Además, confirmaron que la sustancia que habría salido desde el área en donde está la planta procesadora de la empresa pudo afectar el “ambiente y la salud de las personas que residen en los alrededores y las personas que transitan por dicho sector”.

De acuerdo con el expediente, en esa inspección el personal de la empresa no dejó ingresar a sus instalaciones a funcionarios del Ministerio, porque el representante de la empresa afirmó que debía consultar con los administradores. Un mes después, el MARN presentó una denuncia en el Ministerio Público contra Naturaceites por el delito de contaminación.

El 24 de agosto de 2022, a través del equipo de comunicación de la Fiscalía, la Alianza periodística Tras las Huellas de la Palma solicitó una entrevista con el fiscal para saber qué había pasado con el caso y si aún seguía abierto. Se nos requirió un listado de preguntas, pero hasta el momento de publicación de este reportaje no se recibió ninguna respuesta.

El delito de contaminación es un tipo penal amplio; lo comete una persona que contamine el aire, el suelo o el agua mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, sustancias peligrosas o productos que puedan perjudicar personas, animales, bosques o plantaciones. Tiene una pena de uno a dos años de prisión o una multa de 300 a 5,000 quetzales (entre 39 y 646 dólares).

En el Código Penal también se recoge el delito de contaminación ambiental, con una pena superior, de hasta 10 000 quetzales (1292 dólares). Pero Juan Manuel de la Cruz, abogado ambientalista con maestría en Gestión Ambiental y que trabajó en el MARN, explica que este delito es complicado de demostrar ante los jueces.

Según dice, está dirigido contra los directivos de “una explotación industrial o actividad comercial” y se debe comprobar que ellos permitieron y autorizaron la contaminación.

Para el abogado, estas multas son “extremadamente bajas”, aunque considera que quizás no es tan necesario aumentarlas, como sí lo es implementar mecanismos para medir los daños causados y establecer medidas para revertirlos.

En el caso de Pataxte, la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del MARN únicamente ordenó un monitoreo en la finca de Naturaceites para determinar que la empresa estaba “cumpliendo con los compromisos ambientales y medidas de mitigación en la zona”. El MARN no emitió ninguna sanción contra Naturaceites por este derrame ni  estableció la cantidad de desechos derramados.

Lee más | Fronteras amenazadas: más de 40 comunidades indígenas atacadas por minería ilegal, narcotráfico y grupos armados en Perú

El conflicto en Kaxlampom Pataxte

Seis años después de los hechos, en agosto de 2022, en Kaxlampom Pataxte, uno de los vecinos —que participó en los recorridos que hizo el MARN y que prefiere no ser citado para evitar “más problemas con la empresa”— asegura que esa no fue la primera vez que encontraron peces muertos en el lago y en el río cercano a la procesadora de Naturaceites.

Tiene en la memoria que esto ha ocurrido, por lo menos, desde 2013. Y siempre en periodos largos de lluvia, cuando las piscinas en donde la empresa trata sus aguas residuales se desbordan.

Pero en 2016 la cantidad de peces muertos fue mucho más alta.

“Nunca había pasado así. En el agua estaban los peces con ese lodo oscuro, negro”, dice. Por esa razón decidieron denunciar el caso en el Ministerio.

Según este vecino, después de la denuncia, el canal fue cerrado y ya no ha ocurrido algo similar. Aun así, asegura que ya no hay tantos peces en el lugar. Eso ha hecho que los pescadores tengan que adentrarse más en el lago para encontrarlos.

Un análisis realizado por Óscar Rojas Castillo, como parte de su tesis para titularse como  biólogo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, estableció que en ríos cercanos a plantaciones de palma africana existe un aumento de temperatura y de nitratos, relacionados con la fertilización de estos cultivos. Según el estudio, esto puede causar la disminución de peces en las áreas afectadas.

Rojas Castillo tiene una maestría en Ecología Aplicada de la Universidades de Poitiers (Francia), Coimbra (Portugal) y Kiel (Alemania). Además, actualmente cursa su doctorado sobre los impactos de la palma africana en la biodiversidad acuática en la Universidad de Copenhague (Dinamarca).

El especialista explica que, en cantidades excesivas, los nitratos junto con el fósforo, pueden aumentar el crecimiento de plantas acuáticas y algas en la superficie de las aguas. “Eso indirectamente puede causar deficiencia de oxígeno en las aguas profundas y esta deficiencia de oxígeno afecta a la biota acuática [flora y fauna]”, explica.

El aumento de nitratos, afirma Rojas Castillo, también puede causar el incremento de cianobacterias que son tóxicas.

El vecino de Kaxlampom Pataxte, que pidió que su nombre no se mencione en este reportaje, ha sido uno de los opositores a las actividades palmeras de Naturaceites. La empresa, asegura, ha buscado históricamente hacerse con un territorio que le pertenece a la comunidad. De hecho, en los últimos años ha habido tensiones y conflictos entre los pobladores y Naturaceites por esa razón.

Los habitantes de la aldea aseguran que la empresa pretendía ampliar su zona de cultivo y desalojarlos del área en donde está asentada la comunidad, reclamando que es de su propiedad. Sin embargo, ellos sostienen que es territorio nacional y que por eso se les debe entregar un título de propiedad.

Los pobladores se han manifestado en contra de la empresa e incluso han talado plantaciones de palma africana. El asunto escaló tanto que, en 2015, se emitió una orden de captura contra uno de los líderes de la aldea por usurpación agravada. Lo señalaron de invadir tierras de la empresa.

Los vecinos dijeron entonces que Naturaceites lo había denunciado y, en respuesta a esto, retuvieron a trabajadores de la compañía por varios días.

El líder con el que esta alianza periodística habló en Kaxlampom Pataxte asegura que ahora la comunidad mantiene una relación pacífica con la compañía, luego de que acordaran, tras varias mesas de diálogo y protestas, los límites territoriales de la aldea y de Naturaceites. Esto ocurrió en los últimos meses de 2016, el mismo año de la muerte de los peces.

Es por eso que muchos en la aldea evitan hablar sobre la empresa. No quieren represalias o que se reviva la pugna. Algunos de sus familiares trabajan en las plantaciones de palma. “Lo importante es que ahora todo está calmado”, dice otro de los pobladores.

Aun así, en la comunidad hay dos preocupaciones: la posible inundación de la aldea, provocada por los canales de riego de las plantaciones de palma durante la temporada de lluvias y la proliferación de moscas en la zona. Según dicen, estas últimas surgen con el inicio de las lluvias y pican a las personas, pero sobre todo a los animales.

Las denuncias por la aparición de moscas en lugares cercanos a plantaciones Naturaceites no solo se han dado en Kaxlampom Pataxte sino en Alta Verapaz, departamento del norte de Guatemala en donde también opera la empresa.

Lee más | Década mortal: el 68 % de los asesinatos de defensores ambientales en los últimos 10 años se ha registrado en Latinoamérica

Palma que crece rodeada de moscas

En junio y julio de 2015, el MARN recibió dos denuncias contra Naturaceites por la proliferación de la mosca Stomoxys calcitrans, conocida como “mosca de los establos”.  Esta especie, que brota en desechos, se alimenta de la sangre de otros animales, comúnmente de vacas, lo que hace que bajen de peso y no produzcan leche.

Según las dos denuncias, las moscas provenían de cuatro fincas propiedad de Naturaceites: La Peñita, Yalcobe, Bocadilla y el Rosario. Las cuatro se encuentran en Chahal y Fray Bartolomé de las Casas, dos municipios de Alta Verapaz.

En la primera denuncia, un grupo de vecinos dijo que el ganado de la zona estaba siendo afectado por este insecto. En la segunda, señalaron que la mala utilización de raquis — abono obtenido de los desechos de la palma tras la extracción de aceite—  había generado una plaga que también atacaba al ganado.

Las denuncias incluían un estudio elaborado por el Centro Universitario del Norte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que concluyó que, efectivamente, se trataban de Stomoxys calcitrans.

En los dos casos, el MARN realizó una inspección en las fincas de Naturaceites. El informe señaló que no habían observado una presencia significativa de moscas y que dentro de la finca de producción de raquis no habían detectado un incremento de los insectos. Aun así, concluyó que no se podía descartar que el origen de la proliferación fuera este sitio.

“Se pudo verificar que —la empresa— cuenta con monitores de moscas”, se lee en el informe.

Vale la pena anotar que en Colombia, país que es el mayor productor de palma de la región, ya se ha estudiado la relación entre la proliferación de esta mosca y el raquis usado en los cultivos. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad estatal de ese país, determinó que “la utilización inadecuada del raquis (…) se puede constituir en un medio masivo de cultivo de la mosca hematófaga”.

En Guatemala, el MARN impuso multas contra Naturaceites, pero no por la proliferación de las moscas, sino porque se determinó que la empresa había empezado con la utilización de raquis y con la siembra de palma en una de sus fincas sin contar con un estudio de evaluación de impacto ambiental. En el primer expediente fue sancionada con 50 495 quetzales (6524 dólares) y en el segundo con 48,257 quetzales (6237 dólares).

“El no contar con los instrumentos ambientales implica no saber cómo ni cuántos de nuestros recursos naturales se están aprovechando y de qué forma. Con eso se corre el riesgo de sobreutilizar los recursos y provocar problemas graves como la escasez de los mismos”, explica el abogado ambientalista Juan Manuel de la Cruz.

El especialista añade que el Ministerio de Ambiente descubre que un proyecto no cuenta con instrumentos ambientales a partir de una denuncia de terceros, y no necesariamente porque haya sido un hallazgo de la Dirección de Cumplimiento Legal de la institución, que cuenta con un departamento de inspección. “La falta de recursos en el Ministerio podría explicar por qué razón el trabajo de esta unidad es más reactiva que preventiva”, afirma.

Para el abogado, las multas de 5000 quetzales a 100.000 quetzales (entre 645 y 14.000 dólares), que  la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente establece contra las empresas que incumplen con la entrega de instrumentos ambientales, son muy bajas. Eso, dice, explicaría por qué razón las empresas prefieren arriesgarse a pagar la multa que cumplir con este requisito. “En ese sentido, el costo y beneficio es fácil de considerar, es más viable pagar la multa”, afirma.

Lee más | «Sería un desastre, un genocidio en curso, la reelección de Bolsonaro» | ENTREVISTA

Los derrames son una constante

El derrame ocurrido en 2016 no fue el primero en el que la empresa Naturaceites fue señalada como responsable. Tres años antes, el MARN abrió un expediente contra la compañía por derramar aceite crudo en un río que desemboca en el lago Izabal.

En marzo de 2013, un camión cisterna de la empresa se volcó y derramó aceite sobre el río Mariscos, en El Estor. El derrame ocurrió a solo 230 metros del lago.

El camión provenía de la finca de cultivo Pataxte y transportaba el aceite crudo hacia Escuintla, donde Naturaceites cuenta con una refinería.

En sus reportes, el MARN indicó que la empresa había contratado a pobladores para que formaran una barda con lazos, sarán —una malla— y ninfas. Según la institución, con esto se evitó que el aceite avanzara hacia el lago. Además, los vecinos empezaron la recolección de aceite con “tambos y barriles”.

De acuerdo con el expediente, del cual esta alianza periodística tiene copia, Naturaceites también contrató a la empresa Control de Derrames Industriales S.A., para que limpiara la zona afectada. Esta compañía estableció que se derramaron 7000 galones de aceite en el río y detalló que había usado mangueras y bombas de succión para retirarlos.

El MARN aseguró que en su recorrido por el área no había observado ninguna mancha que hubiese traspasado la barrera formada por los pobladores. “Una de las ventajas para que el aceite no pasara al lago es que el río no tiene una corriente fuerte, es más agresiva la corriente del lago”, se lee en el reporte.

El Ministerio también señaló que no encontraron animales muertos. Sin embargo, no se registró que se hubieran hecho análisis del agua u otros recorridos posteriores. Únicamente se indicó que se continuaría monitoreando el área. Tampoco quedó consignado que se hubiera presentado alguna denuncia en el Ministerio Público. El MARN tampoco emitió una sanción económica o alguna medida reparadora.

El 24 de agosto de 2022, esta alianza periodística solicitó una entrevista con la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio, para saber por qué razón no se habían emitido sanciones económicas y preguntar si se habían realizado inspecciones posteriores en este caso y en el de Pataxte.

El equipo de comunicación requirió el envío de las preguntas que se realizarían, pero nunca se obtuvieron respuestas ni se concretó una fecha para la entrevista.

También se solicitó entrevista con representantes de Naturaceites. El 2 de septiembre de 2022, Lucy Poitán, de Punto 3, agencia de relaciones públicas de la empresa, solicitó que las preguntas fueran enviadas por escrito e informó que estas serían contestadas de la misma forma. Hasta la publicación del texto, las respuestas no llegaron.

Lee más | Las guardias indígenas toman fuerza en Ecuador para proteger y conservar sus territorios

Multas contra Naturaceites

El MARN tiene otros cinco expedientes contra Naturaceites. Todos son por haber puesto en marcha proyectos sin contar con instrumentos de evaluación ambiental.

La Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente establece que las empresas están obligadas a presentar este documento en el Ministerio antes de desarrollar proyectos que tendrán un impacto en el ambiente. De lo contrario deben pagar una multa de entre 5000 y 100.000 quetzales (entre 645 y 14.000 dólares).

En 2019, el Ministerio de Ambiente impuso una sanción económica de 5,072 quetzales (655 dólares) a Naturaceites por no contar con el estudio antes de empezar la producción de raquis en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas.

En esa misma área, Naturaceites también empezó a construir un tanque de combustible, un área para alimentación de sus pilotos de transporte pesado y un área residencial, sin contar con dicho estudio. Fue sancionada con 25.131 quetzales (3246 dólares) en 2015, en el primer caso; con 15.179 (1961 dólares) en 2016, en el segundo; y con 5105 (660 dólares),en el tercero del 2019.

El historial de falta de presentación de instrumentos de evaluación ambiental de Naturaceites es extenso. El primero de todos sus procesos se remonta a agosto de 2012 en Escuintla, donde había ampliado su zona de cultivo.

Inicialmente, el MARN indicó que no tenía el estudio, pero la Dirección Legal del Ministerio dijo posteriormente que sí. La institución concluyó que Naturaceites había manejado inadecuadamente sus aguas residuales, pero no se consignó ninguna sanción.

Lee más | Amenazas a la comunidad kakataibo de Puerto Nuevo: «El narcotráfico cada día está avanzando más»

El fuego

En noviembre de 2021, en la finca Chinebal, aldea en el sur de El Estor, a unos 20 kilómetros de Kaxlampom Pataxte, varias casas empezaron a arder.

En el lugar estaba Astrid Franco, delegada del Procurador de Derechos Humanos en Izabal. La funcionaria explica que ese día Selvin Díaz,  juez de paz, había  llegado al lugar para ejecutar una orden de desalojo en esa finca, que es propiedad de Naturaceites. Ella había asistido como observadora.

Los pobladores se habían asentado en terrenos de Naturaceites; tras la denuncia de la empresa, se ordenó su desalojo. Los conflictos por las tierras son una constante en El Estor. Otras aldeas como Las Nubes y la misma Playa Pataxte han mantenido una pugna con diversas empresas que operan en el municipio por los terrenos en los que están asentadas, ya que no existe un origen claro de la propiedad.

Franco asegura que, en este caso, un grupo de hombres de la comunidad recibió la notificación y luego se dispersó. Fue entonces que alguien empezó a desarmar las viviendas. La mayoría eran de madera. Algunas de esas, afirma Franco, empezaron a incendiarse. “Desde donde estábamos no vimos quién las empezó a quemar”, asegura.

Las personas que vivían en Chinebal, dice, se han asentado en los alrededores de la finca de la que fueron desalojados. La delegada asegura que su auxiliatura trasladó una denuncia por la quema de las viviendas a la Fiscalía de Puerto Barrios, Izabal, pero hasta ahora desconoce los resultados de la investigación.

En ​​la Fiscalía de Puerto Barrios, Paola Gómez, fiscal distrital, afirma que en su unidad no existe ningún caso por la quema de las casas. Lo mismo dice Karla Crooks, agente fiscal de la Fiscalía de Morales, que tiene a cargo las denuncias relacionadas con hechos ocurridos en El Estor. “No tengo conocimiento de ninguna denuncia relacionada con ese tema”, dice la funcionaria.

Crooks explica que el único caso del que tiene conocimiento es uno en contra de tres hombres que han sido acusados de usurpar terrenos en Chinebal, propiedad de Naturaceites. Uno de ellos es, Rey Chub Caal, declarado inocente en un juicio que enfrentó en el Tribunal de Sentencia Penal de Puerto Barrios. Los otros dos son Juan Pérez Cac y Juan Tzul, que todavía esperan el inicio del juicio en su contra.

Hoy hay silencio en la aldea en donde murieron cientos de peces y donde los conflictos por la titularidad de la tierra son una constante. Ese silencio también alcanza al Ministerio de Ambiente y la Fiscalía contra Delitos Ambientales. Ninguna de las instituciones responde por los nueve casos que ha enfrentado Naturaceites, ni por los daños que han supuesto contra el ambiente y los pobladores de la zona de influencia del lago Izabal.

*Imagen principal: La aldea Kaxlampom Pataxte, en El Estor. Fotografía: Carlos Alonzo.

___________________

*Tras las huellas de la palma es una investigación transfronteriza coordinada por Mongabay Latam en alianza con Agencia Ocote de Guatemala, La Barra Espaciadora de Ecuador, France 24 en español por Colombia y Contracorriente y Colectivo Linea 84 de Honduras. 

Edición general: Alexa Vélez, Antonio Paz, Thelma Gómez, María Isabel Torres. Coordinación periodística: Antonio Paz. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo, Yuli Santana, Karla Mendes, Carmen Quintela, José David López, Jennifer Ávila, Arelí Palomo Contreras, Roberto Chávez, María Clara Calle, Noelia Esquivel, Alexis Serrano Carmona y Diego Cazar. Reporteros: Antonio Paz, Karla Mendes, José David López, Carlos Alonzo, Arelí Palomo Contreras, Roberto Chávez, María Clara Calle, Noelia Esquivel y Alexis Serrano Carmona. Visualización de datos y diseño: Rocío Arias y Daniel Gómez. Audiencias y redes: Dalia Medina y Richard Romero.