La mina de oro en la que trabajan de la mano Eln, disidencias y la Guardia venezolana

• En la frontera entre Colombia y Venezuela, a pocos kilómetros del departamento del Guainía, la minería ilegal sacude la economía de la región, mientras devasta el medio ambiente. La ausencia estatal es evidente.

Basta que Juana* hable de los trabajos que hacía en las minas ilegales del cerro Yapacana para que en su semblante aparezca de pronto una expresión de nostalgia. Eran tiempos de abundancia para ella, de prosperidad, según cuenta. Plata nunca le faltaba. “No como ahora que ando sin un peso”, dice sentada a la salida de un bar de mala muerte en Inírida, en el departamento del Guainía.

Juana lleva cuatro meses trabajando como aseadora en un negocio, intentando reunir la plata que necesita para volver a Yapacana, un parque natural en territorio venezolano (estado de Amazonas) que está a menos de 200 kilómetros de la frontera con Colombia. Desde el cerro Mavicure, una formación rocosa de 170 metros de altura que queda del lado colombiano a orillas del río Inírida, se alcanza a apreciar en toda su dimensión la montaña casi rectangular de Yapacana. De allí extraen el metal los grupos armados. Unos 400 000 pesos colombianos libres (cerca de $80 USD) y cuatro horas de trayecto por el río Orinoco requeriría Juana para llegar a esa especie de zona de “distensión” en la que trabajan de la mano la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y la Guardia venezolana, según un informe del Ejército colombiano al que tuvimos acceso.

Estamos hablando del extremo oriente colombiano. Quien vaya para el cerro Yapacana desde Colombia debe atravesar la Estrella Fluvial de Inírida, un lugar donde convergen los ríos Guaviare, Atabapo e Inírida. Allí se forma una especie de cruz de agua que termina desembocando en las aguas del Orinoco, un río que kilómetros más adelante abraza al cerro Yapacana.

Que esta montaña esté tan cerca de la línea fronteriza con Guainía hace que todo lo que allí ocurra impacte en las dinámicas económicas y sociales de Inírida, un municipio de 31 000 habitantes y 17 000 kilómetros cuadrados, que entre otras limitantes cuenta con una muy precaria gobernabilidad en temas de seguridad. El Estado en la zona a veces pareciera ser letra muerta para contener las acciones de los grupos armados. Ningún vocero ni secretario del departamento del Guainía quiso dar declaraciones a Vorágine y Mongabay Latam sobre la minería ilegal que avanza sin control en la frontera. “Ningún área se atreve a hablar del caso, todos saben que la minería ilegal se da así, en Venezuela”, dijeron desde la oficina de comunicaciones de la Alcaldía de Inírida.

Migrantes venezolanos, pobladores indígenas colombianos de distintas etnias del sur del país y forasteros se van a la mina a conseguir plata y solo vuelven meses después, asegura Juana, mientras muestra varias fotografías del lugar en las que se aprecia una ciudadela construida en tablas cubiertas con lonas. Allí podrían vivir más de 7000 personas, dicen sus cálculos.

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El “paraíso” de la ilegalidad

Según testigos y fotografías suministradas, en los alrededores del cerro Yapacana hay billares improvisados, restaurantes, heladerías, prostíbulos, tiendas de abarrotes y hasta clínicas o lugares donde se cuidan bebés. Y todo ocurre bajo el estricto control del Eln y las disidencias de las Farc. Según varios testigos que hablaron con esta alianza periodística, hombres de la Guardia venezolana van cada semana a recoger una especie de “vacuna” (soborno o cupo) en oro y dinero. Con esa garantía la explotación sigue su curso sin contratiempos. Yapacana es un “paraíso” de la ilegalidad que tiene a Colombia como el territorio en el que los mineros vienen a gastarse el dinero y a conseguir insumos, maquinaria y las materias primas que necesitan para el trabajo en las explotaciones.

Vorágine y Mongabay Latam se comunicaron con el Ejército de Colombia para conocer de acciones que se hayan llevado a cabo en el último año en contra de la minería ilegal en esta parte de la frontera. Según la oficina de comunicaciones, “en esta zona específica del país (Guainía, frontera con Venezuela) no existen actualmente operaciones en desarrollo (…), pero existen otras posibilidades en otros lugares del país”. Líneas más adelante agregaron: “De la mano del Ejército Nacional existen otras instituciones que dedican sus esfuerzos para contrarrestar el flagelo”. Desde mediados de octubre de 2022 también solicitamos información a la Policía Nacional, específicamente a través de la oficina de atención a prensa, pero no hubo ninguna respuesta.

El Ejército colombiano, sin embargo, sí conoce lo que ocurre con los grupos armados y las autoridades de Venezuela en Yapacana. Un informe oficial al que tuvieron acceso Vorágine y Mongabay Latam confirma que los límites entre ambos países es controlado por Gener García Molina, alias ‘John 40’, un ‘vieja guardia’ de las Farc que se hizo rico con el negocio del narcotráfico y que hoy lidera el frente Acacio Medina de las disidencias de las Farc. En el documento se menciona que existe un acuerdo entre este grupo y “las Fuerzas Militares de Venezuela para coordinar actividades delictivas en el sector La 40 de la mina Yapacana”.

No es un secreto en la región que el Eln y las disidencias de las Farc actúan en Guainía de forma coordinada: no hay una guerra entre ellos, como sí ocurre en otras regiones del interior de Colombia. El 19 de octubre de 2021, un camión del Ejército en el que se desplazaba un grupo de soldados por las calles de Inírida fue atacado con una granada. Se trató de una acción terrorista que dejó dos uniformados muertos y nueve más heridos. Un día después, el brigadier general Mauricio Jose Zabala, comandante de la octava División del Ejército, declaró que detrás del atentado estaban estas dos organizaciones ilegales que en Guainía pareciera que fueran una sola.

 

 

Este departamento se ha convertido en una zona de expansión de varios grupos de las disidencias. Una investigación de Insight Crime menciona que ‘John 40’ era aliado en Colombia de la estructura primera de las disidencias, tal vez la más grande de esta organización en número de hombres y armamento. Esta última es comandada por alias ‘Iván Mordisco’, el cabecilla que el expresidente Iván Duque dio por muerto cuando en realidad continuaba delinquiendo.

La estructura primera nació en Guaviare hacia 2016 y poco a poco se fue extendiendo hacia el sur del Meta, y más adelante a Vaupés. Guainía apareció en el mapa como el mejor camino para transitar hacia Venezuela. Fue justamente en este departamento donde las Fuerzas Militares de Colombia ejecutaron en agosto de 2021 un bombardeo que dio con la muerte de alias ‘El Mono Ferney’, el supuesto segundo hombre de las disidencias de ‘Mordisco’.

En este juego de ajedrez, ‘John 40’ también aparece como aliado de la llamada Segunda Marquetalia, facción comandada por alias ‘Iván Márquez’, disidencia que en Colombia está enfrentada con los grupos de ‘Mordisco’. A mediados del año pasado, ‘John 40’ apareció en un video junto a ‘Márquez’, quien también se resguarda en Venezuela y está en negociaciones con el gobierno de Colombia en la llamada paz total. Estas disputas y alianzas complejizan el panorama en un país en el que el negocio del oro ilegal ha convertido a este territorio en un botín y lugar estratégico para las finanzas de los grupos armados disidentes, unas arcas que se reparten con el frente Jose Daniel Pérez del Eln.

 

 

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La danza de los millones

Una organización venezolana llamada SOS Orinoco dio a conocer en 2020 las dimensiones de la minería ilegal en Yapacana. Según su informe, para ese año se estaban explotando en cercanías de este cerro un total de 2035 hectáreas, algo así como 1884 canchas de fútbol, según se ve en imágenes satelitales. El documento también pone en evidencia que esta actividad se desarrolla con complicidad de las autoridades venezolanas.

“Ya todo el pueblo venezolano lo sabe, no hacen falta pruebas para culparlos. Sabemos cuál es el gran negocio porque todos los días me llaman para decirme que se están llevando el oro, diamante y coltán a territorio colombiano en vehículos de la Guardia Nacional, SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas). Todo eso está confirmado, pero nadie actúa”, le dijo a SOS Orinoco Romel Guzamana, diputado venezolano del estado Amazonas en la Asamblea Nacional.

Los grupos armados en la frontera llevan años obteniendo millonarias ganancias de las minas. El dinero fluye en la región como si se tratara de las más estridentes épocas de bonanza. Un documento de Inteligencia de las Fuerzas Militares citado por el diario El Tiempo dice que entre 2021 y junio de 2022 las organizaciones ilegales hicieron transacciones en Guainía por 70 mil millones de pesos (cerca de $13 millones USD). “Los investigadores tienen el radar puesto en el departamento donde afirman, se  han registrado fuertes movimientos financieros de estos grupos armados organizados. De hecho, el informe dice que desde el 2014 ‘se han transado en Inírida cerca de 112 mil millones de pesos’”, reseña la nota de prensa. Y eso solo se refiere a dinero que dejó alguna huella. El problema es que en la zona el oro sale de la mina y luego lo llevan a Villavicencio y Bogotá para “legalizarlo”. En el informe de la Fuerza Pública conocido por esta alianza periodística está reseñado que integrantes de las organizaciones ilegales comercializan el oro en Inírida para luego sacarlo a estas dos ciudades colombianas. Según estos documentos, de allá, a su vez, llegan a la zona repuestos para la maquinaria que usan en Yapacana.

¿Cuánto puede ganar un obrero yendo a trabajar a las minas de Yapacana? Juana dice que todo depende del rol que juegue la persona en el negocio. “Si trabajas en un local de comercio, ahí te pagan como un sueldo normal, estamos hablando de 2 millones de pesos mensuales ($400 USD), que vendrían siendo unos 11 o 12 gramos de oro, pero si trabajas en la mina, o sea, sacando el oro de los filones, ganas por porcentaje”, dice.

 

 

Un gramo de oro lo tasan en Yapacana a 180 000 pesos aproximadamente (unos $35 USD). Según Juana, hay compañeros suyos que han llegado a ganar más de 30 millones de pesos en un  mes. “Si la máquina no saca ni una raya de oro se supone que no te van a pagar nada, pero si la máquina o el sitio donde estás invirtiendo saca 100 kilos de oro, se supone que vienen quedando como 200 gramos para cada uno de los miembros de la cuadrilla, depende de los trabajadores que sean. De ahí se sacan los gastos de gasolina, comida. Y lo que queda se reparte entre el dueño de la máquina y los trabajadores”.

A plena luz del día, máquinas van abriendo huecos en los filones. Una avanzada de obreros y obreras llegan para excavar o picar piedra. Otros se dedican a lavar, unos más a cargar la gasolina, y así con cada actividad. De memoria, esta mujer que estuvo dos años enclaustrada en Yapacana enumera algunas de las minas que bordean el cerro:  “Eso es grandísimo, son trochas. Está la mina La 40, El Puerto, Mina Nueva, Caño Piedra, Cacique, Mendesaque, Caño Carne, La 24, Jerusalén, Fibral, Monterrey, Caño Jabón, Caño Diablo, Caño Grande, Caño Caimán, La Cocina, Maraya y varias más”, cuenta. El oro no solo lo extraen de las rocas, también de los ríos en donde instalan dragas y usan el mercurio para separar el metal. El daño ambiental es incalculable.

La devastación y los daños irreparables al medio ambiente que sigue dejando la explotación ilegal de minas en Yapacana tiene consecuencias para el planeta entero.  La investigación de SOS Orinoco, revelada en 2020, habla de estos impactos: “Esta situación de desprotección e impunidad en materia socioambiental sobre este importante parque nacional, propicia que esté considerado como el de mayor presencia minería ilegal y el más afectado en toda la Amazonía venezolana, inclusive, de todos los países que conforman la cuenca amazónica en cuanto al nivel y grado de devastación”, según cita el Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP).

 

 

Dicha investigación también deja constancia de las preocupaciones de las comunidades indígenas que habitan los alrededores de Yapacana y los llamados que han lanzado al gobierno de Venezuela. Esto dice la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA): “Queremos destacar que desde el año 2015 las organizaciones indígenas venimos alertando al presidente Nicolás Maduro, sobre los impactos de la minería en el estado, especialmente en el Parque Nacional Yapacana. La minería en todo el estado Amazonas ha propiciado la deforestación de grandes extensiones de bosques, el desvío de cauces de ríos como el Atabapo, la contaminación de las aguas a causa del mercurio y otras sustancias tóxicas, la pérdida de biodiversidad, el cambio en los ciclos naturales de los ecosistemas, la degradación de los suelos (…)”.

Que este desastre esté ocurriendo tan cerca de la frontera y con la complicidad de las fuerzas armadas de Venezuela deja en evidencia una paradoja que se hizo visible en la primera semana de la 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022, que se lleva a cabo en Egipto. Allí los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro firmaron un acuerdo para salvar la Amazonía. Los dos mandatarios, junto con el presidente de Surinam, Chan Santoki, se tomaron fotografías y anunciaron que abrirán un fondo de $200 millones USD al año para liderar un acuerdo “amazónico que tenga como pilar el equilibrio climático de la humanidad”. La fotografía y el anuncio contrastan con la dramática situación de Yapacana.

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Un parque natural a expensas de los grupos armados

Un hombre de la etnia puinave deja ver la preocupación por lo que sucede con las comunidades indígenas en la Reserva Nacional Natural Puinawai, un territorio de selvas y sábanas amazónicas que se ubica al suroccidente del departamento del Guainía, en la frontera con Brasil. Si a Yapacana se llega dirigiéndose hacia el oriente, a este paraíso natural se accede por el río Inírida avanzando hacia el sur, a unos 230 kilómetros de la capital del departamento.

Se trata de una de las más grandes áreas protegidas que tiene Colombia y que hoy no cuenta con presencia de autoridades que la cuiden. El hombre dice que las comunidades indígenas que habitan esta parte del departamento están abandonadas y de ahí su desazón. Y donde no hay Estado, son los grupos armados los que ejercen la autoridad.

Desde el año 2014 en la reserva no hay funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia, entidad encargada de reglamentar el uso y el funcionamiento de la reserva. La ausencia de autoridades, la lejanía y la poca infraestructura administrativa hicieron que Parques declarara su incapacidad de conservar esta zona que cubre parte de los interfluvios de los ríos Inírida, Guainía e Isana. Mediante la resolución 0490 del 31 de diciembre de 2014, la entidad cerró “temporalmente las sedes administrativas” de esta reserva que comprende un área aproximada de 1 095 200 hectáreas.

Dentro de los argumentos que menciona el documento están “los problemas de orden público existentes en la zona, así como la actividad minera ilegal”. Líneas más adelante, la resolución deja al descubierto un panorama desolador: “en el área mantienen presencia el Frente XVI y la Tercera Comisión del Frente Acacio Medina de las Farc, las cuales controlan las actividades mineras ilegales”.

El documento es una declaración explícita de que el poder allí no está en manos de la Fuerza Pública sino de los grupos armados ilegales: “La situación actual conduce a considerar que el Estado no tiene el control del territorio ni ha logrado frenar el accionar delictivo en el área protegida de la reserva”.

Un habitante de esa zona, que prefiere que su nombre no aparezca en este informe, asegura que los funcionarios de Parques Nacionales al sol de hoy no han vuelto. “Por el lado del río Inírida, los funcionarios se fueron porque los amenazaron y no regresaron, eso está olvidado. Esa zona está muy descuidada y ahora está tomada por la minería ilegal. Se metieron dentro de la reserva”, asegura.

Esta misma persona agrega que la minería ilegal está presente en todo el departamento y que su impacto no solo se percibe en el río Inírida, sino también en el Atabapo y el Guainía, en la frontera con Brasil.

“Allá entran los brasileros a meter dragas, y convencen a los capitanes y a los líderes para que comiencen a trabajar. También llevan dragas de Villavicencio y Bogotá. Y ni siquiera es iniciativa de los líderes indígenas, sino que en esas comunidades no hay empleo, no hay plata, no hay inversión. Llega gente diciendo, ‘yo tengo plata, meto una draga’, es lo que hacen allá”, dijo una fuente local que pidió la protección de su nombre.

El pasado 25 de agosto, Luisz Olmedo Martínez Zamora asumió la dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN). Y desde el 27 de septiembre Vorágine y Mongabay Latam intentaron obtener una respuesta suya sobre el abandono en que se encuentra la reserva y sobre la explotación ilegal de oro que allí está teniendo lugar. Pero una vez más —y como fue el proceder de la mayoría de autoridades consultadas— el silencio fue la respuesta. “En Puinawai tenemos una situación delicada de orden público. (…) No hemos tenido respuesta de la dirección sobre el tema”, dijo la jefe de prensa.

Jenny Soad Rojas, directora de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Oriente Amazónico (CDA), reafirma que a lo largo del río Inírida hay una presencia constante de dragas. “La verdad es que la actividad de explotación ilícita minera en el departamento está por todos los ríos, menos por el río Guaviare, porque de ahí provienen materiales como el granito, pero del resto en todos”, dice. El Inírida, por ejemplo, es el cuarto río con más presencia de minería ilegal o que ha sido objeto de más alertas sobre el tema dentro de diez cuerpos de agua en la Amazonía colombiana que fueron estudiados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC). Este mismo organismo detectó, según un estudio de 2022, que en la reserva Puinawai no sólo hay explotación en los ríos circundantes. También en tierra se dan estas actividades. “La Reserva Nacional Natural Puinawai registra la mayor presencia de EVOA (Evidencias de explotación de oro de aluvión) en tierra con 84 hectáreas; esta área protegida representa el 93 % del total detectado en el SNPNN (Sistema Nacional de Áreas Protegidas)”.

Las consecuencias de esta minería sin control ya ha dejado estragos, según dice Soad Rojas. “La corporación realizó estudios de mercurio en plantas, peces y sedimentos en el río Guainía. Y encontramos contenidos que superan los límites permitidos. Esto nos da cuenta de los impactos ambientales sobre los lechos de los ríos. Sin contar las afectaciones a los bosques porque estas personas deforestan para construir campamentos mineros”, denuncia.

Soad Rojas también precisa que la minería no forma parte de las actividades ancestrales de los indígenas del departamento. No son ellos quienes lideran ni manejan este negocio ilegal. Miembros de las comunidades trabajan en las explotaciones como obreros rasos. “Esto más bien obedece a que no hay más fuentes de ingresos, esto pasa también por la falta de presencia del Estado en estas comunidades que han venido siendo abandonadas. Las necesidades básicas insatisfechas son enormes, entonces según ellos no hay otra forma de sobrevivir sino es con la explotación de minerales”, dice. La directora de CDA aclara que el mandato de la corporación que preside es estrictamente ambiental, por lo que prefiere no comentar temas de seguridad o de reglamentación minera.

Las inquietudes de algunos habitantes de Inírida y de la directora de CDA son las mismas de Mauricio Cabrera, asesor en relaciones de Gobierno y relaciones Internacionales de WWF Colombia. “Hemos estado muy preocupados por la alta contaminación por mercurio en los ríos. También por el aumento progresivo de dragas provenientes de Brasil, y que entran por el sur del Guainía, Vaupés y Amazonas, frente a lo cual no se están tomando las acciones suficientes”, dice.

Lo complejo del asunto, como lo anotan estas fuentes, es que las comunidades indígenas están siendo instrumentalizadas para trabajar en las minas ilegales. El caso de la Reserva Nacional Natural Puinawai es el ejemplo más palpable.

Esta reserva se encuentra dentro de lo que se conoce como el Escudo Guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas del mundo, y que incluye territorios de Colombia, Venezuela, Brasil y las Guayanas. El Escudo contempla una extensión de 2,7 millones de kilómetros cuadrados y una importancia biológica para el planeta entero. La reserva Puinawai tiene características especiales: allí se pueden detectar catorce ecosistemas distintos. Parte de su riqueza son los ríos (Inírida, Guainía y Cuiari-Isana), justamente por donde merodean las dragas que desangran impunemente el ecosistema.

Carlos* es un índigena de la etnia de los kurripacos que ha visto cómo sus paisanos se han ido metiendo en el negocio por simple necesidad de darle de comer a sus hijos. Sentado en un restaurante de Inírida, Carlos cuenta que en un lugar llamado Campo Alegre, que está dentro de la reserva, no se hace otra cosa que ir a picar piedra en la mina. De ese pequeño y apartado lugar pueden estar sacando un kilo de oro a la semana. Y desde que eso ocurre los conflictos sociales son pan de cada día. En los alrededores de Puinawai, en límites con Vaupés y Brasil, hay 19 comunidades indígenas reconocidas ante el ministerio del Interior, esto es, unas 1780 personas, según las cuentas de Carlos. Son esos mismos indígenas que no están en el mapa del Estado colombiano ni del gobierno nacional. Allá los que mandan son los que cargan las armas, los que merodean por la reserva sin que nada pase.

*Nombres cambiados por seguridad de las fuentes.

*Imagen principal: Así se ve la degradación ambiental en el Parque nacional Cerro Yapacana en Venezuela, cerca de la frontera con Colombia en Guainía. Crédito: MAAP program of Amazon Conservation.

*Esta investigación es parte de una alianza periodística entre Vorágine y Mongabay Latam.

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*Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto “Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques”, una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.