene cuatro concesiones y del parque nacional Alberto de Agostini donde Nova Austral tiene 19. Estas últimas están actualmente en proceso de ser retiradas del parque y reubicadas para cumplir con la ley y el anuncio respecto de las concesiones de Cooke Aquaculture apunta hacia la misma dirección. Además, según precisó la Subpesca, “se ha iniciado un diálogo para concretar la salida completa de la firma del Parque Nacional”, es decir, para retirar también las dos concesiones restantes.
“El Presidente de la República ha marcado una señal bastante explícita, la cual tiene relación con ir avanzando de manera gradual en la salida de la actividad salmonicultora intensiva desde las áreas protegidas, pensando en una perspectiva de transición justa”, le dijo el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, a Salmonexpert.
Lo que temen los científicos y ambientalistas, no obstante, es que al reubicar las concesiones que actualmente están dentro de parques, el problema simplemente se traslade de lugar. La preocupación es particularmente apremiante en el caso de las concesiones que tiene Nova Austral al interior del Parque Alberto Agostini, puesto que el lugar donde éstas se pretenden reubicar es la reserva nacional Kawésqar.
Respecto al anuncio de la relocalización de las concesiones que Cooke Aquaculture tienen al interior del parque Laguna San Rafael, Ignacio Martínez, abogado de la Fundación Terram, señaló que sería parte de una estrategia de la Subpesca para retirar la salmonicultura de las áreas protegidas en orden de prioridades: primero parques, luego reservas y luego áreas marinas costeras de múltiples usos. “La primera prioridad es que salgan las concesiones de los parques”, dijo, sin embargo, precisó que “muchas organizaciones, incluyendo Terram, no están de acuerdo en que estas sean relocalizadas”.
Macarena Martinic, abogada de Fima, ONG que brinda asesoramiento jurídico a las comunidades en conflictos socioambientales y que ha estado involucrada en los casos relacionados a salmonicultura, declaró que “sacar a los centros de las áreas protegidas para entregarles (a las empresas) nuevas áreas es una medida muy insuficiente”. Según precisa, el retiro de las salmoneras desde áreas protegidas debiese ser “sin relocalización”, porque “las Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura (AAA) se supone que hoy en día están sin espacio”, explica Martínez. Además, “a las empresas les favorece muchísimo trasladar sus centros, puesto que es tan agresiva la actividad que un cambio en las condiciones marítimas los socorre en su producción”, agrega Martinic y, según concuerdan ambientalistas, las empresas que han provocado daños en áreas protegidas no deberían ser “premiadas” con la posibilidad de relocalizarse en áreas “limpias” susceptibles de ser impactadas también.
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Los antecedentes de Cooke Aquaculture
En abril del 2021, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló cargos en contra de Cooke Aquaculture por no cumplir con la normativa ambiental en tres de sus centros de engorda, dos de los cuales, Huillines 2 y Huillines 3, se encuentran dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael.
Las infracciones fueron por emplazar parte de la estructura de los centros de engorda fuera de las áreas concesionadas, por contaminar la zona con residuos sólidos tales como boyas, múltiples cabos y plásticos, y por eludir el sistema de evaluación de impacto ambiental siendo esta la infracción más grave según la SMA.
Según detalló la Superintendencia, cuando los centros de cultivo Huillines 2 y Huillines 3 comenzaron su ejecución aún no entraba en vigencia el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por lo que no fueron sometidos a él. Sin embargo, se estableció en los proyectos técnicos de ambos centros que la producción sería, como máximo, de hasta 375 toneladas y 125 toneladas anuales respectivamente.
A pesar de ello, en 2018 la SMA pudo constatar durante una fiscalización ambiental que el centro Huillines 2 había cosechado durante el 2013 unas 6880 toneladas, es decir, 6505 toneladas por encima de lo autorizado. Así mismo comprobó que en 2016 había cosechado 4931 toneladas más de lo debido y luego en 2020 constató que la empresa había vuelto a incurrir en la misma falta cosechando 4451 toneladas más de lo autorizado.
En el caso de Huillines 3, la Superintendencia también comprobó que la empresa había cosechado más toneladas de lo permitido. En 2012 había obtenido 2566 toneladas por encima de lo autorizado; en 2014 fueron 6524 toneladas más y en 2020 en total 5038.
Este aumento de la producción constituye una modificación del proyecto original y, por lo tanto, ambos centros debieron haber sido sometidos al Servicio Evaluación de Impacto Ambiental que ya estaba en vigencia cuando la empresa comenzó a producir más de lo establecido. Sin embargo, ello no ocurrió, lo que fue calificado por la SMA como evasión del sistema, una infracción considerada grave puesto que, según explica, es precisamente la cantidad de peces lo que determina las proporciones de alimento y antibióticos que se utilizan o las estructuras que se construyen.
Cooke Aquaculture no es la única empresa que ha incurrido en faltas graves al interior de parques nacionales. A inicios de julio, en un fallo histórico, el permiso ambiental de tres centros salmoneros de Nova Austral ubicados al interior del parque nacional Alberto de Agostini fueron revocados por la SMA. La razón, según la Superintendencia, fue que la empresa “superó ampliamente los límites de producción autorizada generando un daño ambiental en el parque”. Cabe señalar que la empresa ya había sido sancionada antes por incumplir con la normativa ambiental, tras descubrirse que había adulterado las cifras en sus declaraciones sobre mortalidad de salmones.
Mongabay Latam envió preguntas a Cooke Aquaculture, sin embargo, hasta la publicación de esta nota la empresa no envió respuestas.
En la Patagonia chilena, donde se ubica la industria salmonera, se combinan ecosistemas de fiordos con grandes masas de hielo que permiten la existencia de características “únicas e irrepetibles”, asegura Alex Muñoz, Director para América Latina del programa Pristine Seas de National Geographic. Por lo mismo, en el mar de la Patagonia chilena existen numerosas especies que no habitan en ningún otro lugar del mundo. Es sitio de reproducción y alimentación a especies que están en peligro, como las ballenas azules, y sus bosques de algas son uno de los mayores sumideros de gases de efecto invernadero ayudando a reducir los impactos del cambio climático en todo el planeta.
Es por eso que “Chile debe prohibir la salmonicultura en todas las zonas sensibles de la Patagonia”, dijo Muñoz y, según precisa Estefanía González de Greenpeace y coinciden otras organizaciones, “las concesiones que están dentro de áreas protegidas deberían progresivamente ser caducadas”.
Imagen principal: Parque Nacional Laguna San Rafael. Foto: Fundación Glaciares Chilenos.
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