Narcotraficantes, ex FARC y mineros ilegales amenazan a las comunidades del río Putumayo en Perú

Según Pérez, el presidente de AIDESEP, “el narcotráfico está entrando con mucha fuerza, sobornando voluntades para que las comunidades puedan entrar en ese negocio ilícito”, aunque agrega que muchos “no lo manifiestan de manera abierta porque temen ser asesinados”. El trato, explica, consiste en que los narcotraficantes le entregan dinero a los comuneros para que deforesten un área, siembren coca y le vendan exclusivamente a ellos la producción. “Pero es un incentivo forzado porque tienen que aceptar sí o sí, no les queda otra alternativa”, precisa Pérez.

Las más de 20 personas entrevistadas para este reportaje coinciden en que, además de las amenazas, es la ausencia de fuentes de trabajo lo que empuja a los comuneros a participar de las actividades ilegales. “Nos metemos en cuestiones ilícitas porque tenemos la necesidad de mantener a nuestra familia, a nuestros hijos en el estudio”, confiesa uno de los líderes indígenas del Bajo Putumayo. “Si hubiera una forma de trabajo, un mecanismo para trabajar todo el año, ese sería el camino para poder ir dejando las cuestiones ilícitas”, sostiene.

Lucía, la comunera que no ha podido volver a su chacra del otro lado del río, en territorio colombiano, tiene un hijo que ha sido reclutado para cosechar coca o “raspar”, como le llaman a esa actividad. “Dice que Los Sinaloas están pagando”, cuenta Lucía, aunque no sabe cuánto dinero recibe y tampoco quiere saberlo. “¡Quién sabe!”, dice, reteniendo la voz quebrada de un llanto que contiene con dificultad.

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La minería amenaza al Putumayo

El dinero proveniente de actividades ilegales no solo se encuentra “raspando coca” o abriendo nuevas zonas de cultivo para instalar plantaciones, sino que también se obtiene sacando oro del río con pequedragas, como se llaman a las nuevas maquinarias creadas por los mineros ilegales hechas a partir de los tradicionales ‘peque peques’. Sobre estas embarcaciones se monta una plataforma y maquinaria para extraer ilegalmente oro mientras se desplaza por el río.

Los habitantes del Putumayo coinciden en que las pequedragas se concentran sobre todo en la zonas del Alto Putumayo. “De San Juan para arriba todito es pura draga hasta Tres Fronteras”, comentan pobladores de las comunidades indígenas. Sin embargo, río abajo también es posible verlas con frecuencia. A menos de una hora de El Estrecho este equipo periodístico captó una pequedraga en pleno funcionamiento en el río Putumayo y comprobó que una segunda fue a parquearse dos días seguidos a las afueras de un billar, en pleno pueblo.

La pequedraga en funcionamiento se encontraba no muy lejos de un caño, un canal natural del río donde suelen esconderse, y ninguno de los tres tripulantes que pudimos divisar a lo lejos pareció inmutarse de nuestra presencia. El fiscal Alberto Yusen Caraza corroboró, al observar las fotografías, que se trata del mismo tipo de dragas que operan en el río Napo, no muy lejos del Putumayo, ubicado también en la región de Loreto y donde la minería ilegal mantiene en alerta a las autoridades.

La segunda pequedraga que pudimos observar transitando, mas no operando, y que se estacionó a las afueras de un billar en El Estrecho, es diferente. Al contrario de la otra, una caseta de madera mantiene oculta casi toda la embarcación. “Así están ahora trabajando las dragas para poder esconderse mejor”, dice uno de los dirigentes indígenas. “Ese modelo se ve mucho en el Putumayo y solo trabajan en la noche”, asegura.

Pequedraga. Al contrario de la otra, una caseta de madera mantiene oculta casi toda la embarcación. Foto: Michelle Carrere.

Al igual que en el negocio de la coca, son personas de origen colombiano quienes suelen contratar a peruanos y también a compatriotas. En este caso el pago es diario y depende de la actividad que se realice a bordo. “Al buzo, que es el que está dentro del agua, le pagan tres gramos (de oro) cada cinco horas. Un manguerero, que es el que cuida la manguera, el oxígeno, gana un gramo”, explica José, el motorista, quien antes se dedicó a ese negocio.

Luego los mineros van a las comunidades, “compran plátano, cinco gallinas, cuatro y así la gente se recursea, se va movilizando el dinero aunque es ilícito”, explica un poblador indígena del Bajo Putumayo.

A Corine Vriesendorp, directora del programa Andes-Amazonas del Museo Field de Historia Natural de Chicago, una institución académica estadounidense enfocada en la conservación de bosques amazónicos, le preocupa las dinámicas sociales que genera el dinero proveniente de las actividades ilegales. “Si formas parte de esa economía [ilícita], estás cada vez más lejos del bosque, del conocimiento que tienes de ese lugar, del manejo del espacio”, explica la experta y añade que esto genera un serio impacto ecológico.

Pero eso no es todo. Para Vriesendorp “hay un genocidio pasando en toda la cuenca amazónica con el mercurio [que es utilizado por la minería ilegal]”, porque “se está contaminando la fauna, la flora y también la gente”, agrega.

Un ejemplo de esta contaminación puede verse en el río Napo. Allí, a las comunidades nativas les prohibieron comer ciertos pescados que consumían frecuentemente como zúngaros, chambiras y boquichicos. La decisión se tomó luego de que el Gobierno Regional de Loreto realizara en 2011 un estudio para determinar los niveles de metales pesados acumulados.

Comunidad a orillas del río Putumayo. Foto: programa Andes-Amazonas del Museo Field de Historia Natural de Chicago.

Los resultados mostraron que el 98.72 % de las personas a quienes se les tomó muestras tenían concentraciones de mercurio superiores a las permitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). “La principal fuente de exposición sería el alto consumo de pescado contaminado”, dice el informe. Los análisis también determinaron que el agua tenía altas concentraciones de plomo, un metal presente en los ríos, pero que aflora como consecuencia del dragado de los suelos y sedimentos.

Las comunidades indígenas del Putumayo saben a lo que se enfrentan y les preocupa. “Nosotros consumimos el pescado de la cocha (laguna) a la olla y tomamos agua del río porque nosotros no conocemos el agua tratada”, dice Wilmer González, cacique de la comunidad de Tres Esquinas.

En el caso particular del Putumayo, además, la minería está también amenazando gravemente no solamente uno de los lugares más biodiversos de la Amazonía sino que del mundo entero. Vriesendorp, quien ha venido estudiando la zona durante los últimos 20 años, asegura que “si la cuenca amazónica es el lugar más biodiverso del mundo, el Putumayo es uno de esos rincones más diversos”.

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La ausencia del Estado

La minería en el Putumayo “se podría denominar hasta un crimen organizado porque esta actividad está bastante definida”, dice el fiscal Alberto Caraza, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Iquitos. “Hay una estructura bastante importante, una logística con roles y funciones”, y agrega que para “llegar hasta este lugar tan alejado y poder tener toda esta logística [se] necesita de un financiador”.

Aunque no está demostrado, la posibilidad de que sea el narcotráfico el que financie la minería en la zona es algo que no se descarta. “Si esos grupos armados están favoreciendo las actividades de minería, la situación se vuelve más complicada”, dice el Coronel Luis Guillén Polo, director de medio ambiente de la Policía Nacional del Perú. “Coludidos, hacen una suerte de fuerza”, sentencia.

La colusión entre minería y narcotráfico no es solo una teoría, sino que ya está ocurriendo en lugares como la provincia de Condorcanqui, en el departamento de Amazonas, asegura Guillén Polo. Además, “la minería ilegal ahora es más rentable que el narcotráfico”, agrega el Coronel, pues “los narcotraficantes están viendo (en ella) una forma más sencilla y menos riesgosa de trabajar”, sobre todo considerando que “las penas en el Perú [por minería ilegal] son menos que por un tema de narcotráfico” y que el país “no tiene un mecanismo de trazabilidad del oro”, explica.

Hasta ahora, en el Putumayo la fiscalía solo ha logrado destruir numerosas pequedragas, asegura el fiscal Caraza, “pero no hemos llegado a los financistas y no hemos llegado a tener detenciones”, precisa. “Lamentablemente, por lo enmarañado que es la selva peruana, ellos [los operarios de las pequedragas] se botan al río y corren por la Amazonía”, explica. Además, como las embarcaciones se pueden mover de un lugar a otro, se esconden fácilmente en los afluentes.

La contaminación con mercurio producida por la minería ilegal pone en riesgo la salud de los habitantes del Putumayo. Foto: Michelle Carrere.

Pero la principal dificultad para realizar operativos en el Putumayo se debe a la falta de medios de transporte. “Nosotros, la dirección de medio ambiente (de la PNP), no tiene embarcaciones fluviales para poder hacer un patrullaje en esa zona”, asegura Guillén Polo, quien detalla que un operativo requiere movilizar al menos unos 200 efectivos para lo cual se requerirían como mínimo 20 embarcaciones.

Además, “son 16 días que se demora una embarcación desde Iquitos hasta El Estrecho”, lo que encarece demasiado los costos y tampoco es posible considerar el alquiler de botes o lanchas en las mismas localidades, considerando que “si va la policía en esas embarcaciones, esos señores [los dueños] mañana están muertos”, explica Guillén Polo.

Por otro lado, Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de DEVIDA, asegura que el organismo “viene sufriendo una caída en el presupuesto que recibe”. Según detalla, el monto ha pasado de los 302 millones de soles en 2019 a los 234 millones de soles para el 2023, lo que hace que “nuestra capacidad de acción en el Putumayo sea prácticamente irrisoria”, sostiene.

Al igual que señalan una y otra vez comuneros y dirigentes indígenas, la solución para el Coronel Guillén Polo pasa por crear oportunidades laborales. “Si no generamos otras fuentes que representen una actividad económica que desarrollen estas zonas, siempre vamos a encontrar una población vulnerable que favorezca de alguna manera este tipo de actividades”, asegura.

Fuentes del ejército aseguran que el Putumayo podría convertirse, si es que ya no lo es, “en el próximo VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro) del Perú”, un lugar considerado como el principal núcleo del narcotráfico en el país.

Sentada en la rama de un árbol, Lucía cuenta que oyó en la radio un mensaje del presidente colombiano, Gustavo Petro. “Han dicho de vivir en paz y que van a combatir a las personas armadas ilegales. Qué lindo sería. Ojalá Dios lo escuche, que cumpliera con eso Petro, que por acá esta zona del Putumayo está lleno de esas personas”.

*Imagen principal: un miembro de una comunidad indígena del Putumayo vigila el territorio que pertenece a su comunidad. Foto: Michelle Carrere.

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