Palmaplan y Marborges no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La alianza periodística Tras las huellas de la palma envió inicialmente 37 solicitudes de información a las autoridades medioambientales de cinco estados que producen aceite de palma en Brasil. Recibimos respuestas a 26 de las solicitudes, pero todas ellas decían que no podían encontrar la información pertinente o se limitaban a enviar enlaces en donde se podía buscar la información. En consecuencia, todos los datos publicados en este reportaje se obtuvieron mediante una búsqueda en las páginas web de las autoridades medioambientales, a la que se les aplicó el debido tratamiento de datos para depurar la información.

Lee más | Brasil: la impunidad se instala sobre asesinatos de los defensores ambientales indígenas

Un conflicto “muy complejo”

La Policía Federal de Brasil y el Ministerio Público Federal (MPF) están investigando los crímenes de finales de septiembre en Acará y otros casos anteriores de violencia que se han intensificado en la región en los últimos meses, además de los presuntos delitos medioambientales cometidos por BBF.

James Miranda, jefe regional de la Oficina de Defensa Institucional de la Policía Federal, que se ocupa de los casos de conflictos indígenas, dijo que su oficina estaba “investigando de cerca” lo sucedido. Añadió que tanto su oficina como la Oficina de Delitos Medioambientales de la Policía Federal estaban llevando a cabo investigaciones, ya que las comunidades también han presentado denuncias de delitos contra el medioambiente. Pero los detalles de estas investigaciones siguen siendo confidenciales. “Todo se está investigando. [Pero] son cosas que no podemos detallar porque la investigación está en curso”, dijo Miranda.

Maquinaria de la empresa BBF destruida. La firma atribuye los crímenes a “grupo criminal que se autodenomina indígena y quilombolas" y afirma que el grupo "actúa con extrema violencia contra los trabajadores de la empresa y los residentes de las comunidades que la rodean”. Imagen cortesía de BBF.
Maquinaria de la empresa BBF destruida. La firma atribuye los crímenes a “grupo criminal que se autodenomina indígena y quilombolas” y afirma que el grupo “actúa con extrema violencia contra los trabajadores de la empresa y los residentes de las comunidades que la rodean”. Imagen cortesía de BBF.

Sin embargo, Miranda calificó todo como un conflicto “muy complejo”. “No es un simple conflicto indígena, [implica] varios factores”, le dijo a esta alianza periodística en una entrevista telefónica el día antes del ataque del 24 de septiembre en el municipio de Acará, en el estado de Pará. “A veces los tipos de delitos se mezclan. Por ejemplo, el delito medioambiental puede interferir en el conflicto indígena o viceversa”.

El Ministerio Público Federal le aseguró a este equipo periodístico que tiene al menos tres investigaciones abiertas contra BBF por presuntos delitos medioambientales, amenazas y uso de guardias de seguridad privados contra las comunidades.

Un reporte publicado el 26 de septiembre por la ONG Global Witness también denunció violaciones de los derechos humanos, incluidas amenazas de muerte y torturas contra los indígenas de la misma región. Gabriella Bianchini, vocera de Global Witness, visitó recientemente la zona y dijo que la situación allí es muy grave.

“Siendo muy honesta, la situación es mucho peor de lo que cualquiera puede imaginar”, aseguró en una entrevista en video el 21 de septiembre. “Obviamente, no hablo en nombre de las comunidades indígenas y tradicionales [pero lo que vimos] nos impactó mucho. Porque estábamos allí y las violaciones se producían a diario. Diariamente nos llegaba un miembro de una comunidad, un líder, reportando una forma de tortura, cualquier forma de amenaza, cualquier forma de humillación… nos impactó mucho lo que vimos”.

En un comunicado de prensa, el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), un grupo afiliado a la Iglesia Católica que aboga por los derechos de los indígenas, dijo que está siguiendo el caso, junto con la Orden de Abogados de Brasil (OAB), la sociedad de derechos humanos de Pará y la asociación de comunidades quilombolas de Pará.

Lee más | Crímenes impunes: los asesinatos de 50 líderes indígenas de la Amazonía de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú siguen esperando por justicia

Empeora la situación

 Los impactos socioambientales de las plantaciones de palma aceitera en la región amazónica se vienen produciendo desde hace una década y han sido denunciados por las comunidades indígenas, quilombolas y tradicionales vecinas a los cultivos de palma en el estado de Pará, que concentra el 90 % de la producción brasileña de este commodity.

El año pasado, Mongabay publicó una gran investigación en la que develaba los principales problemas provocados por los cultivos de palma aceitera en ese estado: deforestación, contaminación del agua y del suelo, escasez de peces y caza, junto con problemas sanitarios y conflictos sociales y territoriales.

Plantaciones de aceite de palma en el municipio de Tomé-Açu, en el norte del estado de Pará, en la región amazónica de Brasil, el 11 de noviembre de 2019. Imagen de Karla Mendes/Mongabay.
Plantaciones de aceite de palma en el municipio de Tomé-Açu, en el norte del estado de Pará, en la región amazónica de Brasil, el 11 de noviembre de 2019. Imagen de Karla Mendes/Mongabay.

En 2019, Mongabay fue a la región de Tomé-Açu, cerca de donde se produjo la reciente racha de violencia. En ese momento, se reportaron denuncias contra varias empresas de aceite de palma, se presenciaron acciones de protesta y la incautación de tractores, mientras las comunidades se esforzaban por ser escuchadas y luchaban por sus derechos.

Sin embargo, la violencia se intensificó en la región tras la venta de Biopalma a BBF en 2020, según afirman los líderes comunitarios y las autoridades, ya que, al parecer, los acuerdos previos entre Biopalma y las comunidades no se han respetado luego de esta fusión empresarial. También hay disputas por las tierras que reclaman ambas partes, agravadas por la inacción de Funai, la agencia de asuntos indígenas del país, para demarcar las tierras ancestrales.

En un comunicado, la Asociación Brasileña de Antropología (ABA) pidió una “investigación imparcial” de los crímenes y garantías de seguridad para la comunidad de Braço Grande. También instó a la Funai a tomar “medidas urgentes de regularización de tierras” para las áreas reclamadas por los indígenas Turiwara y Tembé, y al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INCRA) a concluir el proceso de regularización de los territorios quilombolas de Alto Acará Amarqualta y Nova Betel.

“Las tierras ocupadas por las comunidades fueron incorporadas ilegalmente por la empresa [BBF] a su patrimonio, ignorando los procesos de demarcación en curso de los territorios ocupados por las comunidades indígenas y quilombolas”, escribió la ABA. “Se ha deflagrado una ‘guerra del aceite de palma’, como llaman las comunidades a la situación”.

BBF rechazó las acusaciones, diciendo que el INCRA, la Funai y el Instituto de Tierras del Estado de Pará (Iterpa) ya declararon que “no hay superposición en las áreas que involucran a BBF, a los quilombolas y a las tierras indígenas”. Añadió que el INCRA y la Funai enviaron aclaraciones al departamento agrario del Tribunal de Justicia del estado de Pará el 17 de mayo y el 15 de agosto, respectivamente.

En un comunicado enviado por correo electrónico, el INCRA dijo que comenzó con los informes técnicos de identificación y delimitación de las comunidades quilombolas en Alto Acará y Tomé Açu en agosto y septiembre de 2022, añadiendo que, después de que estos concluyan, podrá proporcionar información precisa sobre el reclamo. Funai no respondió a las solicitudes de comentarios.

El año pasado, como informó Mongabay, BBF acordó pagar a cada comunidad 30.000 reales (unos 5.550 dólares) trimestrales durante tres años para financiar proyectos de desarrollo local, según comentaron los indígenas. “No es suficiente para nosotros, pero era lo que nos daban. Luchamos por más, pero fracasamos”, dijo en 2021 Urutaw Turiwar Tembé, jefe de la aldea indígena Yriwar, en la zona de Tomé-Açu. Pero ninguno de estos proyectos se ha completado hasta ahora y, según él, en lugar de pagar el importe trimestral, Biopalma sólo lo hacía anualmente.

Indígenas Turiwara en la casa cultural de la comunidad Ramal Braço Grande, situada entre los municipios de Tomé-Açu y Acará, una zona reclamada como su tierra ancestral en el estado de Pará, en Brasil. Imagen cortesía del pueblo Turiwara.
Indígenas Turiwara en la casa cultural de la comunidad Ramal Braço Grande, situada entre los municipios de Tomé-Açu y Acará, una zona reclamada como su tierra ancestral en el estado de Pará, en Brasil. Imagen cortesía del pueblo Turiwara.

Pero en los últimos meses la empresa ha dejado de pagarla por completo y no ha dialogado con las comunidades, dicen los líderes y las autoridades. En respuesta, los grupos indígenas han tomado posesión de partes de las plantaciones de la empresa y de su maquinaria, y han comenzado a vender la fruta de la palma aceitera, por lo que BBF les acusa de robo. De hecho, hay una demanda pendiente en el tribunal agrario, en la que el juez intenta buscar una conciliación.

En un comunicado el 24 de septiembre, BBF dijo que sus áreas “han sido tomadas por un grupo criminal que se autodenomina indígena y quilombolas, desde hace más de nueve meses”. Aseguró que el grupo “actúa con extrema violencia contra los trabajadores de la empresa y los residentes de las comunidades que la rodean, además de vandalizar la propiedad de BBF”, y que “el factor que motiva” estas acciones es “el robo de la fruta de las áreas de plantación de BBF y su venta a las empresas que reciben la fruta de la palma que operan en las regiones”.

En cuanto al pago, BBF dijo el 25 de septiembre que el acuerdo firmado por Biopalma con tres asociaciones que representan a las comunidades indígenas tradicionales en Pará “no implicó transferencias de efectivo, solo estructuración de proyectos”. La empresa le aseguró a esta alianza periodística que desde el momento en que tomó el control de Biopalma, en noviembre de 2020, continuaron con el acuerdo y en mayo de 2021 firmó la primera adenda que “contemplaba la inclusión de aportes económicos, dado que la prioridad de los indígenas había cambiado en ese momento”.

En agosto de 2021, BBF afirmó que se firmó otra adenda con un aumento mensual “para que los indígenas dejaran de obstruir e invadir las áreas de siembra de la empresa, lo que generaba riesgos para la integridad física de los trabajadores rurales e impedía la recolección de la fruta”. Sin embargo, según indica la compañía, este acuerdo de cooperación fue “rescindido unilateralmente por los indígenas en noviembre de 2021, en desacuerdo con BBF, porque el interés de los líderes indígenas ya no era mejorar para su comunidad”. De acuerdo con la compañía, “la venta ilegal de frutas se volvió altamente rentable, lo que parece estar contribuyendo al desinterés de los grupos mencionados en mantener el acuerdo”.

BBF aseguró que ya ha registrado más de 650 informes policiales “con pruebas materiales” acusando de delitos a las comunidades indígenas, incluyendo vídeos y fotos, pero no ha recibido ninguna respuesta de las autoridades de Pará para resolver el caso.

Líderes, autoridades y defensores dijeron a esta alianza periodística que están preocupados por consecuencias más graves a medida que los conflictos se intensifican.

“Lo que nos han dicho las comunidades es que hay una campaña de miedo, de amenazas contra las comunidades, para que se vayan [de la zona] y así BBF pueda dominar todo este territorio”, dijo Bianchini de Global Witness.

La Policía Federal de Brasil y el Ministerio Público Federal (MPF) están investigando los crímenes de finales de septiembre en Acará y otros casos anteriores de violencia que se han intensificado en la región en los últimos meses, además de los presuntos delitos medioambientales cometidos por BBF. Imagen cortesía del pueblo Turiwara.
La Policía Federal de Brasil y el Ministerio Público Federal (MPF) están investigando los crímenes de finales de septiembre en Acará y otros casos anteriores de violencia que se han intensificado en la región en los últimos meses, además de los presuntos delitos medioambientales cometidos por BBF. Imagen cortesía del pueblo Turiwara.

Uno de los políticos que supuestamente está alimentando la violencia contra las comunidades tradicionales en Pará es el diputado estatal Delegado Caveira, partidario del presidente Jair Bolsonaro y quien acaba de ser elegido diputado federal. En tres vídeos enviados a este equipo periodístico se observa a Caveira hablar con contundencia: “Donde no llega la justicia, tiene que llegar la pólvora”.

En los videos, el diputado enfatiza el objetivo de Bolsonaro de defender la propiedad privada. Refiriéndose específicamente al caso BBF, afirma que “el que tiene derecho es el que tiene la posesión” y “si esta finca fuera mía, hace tiempo que lo hubiera solucionado. Hubiera entrado y lo hubiera quemado [solucionado] con una bala”.

Caveira también instó al gobierno de Pará a enviar representantes de la Comisaría de Conflicto Agrario para “sacar a estos falsos indígenas” de las propiedades de BBF. “Están quemando máquinas, están sembrando el terror, están acabando con muchos empleos… El presidente de la república lo dejó muy claro: no aceptamos la invasión de tierras en Brasil”.

Hasta el momento de publicación de este reportaje Caveira no respondió a la solicitud de comentarios.

Así como en otras zonas, los conflictos son más intensos en las áreas con límites no definidos y en las zonas de transición, señaló Binachini de Global Witness. “Casi todas las personas con las que hablamos dijeron que se está enviando un mensaje: ‘Resuelvan estas cuestiones para fines de 2022, porque después no sabemos quién asumirá'”, dijo en referencia a las elecciones presidenciales de octubre en Brasil y la posible derrota del presidente Jair Bolsonaro. El mandatario ha dejado claro desde hace tiempo que está en contra de la demarcación de nuevos territorios indígenas, que es una de las pocas promesas de campaña que ha logrado cumplir desde que asumió el cargo en 2019.

“Esto le está preocupando mucho a la gente, porque si Bolsonaro pierde las elecciones, puede haber un aumento importante de la violencia para intentar sofocar de una vez por todas lo que está ocurriendo allí antes de que las instituciones vuelvan a actuar como deberían”, dijo Bianchini. “Da mucho miedo”, concluye.

*Imagen principal: Los líderes indígenas Uhu Tembé y Lúcio Tembé junto a los tractores incautados a la empresa de aceite de palma Biopalma. La maquinaria fue utilizada para derribar palmeras aceiteras a pocos metros de la Aldea Indígena Yriwar, en la Reserva Indígena Tembé, en Pará, el 11 de noviembre de 2019. Foto: Karla Mendes/Mongabay.

___________________

**Tras las huellas de la palma es una investigación transfronteriza coordinada por Mongabay Latam en alianza con Agencia Ocote de Guatemala, La Barra Espaciadora de Ecuador, France 24 en español por Colombia y Contracorriente y Colectivo Linea 84 de Honduras.

Edición general: Alexa Vélez, Antonio Paz, Thelma Gómez, María Isabel Torres. Coordinación periodística: Antonio Paz. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo, Yuli Santana, Karla Mendes, Carmen Quintela, José David López, Jennifer Ávila, Arelí Palomo Contreras, Roberto Chávez, María Clara Calle, Noelia Esquivel, Alexis Serrano Carmona y Diego Cazar. Reporteros: Antonio Paz, Karla Mendes, José David López, Carlos Alonzo, Arelí Palomo Contreras, Roberto Chávez, María Clara Calle, Noelia Esquivel y Alexis Serrano Carmona. Visualización de datos y diseño: Rocío Arias y Daniel Gómez. Audiencias y redes: Dalia Medina y Richard Romero.

Artículo publicado por Antonio
, , , , , , , , ,

, ,


Print button
PRINT