En la frontera entre Colombia y Venezuela, a pocos kilómetros del departamento del Guainía, la minería ilegal sacude la economía de la región, mientras devasta el medio ambiente. La ausencia estatal es evidente. *Esta investigación es parte de una alianza periodística entre Vorágine y Mongabay Latam. Basta que Juana* hable de los trabajos que hacía en las minas ilegales del cerro Yapacana para que en su semblante aparezca de pronto una expresión de nostalgia. Eran tiempos de abundancia para ella, de prosperidad, según cuenta. Plata nunca le faltaba. “No como ahora que ando sin un peso”, dice sentada a la salida de un bar de mala muerte en Inírida, en el departamento del Guainía. Juana lleva cuatro meses trabajando como aseadora en un negocio, intentando reunir la plata que necesita para volver a Yapacana, un parque natural en territorio venezolano (estado de Amazonas) que está a menos de 200 kilómetros de la frontera con Colombia. Desde el cerro Mavicure, una formación rocosa de 170 metros de altura que queda del lado colombiano a orillas del río Inírida, se alcanza a apreciar en toda su dimensión la montaña casi rectangular de Yapacana. De allí extraen el metal los grupos armados. Unos 400 000 pesos colombianos libres (cerca de $80 USD) y cuatro horas de trayecto por el río Orinoco requeriría Juana para llegar a esa especie de zona de “distensión” en la que trabajan de la mano la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y la Guardia venezolana, según un informe del Ejército colombiano al que tuvimos acceso. Estamos hablando del extremo oriente colombiano. Quien vaya para el cerro Yapacana desde Colombia debe atravesar la Estrella Fluvial de Inírida, un lugar donde convergen los ríos Guaviare, Atabapo e Inírida. Allí se forma una especie de cruz de agua que termina desembocando en las aguas del Orinoco, un río que kilómetros más adelante abraza al cerro Yapacana. Que esta montaña esté tan cerca de la línea fronteriza con Guainía hace que todo lo que allí ocurra impacte en las dinámicas económicas y sociales de Inírida, un municipio de 31 000 habitantes y 17 000 kilómetros cuadrados, que entre otras limitantes cuenta con una muy precaria gobernabilidad en temas de seguridad. El Estado en la zona a veces pareciera ser letra muerta para contener las acciones de los grupos armados. Ningún vocero ni secretario del departamento del Guainía quiso dar declaraciones a Vorágine y Mongabay Latam sobre la minería ilegal que avanza sin control en la frontera. “Ningún área se atreve a hablar del caso, todos saben que la minería ilegal se da así, en Venezuela”, dijeron desde la oficina de comunicaciones de la Alcaldía de Inírida. Migrantes venezolanos, pobladores indígenas colombianos de distintas etnias del sur del país y forasteros se van a la mina a conseguir plata y solo vuelven meses después, asegura Juana, mientras muestra varias fotografías del lugar en las que se aprecia una ciudadela construida en tablas cubiertas con lonas. Allí podrían vivir más de 7000 personas, dicen sus cálculos. ¿Cuál es el impacto de la minería ilegal y la violencia en esta frontera olvidada que comparten Colombia y Venezuela?