- Mongabay Latam tuvo acceso a la base de datos estatal de incidentes y derrames petroleros en Colombia de 2015 a junio de 2022. En estos años ha habido más de 2133 incidentes. Por departamentos, Santander tuvo el 41 % de los casos, seguido por Boyacá (12.8 %) y Antioquia (10.5 %).
- Mongabay Latam realizó un análisis de la base de datos y encontró que Ecopetrol, con un 67 % de los casos, es la empresa que más incidentes ha presentado. Le sigue Mansarovar Energy Colombia con el 10 %. Los incidentes incluyen aquellos causados por ataques o hurtos por parte de terceros, no solo los causados por la operación de las compañías.
Mongabay Latam realizó un análisis con base en las cifras de incidentes y derrames petroleros que recolecta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Este medio tuvo acceso a la base de datos por medio de la Corporación Regional Yariguíes, que en alianza con Fabián Díaz, senador del Partido Verde, le solicitaron dicha información a la ANLA. La Corporación Regional Yariguíes es una organización de la sociedad civil con investigaciones en temas petroleros donde Óscar Sampayo, activista y politólogo, dirige el Grupo de estudios extractivos y ambientales del Magdalena Medio.
En el pedido se le solicitó a la ANLA toda la información del país relacionada con “incidentes operacionales como fugas, derrames, piting o colapsos en las líneas de conducción, fallas en las operaciones de pozos u otros”. Es decir, que no todos los eventos de la base de datos son derrames de alta proporción. La autoridad ambiental les respondió el 29 de julio de 2022 que tras consultar “el Sistema de Información de Licencias Ambientales – SILA de la ANLA y las bases de datos de los reportes de contingencias”, hallaron un “listado de los 2133 incidentes que se reportan para el sector de hidrocarburos”.
El objetivo del senador Díaz y la Corporación Regional Yariguíes era hacer veeduría a la operación petrolera en el país. “Desde el año 2018 hemos iniciado labores de control político en todo el Magdalena Medio para denunciar las diferentes afectaciones ambientales que se presentan debido a la presencia de petroleras y grandes empresas en ecosistemas tan importantes como son los humedales y ciénagas que hacen parte de esta región”, aseguró Díaz y agregó que, con el fin de enriquecer sus denuncias, emprendieron en la búsqueda de estas cifras para conocer las causas de estos incidentes ambientales y denunciar a los posibles responsables.
Por su parte, Óscar Sampayo comenta que se solicitaron los incidentes operacionales para ver su magnitud, “porque siguen ocurriendo daños ambientales, afectaciones a la naturaleza”. También dice que tienen una gran preocupación por la contaminación de los cuerpos hídricos del Magdalena Medio, y de la ciudad de Barrancabermeja, con metales pesados.
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Los años con más incidentes fueron 2015, 2020 y 2021
Aunque la ANLA mencionó 2133 casos en su respuesta al derecho de petición —mecanismo legal para acceder a la información en Colombia—, los eventos que entregaron en una base de datos sumaban 2129, así que el análisis se realizó con base en ese número.
Del periodo analizado, los años con más incidentes fueron 2015 con 420 (19.7 % de los casos del periodo 2015- junio 2022), 2020 con 343 (16.1 %) y 2021 con 437 (20.5 %). Es decir, que el año pasado —2021— fue el que más incidentes reportó en esos siete años y medio.
La ANLA aseguró que el aumento de incidentes entre 2020 y 2021 se debe a que, desde 2020, se mejoró la plataforma VITAL, que recoge estos reportes. “Se optimizó de manera que se pudiera realizar una verificación más juiciosa [rigurosa] de los incidentes ambientales, lo anterior permite un seguimiento estricto y oportuno de los reportes de incidentes y obedeciendo los plazos establecidos en los instrumentos de manejo y control. Adicionalmente, como consecuencia del seguimiento ambiental de la ANLA, los titulares de los proyectos han mejorado el reporte de las contingencias de manera oportuna”, respondió la entidad a Mongabay Latam.
La entidad también mencionó que si bien el registro total es de 2133 incidentes para el periodo 2015-2022 (hasta junio de este año), se debe tener en cuenta la magnitud de cada evento, porque la base de datos incluye aquellos que “afectan menos de 1 m2 hasta hectáreas”. Y agregó: “el número total de contingencias no refleja la gravedad de estas, es así que solo el 2 % de las contingencias reportadas se han clasificado con una categoría regional por gran magnitud y efectos negativos sobre los recursos naturales. En adición, se debe también considerar las causas de los eventos, los cuales no se atribuyen un 100 % a la operación de los proyectos si no también, y en gran magnitud, a acciones de terceros y [situaciones de] orden público que intervienen intencionalmente la infraestructura”.
En las cifras se ve una fuerte caída en el número de incidentes después de 2015, año en que se presentaron 420 eventos, el 19.7 % del total. En 2016 hubo 34, en 2017 ocurrieron 229 incidentes —10 % de los casos—, seguido por 300 en 2018 (14 %) y 174 en 2019 (8.1 %).
Luego los incidentes escalaron a 343 en 2020 y llegaron a su punto más alto en 2021, con 437 reportes. Hasta junio de 2022 los datos iban en 192 incidentes.
“La información oficial sobre los derrames, incidentes y fallas operacionales en Colombia genera varios interrogantes. Primero, si es que hay un subregistro de la información. Segundo, si las petroleras radican la información veraz y oportuna sobre los derrames. Y tercero, si la institucionalidad y las autoridades ambientales tienen las herramientas para verificar o corroborar la información brindada por las petroleras”, dice Sampayo.
Al preguntarle a la ANLA por qué la disminución abrupta de casos entre 2015 y 2016, la entidad aseguró que en ese último año hubo un cambio en el mecanismo de reporte de incidentes. “El 27 de octubre de 2016 entró en vigor la Resolución 1767 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la cual se adopta el formato único para el reporte de las contingencias en la Ventanilla de Trámites Ambientales en Línea – VITAL con plazos establecidos para los reportes iniciales, parciales y finales. Con la expedición de la norma se realizó un proceso de socialización y capacitación a los titulares de los proyectos, obras, o actividades sujetos a licenciamiento ambiental […] en este periodo de transición se presentaron impactos en la oportunidad del reporte, hecho que se refleja en la base de datos”.
Es importante destacar que la base de datos VITAL se alimenta con los registros de incidentes que realizan las propias empresas petroleras y que deben diligenciar máximo 24 horas después de que haya iniciado la contingencia. Si el caso lo requiere, la autoridad ambiental pide más información a la petrolera y, según la gravedad, “evalúa la necesidad de visitar o hacer un seguimiento inmediato en campo. O si se hace un seguimiento en el cronograma de seguimiento de los proyectos establecido a nivel anual por la entidad”.
El senador Fabián Díaz se mostró sorprendido con las cifras. “Estos hallazgos determinan un precedente importante del nivel de impacto y de pasivos ambientales que han dejado estas actividades en nuestro territorio y que hoy siguen afectando de manera directa a las comunidades, por lo que es necesario seguir insistiendo desde las diferentes esferas políticas y sociales por el cuidado del medio ambiente y el correcto seguimiento a estas licencias ambientales. Seguiremos haciendo control político y generando las acciones a las que haya lugar”, dijo Díaz.
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Santander, Boyacá y Antioquia, los departamentos más afectados
Los departamentos de Colombia con mayor número de incidentes petroleros son: Santander, Boyacá, Antioquia, Meta, Casanare, Huila y Putumayo.
Santander fue el que más incidentes y derrames reportó, con 879 casos entre 2015 y junio de 2022 (41 % de los casos). Le sigue Boyacá con 274 (12.8 %), Antioquia con 224 (10.5 %), Meta con 172 (8 %) y Casanare con 125 (5.8 %). Luego va Huila con 110 incidentes (5.1 %) y Putumayo con 98 (4.6 %).
Entre los municipios con más incidentes sobresale Barrancabermeja, en Santander, donde se ubica una refinería de Ecopetrol. También preocupan Puerto Boyacá (Boyacá), Yondó (Antioquia), Sabana de Torres (Santander), Tibú (Norte de Santander) y Puerto Gaitán (Meta).
“Los incidentes cerca de la refinería [de Barrancabermeja] son mayúsculos. La Contraloría hizo una auditoría sobre el Plan de Contingencia de la refinería y encontró que [estos problemas] son hechos sistemáticos y repetitivos. Hay actividad petrolera con muchos riesgos y con afectación a la naturaleza”, afirma Óscar Sampayo.
La ANLA explicó que el mayor número de incidentes se registra en Santander porque allí se concentra buena parte de la producción petrolera nacional. “Santander es el departamento donde se ubican más del 30 % de los proyectos licenciados a nivel nacional, asimismo es el segundo departamento donde se centran los eventos asociados a terceros, lo que configura al departamento como uno de los que más reporta eventos de contingencias”.
Las empresas con más incidentes
La compañía petrolera con más incidentes operacionales es Ecopetrol con 1447 casos, el 67 % de las contingencias registradas entre 2015 y junio de 2022. No obstante, la empresa petrolera le aseguró a Mongabay Latam que entre 2011 y 2021 solo ha tenido 190 “incidentes con potencial afectación al medio ambiente por causal operacional”.
Ecopetrol asegura que las diferencias entre sus cifras y las que maneja la ANLA es que la autoridad ambiental incluye reportes de eventos de baja dimensión y, además, incorpora los derrames por ataques o hurto de hidrocarburos. “El número total de incidentes (1447) reportado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, consolida todos los incidentes con afectación al medio ambiente que incluyen derrames de hidrocarburo u otras sustancias, ocasionados por terceros, es decir, por atentados terroristas o hurto de hidrocarburos mediante la instalación de válvulas ilícitas, principalmente”, aseguró Ecopetrol.
Los 190 eventos de los que habla la empresa petrolera “(son) los incidentes de origen operacional de la empresa, con afectación al medio ambiente, por derrames mayores a un barril de hidrocarburo neto, lo anterior debido a que Ecopetrol ha acogido el estándar IPIECA (por sus siglas en inglés: Asociación mundial del sector del petróleo y el gas para promover el desempeño medioambiental y social) para establecer indicadores de desempeño al interior de la empresa”.
Ecopetrol también le dijo a Mongabay Latam que ellos son la empresa con más incidentes debido a que son la mayor compañía petrolera del país. También aseguraron que sus incidentes están dentro de lo que se considera normal dentro de la industria.
“Además de ser la empresa del sector oil & gas más grande del país, Ecopetrol es la compañía con mayor cantidad de kilómetros de líneas de flujo y transferencia asociadas a la producción nacional, las cuales a su vez son las que tienen mayor exposición y potencialidad de afectación ambiental. Cabe recordar que Ecopetrol produce el 70 % de los hidrocarburos que se extraen en el país, con un nivel superior a los 700 mil barriles por día. ¿Está dentro de lo normal? El comportamiento de estos incidentes está dentro del nivel de riesgo establecido por la compañía de acuerdo con los estándares definidos en la industria”, respondió la compañía.
En cuanto a incidentes, a Ecopetrol le siguen las empresas Mansarovar Energy Colombia, relacionada con 229 incidentes (10.7 %), Petrosantander con 92 (4 %), Frontera Energy con 40 casos (1.87 % ) y Hocol S.A también con 40 casos (1.87 %).
El ranking de las 14 empresas relacionadas con más incidentes según los datos de la ANLA entre 2015 y junio de 2022 lo completan Cenit, Perenco, Gran Tierra Energy, Occidental de Colombia, Pacific Rubiales, CEPSA Colombia y Geopark.
En el departamento con más incidentes, Santander, 762 casos —el 86 % de los sucedidos en esa región— estuvieron relacionados con Ecopetrol SA, le siguieron Petrosantander con 92 casos (10 %) y Mansarovar con 8 (0.9 %). Ecopetrol le aseguró a Mongabay Latam que en Santander “avanza en un plan de renovación de activos con el objetivo de garantizar la integridad de los equipos y minimizar cualquier riesgo de afectación ambiental”.
¿Qué tan grave es el fenómeno?
La base de datos entregada por la ANLA al senador Díaz tiene distintos aspectos que llaman la atención. El primero, como ya se mencionó, fue el bajo número de incidentes reportados en el año 2016.
La base de datos estaba dividida en cuatro periodos: 2015-2016, 2017-2019, 2020-2021 y enero-junio de 2022. Sin embargo, solo dos de estos periodos contenían información sobre la gravedad de las contingencias: 2015-2016 y desde enero hasta junio de 2022. Es decir, no había información detallada sobre la gravedad de los eventos para los periodos 2017-2019 y 2020-2021.
La autoridad ambiental aseguró que está trabajando en la “estandarización de la información de las bases de datos de contingencias para facilitar su consulta”. Sin embargo, actualmente cada empresa puede reportar el volumen del derrame sea por galones o barriles, sin uniformidad, lo que dificulta el análisis de datos al no poder convertir o medir de manera sencilla la magnitud de cada evento. “El titular del instrumento de manejo y control está en la libertad de realizar su reporte en las unidades que estime conveniente”, dijo la ANLA.
Entre enero y junio de 2022, de los 192 eventos sucedidos, 191 tuvieron un “nivel de emergencia” bajo y uno fue de carácter medio.
Cuando la ANLA recibe la información por parte de las petroleras, esta entidad evalúa la gravedad de cada evento. Según le dijo la ANLA a Mongabay Latam, hacen un seguimiento inmediato cuando el caso lo amerita, pero no especificaron si esto solo sucede para eventos de alta gravedad o si también para los de nivel medio. En las situaciones en que no consideren necesaria una visita o seguimiento inmediato, se realiza la evaluación de acuerdo con el calendario anual de supervisión de proyectos vigilados por la entidad.
En el periodo 2015-2016, de los 423 casos registrados, 311 fueron de categoría baja, 11 de nivel medio, 2 de alta gravedad y uno de muy alto riesgo. En 98 de los incidentes (23 %) no hubo información sobre la seriedad del evento, pues fueron registrados con la categoría “No reporta”.
Dos de los eventos de alta gravedad estuvieron relacionados con la empresa Pacific Rubiales en Puerto Gaitán, Meta, y un tercero correspondió a Ecopetrol en Yondó, Antioquia. En los incidentes de Pacific Rubiales hubo más de 2800 barriles de agua-crudo que afectaron el suelo, el agua y la flora, en particular un cuerpo de agua tributario al Caño Ivoto. En el caso de Ecopetrol, el evento tuvo que ver con 1644 barriles de aguas de inyección que afectaron unos 560 metros cuadrados en el “bajo inundable de una finca de terceros”. En todos estos casos se menciona que hubo limpieza como medida reparatoria.
También se reportaron afectaciones a comunidades indígenas. “(Sucedió en las) comunidades ribereñas del río San Miguel; Cabildo San Luis de La Frontera y de la localidad General Farfan (Ecuador)”, dice el reporte de una fuga que generó una “afectación en las riveras del río San Miguel y vegetación de parte de la frontera ecuatoriana”, en San Miguel, Putumayo. El evento estuvo relacionado con Ecopetrol según la base de datos de la ANLA, donde también se mencionan casos con afectaciones a la fauna y la flora.
En los periodos 2017-2019 y 2020-2021, la base de datos no contiene información sobre la clasificación o el nivel de emergencia de los incidentes. Para Mongabay Latam no fue posible estudiar la gravedad de los incidentes según el volumen de la sustancia derramada, ya que unos eventos tenían de unidad de medida galones y otros barriles, junto con otras inconsistencias como que había múltiples celdas sin datos sobre la cantidad de la filtración.
Para el senador Díaz, las altas cifras y la ausencia de información en otros indicadores son un signo de alarma. “Es claro que estos resultados demuestran la situación de precariedad y afectación que presentan nuestros ecosistemas. Los hallazgos realizados mediante derecho de petición demuestran la falta de seguimiento y compromiso por parte de entidades como la ANLA en realizar un verdadero seguimiento a todos los procesos de licenciamiento que tienen, pues con tal magnitud de hallazgos ya se debieron solicitar las revocatorias de varias licencias ambientales debido a los innumerables casos reiterados de contaminación”, dijo Díaz. Aseguró y añadió que muchas veces los incidentes se deben a la falta de renovación de infraestructura, “tema en el que no invierten estas empresas pese a los notables beneficios que sacan del hidrocarburo”.
El senador también enfatizó sus críticas a la autoridad ambiental. “Por el contrario, la ANLA está prolongando aún más estas licencias [de las petroleras] en el tiempo, sin medir ni buscar compensar todas las afectaciones ambientales que sufren las comunidades de manera directa en el territorio. Es necesario que la autoridad ambiental sea mucho más exigente en estos aspectos para buscar una verdadera protección de nuestros ecosistemas”, aseguró Díaz.
*Imagen principal: Se estima que la actividad petrolera en el departamento empezó en la década del 60 pero Ecopetrol fue la primera petrolera en el corredor Puerto Vega Teteyé . Foto: cortesía de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes.
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