- El área ocupada por cultivos ilícitos de coca en Colombia pasó de 143 000 hectáreas en 2020 a 204 000 en 2021, la cifra más alta desde 2001, año en el que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) comenzó a documentar el tema.
- El incremento de hectáreas también se registró en los parques naturales, en donde el cultivo ilegal de la planta de coca aumentó en un 21 %. Las imágenes satelitales muestran que, para 2021, estos cultivos estaban presentes, por lo menos, en 14 parques de Colombia. Los parques naturales nacionales más afectados son Paramillo, Catatumbo Barí y Chiribiquete.
- Al menos 10 % de los cultivos ilícitos están en resguardos indígenas, con 20 100 hectáreas, ubicadas principalmente en Nariño, en el Pacífico colombiano.
- La implementación incompleta del acuerdo de paz, la dispersión de los grupos armados, el fracaso en la sustitución de cultivos, el incremento en el precio del dólar y la demanda global de cocaína son algunas de las posibles causas del incremento en el número de hectáreas sembradas con este plantío ilegal, de acuerdo con expertos consultados por Mongabay Latam.
En diciembre de 2018, cuando solo llevaba cuatro meses en la presidencia de Colombia, el exmandatario Iván Duque se comprometió a reducir los cultivos de coca. “No queremos un país inundado de coca porque deteriora el ambiente, siembra pobreza y crea corrupción en el territorio”, dijo. La promesa no se cumplió: su gobierno dejó a Colombia con alrededor de 204 000 hectáreas sembradas con este plantío ilegal, la cifra más alta en las últimas dos décadas, de acuerdo con el más reciente informe realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
En Colombia, desde 2001, la UNODC puso en marcha el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), el cual tiene como herramienta principal el uso de imágenes satelitales. Ese año se registró un total de 137 000 hectáreas sembradas con coca. Para 2021, se contabilizaron 204 000 hectáreas, lo que representa un crecimiento del 43 % si se compara con los datos del 2020.
Este incremento también se refleja en los parques naturales nacionales, en donde se documentaron 8749 hectáreas sembradas con coca, lo que representa el 4 % de todos los plantíos de coca en Colombia. En estas áreas naturales protegidas se registró un aumento del 21 % de la superficie sembrada con coca en comparación con el año 2020, cuando se reportaron 7214 hectáreas.
El PNN Paramillo, ubicado entre Córdoba y Antioquia, es el más afectado al tener 2099 hectáreas sembradas con coca, es decir el 24 % de todos los plantíos que se encuentran en áreas protegidas. Catatumbo Barí ocupó el segundo puesto con un incremento del 16 %, al tener 1745 hectáreas.
Expertos advierten que la alta presencia de cultivos ilícitos en áreas protegidas como los parques naturales puede generar un impacto indirecto en la pérdida de bosques. “Aunque la literatura dice que la coca no necesariamente es el motor de deforestación, lo cierto es que sí está en zonas cuya vocación debería ser la conservación (forestal). Es un factor indirecto porque permite la entrada de otras actividades que alimentan la deforestación. Un estudio reciente de Liliana Dávalos demuestra que las zonas con coca cultivada son 42 % más propensas a la deforestación”, destaca María Alejandra Vélez, economista y directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes. Además, los agroquímicos que se utilizan para la producción de la cocaína, menciona Vélez, contaminan el medioambiente, en especial los ríos.
El aumento en el área cultivada, tanto en parques nacionales como en el resto del país, responde a “varios factores, incluyendo el aumento de la demanda global de la cocaína. También la baja implementación de los acuerdos de paz”, explica Candice Welsch, directora regional de la UNODC para la región Andina y el Cono Sur. Otras posibles causas son la dispersión de los grupos armados, el fracaso de la sustitución de cultivos y la devaluación del peso colombiano frente al dólar, de acuerdo con expertos consultados por Mongabay Latam.
Cultivos en parques nacionales
El 52 % de los terrenos sembrados con coca en Colombia se ubican en zonas de manejo especial, como parques nacionales naturales, resguardos indígenas, tierras de las comunidades negras y reservas forestales de la Ley Segunda. “Viene ocurriendo desde hace más de 10 años. Los parques nacionales con más presencia de coca son Paramillo, Catatumbo Barí y el Nukak. Desde que hacemos el monitoreo, hemos detectado la presencia de coca en más de 25 áreas protegidas. Para 2021, tenemos 14 que aún lo presentan”, explica Germán Clavijo, coordinador regional del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la UNODC.
En 2021 también se registró un aumento del 18 % en la presencia de hoja de coca en las áreas de amortiguamiento de los parques naturales nacionales. “La coca es una más de las presiones que tienen las áreas protegidas. (El PNN) Chiribiquete se encuentra dentro de los nueve parques nacionales con más presencia de cultivos de coca y para este año hubo un aumento del 16 % respecto al año anterior”, destaca Clavijo.
El Chiribiquete, parque patrimonio de la humanidad de la UNESCO, tiene 22 hectáreas sembradas con coca. Esa área protegida se encuentra en la región Meta-Guaviare, parte del arco amazónico de deforestación.
En esta región, el informe de la UNODC muestra la gravedad de la situación en los PNN Sierra de la Macarena y Nukak. “El 82 % de la coca se encuentra en las zonas permanentemente afectadas, principalmente dentro del PNN Sierra de la Macarena, al norte del PNN Nukak (sector de Tomachipán) y en el municipio de Miraflores”, se lee en el documento. El PNN Nukak tiene 1249 hectáreas de coca y el PNN Sierra de la Macarena 1248.
Otras zonas de la Amazonía también registraron aumentos. La región Putumayo-Caquetá pasó de 22 000 en 2020 a 31 000 hectáreas en 2021, un aumento del 45 %, pese a que el Caquetá venía en una tendencia de descenso. En esta región la mayoría de cultivo se presenta hacia la frontera con Ecuador. Los departamentos de Guainía, Vaupés y el Amazonas —situados también en la Amazonía— tuvieron un aumento conjunto del 27 % al pasar de 119 a 151 hectáreas. A nivel nacional solo representa el 0.5 % del área total de coca.
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La expansión de la coca en reservas forestales
Otras zonas de importancia ambiental que también están siendo afectadas por el aumento de los cultivos de coca son las reservas forestales de La Ley Segunda, es decir bosques cuyas tierras no pueden venderse ni comprarse sin permiso de las autoridades en aras de la conservación de ecosistemas. En esos sitios se encuentra el 17 % de los plantíos de coca que hay en el país.
El informe de la UNODC también señala que el 10 % de estas plantaciones están dentro de los resguardos indígenas. “Llegamos a 20 100 hectáreas de cultivos de coca en los resguardos indígenas (un aumento del 69 % si se compara con las cifras de 2020). Los resguardos awá Inda Zabaleta (Tumaco, Nariño) y El Cedro-Las Peñas-La Brava-Pilví-La Pintada (Tumaco, Nariño) son los más afectados. El resguardo awá Gran Rosario (Tumaco, Nariño) es el tercero”, dice Germán Clavijo de SIMCI-UNODC.
En estas comunidades se ha presentado violencia recientemente. Es el caso del resguardo con más superficie sembrada con plantas de coca en el país, el Inda Zabaleta del pueblo awá, con 2091 hectáreas. Ahí tres comuneros fueron asesinados en julio de 2022; en octubre de este mismo año, asesinaron a otro líder indígena.
La región Pacífico de Colombia, en donde se encuentran los resguardos más afectados, es la que más plantíos de coca tiene: concentra 43 % con 89 000 hectáreas. “El Pacífico es la ruta más común de tráfico”, destaca Candice Welsch, directora regional de la UNODC para la región Andina y el Cono Sur. Eso, dice, puede ser una de las posibles causas del aumento de los cultivos en esa zona.
En el Pacífico se ha presentado la formación o rearme de disidencias de la guerrilla de las FARC, tras los incumplimientos a la implementación del acuerdo de Paz. Al menos 333 ex combatientes firmantes del acuerdo han sido asesinados, según el partido político Comunes, formado por los líderes reintegrados de las extintas FARC. Según el informe de la UNODC, como explicó Candice Welsch en El Espectador, hay 60 estructuras armadas relacionadas con el narcotráfico. De estas, 30 son disidencias de las FARC, 22 tienen un corte narcoparamilitar y ocho pertenecen a la guerrilla del ELN. Según el informe, esta dispersión de actores armados y la ocupación de territorios de las antiguas FARC pudo contribuir al aumento de los cultivos de coca.
Un 21 % de las plantaciones de coca —42 000 hectáreas— está en tierras de las comunidades negras, el tipo de zona de manejo especial con mayor afectación. En estas áreas se dio un aumento del 100 % respecto a las cifras de 2020. Sobresalen consejos comunitarios, como se denomina a los territorios de las comunidades negras, como Pro-Defensa del río Tapaje (El Charco, Nariño) con 6559 hectáreas; La Cordillera Occidental de Nariño y el sur del Cauca-Copdiconc con 4191 hectáreas; Alto Mira y Frontera (Tumaco, Nariño) con 4128 y río Satinga (norte de Nariño) con 2953.
“La concentración de los cultivos (en el país) está en tres departamentos: Nariño, Norte de Santander y el Putumayo. En estos había mucha tensión del gobierno sobre la erradicación forzosa, que puede ser algo muy eficaz a corto plazo, pero a largo plazo vimos que había resiembra”, explica Welsch, de la UNODC.
Las estrategias de eliminar la hoja de coca han tenido resultados poco estables o han sido acusadas de violaciones de derechos humanos. La erradicación manual forzosa bajó de 130 000 en 2020 a 103 000 hectáreas de coca en 2021. La aspersión aérea con glifosato está suspendida desde 2015, por orden de la Corte Constitucional, por posibles daños a la salud humana y al medio ambiente. El informe atribuye parte del incremento de la coca a la baja implementación del acuerdo de paz, que incluía políticas como la erradicación forzada y la sustitución de cultivos.
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La implementación del acuerdo de paz
Según el Instituto Kroc, que mide el avance del acuerdo de paz, hay un bajo nivel de ejecución. Tan solo se ha concluido el 2 % de las disposiciones referentes a la Reforma Rural Integral. Es decir, la titulación de tierras para campesinos, el estudio de la propiedad de la tierra con la actualización del catastro, el desarrollo de proyectos productivos como alternativa a los cultivos ilícitos, entre otras políticas públicas. Según la herramienta que mide el avance de la implementación del acuerdo, el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) se registra en promedio un avance superior al 50 %.
Distintos expertos señalan que el incumplimiento de las promesas del acuerdo de paz ha hecho que los campesinos hayan regresado o reforzado el cultivo de la coca. Entre esas promesas incumplidas estuvieron las contempladas en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que se comprometió con apoyar en alternativas productivas a los campesinos que erradicaran la planta.
De acuerdo con el especialista Luis Felipe Cruz, experto de la línea de política de drogas en el centro de estudio en Derecho Dejusticia, una de las barreras que evitó el avance de la sustitución fue el requisito de que los campesinos eliminaran sus cultivos de coca antes de ingresar al programa. “Se debería dejar de exigir que los cultivadores arranquen la mata de coca para poder entrar al programa de sustitución, porque se ha demostrado que eso genera inseguridad alimentaria para las familias”, señala Cruz.
El PNIS también es criticado por poner en riesgo a líderes sociales. “Lo que hemos documentado, particularmente Lucas Marín, es que en los municipios donde se firmaron acuerdos de sustitución se aumentó el asesinato de líderes sociales. Porque el PNIS no tuvo un componente de seguridad y generó un desequilibrio en los territorios, no llegaron los proyectos y los líderes quedaron como carne de cañón y se aumentó el asesinato”, menciona Vélez.
Según el informe de la UNODC, hay factores globales que también influyen en la tendencia de aumento de cultivos ilícitos. El primero es el aumento del precio del dólar. “La devaluación sostenida del peso colombiano durante varios años ha mejorado progresivamente las utilidades para los agentes del narcotráfico”, dice el informe. En 2021, el peso colombiano sufrió una devaluación del 16 % frente al dólar.
Un motor adicional para el aumento de la producción de cocaína y cultivos de coca, según la UNODC, pudo ser el incremento en la demanda de esta sustancia, que hoy cuenta con más de 21 millones de consumidores en el mundo.
Los especialistas de la UNODC además señalan que el incremento puede estar relacionado con una mayor productividad en sus zonas de cultivo y producción. “Están usando variedades diferentes (de coca) que producen más hojas. Tienen el uso de agroquímicos. También es importante la ubicación estratégica de estos enclaves productivos. La manera de sembrar, de cultivar. Es mucho más eficaz y productivo”, explica Welsch.
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¿Soluciones a la vista?
El 20 de octubre de 2022, el ministro de Justicia del gobierno de Gustavo Petro, Nestor Osuna, señaló que los resultados del informe de la UNODC demuestran que la guerra contra las drogas fracasó. “El 86 % de la coca lleva más de 10 años. Es decir, donde se ha hecho todo tipo de intervenciones y aún así la coca no se mueve de ahí. Como dijo el ministro Osuna, estos datos revelan la fallida guerra contra las drogas”, destaca Vélez.
Sin embargo, no es muy claro cuál será la estrategia del nuevo gobierno para cambiar la situación. “El espacio es limitado, cuando ya se ha probado todo. Ya el presidente dijo que se iba a mantener la erradicación forzada. Anunció que van a apoyar el proyecto de ley del partido Comunes, que hace un tratamiento diferencial o no penal al cultivador de coca. Pero no han dicho nada sobre cómo van a hacer el programa de sustitución”, complementa Vélez.
Otros anuncios no han sido aterrizados a políticas públicas. Por ejemplo, el de Petro de pagar a campesinos por la conservación de la selva —lo que se conoce como pago por servicios ambientales— a cambio de que dejen de sembrar coca. “Tiene buenas intenciones, pero puede salir mal. Esa propuesta no resuelve el tema de la tenencia de la tierra. No resuelve el modelo productivo. En el fondo lo que se quiere es que las personas no trabajen la tierra como lo vienen haciendo hasta ahora. Eso genera un conflicto con la cultura de los campesinos, que son agricultores o tienen vacas”, considera Luis Felipe Cruz, de la organización no gubernamental Dejusticia.
Respecto a la regulación de la cocaína, Cruz dice que “no es una solución mágica. No resuelve los problemas de Estado, de seguridad, de pobreza, desarrollo rural. No implica que se acabe el comercio ilegal, mientras exista un mercado internacional con incentivos como la tasa de cambio, con grandes rendimientos. Si quitáramos la coca, seguro se fortalecerían la minería ilegal de oro, el caucho, la deforestación, la praderización para la ganadería”, explica. “Se debe tener una estrategia para combatir el crimen organizado, de manera regional e internacional. No es solo un problema de Colombia”, destaca Welsch.
Hay casos que dan esperanza y muestran algunos caminos. De acuerdo con el informe de la UNODC, iniciativas comunitarias han facilitado la disminución del área de coca cultivada en algunas regiones. “En Vichada se han implementado diferentes estrategias económicas lícitas como la consolidación del Triángulo del Cacao, actividad que se ha convertido en una esperanza de legalidad para las personas que dependían de los cultivos”, dice el informe. “Se han creado oportunidades legales”, subraya Welsch.
*Imagen principal: El Parque Nacional Natural Paramillo es el más afectado por la presencia de cultivos de coca. Foto: Agencia Prensa Rural vía Flickr (CC BY-NC-ND 2.0).
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