Narcotraficantes, ex FARC y mineros ilegales amenazan a las comunidades del río Putumayo en Perú

• Al menos 35 comunidades indígenas secoya, kichwa y huitoto se encuentran seriamente amenazadas por grupos armados colombianos que buscan tener el control del río Putumayo, una importante ruta para el tráfico de drogas hacia México y Brasil. 
• Además, la minería ilegal en el Putumayo está contaminando el río, los peces y las personas que habitan en la zona fronteriza. 

Hace meses que Lucía no va a la chacra que tiene del otro lado del río Putumayo, en territorio colombiano. La última vez que fue “Los Sinaloa”, un grupo armado en cuyas filas hay exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), le prohibieron el paso.

Lucía no es su verdadero nombre sino un seudónimo para proteger su identidad. Vive en Perú, en una de las más de 50 comunidades indígenas que se extienden a lo largo del Putumayo, un río amazónico que marca la frontera entre Perú y Colombia.

“Un día nos arriesgamos con mi esposo. Le dije vámonos a cosechar nuestros platanitos que tenemos allá [en el lado colombiano]”, cuenta en voz baja. Recuerda que ese día al llegar a la laguna, donde suele dejar su canoa y luego caminar hasta la platanera, se topó con unos hombres armados que le dijeron: “Se puede pasar dos o tres veces, más no”. Desde entonces “ya no voy porque tengo miedo”, susurra apenas más fuerte que el sonido de los grillos en la espesura del bosque.

Para los pobladores de estas comunidades y de El Estrecho, la ciudad que con 8 mil habitantes es la más grande del Putumayo peruano, la presencia de grupos armados y de sus informantes se ha vuelto, tristemente, parte del paisaje. “Están en todos lados, hasta gente de mi familia está metida”, dice otra persona de origen peruano cuya identidad también fue protegida para este reportaje. La mayoría prefiere no hablar del tema. “Tienen temor”, asegura un dirigente indígena.

El narcotráfico en el Putumayo es impulsado por disidencias de las FARC, según confirmaron fuentes de seguridad consultadas tanto en Perú como Colombia y como se lee en una tesis publicada este año por el investigador Roger Carpio Villafuerte del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). A ellas se suman otros grupos armados delincuenciales que operan también en el área. Estos grupos son una de las mayores amenazas para las comunidades que habitan este lugar, aunque no es la única. La minería ilegal también pone en riesgo la salud de los bosques, animales y personas de uno de los lugares más biodiversos de la Amazonía.

Mongabay Latam viajó hasta esta apartada zona, donde solo es posible llegar tras un viaje de 40 minutos en avioneta o de 16 días en bote. Navegó el Putumayo para visitar algunas de las comunidades indígenas a las que solo se accede por río. Registró dragas mineras operando ilegalmente y recogió más de 20 testimonios de la población local, entre dirigentes indígenas y líderes de federaciones, además de fuentes policiales, científicos y otros expertos.

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La disputa por el territorio

El Putumayo es un largo río amazónico que nace en Colombia y desemboca en el Amazonas, en Brasil. A lo largo de su recorrido forma una frontera natural que divide Colombia de Ecuador y luego de Perú. Así, al ser parte de la geografía de cuatro países, el Putumayo es un punto estratégico para el traslado de la droga.

Antes de la firma del acuerdo de paz en Colombia, la zona era controlada por el Bloque Sur de las FARC. Fuentes policiales de Colombia aseguran que, actualmente, el territorio es disputado principalmente por dos grupos: el llamado Frente Carolina Ramírez y el autodenominado Comando de Frontera. Mientras que el primero se trata de un grupo disidente de las FARC o Grupo Armado Organizado Remanente (GAOR), el segundo es un cóctel de actores formado por exparamilitares, exmiembros de la FARC y narcotraficantes de diferentes bandas. Una de esas bandas era la llamada Mafia, también conocida en la zona como “Los Sinaloa”, debido a los negocios que mantenía con el cártel mexicano.

Así, aunque las comunidades y los habitantes de El Estrecho siguen haciendo referencia a Los Sinaloa, en realidad se trataría del recientemente conformado Comando de Frontera, aseguran investigadores de ONG colombianas que trabajan en la zona y que han pedido la protección de sus nombres por razones de seguridad.

Ambos grupos —el Frente Carolina Ramírez y Los Sinaloa o Comando de Frontera— están enfrentados entre sí, según estás mismas organizaciones colombianas. Ambas organizaciones buscan apropiarse del dominio de esta zona que conecta dos rutas de narcotráfico: una que va hacia Brasil, y desde ahí hacia Europa y Asia; y otra que va hacia México y Estados Unidos, pasando en algunos casos por Ecuador, pero sirviéndose sobre todo de la relativa cercanía con el océano Pacífico.

Es en este punto en el que participan, además, los cárteles de la droga brasileños y mexicanos. Según publicaciones de los diarios El Comercio en Perú y El Tiempo de Colombia, el Frente Carolina Ramírez y el Comando Frontera negocian la droga que es conducida hacia brasil con la Familia del Norte, el Primer Comando y Comando Vermelho; mientras que la que tiene como destino México y Estados Unidos es negociada con Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y los Zetas.

¿Qué tiene que ver Perú en esta ecuación? “Los campos de cultivo y procesamiento de clorhidrato de cocaína operados por colombianos se encuentran en territorio peruano”, asegura una fuente de seguridad del Estado y es por eso que, entre 2018 y 2019, las fuerzas armadas peruanas desplegaron en la triple frontera de Colombia, Perú y Ecuador la llamada Operación Armagedón.

En cuatro operativos fueron destruidos más de 40 laboratorios de droga y detenidas más de 50 personas. “¡Somos firmes, somos claros, vamos a defender nuestra soberanía y nuestro territorio!”, manifestó en 2018 el entonces presidente peruano, Martín Vizcarra, ante el temor de que disidentes de las FARC se establecieran una presencia en la región para controlar la producción y el tráfico de drogas. Tres años después, sin embargo, fuentes del ejército aseguran que los grupos armados no solo continúan en el territorio, sino que se han expandido río abajo abriendo zonas de cultivo, reclutando jóvenes para que cosechen coca, captando informantes para mantener el control del área y sembrando el miedo y la desconfianza en las comunidades.

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Comunidades amenazadas

José es motorista, pero al igual que en el caso de Lucía, no usa su nombre verdadero. Navega por el río que, en territorio peruano, ha sido dividido políticamente en tres partes. El primer tercio, a partir de la triple frontera con Colombia y Ecuador, es conocido como el Alto Putumayo y es ahí donde tuvo lugar la Operación Armagedón. El segundo tercio corresponde al Medio Putumayo y el último tramo, que incluye la frontera tripartita con Brasil, es el Bajo Putumayo.

José transporta mercancías, gente y todo tipo de encargos, incluidos los prohibidos: armamento, balas y droga. “Tengo que hacerlo porque sino no te consideran dentro del río. Si tú no les haces el servicio, ellos (los grupos armados) también te cortan la ruta”, dice.

José explica, además, que los dueños de las embarcaciones deben pagar una especie de peaje o “impuesto” específicamente a Los Sinaloa (Comandos de Frontera) para poder transitar. “Si usted tiene un bote de 50 toneladas, va a pagar 10 millones de pesos colombianos (unos 2000 dólares). Si su bote tiene para 25 toneladas, va a pagar 5 millones de pesos (1000 dólares)”, cuenta José, y añade que el encargado de hacer el pago es el motorista. “Yo llevo la plata donde me indican. Si tengo que entregar en (Puerto) Alegría o tengo que entregar en Esperanza, pero no puedes fallar porque si fallas, no entregas, ahí estás eliminado”.

El mayor riesgo para él o para cualquier motorista, indica José, es “a partir de Puerto Alegría hacia arriba”, es decir, el Alto Putumayo. Allí “la navegación es solamente hasta las tres de la tarde. Pasada esa hora ya no puedes navegar porque ellos ponen un horario y si usted navega después de esa hora, te disparan”, asegura. Las comunidades que se encuentran en el Alto Putumayo, explica el motorista, “están muy restringidas. A ellas les frustran su libertad de transporte, le frustran la libertad de su trabajo y de sus actividades recreativas. Todo lo controlan y si desacatan las leyes son aniquilados”. La versión de José coincide con la de Jorge Pérez, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Allí “hay varios líderes de los hermanos secoyas y kichwa que están siendo amenazados”, asegura.

El Sistema de Información de Lucha Contra las Drogas (SISCOD) de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) indica, además, que los cultivos ilícitos en la zona se concentran sobre todo en el Alto Putumayo. Asimismo, según la investigación Comunidades en resistencia de Mongabay Latam, los territorios de al menos 15 comunidades secoya y kichwa del Alto Putumayo tienen plantaciones de coca en su interior debido a invasiones a sus territorios.

El problema, sin embargo, no se limita a este tramo del río.

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El narcotráfico se extiende río abajo

José, al mando de la lancha, desliza la embarcación por un estrecho caño que serpentea entre las raíces de los árboles hundidas en el agua chocolatosa. En un lugar en medio de la nada, ubicado gracias a puntos referenciales que solo los habitantes del Putumayo conocen, la embarcación se detiene para continuar el camino a pie hasta una de las comunidades indígenas del medio Putumayo.

Bajo la sombra del techo de irapay, una especie de palmera pequeña, sus habitantes aseguran que “Los Sinaloa” llegan hasta allí para conectarse a la débil señal de internet que por momentos se muestra disponible. No los han amenazado, precisa una de las mujeres, pero tienen miedo “porque ellos vienen armados acá”, explica.

Ya en 2020, los datos de DEVIDA mostraban la presencia de cultivos ilegales de hoja de coca en nueve comunidades del pueblo Huitoto en el Medio Putumayo: Soledad, Puerto Limón, Ere, San Francisco, Santa Lucía, Siete de Mayo, Puerto Elvira, Puerto Aurora y Maridicai.

En total, según el último informe de DEVIDA publicado la semana pasada, en 2020 se reportaron 1597 hectáreas de cultivos ilícitos en el Putumayo, mientras que en 2021 el número ascendió a 2193 hectáreas. Es decir, un aumento del 31.4 %.

Fuentes de seguridad del Estado aseguran, sin embargo, que esos datos son insuficientes ya que “solamente en laguna Pacora, un lugar en el Alto Putumayo, hay casi mil hectáreas”.

Además, dirigentes y comuneros de distintas comunidades aseguran que nuevos cultivos han aparecido también en el Bajo Putumayo, principalmente en la comunidad de Huapapa.

“En la medida que las FARC como entidad mayor han pasado a ser disidencias, su capacidad comercial y de poder económico ha disminuido”, dice el presidente ejecutivo de DEVIDA, Ricardo Soberón. “Eso ha llevado al ingreso de infraestructura criminal brasileña muy fuerte (como Comando Vermelho y otros cárteles de narcotráfico), con capacidad de acción muy grande, lo que nos lleva del Alto Putumayo hacia el Bajo Putumayo”, explica.

Según Pérez, el presidente de AIDESEP, “el narcotráfico está entrando con mucha fuerza, sobornando voluntades para que las comunidades puedan entrar en ese negocio ilícito”, aunque agrega que muchos “no lo manifiestan de manera abierta porque temen ser asesinados”. El trato, explica, consiste en que los narcotraficantes le entregan dinero a los comuneros para que deforesten un área, siembren coca y le vendan exclusivamente a ellos la producción. “Pero es un incentivo forzado porque tienen que aceptar sí o sí, no les queda otra alternativa”, precisa Pérez.

Las más de 20 personas entrevistadas para este reportaje coinciden en que, además de las amenazas, es la ausencia de fuentes de trabajo lo que empuja a los comuneros a participar de las actividades ilegales. “Nos metemos en cuestiones ilícitas porque tenemos la necesidad de mantener a nuestra familia, a nuestros hijos en el estudio”, confiesa uno de los líderes indígenas del Bajo Putumayo. “Si hubiera una forma de trabajo, un mecanismo para trabajar todo el año, ese sería el camino para poder ir dejando las cuestiones ilícitas”, sostiene.

Lucía, la comunera que no ha podido volver a su chacra del otro lado del río, en territorio colombiano, tiene un hijo que ha sido reclutado para cosechar coca o “raspar”, como le llaman a esa actividad. “Dice que Los Sinaloas están pagando”, cuenta Lucía, aunque no sabe cuánto dinero recibe y tampoco quiere saberlo. “¡Quién sabe!”, dice, reteniendo la voz quebrada de un llanto que contiene con dificultad.

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La minería amenaza al Putumayo

El dinero proveniente de actividades ilegales no solo se encuentra “raspando coca” o abriendo nuevas zonas de cultivo para instalar plantaciones, sino que también se obtiene sacando oro del río con pequedragas, como se llaman a las nuevas maquinarias creadas por los mineros ilegales hechas a partir de los tradicionales ‘peque peques’. Sobre estas embarcaciones se monta una plataforma y maquinaria para extraer ilegalmente oro mientras se desplaza por el río.

Los habitantes del Putumayo coinciden en que las pequedragas se concentran sobre todo en la zonas del Alto Putumayo. “De San Juan para arriba todito es pura draga hasta Tres Fronteras”, comentan pobladores de las comunidades indígenas. Sin embargo, río abajo también es posible verlas con frecuencia. A menos de una hora de El Estrecho este equipo periodístico captó una pequedraga en pleno funcionamiento en el río Putumayo y comprobó que una segunda fue a parquearse dos días seguidos a las afueras de un billar, en pleno pueblo.

La pequedraga en funcionamiento se encontraba no muy lejos de un caño, un canal natural del río donde suelen esconderse, y ninguno de los tres tripulantes que pudimos divisar a lo lejos pareció inmutarse de nuestra presencia. El fiscal Alberto Yusen Caraza corroboró, al observar las fotografías, que se trata del mismo tipo de dragas que operan en el río Napo, no muy lejos del Putumayo, ubicado también en la región de Loreto y donde la minería ilegal mantiene en alerta a las autoridades.

La segunda pequedraga que pudimos observar transitando, mas no operando, y que se estacionó a las afueras de un billar en El Estrecho, es diferente. Al contrario de la otra, una caseta de madera mantiene oculta casi toda la embarcación. “Así están ahora trabajando las dragas para poder esconderse mejor”, dice uno de los dirigentes indígenas. “Ese modelo se ve mucho en el Putumayo y solo trabajan en la noche”, asegura.

Al igual que en el negocio de la coca, son personas de origen colombiano quienes suelen contratar a peruanos y también a compatriotas. En este caso el pago es diario y depende de la actividad que se realice a bordo. “Al buzo, que es el que está dentro del agua, le pagan tres gramos (de oro) cada cinco horas. Un manguerero, que es el que cuida la manguera, el oxígeno, gana un gramo”, explica José, el motorista, quien antes se dedicó a ese negocio.

Luego los mineros van a las comunidades, “compran plátano, cinco gallinas, cuatro y así la gente se recursea, se va movilizando el dinero aunque es ilícito”, explica un poblador indígena del Bajo Putumayo.

A Corine Vriesendorp, directora del programa Andes-Amazonas del Museo Field de Historia Natural de Chicago, una institución académica estadounidense enfocada en la conservación de bosques amazónicos, le preocupa las dinámicas sociales que genera el dinero proveniente de las actividades ilegales. “Si formas parte de esa economía [ilícita], estás cada vez más lejos del bosque, del conocimiento que tienes de ese lugar, del manejo del espacio”, explica la experta y añade que esto genera un serio impacto ecológico.

Pero eso no es todo. Para Vriesendorp “hay un genocidio pasando en toda la cuenca amazónica con el mercurio [que es utilizado por la minería ilegal]”, porque “se está contaminando la fauna, la flora y también la gente”, agrega.

Un ejemplo de esta contaminación puede verse en el río Napo. Allí, a las comunidades nativas les prohibieron comer ciertos pescados que consumían frecuentemente como zúngaros, chambiras y boquichicos. La decisión se tomó luego de que el Gobierno Regional de Loreto realizara en 2011 un estudio para determinar los niveles de metales pesados acumulados.

Los resultados mostraron que el 98.72 % de las personas a quienes se les tomó muestras tenían concentraciones de mercurio superiores a las permitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). “La principal fuente de exposición sería el alto consumo de pescado contaminado”, dice el informe. Los análisis también determinaron que el agua tenía altas concentraciones de plomo, un metal presente en los ríos, pero que aflora como consecuencia del dragado de los suelos y sedimentos.

Las comunidades indígenas del Putumayo saben a lo que se enfrentan y les preocupa. “Nosotros consumimos el pescado de la cocha (laguna) a la olla y tomamos agua del río porque nosotros no conocemos el agua tratada”, dice Wilmer González, cacique de la comunidad de Tres Esquinas.

En el caso particular del Putumayo, además, la minería está también amenazando gravemente no solamente uno de los lugares más biodiversos de la Amazonía sino que del mundo entero. Vriesendorp, quien ha venido estudiando la zona durante los últimos 20 años, asegura que “si la cuenca amazónica es el lugar más biodiverso del mundo, el Putumayo es uno de esos rincones más diversos”.

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La ausencia del Estado

La minería en el Putumayo “se podría denominar hasta un crimen organizado porque esta actividad está bastante definida”, dice el fiscal Alberto Caraza, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Iquitos. “Hay una estructura bastante importante, una logística con roles y funciones”, y agrega que para “llegar hasta este lugar tan alejado y poder tener toda esta logística [se] necesita de un financiador”.

Aunque no está demostrado, la posibilidad de que sea el narcotráfico el que financie la minería en la zona es algo que no se descarta. “Si esos grupos armados están favoreciendo las actividades de minería, la situación se vuelve más complicada”, dice el Coronel Luis Guillén Polo, director de medio ambiente de la Policía Nacional del Perú. “Coludidos, hacen una suerte de fuerza”, sentencia.

La colusión entre minería y narcotráfico no es solo una teoría, sino que ya está ocurriendo en lugares como la provincia de Condorcanqui, en el departamento de Amazonas, asegura Guillén Polo. Además, “la minería ilegal ahora es más rentable que el narcotráfico”, agrega el Coronel, pues “los narcotraficantes están viendo (en ella) una forma más sencilla y menos riesgosa de trabajar”, sobre todo considerando que “las penas en el Perú [por minería ilegal] son menos que por un tema de narcotráfico” y que el país “no tiene un mecanismo de trazabilidad del oro”, explica.

Hasta ahora, en el Putumayo la fiscalía solo ha logrado destruir numerosas pequedragas, asegura el fiscal Caraza, “pero no hemos llegado a los financistas y no hemos llegado a tener detenciones”, precisa. “Lamentablemente, por lo enmarañado que es la selva peruana, ellos [los operarios de las pequedragas] se botan al río y corren por la Amazonía”, explica. Además, como las embarcaciones se pueden mover de un lugar a otro, se esconden fácilmente en los afluentes.

Pero la principal dificultad para realizar operativos en el Putumayo se debe a la falta de medios de transporte. “Nosotros, la dirección de medio ambiente (de la PNP), no tiene embarcaciones fluviales para poder hacer un patrullaje en esa zona”, asegura Guillén Polo, quien detalla que un operativo requiere movilizar al menos unos 200 efectivos para lo cual se requerirían como mínimo 20 embarcaciones.

Además, “son 16 días que se demora una embarcación desde Iquitos hasta El Estrecho”, lo que encarece demasiado los costos y tampoco es posible considerar el alquiler de botes o lanchas en las mismas localidades, considerando que “si va la policía en esas embarcaciones, esos señores [los dueños] mañana están muertos”, explica Guillén Polo.

Por otro lado, Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de DEVIDA, asegura que el organismo “viene sufriendo una caída en el presupuesto que recibe”. Según detalla, el monto ha pasado de los 302 millones de soles en 2019 a los 234 millones de soles para el 2023, lo que hace que “nuestra capacidad de acción en el Putumayo sea prácticamente irrisoria”, sostiene.

Al igual que señalan una y otra vez comuneros y dirigentes indígenas, la solución para el Coronel Guillén Polo pasa por crear oportunidades laborales. “Si no generamos otras fuentes que representen una actividad económica que desarrollen estas zonas, siempre vamos a encontrar una población vulnerable que favorezca de alguna manera este tipo de actividades”, asegura.

Fuentes del ejército aseguran que el Putumayo podría convertirse, si es que ya no lo es, “en el próximo VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro) del Perú”, un lugar considerado como el principal núcleo del narcotráfico en el país.

Sentada en la rama de un árbol, Lucía cuenta que oyó en la radio un mensaje del presidente colombiano, Gustavo Petro. “Han dicho de vivir en paz y que van a combatir a las personas armadas ilegales. Qué lindo sería. Ojalá Dios lo escuche, que cumpliera con eso Petro, que por acá esta zona del Putumayo está lleno de esas personas”.

*Imagen principal: un miembro de una comunidad indígena del Putumayo vigila el territorio que pertenece a su comunidad. Foto: Michelle Carrere.