- En 2017, la Corte de Justicia de Esmeraldas concluyó que la actividad de Palmeras de los Andes y Palmar de los Esteros produjo “graves afectaciones ambientales al territorio de esta comunidad”.
- La sentencia estableció 17 medidas de reparación y compensación: 13 contra el Estado y 4 contra las dos empresas. Sin embargo, esta sentencia ha quedado en “letra muerta”, a tal punto que ni siquiera se sabe si todos los involucrados han sido notificados con sus responsabilidades.
Para la comunidad de La Chiquita, la sentencia ganada significó una conquista histórica y también una gran decepción. En julio de 2010, los representantes de este pequeño caserío, ubicado en el cantón San Lorenzo, de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, denunciaron por daño ambiental a dos grandes empresas palmicultoras: Palmeras de los Andes y Palmar de los Esteros. Esta denuncia la presentaron en conjunto con el Centro Awá Guadualito, perteneciente a una comunidad indígena de la zona. El 11 de enero de 2017 —seis años y medio después—, en su sentencia la Corte de Justicia de Esmeraldas les dio la razón y estableció que por la actividad de estas empresas: “Se han producido graves afectaciones ambientales en el territorio de las comunidades, que debieron haber sido prevenidas por el Estado ecuatoriano”.
Entre los principales daños que los demandantes argumentaron a lo largo del proceso judicial constan “el envenenamiento de las aguas de los esteros y los ríos circundantes, deforestación de grandes áreas y pérdida de biodiversidad, alta mortalidad de la vegetación natural, cambio del clima local, desplazamiento y envenenamiento de la población por la contaminación de los cauces de agua”.
La denuncia fue aceptada parcialmente en la sentencia porque, aunque no se les concedió pagos por daños y perjuicios, ni la limpieza de los ríos, sí se establecieron 17 medidas de reparación y compensación; 13 de ellas contra el Estado y cuatro que les corresponden a las dos palmicultoras. Sin embargo, a cinco años de la sentencia, las más importantes de estas disposiciones no se han cumplido y sobre otras no existe evidencia para determinar si se han ejecutado o no.
Este caso es uno de los siete procesos por infracciones ambientales contra productores y procesadores de aceite de palma en Ecuador, encontrados por la alianza periodística Tras las huellas de la palma entre 2010 y 2021. El caso era conocido en el país como uno de los más duros contra la actividad palmicultora, pero el tiempo ha mostrado que pocas de las obligaciones que impuso una sentencia judicial se han cumplido.
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Órdenes que se ignoran
“No ha habido respuesta por parte de ninguna institución pública ni privada, ni de las compañías que han sido sancionadas”, dice David Basurto, el abogado de los comuneros. “No hay reparación. Ellos [los habitantes de La Chiquita] no tienen allá, en territorio, nadie que les pueda decir cómo están las cosas. No tienen forma de enterarse si esta sentencia se cumplió o no. Están en la incertidumbre. Los han abandonado”, añade.
Por lo que dice, y los términos en que lo hace, quizá la parte más importante de la sentencia sea aquella en la que se dispone a la Contraloría General que sancione con una multa no menor a 20 salarios básicos (7.500 dólares en total para la fecha del dictamen) a “los titulares del Portafolio de Medio Ambiente desde 1998, cuando se iniciaron los sembríos de palma, por la evidente negligencia en el cumplimiento de sus funciones, al igual que a los funcionarios que tenían la obligación de realizar el control correspondiente”.
El abogado Basurto muestra un escrito, fechado en octubre del año pasado —cuatros años después de la sentencia—, en el cual la Contraloría recién le consulta a la Corte Provincial de Esmeraldas, cómo proceder para ejecutar esta sanción por “negligencia”.
A las palmicultoras se les ordenó crear una zona de amortiguamiento vegetal, de no menos de ocho metros, desde las riberas de los ríos hasta el inicio de sus plantaciones, sembrando para ello especies endémicas, como la caña guadua. Para este punto, la Justicia otorgó un plazo máximo de tres años. No existe certeza de que esto se haya ejecutado porque las comunidades aseguran que no tienen acceso a esta zona para verificar. A las empresas también se les prohibió, “de modo terminante y bajo responsabilidad penal”, que sigan utilizando productos químicos “nocivos para el medio ambiente y el agua”. Sobre esto la comunidad tampoco tiene certezas.
Como formas de reparación, la Corte le ordenó al Ministerio de Educación que, en un plazo de nueve meses, construya una escuela que sirva tanto a La Chiquita como a Guadualito; a la desaparecida Secretaría del Agua (hoy parte del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica – MAATE) que, en máximo un año, construya una fuente de agua potable que provea de forma permanente a las comunidades demandantes; y al Ministerio de Salud que instale un centro de salud de nivel uno que incluya un laboratorio clínico, atención hospitalaria, atención médica, odontología y maternidad.
Cinco años después, de estas obras no hay nada. “Jamás han puesto ni una piedra. No han hecho absolutamente nada en la comunidad. No han puesto nada”, dice —elevando la voz— Aquilino Erazo, líder comunal de San Lorenzo que ha acompañado la lucha de estos poblados.
Además de esto, el abogado Basurto tiene una duda. No sabe si realmente estos ministerios fueron notificados alguna vez sobre las obligaciones provenientes de esta sentencia. “En la revisión del expediente no pude encontrar los recibidos de esas notificaciones, y eso es clave ahora porque, sin los oficios, ¿cómo se puede saber si cada institución ha conocido la sentencia?”.
Ante la pregunta de la alianza periodística Tras las huellas de la palma, el Ministerio de Educación reconoce que no se ha construido la escuela, recuerda que no fue parte procesal en este caso y, al final, explica: “A la presente fecha, no se encuentra registro ni constancia de haber recibido los referidos oficios conteniendo la sentencia y medidas que han sido dispuestas. Razón por la cual, esta sentencia no surtiría efectos aún para esta Cartera de Estado. (…) El Ministerio de Educación esperará la notificación formal para el análisis jurídico del caso”.
El Ministerio de Salud contestó nuestro requerimiento de información con un listado de los centros de salud que existen en la zona norte de Esmeraldas, pero sin una referencia específica al cumplimiento de esta sentencia.
Esta alianza periodística también planteó preguntas en el mismo sentido al Ministerio del Ambiente —que absorbió a la desaparecida Secretaría del Agua— y al de Salud, pero no se recibieron respuestas. Además, buscamos las versiones de las dos empresas denunciadas para saber si han cumplido con lo que dispuso la sentencia. Hasta el momento de publicación de este texto, Palmeras de los Andes no había contestado al respecto —aunque sí respondió sobre el manejo ambiental que le dan a sus efluentes— y no fue posible establecer comunicación con Palmar de los Esteros, porque no hubo respuesta telefónica ni por su sistema de mensajería.
“Es realmente penoso que un tema tan trascendental como este se haya quedado ahí”, dice el abogado Basurto. “Ingresar a las palmicultoras para saber si están cumpliendo tampoco es fácil. Y, como todo ha quedado en suspenso, hay un sinsabor en la comunidad. Los moradores no tienen certezas de si los efluentes que emiten las empresas son contaminantes o no. Es una incertidumbre”.
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Afecciones en la vida diaria
La Chiquita es un caserío de unas 30 familias que se dedican principalmente a la agricultura y a la cría de animales. En sus terrenos siembran cacao, plátano, caña, borojó y otros frutales. La época de invierno es una buena noticia, porque llueve cada dos o tres días, y sus moradores pueden guardar el agua lluvia en unos tanques para el uso en sus hogares. El verano es un problema. “Aquí nosotros sabemos que el río (La Chiquita) está contaminado y no podemos usar su agua”, dice Stalin Valencia, de 18 años. “Más sufrimos en el verano, porque nos toca ir llevando unas pomas [baldes o cubetas] en la mototaxi de mi papá hasta San Lorenzo, para traer agua”.
Stalin es hijo de Isaha Valencia, exdirigente de la comunidad que actuó como representante de los denunciantes en el proceso judicial. El joven tiene una misión especial que le han encomendado su padre, su madrina (la actual presidenta de la comunidad) y los ambientalistas que siguen el caso: tomar fotografías, llevar un registro y hacer informes sobre las descargas que las palmicultoras hacen en el Estero La Chiquita. “El problema es que mi teléfono no me favorece, no puedo hacer buenas fotos”, dice. “Pero sigo haciendo lo posible”.
Al ser este un juicio por daño ambiental, el caso se enmarca en los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución de Ecuador. Entonces, los moradores de La Chiquita y de Guadualito se presentaron como personas naturales, “pero también como representantes de la naturaleza, como sujeto de derecho, a que se respete íntegramente su existencia, el mantenimiento, regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones, procesos evolutivos, y a ser restaurada”, según consta en el expediente judicial.
Se presentaron en nombre de los árboles que ellos consideran afectados por las empresas: guayacán, chanul, mascarey, sande, roble, copal, cuangaré, pácora, chalviande, peine de mono, balsa, cucharillo, palmiche: “Todos originarios de nuestros bosques, que han sido maltratados, cortados y reemplazados por otros cultivos, principalmente palma africana”.
