En julio de 2022, el abogado Ipenza participó de otro sobrevuelo al río Cotuhé. Según cuenta, en este último recorrido no vio evidencias de minería ilegal: “Ya no había ninguna draga. No sé si estaban ocultas, porque hemos tratado de ver todo el borde, seguir la secuencia del río, pero no hemos encontrado ninguna”.

Esta ausencia de dragas podría estar ligada a una sofisticación de los mineros ilegales. Una fuente local, que por motivos de seguridad pide la protección de su nombre, señala que los operativos contra la minería ilegal efectuados en el río Cotuhé no han logrado cambiar la situación. “Los peruanos van a hacer un súper operativo con helicópteros: no agarran a nadie porque en menos de media hora los escuchan, agarran sus lanchas, se cruzan y ya está. Y si van del lado colombiano, se meten al lado peruano, es la misma historia”, precisa.

Los grupos que se disputan el dominio de los negocios ilegales en la frontera del Cotuhé están identificados desde enero de 2021. Ese año la Defensoría del Pueblo en Colombia emitió una alerta temprana advirtiendo el riesgo compartido por las comunidades fronterizas en el departamento de Putumayo y los municipios y asentamientos de Amazonas. Se trata, por un lado, de una facción disidente del ‘Frente Primero’ de las extintas Farc-EP, ahora denominada ‘Frente Carolina Ramírez’. Por otro lado, de un grupo delictivo antes denominado ‘Sinaloa-La mafia’, ahora rebautizado como ‘Comandos de la Frontera’. La presencia de estos grupos fue confirmada también por fuentes de seguridad y autoridades peruanas en un reportaje publicado recientemente por Mongabay Latam.

Del lado colombiano, las afectaciones por el orden público en esta zona afectan principalmente a un resguardo indígena, delimitado por el río Putumayo al norte, la frontera con Perú al occidente y atravesando el Cotuhé al sur. Nombrado por las aguas que lo surcan, este resguardo se denomina Ríos Cotuhé y Putumayo, y su población pertenece principalmente al pueblo indígena tikuna. Contiene un área no municipalizada llamada Tarapacá.

Un trabajador del área de influencia del río Cotuhé, que por motivos de seguridad pide la protección de su nombre, aseguró que existen dos hitos para comprender la aparición y establecimiento de estructuras ilegales en la región. El primero, la firma del Acuerdo de Paz del Estado colombiano con las Farc-EP, después de la cual iniciaron en el territorio nuevas dinámicas de violencia: “Después de que se firman los Acuerdos de Paz, estas zonas de frontera empiezan a aparecer dentro de los intereses de la ilegalidad, de las mafias. Empiezan a llegar algunos actores que no estaban presentes o, que si habían tenido alguna aparición hacía algunos años, era muy esporádica, porque no había ningún interés. Empiezan a aparecer sobre la cuenca del Cotuhé dragas y balsas en un número importante”. En respuesta a una solicitud de información, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) reconoció que en el área protegida Amacayacu hay una alteración de orden público por la presencia de grupos armados en el río Cotuhé y el río Putumayo.

Esta lectura del funcionario concuerda con lo registrado por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en el informe “Coca, violencia y resistencia: los flujos del conflicto en el Putumayo 2016 – 2022”, que aborda las dinámicas de reorganización del conflicto a partir de la firma del Acuerdo.

Explicando la lógica de confrontación política que aún existe entre estos grupos, el informe consigna el nacimiento del ‘Frente Carolina Ramírez’, aliado de las disidencias comandadas por el fallecido exjefe guerrillero ‘Gentil Duarte’, mientras que los llamados ‘Comandos de la Frontera’, nombre que unifica numerosas estructuras criminales y disidencias, se reconocen bajo la línea de la ‘Segunda Marquetalia’ en cabeza de ‘Iván Márquez’.

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Según el informe de Pares, ‘Comandos de Frontera’ recluta niños, niñas y adolescentes ofreciendo un salario de dos millones de pesos (aproximadamente 415 dólares) mensuales, además de entregar motos y fusiles como dotación inicial. Este es un estímulo poderoso en un departamento como Amazonas, que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) padeció en 2021 un 25,7 % de pobreza multidimensional.

Otro hito observado por la fuente bajo reserva fue la expulsión de los actores ilegales del río Yaguas: “Encontramos que, coincidencialmente, antes de que se produjera el desplazamiento intenso de dragas para el Cotuhé, del lado peruano de la frontera se crea el Parque Nacional Yaguas. Sobre ese río se llevaba a cabo de una manera importante la actividad minera ilegal. Cuando la Armada del Perú los saca a ellos, ellos se pasan para el Putumayo y de este pasan para el Cotuhé”.

Balsas móviles para huir de la justicia

En 2019, mientras se reportaba el uso de pequedragas en ríos de Perú, el Instituto Sinchi de Colombia exponía también la existencia de estos armazones para el año 2016, “cuya tecnología de fabricación y ensamblaje ha evolucionado en función de las necesidades de ocultamiento y evasión, propias de una actividad ilegal”.

Como reporta el informe, a diferencia de las dragas convencionales, la balsa se sostiene en una base móvil equipada con un techo, hamacas para el personal y maquinaria de extracción que consta de un motor con mangueras acopladas para succionar el lecho del río. Un diseño ligero con el que “en caso de persecución, los mineros pueden hundir las balsas y proteger las partes más valiosas y, si es posible, pueden regresar para recuperarlas”.

El personal requerido para el trabajo en la balsa consta de 7 u 8 personas, divididas en las funciones de administrador, buzo, manguerero, motorista y cocinera, que se aventuran en labores de 22 días conocidas como “mandadas”. Cada una de estas ‘mandadas’ arrojaba en promedio una productividad de entre 25 y 60 gramos de oro para 2019, año en que el precio del gramo de oro en Colombia cerró en $160 077 (33 dólares a noviembre de 2022). Al día de hoy, el mismo peso de este metal se cotiza en $269 383 (56.5 dólares a noviembre de 2022).

El estudio del Instituto Sinchi evidencia que los trabajadores de las balsas son el eslabón más débil en la cadena de comercialización del oro ilegal en la Amazonia colombiana, pues las grandes ganancias las reciben comerciantes de Leticia y Tarapacá en el departamento de Amazonas y de Puerto Asís en el departamento de Putumayo.

Según datos de la fundación Gaia Amazonas, Colombia es el cuarto mayor exportador de oro de Sudamérica, que a su vez aporta el 4 % del mercado global. La minería junto con la industria petrolera y la apertura de vías están ejerciendo una presión sobre al menos el 28 % del área de la Amazonía colombiana, de acuerdo con cifras de dicha organización.

La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), que monitorea satelitalmente delitos ambientales como la deforestación y la minería ilegal en toda la Amazonía, georreferenció en un mapa la presencia de al menos 29 dragas mineras operando en el río Cotuhé entre el 2013 y 2016. Crédito: RAISG.
La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), que monitorea satelitalmente delitos ambientales como la deforestación y la minería ilegal en toda la Amazonía, georreferenció en un mapa la presencia de al menos 29 dragas mineras operando en el río Cotuhé entre el 2013 y 2016. Crédito: RAISG.

El oro obtenido a través de minería ilegal en ríos amazónicos como el Cotuhé representa un inmenso impacto ambiental. Los sedimentos sustraídos por las mangueras de las balsas mineras, conocidas en la región como pequedragas, se lavan en un contenedor al que se agrega mercurio para capturar como piedra el oro hasta entonces suspendido en polvo. Después, el agua contaminada se vierte de regreso al río, contaminando a su vez a los peces y a quienes los consumen.

En tierra colombiana, los márgenes del Cotuhé y sus afluentes son el hogar de al menos cinco caseríos, constituidos casi por completo por miembros de comunidades indígenas. Nada más entrar en el país, el río encuentra sobre la frontera con Perú al poblado de Buenos Aires, pasa junto a Caña Brava, Nueva Unión y Santa Lucía, regando con un brazo el poblado de Pupuña. En los peces del río se encuentra la fuente principal de proteína en la dieta de sus habitantes.

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Las víctimas del mercurio

El mercurio que se utiliza en estas extracciones ilegales de oro en Sudamérica sigue una ruta que, de acuerdo con la organización de la sociedad civil Gaia Amazonas, inicia con exportaciones que van de Europa a México y luego a Bolivia. Las exportaciones de mercurio de México a Bolivia pasaron de 24 a 138 toneladas cuando Perú restringió sus importaciones del metal en 2015 tras adherirse al Convenio de Minamata. Según Gaia, el excedente de mercurio en Bolivia es distribuido en los demás países de la región como Colombia, para actividades de minería ilegal. En Colombia y Perú, el mercurio entra como contrabando, ya que ambos países restringieron su importación.

Lo grave de todo esto es el efecto que tiene este metal pesado en la salud de las poblaciones indígenas y locales.

Tres científicos de la Universidad de Cartagena llevaron a su laboratorio 190 muestras de cabello tras visitar a los pobladores de la villa de Tarapacá, en las riberas colombianas del río Cotuhé. El propósito: analizar la carga de mercurio; un metal pesado y tóxico con efectos adversos para la salud humana como “temblores, insomnio, pérdida de memoria, efectos neuromusculares, cefalea o disfunciones cognitivas y motoras”, según la OMS.

En el estudio, realizado con las nueve comunidades del resguardo indígena Ríos Cotuhé y Putumayo y publicado en noviembre de 2019, los investigadores encontraron algo más que alarmante: los microgramos de mercurio presentes en las muestras oscilaban entre 5 y 16, según el caserío.

Según la Organización Mundial de la salud (OMS) y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA), los microgramos de mercurio en el cabello de un ser humano deberían oscilar entre 1 o 2 en condiciones normales. Pero entre las muestras analizadas en el estudio, incluso el nivel más bajo, registrado en la población de Pupuña, aparecía 1 microgramo por encima del límite admisible señalado por la OMS.

 

Concentración de mercurio en las muestras tomadas de poblados amazónicos colombianos. Las letras del eje horizontal son las iniciales de los asentamientos estudiados (Puerto Ticuna, Puerto Huila, Puerto Nuevo, Ventura, Santa Lucía, Nueva Unión, Caña Brava, Pupuña y Buenos Aires). Las seis barras de la derecha representan poblaciones con incidencia del río Cotuhé. Fuente: Estudio de Alcalá, Caballero y Olivero, 2019.
Concentración de mercurio en las muestras tomadas de poblados amazónicos colombianos. Las letras del eje horizontal son las iniciales de los asentamientos estudiados (Puerto Ticuna, Puerto Huila, Puerto Nuevo, Ventura, Santa Lucía, Nueva Unión, Caña Brava, Pupuña y Buenos Aires). Las seis barras de la derecha representan poblaciones con incidencia del río Cotuhé. Fuente: Estudio de Alcalá, Caballero y Olivero, 2019.

 

Según sugiere el estudio, la contaminación por mercurio en estas poblaciones indígenas está estrechamente ligada al consumo de peces de los ríos Cotuhé y Putumayo, donde la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) reportó en 2021 un alto grado de evidencias de explotación de oro de aluvión (Evoa). Esta actividad ilícita, dada su rentabilidad, ahora tiene participación de grupos criminales antes dedicados exclusivamente al narcotráfico.

Densidad media de Evoa en el ríos amazónicos, siendo amarillo muy baja y rojo muy alta, Cotuhé. Fuente: Unodc.
Densidad media de Evoa en el ríos amazónicos, siendo amarillo muy baja y rojo muy alta, Cotuhé. Fuente: UNODC.

Los posibles impactos de la contaminación por mercurio en la población que habita cerca de las orillas del río Cotuhé, se sumaría a una extensa historia de vulneración de derechos que llevó a la Corte Constitucional de Colombia a declarar a los pueblos indígenas como sujetos de especial protección.

 

Densidad media de Evoa en el río Cotuhé. Fuente: Unodc
Densidad media de Evoa en el río Cotuhé. Fuente: UNODC.

 

En 2018, las organizaciones indígenas PANI, CIMTAR, ACIYA y ACIYAVA colaboraron con Parques Nacionales Naturales para evaluar la probabilidad de efectos neurológicos adversos (Pena) en sus poblaciones a raíz de la alta concentración de mercurio. Los resultados demostraron que los valores de referencia se excedían entre 93 % y 100 %, exponiendo a estas comunidades a graves peligros de salud, aún no cuantificados.

Carlos Garay, representante de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), le dijo a Mongabay Latam que han encontrado “múltiples dificultades en la atención a la salud de los pueblos indígenas de frontera” y que existen problemas para comunicarse, porque “no hay una fuente de telefonía que garantice una buena comunicación para que las comunidades interlocuten con las organizaciones nacionales, con sus mismos dirigentes y que permitan, pues, poner en conocimiento los hechos y acontecimientos que ocurren en sus territorios”.

Como en el resto del continente, la minería ilegal amenaza la riqueza ambiental de la región. Una investigación del FMNH en 2019 encontró un estimado de 3000 especies botánicas entre árboles, arbustos, lianas y helechos. En cuanto a fauna, registraron 84 especies de anfibios, 47 de reptiles, 150 de peces, aproximadamente 346 de aves y 49 de mamíferos medianos y grandes amenazados como el jaguar y el puma.

Aunque la Fiscalía colombiana reporta 203 personas procesadas a nivel nacional —entre estas, 80 han sido condenadas y 58 están en juicio— durante la última década por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y la Fuerza Aérea colombiana reporta la destrucción de dragas sobre el río Cotuhé, el fenómeno no parece decrecer. No hay un reporte sistematizado de los impactos de estas operaciones, o la relación entre el número de equipos incautados y destruidos con la reducción del fenómeno de minería ilegal en la zona.

En marzo de este año, el entonces Ministro de Defensa Diego Molano anunció una inversión de 10 mil millones de pesos (aproximadamente 2 098 891 dólares a noviembre de 2022) para fortalecer las bases militares de La Pedrera y Tarapacá. El pasado 27 de octubre, el Ministerio de Defensa del nuevo Gobierno anunció la destrucción de 7 dragas.


Expertos que trabajan en la zona aducen que la deficiente presencia del Estado obliga a los pobladores a tratar con los miembros de los grupos criminales, quienes terminan imponiendo el control territorial. En la Amazonía colombiana, los territorios de explotación o intención de explotación minera legal e ilegal se traslapan en un 72 % con territorios indígenas, de acuerdo con datos de la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro.

“Para permanecer en territorio nos ha tocado a las comunidades interlocutar con estos grupos y saber convivir también con ellos”, explica Carlos Garay de la OPIAC. “La escasez de presencia del Estado en los territorios indígenas, pues es impactante. Nosotros, las autoridades indígenas, reconocemos también que no es la mejor manera. No es que seamos cómplices, no es que seamos colaboradores, no es que pertenezcamos a ellos; sino que nos toca mirar estrategias para que los compañeros permanezcan en su territorio y puedan ejercer su autonomía”, concluye.

*Imagen principal: En el lado colombiano del río Cotuhé, en plena frontera con Perú, operan dragas diseñadas para extraer oro del fondo del río con total impunidad. Crédito: Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los impactos de la Minería de Oro.

Nota de editor: La cifra que publicamos inicialmente sobre el número de dragas que operan en el río Cotuhé fue modificada tras recibir información de funcionarios, instituciones y organizaciones que han estado presentes en la zona. El número de dragas que figura ahora tiene como fuentes al Ejército colombiano, a la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) y un funcionario público que pidió la protección de su nombre.

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*Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes. 

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Artículo publicado por David Tarazona
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