La escalada de violencia provocada por disputas territoriales entre las comunidades indígenas y tradicionales y las empresas de aceite de palma se ha intensificado en los últimos meses en el noreste de la Amazonía brasileña.El 24 de septiembre, líderes comunitarios denunciaron el asesinato a disparos de una persona no indígena y dos indígenas Turiwara en el municipio de Acará, en el estado de Pará. A la mañana siguiente, el 25 de septiembre, se quemó la casa cultural de una aldea indígena.Una base de datos recopilada por esta alianza periodística revela que en los últimos 12 años solo se impusieron 44 multas a productores de aceite de palma en el país, tanto por parte de las autoridades federales como estatales. La mayoría de ellas fueron por deforestación y contaminación. Solo se han pagado tres. En el noreste de la Amazonía brasileña ha estallado una guerra por el aceite de palma. La escalada de violencia provocada por las disputas por la tierra entre las empresas dedicadas a este monocultivo, por un lado, y las comunidades indígenas y tradicionales, por el otro, se ha intensificado en los últimos meses en esta región que contribuye con la mayor parte de la producción de aceite de palma del país y también con la mayoría de las multas impuestas por deforestación, contaminación y otros delitos ambientales cometidos por esa industria. El 24 de septiembre, líderes comunitarios denunciaron el asesinato de una persona no indígena y dos indígenas Turiwara que fueron baleados en el municipio de Acará, en el estado de Pará. Las imágenes del momento del ataque han circulado por las redes sociales y en algunos videos es posible escuchar los disparos. Uno de los indígenas se encuentra hospitalizado y en estado grave luego de recibir un tiro en la cabeza y en el hombro derecho. “Yo fui uno de los que recibió los disparos, estoy en la ambulancia ahora mismo… casi nos matan, [escapamos] por la gracia de Dios”, dijo en un video justo después del ataque uno de los indígenas, al que la alianza periodística Tras las huellas de la palma no identifica por su seguridad. “Pedimos a todos que nos ayuden, por favor”. Los heridos son de la comunidad Ramal Braço Grande, situada entre los municipios de Tomé-Açu y Acará, una zona reclamada por los pueblos Turiwara y Tembé como su tierra ancestral. “Chica, ayúdenos. Sé que a cualquier hora, [en] cualquier momento, el próximo puedo ser yo por luchar por una comunidad, por luchar por [nuestro] pueblo”, nos dijo un líder indígena ese mismo día en un mensaje de audio. Nos abstenemos de publicar su nombre debido a la difícil situación de seguridad en esa zona. A la mañana siguiente, el 25 de septiembre, ese mismo líder indígena envió un video en el que se veía la casa cultural de la aldea de Braço Grande arrasada por el fuego. “Aquí está la prueba: la casa cultural destruida. Pedimos ayuda”, dijo en tono de angustia. “Esto sólo refleja lo que la empresa está planeando hacer con el pueblo Turiwara. Esto significa que está diciendo que si el pueblo Turiwara no deja de luchar por el medio ambiente, por los igarapés [arroyos], por las tierras, nos va a destruir uno por uno”, agregó. El líder le dijo a esta alianza que la comunidad había planeado reunirse en la casa cultural para coordinar sus acciones tras el último ataque. “Nos están bombardeando y, para completarlo, [ellos] entraron en nuestra comunidad ahora, dentro de nuestro pueblo, mientras nuestra gente estaba descansando después del día de miedo que tuvimos [ayer]… No aceptamos esto. Queremos justicia”. No son solo las comunidades indígenas las que señalan a las empresas de aceite de palma como responsables de la violencia. Las comunidades quilombolas, afrobrasileños descendientes de esclavos fugitivos, también han atribuido los ataques a los guardias de seguridad privados contratados por BBF, el mayor productor de aceite de palma de Brasil. La empresa niega las acusaciones. El 24 de septiembre, líderes comunitarios denunciaron el asesinato a disparos de una persona no indígena y dos indígenas Turiwara en el municipio de Acará, en el estado de Pará. Las comunidades atribuyen los ataques a los guardias de seguridad privados contratados por BBF, el mayor productor de aceite de palma de Brasil. La empresa niega las acusaciones. Imagen cortesía del pueblo Turiwara y de la Comunidad Quilombola de los municipios de Acará y Tomé-Açu. En una declaración enviada por correo electrónico, BBF nos dijo que “lamenta los actos de violencia denunciados y aclara firmemente que no tiene ninguna relación con lo sucedido”. La empresa aseguró que uno de los fusilados “es un delincuente persistente con varias rencillas con bandas locales y otras comunidades, y que recientemente fue detenido con munición de arma de fuego”. También indicó que emprendería acciones legales contra otro líder indígena “que ha intentado asociar calumniosamente el nombre de BBF con estos trágicos sucesos ocurridos esta mañana, apuntando a actos de terrorismo y vandalismo contra la empresa y sus empleados”. Más allá de las acusaciones de violencia, una base de datos elaborada por la alianza periodística también ha constatado que BBF es la empresa de aceite de palma con mayor número de multas por infracciones ambientales en Brasil, y estas corresponden a las sumas más altas impuestas por los organismos de control medioambiental. Lee más | ¿Amazonía en el punto de no retorno?: Brasil y Bolivia son los países con mayor deforestación y degradación de sus bosques La empresa de palma más sancionada en Brasil La base de datos muestra que los productores de aceite de palma en Brasil recibieron un total de 44 multas por parte de las autoridades federales y estatales en los últimos 12 años. Del total de sanciones registradas entre mayo de 2011 y noviembre de 2021, solo 20 revelaron los montos, que suman 1,37 millones de reales (unos 254.000 dólares). Sólo tres de estas multas se registraron como pagadas y varias de ellas no llevan ninguna información sobre los delitos ambientales cometidos. Durante este periodo, la mayoría de las multas registradas se impusieron por contaminación (16 casos) y deforestación (11 casos). Casi todas las sanciones, 41 de 44, se produjeron en el estado de Pará, donde se registraron nueve reclamaciones por deforestación. El estado de Roraima, considerado la nueva frontera del aceite de palma, fue responsable de las otras dos multas relacionadas con tala de bosque. Biopalma, empresa adquirida por BBF en 2020, tiene la multa más alta: 1,09 millones de reales (202.000 dólares) por destruir 217 hectáreas de vegetación autóctona en el municipio de Domingos do Capim, en Pará, en mayo de 2014, y sin contar con la licencia de las autoridades medioambientales. La multa no se pagó, según la base de datos del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA). BBF también tiene en su historial la segunda multa más alta — 25.000 reales (4.630 dólares) por deforestación— impuesta por el IBAMA en febrero de 2018, después de que la empresa talara 4,1 hectáreas de bosque nativo sin autorización en el municipio de São João da Baliza, en el estado de Roraima. En la misma fecha, la empresa recibió una tercera sanción, también por deforestación, en el mismo municipio. La multa de 10.000 reales (1.850 dólares) se describió como “extracción de mineral [arcilla] sin la debida autorización del organismo ambiental competente”. Vista aérea de una escuela completamente rodeada de plantaciones de palma aceitera en el municipio de Tomé-Açu, en el norteño estado amazónico de Pará, el 13 de noviembre de 2019. Imagen de Wilson Paz para Mongabay. En una respuesta por correo electrónico, BBF dijo que la sanción que llevó a la multa de 1,09 millones de reales comenzó antes de que adquiriera Biopalma en noviembre de 2020. “Desde entonces, BBF ha actuado constantemente en la aclaración y solución de este proceso”. La empresa señaló que aunque la notificación se registró el 28 de mayo de 2014, el proceso solo avanzó hasta el 8 de noviembre de 2018. BBF mencionó que, en ese momento, Biopalma había montado una defensa administrativa impugnando la multa y que ese proceso aún está pendiente de decisión en la oficina de IBAMA en Pará. En cuanto a la multa de 25.000 reales, la empresa aseguró que adquirió los predios de la zona el 29 de mayo de 2008 y que “había comprado la tierra precisamente porque ya tenía el 50 % de su superficie deforestada y disponible para el cultivo de palma”. Añadió que la superficie plantada abarca 3,3 hectáreas y no 4,1 hectáreas. “La empresa nunca ha alterado la vegetación autóctona”, escribió BBF y reiteró que solo siembra palma aceitera en áreas que ya están degradadas y que cumplen con las normas de zonificación para el cultivo de palma aceitera establecidas por el gobierno federal en 2010, conocidas como ZAE-Dendê. BBF aseguró que, a pesar de todo esto, pagó la multa el 22 de noviembre de 2018. Con respecto a la multa de 10.000 reales, la palmicultora aseguró que “recibió esta multa por la retirada de grava (arcilla/arena) sin la debida licencia ambiental en su momento”, pero que tras un aviso de infracción, pagó la multa y obtuvo la correspondiente licencia ambiental. La historia de infracciones no se limita a BBF y se repite con otras empresas. El IBAMA también multó a Palmaplan Agroindustrial Ltda. con 20.000 reales (3.700 dólares) — la tercera mayor multa por deforestación emitida por el organismo— en mayo de 2014 por desbrozar 3,05 hectáreas de vegetación nativa en un área protegida de Boa Vista, la capital del estado de Roraima, sin la debida licencia. El Departamento de Medio ambiente del estado de Pará, SEMAS, también emitió multas por infracciones, siendo la más alta por un valor de 36.441 reales (6.731 dólares) contra Marborges. El SEMAS no proporcionó ninguna información sobre la infracción.
