- Entre 2012 y 2021, 27 comunidades indígenas del Putumayo fueron multadas por infracciones vinculadas al tráfico ilegal de madera, pese a que muchas de ellas señalan que no fueron las responsables de la acción.
- Fuentes de fiscalía aseguran que el Putumayo está “plagado de tramitadores” que llegan hasta las comunidades nativas y movilizan madera con permisos adulterados involucrando bajo engaño a los líderes.
El líder indígena de una de las comunidades del río Putumayo, que en plena Amazonía marca la frontera entre Perú y Colombia, tiene en su teléfono las cinco coordenadas de los lugares en donde la patrulla forestal de su comunidad ha encontrado árboles tumbados al interior de su territorio, en lo que va del 2022.
Mientras muestra las fotografías en la pantalla de su celular, el líder enumera las especies derribadas: “Este es marupa, este es moena, este es tornillo”, señala que son árboles talados ilegalmente por madereros que lo mantienen a él y a otros comuneros amenazados. “Nosotros como dirigentes de nuestras comunidades nos exponemos a todo. En cualquier momento tendremos que ofrendar la vida”, dice.
Un equipo periodístico de Mongabay Latam se embarcó en una avioneta para llegar al Putumayo, la única manera de acceder a este apartado lugar de la selva. Allí, navegó durante más de una hora por un estrecho caño —canal natural del río—, hasta llegar a una trocha en medio del bosque que la patrulla forestal, conformada por indígenas que vigilan su territorio, descubrió hace tiempo atrás. “La abrieron los madereros”, asegura uno de los comuneros que nos acompaña. No hace falta caminar mucho para ver, en vivo y en directo, a medio aserrar y tirado en el suelo, el primero de los troncos que aparece en las fotografías del dirigente.
Como esta comunidad, todas las del Putumayo tienen problemas de tala ilegal, aseguran los líderes indígenas de la zona. Eso no es todo. Sus testimonios, más los recogidos entre otros comuneros, investigadores, organizaciones no gubernamentales (ONG) y fuentes de fiscalía coinciden en que muchas de las comunidades del Putumayo han sido engañadas por empresarios madereros con los que establecieron acuerdos y que utilizaron sus planes de manejo para blanquear la madera que fue extraída ilegalmente de otros lugares. La consecuencia: comunidades que han sido sancionadas con multas de miles de dólares.
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Comunidades multadas
Hace 10 años, la comunidad de Tres Esquinas, ubicada en la provincia de Putumayo, fue víctima de una estafa, asegura Fredy Ferreyra, responsable de la gestión del paisaje Putumayo en el Instituto del Bien Común, organización que trabaja con comunidades indígenas de Perú.
Ferreyra explica que, sin saberlo, la comunidad se involucró en un caso de tráfico de madera por lo que fue multada con 12 000 dólares. Hoy, una década después, Tres Esquinas todavía está en proceso de saldar esa deuda.
En 2012, una empresa maderera de Iquitos, la ciudad más grande de la Amazonía peruana, llegó hasta Tres Esquinas para ofrecerle a los comuneros tramitar un plan de manejo con el cuál pudieran explotar parte de su bosque. El trato, recuerda Wilmer González, cacique de la comunidad, era que ellos luego le venderían a la empresa la madera extraída.
Los problemas comenzaron cuando, ya hecha la explotación, la empresa encontró excusas para no pagar lo pactado. “Teníamos el acuerdo de que ellos nos iban a comprar, pero a última hora nos dijeron que no costaba mucho la madera y simplemente no pagaron”, dice González. Lo que no sabía el cacique en ese momento era que ese problema, en realidad, sería el menor de sus males. Tres Esquinas se estaba involucrando en el tráfico de madera.
La historia de esta comunidad es la de muchas otras a lo largo y ancho de toda la Amazonía y el mecanismo con el que son engañadas ha sido ya ampliamente expuesto por diferentes medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.
Una investigación de Mongabay Latam publicada en 2019 daba cuenta de que la cadena de infracciones para comercializar la madera como si fuera legal que se extrae ilícitamente de los bosques de la Amazonía peruana comienza con el plan de manejo.
Se trata de un documento que los titulares de un territorio, por ejemplo una comunidad indígena, deben tener para poder explotar legalmente el bosque. En concreto, un plan de manejo establece cómo y cuánta madera se extraerá para asegurar que no haya daños ambientales e incluso detalla con coordenadas cuáles son los árboles autorizados para talar.
El tipo de plan de manejo y sus exigencias varía dependiendo de la cantidad de árboles que se desean aprovechar, explica Frank Rivero, especialista forestal del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética, ONG dedicada a combatir la corrupción en el país. En varios de los casos, agrega Rivero, la ley establece que un funcionario acreditado por el Estado, llamado regente forestal, es quien elaborará los planes de manejo.
El mecanismo, que según diversas fuentes consultadas continúa siendo un patrón que se repite en la Amazonía peruana, consiste en utilizar estos planes de manejo para hacer creer que los árboles transportados y comercializados son los que están autorizados cuando, en realidad, han sido extraídos de bosques prohibidos.
Fredy Ferreyra, del Instituto del Bien Común, asegura que frecuentemente el engaño sale a la luz cuando el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) realiza la inspección en terreno. Al llegar, la autoridad confirma que los árboles que supuestamente fueron extraídos continúan en pie o incluso detecta, en cierto casos, que en las coordenadas donde según el plan de manejo hay un árbol aprovechable, este nunca existió.
En este sistema fraudulento, la figura del regente forestal es clave. De hecho, la investigación de Mongabay Latam realizada en 2019 reveló que durante nueve años, 1237 planes de manejo con información falsa fueron firmados por 130 regentes forestales para burlar la ley.
Quienes resultan más perjudicados son las comunidades indígenas puesto que, según confirma el fiscal Alberto Yusen Caraza, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Loreto, “los Apus (caciques o líderes) no se enteran de que están traficando con esa guía, con esa autorización que sacaron desde la comunidad”, y luego “tienen todas estas multas que a veces son impagables por ellos”.
Eso fue, justamente, lo que denunció Wilmer Gonzáles en el caso de Tres Esquinas. “Nos engañaron porque no teníamos conocimiento”, indica.
El plan de manejo de esta comunidad, que había sido tramitado por una empresa maderera de Iquitos y firmado por el regente forestal Roldan Pinedo Ríos —quien fue sancionado con la suspensión definitiva de su permiso—, autorizaba la extracción de más de mil metros cúbicos de la especie lupuna, correspondientes a 36 árboles.
Según se lee en la resolución directoral emitida por el OSINFOR, considerando que se había movilizado casi la totalidad de los metros cúbicos autorizados, “en el terreno tendrían que haber estado los tocones de los individuos aprovechados. Sin embargo, durante la supervisión se encontraron 23 individuos (árboles) en pie, 12 en tocón y 1 que no existe según las coordenadas UTM consignadas”. Con ello, el OSINFOR concluyó que la madera que había sido movilizada no correspondía a la autorizada en el plan de manejo y que ese documento había sido utilizado para hacerla pasar como madera legal, es decir, para blanquearla. Como resultado, la comunidad fue multada con 9.42 UIT, equivalentes a unos 34 000 soles de la época (12 000 dólares al cambio de 2013).
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Declaraciones de Manejo sin terceros responsables
“El Putumayo está plagado de tramitadores de acá de la zona de Iquitos que llegan hasta las comunidades nativas y proceden a hacer los trámites correspondientes para movilizar esta madera que proviene de un lugar donde no hay autorización o en un volumen no justificado”, dice el fiscal Caraza.
La dificultad para demostrar que las comunidades son víctimas de una estafa se vuelve aún más difícil cuando el tipo de plan de manejo tramitado es una Declaración de Manejo para el Aprovechamiento de Productos Forestales Maderables (DEMA).
Este tipo de planes de manejo se estableció para facilitar la obtención de permisos para el aprovechamiento forestal conducido directamente por el titular, en pequeñas áreas o de solo unos pocos árboles, que no generen impactos ambientales significativos, explica Rivero de Proética. En esa lógica es que, según precisa la legislación forestal y de fauna silvestre, las DEMA no requieren ser suscritas por un regente forestal.
El problema, dice Rivero, es que “al no haber un profesional responsable de la veracidad de la información y de la implementación de las actividades de aprovechamiento forestal, es más fácil que las DEMA sean utilizadas para el transporte y comercialización de madera ilegal, con la complicidad de funcionarios forestales corruptos”.
Aunque en la práctica las comunidades nativas continúan haciendo tratos con empresarios maderos para el aprovechamiento forestal bajo la modalidad de DEMA, la diferencia, esta vez, es que en la documentación ya no figura el regente forestal, tampoco el empresario maderero, sino la comunidad nativa como única responsable. De ese modo, asegura el experto, en el caso de que la DEMA sea utilizada para traficar madera ilegal, la comunidad nativa figurará como única culpable.
Un dato no menor es que “según la información del observatorio del OSINFOR, el 94 % de las alertas emitidas desde el año 2020 hasta la actualidad por casos graves relacionados al tráfico de madera ilegal en todo el país, corresponden a DEMA”, asegura Rivero, y la mayoría son de la región de Loreto.
En lo que a la provincia de Putumayo se refiere, 27 comunidades indígenas fueron multadas por el Osinfor entre 2012 y 2021, algunas de ellas más de una vez, por infracciones vinculadas al tráfico ilegal de madera, según información publicada en la página web del observatorio de ese organismo. De ellas, 20 contaban con una DEMA.
“Ellos (los madereros) hablan bonito, porque el que quiere algo te enamora, y al final salimos tomando decisiones a favor de ellos”, dice Nicolás Tehio, cacique de la comunidad Remanso.
Mongabay Latam envió preguntas al Serfor para saber qué se está haciendo para evitar que las DEMA sean utilizadas para blanquear madera ilegal y que las comunidades sean engañadas en el proceso, sin embargo, hasta la publicación de este artículo el organismo no envió respuestas.
En opinión de Christopher Jarrett, antropólogo del Museo Field de Historia Natural de Chicago, quien desde hace años investiga las dinámicas socioecológicas en el Putumayo, “la presencia del Estado ha sido mínima” y “no hay un acompañamiento real para que las comunidades puedan trabajar bien dentro de ese esquema (las DEMA)”. Eso, según el experto, hace que las comunidades “se vean expuestas a que los habilitadores empiecen a actuar en su nombre y a sacar madera de diferentes partes perjudicándolas con multas y con la pérdida de bosque en sus territorios comunales y en otras partes cercanas”.
Y es que “el Putumayo es una zona bastante alejada de la Amazonía peruana y es muy oneroso llegar hasta allá. Es muy costoso que el Estado tenga una presencia propia y que pueda realizar un control específico de todo lo que está ocurriendo”, explica el fiscal Caraza. La falta de presupuesto también demora las acciones judiciales. Así, aunque existen casos en el Putumayo que están en proceso de investigación, hasta ahora “no tenemos una sentencia firme”, dijo el fiscal.
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La ruta de la madera
La extracción de árboles en el Putumayo es selectiva, es decir que “no se ven grandes parches de deforestación como en otras zonas”, asegura Corine Vriesendorp, directora del programa Andes-Amazonas del Museo Field de Historia Natural de Chicago. Esto hace que la selva aquí aún persista densa; tanto que incluso Vriesendorp, quien ha estudiado la zona durante los últimos 20 años, sostiene que se trata de uno de los lugares mejor conservados de la Amazonía. El problema, no obstante, es que “la montaña se va quedando sin árboles grandes”, dice Wilmer González, el cacique de Tres Esquinas. “La lupuna, el seibo que le dicen en Colombia, son los palos más grandes que hay acá en el Putumayo”, cuenta, y gracias a ellos “antes había un desnivel de montaña”, pero tras su extracción, “ahora todo es un solo nivel, parejo”, explica el dirigente.
Antes de que se creara el Parque Nacional Yaguas, que al sur del río Putumayo protege desde el 2018 casi 8700 hectáreas de bosque, “todito el cedro se llevaban por el río Yaguas y el río Algodón para Colombia”, dice Fernando Alvarado, el presidente de la Federación indígena del Bajo Putumayo (FECOIBAP).
Esa situación, que coincide con todas las versiones de los más de 10 caciques y comuneros entrevistados, también fue informada en su momento por la Marina de Guerra del Perú cuando en 2016 encontró taladores y mineros ilegales en la zona.
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Perú (Sernanp) también registró en ese tiempo la presencia de taladores ilegales en Yaguas. Según consignó Mongabay Latam en un artículo de 2017, en los expedientes del Sernanp se especificaba que grupos de entre cinco a siete personas se internaban entre cuatro a seis meses para talar especies maderables altamente cotizadas como el cedro.
Además, el Sernanp señalaba en los expedientes que los taladores eran liderados por “patrones colombianos” que contrataban a personas de las comunidades y luego se llevaban la madera para comercializarla en los puertos del lado colombiano. “Por esa situación es que tomamos la decisión de que sea parque el río Yaguas, porque ya no se podía soportar que la gente estaba terminando la madera”, cuenta González.
Tras la creación del área protegida, si bien las amenazas descendieron en esa importante zona de la Amazonía, siguen presentes en los alrededores.
Por otro lado, las dinámicas del tráfico de madera cambiaron al igual que las rutas. “Antes de que se creara el Parque Nacional Yaguas eran los colombianos los que tenían el negocio de la madera y empleaban a los peruanos”, dice Alvarado, el presidente de FECOIBAP, pero “ahora son los peruanos los que sacan la madera de Perú y también de Colombia”, agrega.
Diversas fuentes de la zona sostienen que actualmente la madera se transporta por el río Putumayo hasta llegar al río Amazonas, en Brasil, a través del cual vuelve a entrar a Perú y se desembarca en Iquitos. “Toda la madera que está saliendo con DEMA está saliendo para Perú”, dicen los testimonios recogidos en la zona. “Hay unas chatas que vienen trayendo víveres, artículos de primera necesidad; vacían todo y embarcan madera. Pasa por Colombia, Brasil y llega a Iquitos. Como tiene documentos, aunque sean falsos, pasa”, asegura un dirigente del Putumayo.
Para atender de manera transfronteriza el problema de la tala ilegal y el tráfico de madera, en agosto de este año se creó la Mesa Forestal Regional Fronteriza entre Perú y Colombia. Para Alonso Córdova, especialista de Bosques y Asuntos Indígenas de WWF-Perú, dicha mesa tendrá el reto de “diseñar, con base en los acuerdos binacionales y regionales ya existentes, estrategias inteligentes”, que además consideren las limitaciones tanto a nivel técnico como presupuestario, “a fin de evitar planes muy bien diseñados, pero que finalmente serían inviables ejecutarlos”.
*Imagen principal: Árboles talados en forma ilegal en el territorio de las comunidades cercanas al río Putumayo. Foto: Michelle Carrere.
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