- En el departamento del Putumayo, Colombia, el pueblo Inga, descendiente de los Incas, hace todo lo posible por evitar que multinacionales concreten sus planes de extraer cobre y molibdeno de sus montañas sagradas ubicadas en la cuenca alta del río Mocoa, lugar en donde también hay una reserva forestal protectora nacional.
- Por las afectaciones ambientales que causaría la minería, varias decisiones judiciales y administrativas les han dado la razón a las comunidades indígenas y campesinas, en su larga lucha de poco más de dos décadas en contra del proyecto minero que ahora busca realizar una empresa canadiense.
- La construcción de paneles solares y generadores de energía eólica requiere de metales como los que existen en las tierras de los Inga de Condagua, especialmente el cobre. Con ese pretexto, las mineras han justificado la necesidad de explotarlas.
No es un nombre étnico. Condagua es la suma de dos palabras que representan bien al pueblo indígena que habita en las montañas del Putumayo: Cond, vocablo de origen quechua, trae el recuerdo de muchas familias de cóndores que, según cuentan los abuelos, sobrevolaban y vivían en esas tierras; y aqua, palabra en latín traída por los españoles que enaltece la variedad de fuentes hídricas que allí existen y que los ingas veneran como tesoro preciado porque para ellos es vida.
Los cóndores ya no se ven, pero en cualquier extremo del resguardo indígena de Condagua se escuchan las quebradas que se abren paso entre el suelo y la montaña. “Los ríos y cascadas son el seno de la madre tierra del que nosotros, sus hijos, nos prendemos cuando estamos sedientos”, relata Zoraida Chindoy, lideresa ambiental e indígena de la comunidad.
Una de las semillas que representan al pueblo Inga —la Pouteria caimito—, y que usan en sus cantos y rituales sagrados, imita el sonido de un río fluyendo. Para mantener eso, es que hoy luchan. Desde hace ya varios años temen que el agua, su fuente de vida, desaparezca ante la posible extracción de cobre y molibdeno, metales cuya presencia se identificó hace cuatro décadas en el interior de sus montañas sagradas y que desde hace 24 años han pretendido extraer varias multinacionales. Hasta hoy, las autoridades indígenas, con ayuda de líderes campesinos y funcionarios elegidos popularmente, han logrado frenar el avance de los proyectos mineros, pero el peligro sigue latente.
Dueños ancestrales de las tierras
En las primeras décadas del siglo XVI, durante la tercera expansión Inca, las montañas del sur de Colombia se poblaron de indígenas enviados para ampliar el imperio. Bajo la figura de mitimak o mitimaes, expedicionarios militares llegaron por el Ecuador a poblar lo que hoy son los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo, según relatan Antonia Agreda, Pastora Chasoy y Agustín Agreda, indígenas ingas en el libro Preparando el pensamiento para tejer el saber del pueblo Inga.
Los Ingas son los descendientes de esos pobladores ancestrales del sur del país que para 2018, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) eran cerca de 20 000 personas, pero hoy la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) calcula en 15.450. El Gobierno Nacional reporta 21 resguardos de esta etnia en Colombia y de ellos 14 en Putumayo, entre los cuales se cuenta el de Condagua que se ubica a unos 30 minutos en motocicleta desde Mocoa, la capital del departamento.
“Condagua fue fundado legalmente en 1912 por el abuelo Bonifacio Barreto. Antes, como en 1700, estaba ubicado en la población de Santa Marta, pasando el río Caquetá, pero una enfermedad por la que estaban muriendo muchos niños apareció en la comunidad y los abuelos decidieron pasar el río para intentar protegernos. Como vieron que aquí había cacería y que había muchas plantas medicinales, trasladaron el asentamiento para acá”, narra de memoria la lideresa Chindoy.
El resguardo Condagua fue constituido oficialmente en 1993, sobre un predio conocido como La Esperanza, de tan solo 227 hectáreas, pero en 2006 logró aumentar su extensión a 2518 hectáreas y así es reconocido de manera oficial. Sin embargo, la comunidad ha mantenido su lucha para que el Estado les reconozca un territorio más amplio.
“Antes todo tenía su señalamiento con los mojones naturales. Decíamos de tal quebrada a tal quebrada va nuestra tierra y pasa por tal cordillera. Y una prueba de que muchos lugares antes nos pertenecían y no quedaron registrados en los documentos del gobierno es que hoy siguen manteniendo sus nombres en nuestra lengua materna: chaquizcapeña, oyanayaco o balza, por ejemplo”, explica Ramiro Silvino Chindoy, gobernador y máxima autoridad indígena y espiritual del resguardo.
En 1982, Ingeominas, entidad que en ese momento era la encargada de realizar el estudio de los recursos naturales y los riesgos de origen geológico en Colombia, descubrió el yacimiento más grande de cobre y molibdeno en el país, en el departamento del Putumayo, justo en las tierras que en Condagua consideran sagradas.
Aunque no están registradas dentro de los límites legales del resguardo, los indígenas argumentan que se trata de un corredor ancestral que deben recorrer para conseguir las plantas que usan en su medicina tradicional, frutos para sus rituales y elementos espirituales. En esas tierras siembran y pescan, actividades que combinan con la tradición de tejer en los telares de guanga, en red y anudados.
En esas mismas montañas se encuentra el páramo Doña Juana-Chimayoy, en donde nacen los ríos Caquetá, Cascabel, Mocoa, Putumayo, Juanambú, Mayo, Sambingo y San Jorge. Además, según la resolución que delimita el páramo, de él se desprenden 1140 afluentes superficiales y alberga 56 lagunas que los indígenas consideran sagradas y atraviesan su territorio, ese que, aseguran, sus ancestros les heredaron.
Ignorando las peticiones de las autoridades indígenas, en 2006 el gobierno entregó títulos mineros que autorizan estudios, trabajos y obras de exploración y extracción de minerales sobre estas tierras que se traslapan con las zonas que los ingas consideran sagradas. Desde ese momento, estos documentos han pasado por varias manos, todas extranjeras.
La primera en tramitar y obtener la autorización fue la empresa británica Anglo American y luego pasó a manos de la sudafricana Anglogold Ashanti y la canadiense B2Gold. La compañía que hoy es dueña de esos títulos es la canadiense Libero Copper, registrada en Colombia como Libero Cobre que, desde 2018, tiene presencia en el Putumayo y es acusada de causar conflictos en las comunidades cercanas al área de extracción, incluida la del resguardo inga de Condagua.
Minería a cielo abierto: incertidumbre que causa miedo
En el informe que entregó Ingeominas en 1982, la entidad aseguró que después de analizar los resultados de los estudios fueron seleccionadas tres alternativas de explotación para obtener los minerales en Mocoa: subterránea, a cielo abierto y combinada (cielo abierto y subterránea).
Sin embargo, en una ficha técnica del 13 de abril de 2021, que se encuentra en la página web de la Agencia Nacional de Minería (ANM) se describe este proyecto como una mina a cielo abierto. Esto preocupa a los indígenas y a los campesinos de la zona, por los impactos ambientales y culturales que un proyecto de este tipo podría generar.
No es solo el temor por los cambios visuales del paisaje, explican los voceros de la comunidad, sino también por los posibles daños en las fuentes de agua cercanas a la extracción y el desplazamiento o desaparición de la flora y fauna nativa. Y no es para menos, la plataforma de contenido científico Science Direct, que reúne material de cerca de 3500 revistas científicas, tiene un repositorio de artículos académicos solamente para detallar este tipo de impactos.
Cañón del Mandiyaco, en el Río Caquetá, uno de los afluentes cercanos al Resguardo de Condagua que los indígenas temen se vea afectado por la actividad minera. Fotos: Natalia Pedraza Bravo.
Si a eso se suman los datos históricos de las consecuencias medioambientales causadas por las compañías que extraen cobre en el mundo por medio de minas a cielo abierto, los temores de la comunidad parecen justificados. Por ejemplo, los desechos dejados por la extracción del cobre han causado estragos en la Amazonía brasilera, así como en Chile, en donde afectaron la vida marina. Mongabay también ha documentado las afectaciones que ha dejado la minería de cobre y oro en las selvas de Papua Nueva Guinea.
La empresa Libero Cobre defiende el proceso de extracción que pretende hacer en el territorio de Condagua. La directora de relaciones corporativas, Thiana Álvarez, asegura que la compañía buscará implementar una minería diferente en Colombia: “Allá en el Putumayo se tiene que plantear una minería verde, subterránea, con las mejores prácticas. Por eso, desde el principio queremos tener en cuenta, no solo el conocimiento científico, sino también el ancestral y local. Porque, ¿quién conoce mejor la zona que los pobladores? Además, en Mocoa no existen títulos para gran minería, nuestros títulos son todos para mediana minería”.
La diferencia entre la gran y mediana minería radica en el número de trabajadores, así como en la capacidad máxima de producción diaria del material a extraer y de toneladas de procesamiento anual. Lo que quiere decir, según lo que explica Álvarez y los estándares de la Agencia Nacional de Minería, que la extracción que Libero Cobre planea hacer en el Putumayo, no podrá tener más de 249 trabajadores, no producirá más de 4400 toneladas diarias de material primario ni superará el rango de 8000 a 200 000 toneladas de procesamiento de cobre anual.