Un equipo periodístico investigó qué está pasando en las comunidades indígenas que habitan en cuatro de los territorios fronterizos de Perú. Los testimonios recogidos en campo sólo confirman que la violencia y la pérdida de biodiversidad avanzan sin control. “No es fácil vivir aquí”, dice Edwin Pérez, apu de la comunidad nativa de Oori, situada entre las cuencas de los ríos Yurúa y Breu, en la región amazónica de Ucayali, en el Perú. El líder indígena asegura que los invasores entran a sus tierras, “talan los bosques para sembrar drogas” y que nunca llegan las autoridades. Sus palabras resumen el olvido que se vive en la frontera. Su comunidad, Oori, está ubicada en los linderos entre Perú y Brasil, y es el hogar de familias yaneshas, amahuacas y asháninkas que resisten desde hace años el avance del narcotráfico en sus territorios. Como si eso no fuera suficiente, grupos armados brasileños como el Comando Vermelho cruzan al Perú para supervisar el creciente negocio de la droga. La precariedad y violencia que vive la comunidad de Oori en la frontera con Brasil no es una excepción. A lo largo de la Amazonía peruana, los territorios de frontera están abandonados por el Estado y se han convertido en zonas propicias para el desarrollo de mafias como las de minería y tala ilegal, y en el peor de los casos, del narcotráfico. Un equipo de Mongabay Latam investigó y viajó a las comunidades más alejadas del país para conocer de cerca la vida en las fronteras amazónicas. Lo que se reporta desde el campo se sintetiza en dos palabras: violencia y olvido. Río Putumayo. Foto: Michelle Carrere. La precariedad de las fronteras en la Amazonía En el Putumayo, en la frontera entre Perú y Colombia, el territorio es dominado por el Frente Carolina Ramírez, conformado por disidencias de las FARC, y el Comando de Frontera, también conocido como “Los Sinaloa”. En la zona convergen exparamilitares, exmiembros de la FARC y narcotraficantes. “Hay varios líderes de los hermanos secoyas y kichwa que están siendo amenazados”, asegura Jorge Pérez, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). La información recogida en el Putumayo peruano ha sido confirmada por fuentes de seguridad, organizaciones ambientales y líderes indígenas. Las comunidades que viven en el Alto Putumayo, según narra una fuente local, viven aprisionadas. “A ellas les frustran su libertad de transporte, les frustran la libertad de su trabajo y de sus actividades recreativas. Todo lo controlan y si desacatan las leyes, son aniquilados”, asegura José, un motorista local que pide la protección de su identidad. Las comunidades ubicadas en la frontera comparten tres problemas: la ausencia del Estado para el establecimiento de servicios básicos, la falta de una estrategia que enfrente a las mafias criminales y un presupuesto que la ponga en marcha, y una creciente violencia liderada por grupos armados y delincuenciales que afecta a los más vulnerables, las comunidades indígenas. Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de Devida, confirmó que dos de las tres regiones más afectadas por el aumento de cultivos ilegales de hoja de coca en el 2021 son Ucayali y Loreto, regiones fronterizas con Brasil y Colombia. Este crecimiento ha impactado considerablemente a los territorios indígenas a nivel nacional, donde se han “identificado aproximadamente 15 380 hectáreas de cultivos nuevos”, asegura. En este contexto, Devida, la institución responsable de la estrategia nacional de lucha contra las drogas, ha sufrido un recorte presupuestal considerable. Según Soberón, el presupuesto ha pasado de los 302 millones de soles en 2019 a los 234 millones de soles para el 2023, lo que hace que su “capacidad de acción en el Putumayo sea prácticamente irrisoria”. No es solo el narcotráfico el que avanza en las fronteras. La minería ilegal no deja de crecer en el país. En Madre de Dios, los mineros ilegales han invadido la quebrada Palma Real, dentro de la Reserva Nacional Tambopata, en la frontera con Bolivia, y amenazan a comunidades indígenas y a concesionarios de castaña. “Nos están contaminando el río porque usan mercurio para obtener el oro, ya no podemos hacer uso de esa agua ni de los peces, lo peor es que cuando uno llega a la concesión, encuentra los botes, ya no tienen respeto de nada”, dice Vilma Peláez, quien tiene una concesión de castaña dentro del área protegida. La policía realizó una serie de operativos donde encontró implementos de mineros ilegales en distintos puntos de la quebrada Palma Real dentro de la Reserva Nacional Tambopata. Foto: PNP. Los mineros ilegales también surcan las aguas del río Cenepa, en la frontera con Ecuador. Llegaron desde Pucallpa, Madre de Dios, Iquitos, Tarapoto y Saramiriza hace más de cuatro años a la región Amazonas y han tenido fuertes enfrentamientos con los líderes indígenas que los combaten desde que aparecieron. “Y ahí siguen: contaminan, amenazan, en sus campamentos hay prostitución y todo se está empeorando”, lamenta el presidente de Odecofroc, Hortez Baitug, quien detectó en una visita alrededor de 39 dragas. La situación ha llegado a tal punto, que en junio de este año, el gobierno declaró en emergencia la provincia de Condorcanqui, por un período de 60 días, para controlar la minería y tala ilegal, así como el narcotráfico. Sin embargo, los dirigentes indígenas sostienen que nada ha cambiado.
