- La patrulla de la comunidad indígena registró cuatro zonas deforestadas que meses antes habían sido bosques durante un recorrido de monitoreo.
- Líderes indígenas viven amenazados por la presencia de invasores y actividades ilegales dentro del territorio comunal.
Cuando el 20 de agosto la ronda comunal de Santa Rosillo de Yanayacu llegó al sector Shukush encontró pintas de armas hechas con pintura roja sobre algunos árboles, así como campos deforestados. Habían pasado alrededor de ocho meses desde la última vez que la patrulla comunal recorrió esa parte del territorio, situada en el distrito de Huimbayoc, en la región amazónica de San Martín, y en aquella ocasión —según refieren integrantes de la patrulla— el bosque estaba intacto.
“Nos hemos quedado sorprendidos, ha sido una invasión total de bosques primarios del territorio comunal. Hay campos de 20 hectáreas, de cinco hectáreas, de seis hectáreas. Y en uno de los linderos se encontró los revólveres dibujados en los árboles, como una amenaza para que no ingresemos a esa zona”, menciona uno de los pobladores indígenas a Mongabay Latam, cuyo nombre protegemos por temas de seguridad.
No es la primera vez que la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu enfrenta estos problemas. Un reportaje publicado por Mongabay Latam el año pasado informó sobre los bosques deforestados por tala ilegal y los cultivos ilícitos de hoja de coca encontrados dentro del territorio comunal.
Las amenazas contra las autoridades comunales también han ocurrido en varias ocasiones. En julio de 2021, Quinto Inuma, presidente de la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu, fue golpeado y amenazado de muerte luego de que la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tarapoto ingresara al territorio comunal para verificar los daños causados en el bosque, tras una denuncia realizada por la comunidad.
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Alertas por la deforestación
Durante el recorrido por el territorio indígena, según el acta comunal a la que tuvo acceso Mongabay Latam, el equipo de monitores ubicó por lo menos cuatro zonas deforestadas, tres de ellas con una extensión de alrededor de 20 hectáreas y la restantes con una pérdida de entre seis y cuatro hectáreas. El grupo que ingresó para hacer el patrullaje, según el acta comunal, logró incluso georreferenciar todas las áreas desboscadas a las que lograron llegar en cuatro horas de recorrido.
Tras una revisión de estas coordenadas en el portal de monitoreo satelital Global Forest Watch, se puede observar cómo avanza la deforestación en estos bosques. Solo entre enero y septiembre de este año, en toda la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu —área que corresponde al territorio solicitado para la titulación— se han registrado 15 857 alertas de deforestación. Estas alertas se han encendido a lo largo del año, pero los parches de deforestación se abrieron con más fuerza desde mayo hasta la fecha.
La revisión en el portal Global Forest Watch también nos permitió detectar los tres puntos donde se registra la pérdida de cobertura forestal más reciente en los bosques comunales.
En estos tres puntos se detectaron 1260 alertas de deforestación entre enero y septiembre de 2022, y la mayoría de estas alertas se dispararon en agosto. Según el acta de patrullaje, se hallaron chacras con pastos, árboles tumbados listos para ser quemados, las pintas de las armas, una vivienda de dos pisos y cultivos de cacao.
En el acta se menciona que las pintas del arma “representa una amenaza de muerte para los patrulleros de la ronda comunal”. Además, en el documento se indica que en una de las zonas desboscadas se encontró una vivienda de dos pisos y sembríos de cacao.
“Hace ocho meses toda esa zona estaba con bosques primarios y ahora está deforestado”, señala un poblador indígena de Santa Rosillo de Yanayacu. “Estamos en una lucha desde el 2017, resistiendo a los invasores ilegales, a los narcotraficantes, a los taladores de madera. Es duro porque nos quieren matar”, agrega.
Milton Arévalo, director de la Dirección Forestal y Fauna Silvestre de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de San Martín, menciona que “la situación es delicada” en la zona donde se ubica la comunidad. “Hemos hecho varias intervenciones con la Policía y la Fiscalía pero la situación es cada vez más complicada. Hay cultivos de coca y pistas clandestinas”.
El funcionario señaló que desde la Mesa Técnica de Control y Vigilancia han emitido informes sobre lo que ocurre en la comunidad y que solicitarán la intervención del gobierno nacional. Arévalo menciona también las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas quienes “no pueden ingresar a estas zonas porque tienen miedo y temen por sus vidas”.
Mario Ernesto Torres, responsable del Área de Planeamiento y Gestión de los Recursos Naturales de esta misma dirección regional, señala que además de las inspecciones realizadas con la Fiscalía y la Policía, también cuentan con información satelital que les ha permitido identificar dónde se ubican las pistas clandestinas. “Detrás del problema de deforestación está el cultivo ilícito de coca, el tráfico ilegal de productos forestales maderables y también el tráfico de tierras”.
Torres indica que durante las inspecciones realizadas con la Policía y la Fiscalía constataron “la afectación en medio del bosque” y encontraron cultivos ilegales de coca y trozos de madera aserrada. El funcionario agregó que en la última reunión de la Mesa Técnica de Control y Vigilancia se acordó realizar un sobrevuelo en la zona.
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Una comunidad amenazada
Los testimonios tanto de los líderes indígenas como de las autoridades regionales demuestran el peligro al que están expuestas las comunidades indígenas por la presencia del narcotráfico, la tala ilegal y las invasiones. Quinto Inuma es uno de los líderes indígenas de la región San Martín que ha sido incluido en el Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, un sistema multisectorial que busca salvaguardar a quienes son amenazados por defender sus territorios.
Al igual que Inuma, otros líderes indígenas de las comunidades nativas de Santa Rosillo de Yanayacu y de Anak Kurutuyacu han sido incorporados en este mecanismo por las constantes amenazas de las que son víctimas.
El 2 de setiembre se instaló la Mesa Regional de San Martín para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Tras la presentación se realizó una reunión con los defensores indígenas en riesgo de las comunidades Santa Rosillo de Yanayacu y Anak Kuturuyaku en la que se habló sobre las acciones que se tomarán para proteger a los líderes indígenas que afrontan riesgos y conseguir la titulación de sus tierras comunales.
“Desde el 2017, más o menos, que ocurren las amenazas, y cada vez que pasa algo se denuncia ante las autoridades, pero no tenemos ninguna solución concreta”, comenta la lideresa indígena Marisol García Apagüeño, secretaria de actas de la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (Fepikecha).
Las autoridades regionales también consideran que el problema está lejos de resolverse. “Este año hemos ingresado dos veces, pero igual se repite la deforestación. Las autoridades ingresamos y estamos presentes uno o dos días, pero luego salimos y el problema persiste”, agrega Torres, de la Autoridad Regional Ambiental (ARA).
Cristina Gavancho, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien lleva la defensa de la comunidad, señala que desde el 2020 ha presentado cuatro denuncias por delitos ambientales ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Alto Amazonas. En años anteriores —señala Gavancho— hubo otras denuncias que fueron archivadas.
Gavancho menciona que también han presentado una denuncia contra la Dirección Regional de Agricultura por haber aprobado documentos que facilitan la titulación de predios rurales individuales al interior de los bosques de la comunidad. En ese sentido, la abogada explicó que el proceso de titulación en la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu está paralizado pues hasta el momento no se ha culminado la georreferenciación y demarcación del territorio comunal. “Creo que la falta de titulación es el principal problema que está generando todos los demás conflictos de la comunidad”, indica.
Demoras en la titulación
“El Estado no se preocupa por apresurar nuestra titulación. Si se titula tendríamos un respaldo”, dice Quinto Inuma sobre la situación legal del territorio comunal. “No queremos más invasiones ni tala de nuestros bosques, queremos una vida digna para futuras generaciones”, agrega.
La comunidad Santa Rosillo de Yanayacu fue reconocida en junio de 2015 y, actualmente, forma parte de la relación de 32 comunidades que deben ser tituladas mediante el Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú.
“El proceso de titulación de Santa Rosillo de Yanayacu no tiene grandes avances, pese a que el el año pasado se creó una subcomisión para ver específicamente el caso de esta comunidad”, comenta Matías Pérez Ojeda del Arco, coordinador de incidencia de la ONG Forest Peoples Programme.
En la reunión de la Mesa Técnica de Titulación, realizada el 4 de noviembre de 2021, se trató como un tema específico la situación de la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu y se acordó “crear una comisión exclusiva para abordar la problemática de la comunidad nativa…”, dice el documento firmado tras la reunión.
Pérez Ojeda del Arco señala que a los problemas que enfrenta la comunidad se suma el conflicto generado por un grupo de pobladores que se opone a un título colectivo y más bien pide la entrega de predios rurales individuales. “Este colectivo permite que se instalen migrantes en el territorio de la comunidad”, precisa. Además, según explica Pérez Ojeda del Arco, no permiten el ingreso de la brigada de la Dirección Regional de Agricultura para que realice el trabajo de georreferenciación y demarcación territorial.
Sin embargo, agrega el representante de Forest Peoples Programme, el problema estructural es el desinterés del Estado de no asegurar los territorios colectivos. “Durante años se ha prometido la titulación y no se concreta, entonces la gente considera que resulta más fácil ser parte de una campaña de titulación masiva de predios individuales”, precisa.
Wiliam Ríos Trigoso, director de Titulación de Tierras y Catastro Rural de la Dirección Regional de Agricultura, señala que precisamente está suspendido el proceso de demarcación por el conflicto interno que existe entre los pobladores indígenas y el grupo que se ha asentado en la comunidad.
Ríos Trigoso señala que cuando ingresó con la brigada y ocho efectivos policiales para avanzar con la georreferenciación constató que “no se puede trabajar en la zona porque hay riesgo contra sus vidas. Por eso no podemos intervenir y poner en riesgo la vida de los integrantes de la brigada”. El funcionario cuenta que cuando fueron al territorio comunal los colonos no les permitían movilizarse y que, además, ellos superan en número a los pobladores indígenas.
“El caso de Santa Rosillo de Yanayacu es bien complicado porque tenemos cultivos ilícitos de coca, tala indiscriminada de manera, tráfico de tierras. Como Dirección de Agricultura no podemos abordarlo solos”, reclama Ríos Trigoso y agrega que “debería intervenir el Estado”, porque es necesario un abordaje del problema que involucre a varios sectores.
Imagen principal: Bosque deforestado en la comunidad nativa SantaRosillo de Yanayacu. Foto: Ronda comunal.
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