- Casi el 88 % de los habitantes que participaron en un referéndum municipal en Asunción Mita, en el sudeste de Guatemala, votaron en contra de la minería metálica.
- Los lugareños temen que el proyecto de extracción de oro Cerro Blanco contamine el suelo y las fuentes de agua, lo que afecta la salud de los residentes y los cultivos.
Cecilia López y Luz Elena González estaban de buen humor al salir, caminando bajo serpentinas de plástico azul y blanco colocadas en la escuela en la comunidad de Tiucal. Las amigas de 24 años acababan de votar en un referéndum sobre la minería en el municipio de Asunción Mita, en donde viven más de 50 000 personas en el sudeste de Guatemala.
“Esto es algo que afecta a todo el mundo”, dijo López a Mongabay, y explicó que a los residentes de su pueblo agrícola les preocupa que la minería pueda contaminar el agua y el suelo y perjudicar así los cultivos de cebolla, maíz y judías, entre otros.
“Dicen que es desarrollo, pero la tierra es de donde viene nuestra comida”, comentó González, profesora de secundaria. “Esperamos que los votos sean no a la minería”.
En el referéndum realizado el 18 de septiembre en Asunción Mita, la gran mayoría de los votantes que participaron rechazó los proyectos de minería metálica. Los residentes están preocupados por el impacto que el proyecto de minería de oro de propiedad canadiense tendría en las fuentes de agua locales y en un importante río aguas abajo cerca de El Salvador. Sin embargo, tras la votación, la empresa minera, el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala y los grupos industriales han impugnado la legalidad del referéndum.
Tras la emisión del voto en los mismos seis colegios electorales utilizados en las elecciones generales, el 87,98 % de los votantes registrados que participaron en Asunción Mita rechazó la minería.
De los 8 503 participantes, 7 481 votaron en contra de la minería, 904 a favor y los 118 votos restantes fueron nulos o en blanco. Casi el 28 % de los poco más de 30 000 votantes registrados participó en el referéndum, lo que superó el 20 % necesario para que los resultados fueran vinculantes para el gobierno municipal.
En las papeletas se preguntaba si los votantes estaban de acuerdo con la instalación y operación de proyectos de minería metálica que impactan en los recursos naturales y ambientales del municipio. Sin embargo, no se trata solo de una pregunta hipotética en Asunción Mita. Una empresa minera canadiense obtuvo una licencia de exploración en la zona hace veinticinco años y otra ahora busca poner en funcionamiento la mina de oro Cerro Blanco.
Votar pensando en la familia
Bluestone Resources adquirió el proyecto Cerro Blanco en 2017, una década después de que el gobierno guatemalteco emitiera un permiso ambiental y una licencia de explotación para el proyecto. Bluestone es una de las once empresas del Grupo Lundin que participan en la minería, el petróleo y el gas en todo el mundo. El plan para Cerro Blanco había sido para una mina subterránea, pero el año pasado, Bluestone anunció su nuevo plan para una mina a cielo abierto y solicitó que se modificara el permiso ambiental para reflejar el cambio. La solicitud todavía está pendiente. Bluestone prevé que la mina produzca 73.7 millones de gramos de oro en catorce años.
Ariel Marín, mecánico de 39 años, espera que los planes de la empresa se hagan realidad. Es miembro de la Asociación Pro-Industria Minera Mita Avanza, grupo local a favor del proyecto Cerro Blanco. De acuerdo con Marín, la mina ofrecería oportunidades de empleo muy necesarias. Bluestone ha estimado que las operaciones de la mina darían trabajo a entre 400 y 500 personas, tras un pico de 1,100 empleados y contratistas durante la construcción.
“Estamos a favor del desarrollo”, dijo Marín a Mongabay en el pasillo de una escuela del pueblo, donde él y otros miembros de la asociación Mita Avanza participaban como observadores y escrutadores en el referéndum. “Todos necesitamos mantener a nuestras familias”, comentó.
Abrahán Estrada también pensó en su familia el día del referéndum. Fue uno de los primeros en votar, y lo hizo en contra de la minería, en un aula con las paredes cubiertas de obras de arte de los estudiantes. A Estrada, de 68 años, padre de diez hijos y abuelo de muchos, le preocupa que la mina provoque graves problemas de salud a las futuras generaciones.
“Destruirá todo y ese es el legado que les dejaríamos a nuestros nietos. Tal vez nosotros no lo veamos, pero nuestros nietos lo sufrirán”, dijo Estrada a Mongabay.
El proyecto minero Cerro Blanco está a solo seis kilómetros del pueblo de Asunción Mita y algunos pueblos están aún más cerca. El uso intensivo de agua, los residuos y la posibilidad de que se produzca un drenaje ácido de la mina a largo plazo son motivos de gran preocupación para muchos residentes.
La contaminación del agua también es motivo de inquietud al otro lado de la frontera, en El Salvador, a solo 21 kilómetros río abajo. El río Ostúa corre hacia el sur a través del municipio de Asunción Mita y desemboca en el lago transfronterizo de Güija, un sitio de humedales Ramsar, que a su vez alimenta el río Lempa, que proporciona agua a unos cuatro millones de salvadoreños.
En 2017, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en promulgar una prohibición nacional de la minería metálica. Los legisladores aprobaron por unanimidad la prohibición tras años de campañas populares, protestas, asesinatos de varios líderes comunitarios contrarios a la minería y cinco referéndums municipales. Los grupos ecologistas y comunitarios de El Salvador han pedido a su gobierno que se pronuncie contra la mina Cerro Blanco al otro lado de la frontera. También se presentaron para apoyar el proceso de referéndum en Asunción Mita, donde más de 150 observadores nacionales e internacionales —la mayoría de El Salvador— supervisaron el referéndum del 18 de septiembre.
![A banner hanging from the Catholic church on the Asunción Mita town square reads, "I [heart] Mita! No to the mine".](https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/20/2022/09/23175521/ed.banner-on-church-768x512.jpg)
“La decisión del pueblo aquí será fundamental. Es importante para todos”, dijo a Mongabay Vidalina Morales, miembro de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador, quien se encontraba en Asunción Mita como observadora del referéndum. “Con el dinero se puede vivir un tiempo, pero con nuestra agua vivimos toda la vida”.
De acuerdo con María del Carmen Cifuentes, quien fundó una escuela local décadas atrás y está muy comprometida con las actividades de la iglesia, los habitantes de Asunción Mita llevan más de una década organizándose contra la minería y la iglesia católica de la región ha desempeñado un papel fundamental. La pandemia ralentizó todo durante un tiempo, pero la gente se puso en marcha cuando se enteró de que la empresa trataba de seguir adelante con la minería a cielo abierto.
“Nos puso en alerta”, contó a Mongabay. “Empezamos con la recogida de firmas para exigir la consulta”.
Impugnaciones del referéndum
El código municipal de Guatemala estipula que los residentes pueden solicitar a sus gobiernos locales la convocatoria de un referéndum sobre asuntos de importancia local si reúnen las firmas de más del 10 % de los votantes registrados. La campaña popular superó ese porcentaje, por lo que el gobierno municipal estableció las normativas para el referéndum. También se creó una comisión especial para coordinar y supervisar el referéndum, integrada por tres representantes del gobierno municipal, tres de la iglesia católica y tres de la sociedad civil. Cifuentes fue elegida presidenta de la comisión.
Las impugnaciones judiciales contra el proceso comenzaron antes del referéndum y no se resolverán pronto. Seis días antes de la votación, un tribunal regional aceptó la petición de una medida cautelar por parte de la Asociación Pro-Industria Minera Mita Avanza contra el reglamento del referéndum. Sin embargo, las medidas cautelares no se hacen efectivas hasta que se notifica formalmente a las partes correspondientes y ni el gobierno municipal ni la comisión especial fueron notificados antes del referéndum.
Poco después de que el alcalde y la comisión especial anunciaran los resultados la noche del 18 de septiembre, mientras la gente celebraba con petardos en la cercana plaza del pueblo, apareció la primera de varias declaraciones públicas condenando el referéndum. La asociación Asunción Mita Avanza fue la primera en rechazar el evento, al que calificó de ilegal e ilegítimo a pesar de la participación de sus miembros y simpatizantes como observadores y de escrutadores oficiales durante el referéndum.
Al día siguiente, Bluestone Resources, el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala y grupos de la industria hicieron declaraciones, todas ellas en referencia a la impugnación legal junto con otros argumentos. Bluestone argumentó que los grupos contrarios a la minería formaron una comisión sesgada para organizar un referéndum que retrató de manera injusta la opinión pública. La empresa no mencionó la participación del gobierno municipal.
“Este referéndum es claramente inconstitucional y está lleno de irregularidades. Estamos decepcionados con las acciones de estos grupos que utilizan estos referéndums sesgados para sembrar dudas e incertidumbre en torno a proyectos mineros responsables como Cerro Blanco”, comentó el presidente y director general de Bluestone Resources, Jack Lundin, en el comunicado de la empresa del 19 de septiembre.
El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala se centró principalmente en la jurisdicción, señalando en su declaración del 19 de septiembre que solo el gobierno central tiene la facultad de determinar la política y proyectos mineros. El ministerio también argumentó que, como los proyectos mineros tienen un área de influencia bien delimitada, es imposible que sean una cuestión general que afecte a todos los residentes municipales que puedan ser objeto de un referéndum en virtud del código municipal.
Según el Ministerio de Energía y Minas, el gobierno municipal se extralimitó en el ejercicio de sus funciones.
La consulta es el núcleo de la cuestión
La comisión especial y el gobierno municipal nunca sugirieron que el resultado de la votación tuviera alguna repercusión en las decisiones del gobierno central o en las licencias mineras. Los resultados solo iban a ser vinculantes para el gobierno municipal si participaba más del 20 % de los votantes registrados. En el reglamento del referéndum y cuando anunciaron los resultados, la comisión y el gobierno municipal expresaron de forma clara que los resultados solo serían un indicativo del sentimiento local, y no vinculantes, para el gobierno central. La Corte de Constitucionalidad del país se pronunció en este sentido cuando confirmó como válida una consulta municipal llevada a cabo en 2012 en Mataquescuintla, que también había sido objeto de una impugnación legal similar.
“Ese referéndum fue el más atacado, hasta el punto de que hicieron exactamente lo que están haciendo ahora”, dijo Julio González, miembro del Colectivo MadreSelva, una organización ecologista nacional. “La cuestión de la vinculación ha sido un tema de mucha preocupación para el gobierno”.
La consulta y la falta de ella han sido el núcleo de los conflictos mineros en Guatemala. La Corte de Constitucionalidad ha suspendido varios proyectos mineros, incluyendo dos grandes minas en funcionamiento, debido a que el Estado no consultó a los pueblos indígenas afectados. Este año, se permitió que la mina de níquel Fénix reanudara su actividad después de un proceso de consulta muy controvertido que culminó bajo la ley marcial en medio de protestas y represión contra los líderes de la comunidad indígena maya q’eqchi’. La mina de plata de Escobal sigue en suspenso a la espera de la consulta con la población indígena xinka afectada.
En las zonas no indígenas, como Asunción Mita, no existe una clara obligación de consulta ni de referéndums. Desde 2015, se han realizado consultas y referéndums municipales sobre minería en todo el país. La mayoría ha tenido lugar en regiones predominantemente indígenas y el proceso ha estado determinado por las costumbres locales. En otros lugares, como en Asunción Mita, se han utilizado las disposiciones del código municipal para los referéndums locales.
González dice que la reacción del gobierno nacional y de las empresas contra los referéndums que solo podrían ser vinculantes para los gobiernos municipales puede parecer fuera de lugar, pero no lo es.
“Ahí está la razón por la que no aclaran los referéndums”, le dijo a Mongabay. “Para construir cualquier proyecto en cualquier lugar se necesita un permiso municipal de construcción, así que ese ha sido el mecanismo para detener proyectos de esta naturaleza y eso es lo que no quieren que la gente sepa”.
Al preguntarle sobre los permisos municipales, Bluestone Resources respondió a Mongabay en un correo electrónico que “entendemos que no se exige una licencia de construcción. Si se exige una licencia de construcción y se adhiere al código municipal y acata la ley, no está permitido retenerla”.
El alcalde de Asunción Mita, René Francisco Guardado, sabía de antemano que el referéndum se iba a enfrentar a impugnaciones legales, pero dijo que el gobierno municipal estaba preparado para lo que viniera. La participación local y el trabajo de meses de la comisión especial fueron cruciales “para hacer que la verdadera democracia prevalezca en este municipio”, comentó Guardado a los periodistas la noche del 18 de septiembre, cuando se anunciaron los resultados.
* Imagen principal: Un residente de Asunción Mita confirma su identidad y su firma para votar en el aula de una escuela durante el referéndum municipal sobre la minería. Foto: Sandra Cuffe.
Artículo original: https://news.mongabay.com/2022/09/guatemalans-strongly-reject-mining-project-in-local-referendum/
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