Al menos 34 hectáreas de bosque primario han sido deforestadas desde 2020 en el territorio waorani, dentro de la Reserva de la Biosfera del Yasuní, para la construcción de accesos viales realizadas por las prefecturas y también por actores ilegales.
Con los caminos y la falta de control por parte de autoridades locales, la deforestación se extiende como resultado de nuevos asentamientos o conversión de bosques en pastizales o sembríos.
La Nacionalidad Waorani del Ecuador conformó un grupo de monitores, llamado Kenguiwe, que recorre el territorio para crear alertas sobre las presiones ambientales que sufre. El equipo planifica construir puntos de control para prevenir estos problemas.
*Este reportaje es una colaboración periodística entre Mongabay Latam yLa Barra Espaciadora.
A finales de 1980, la waorani Dayuma Kento recorrió el territorio de sus ancestros, en el centro-norte de la Amazonía ecuatoriana, para establecer los límites y reclamar el título de propiedad indígena al gobierno del entonces presidente, Rodrigo Borja. “Ella reconocía el territorio, fue una geógrafa más”, dice su sobrino Matías Alvarado. Cuarenta años después de la hazaña de la histórica lideresa wao, los herederos de Dayuma forman parte del grupo de monitores Kenguiwe. Su misión es vigilar, como el águila arpía, los bosques y el agua que han permitido su subsistencia durante siglos.
La construcción de carreteras en medio de los bosques primarios es una de las mayores amenazas que enfrentan los waorani, según han reportado Kenguiwe y el Proyecto para el Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés). Hasta el momento, se ha señalado la deforestación de al menos 38 kilómetros lineales (unas 34 hectáreas, al multiplicar la longitud por el ancho de cada acceso vial), provocada por la construcción de dos proyectos viales a cargo de las prefecturas de Pastaza y de Orellana, y de dos accesos construidos por actores ilegales o de manera informal. Solo en el primero, con el 15 % de avance de construcción, suman alrededor de 4.2 hectáreas deforestadas. En un año, cuando finalice la construcción de la carretera de 41 kilómetros de longitud y 6 metros de ancho, casi 25 hectáreas se habrán talado en medio de una selva que hasta hace un par de meses estaba intacta.
Aunque la extensión afectada puede parecer menor, el biólogo Javier Vargas asegura que deforestar esta extensión en zonas de bosque primario dentro de la Reserva de la Biosfera del Yasuní es “muy significativo”. Esta reserva, conformada por el territorio waorani, el Parque Nacional Yasuní y la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane, “representa una de las mayores concentraciones de biodiversidad en el planeta”, de acuerdo con Édison Mejía, exdirector del Parque Nacional Yasuní.
Los wao han sido los guardianes de esta biodiversidad por siglos y, aunque históricamente habrían habitado en una extensión de casi dos millones de hectáreas, han logrado que el Estado ecuatoriano les reconozca 802 220 hectáreas, distribuidas en las provincias de Orellana, Napo y Pastaza. Unos 4000 wao, según el último censo de 2010, habitan en una cincuentena de comunidades y caseríos dispersos en este gran territorio. A pesar de las presiones de la industria petrolera y de la colonización, los wao aún viven rodeados de bosques primarios y, en la mayoría de casos, el agua de sus ríos todavía está libre de contaminación.
Los ríos son todavía la principal fuente de agua para uso cotidiano y para preparación de alimentos para la Nacionalidad Waorani. Foto: Armando Prado
En esta realidad trabaja Kenguiwe, un grupo de monitores wao que reporta presiones ambientales en su territorio con la ayuda de aplicaciones móviles. Doce hombres y mujeres se han capacitado a lo largo de los últimos cuatro años en gobernanza, tecnologías de georreferenciación, monitoreo de impactos ambientales y biodiversidad. Lo hicieron como parte del proyecto Amazonía 2.0 y con el apoyo de la fundación Ecociencia, que busca usar la ciencia a favor de la conservación.
A finales de agosto de 2022, los monitores empezaron los primeros recorridos bajo el nombre de Kenguiwe. Hasta el 10 de octubre, el equipo generó 10 reportes de aprovechamiento de madera, seis realizados por personas externas a la comunidad o empresas madereras, sin contar con permisos. El arenillo (Erisma uncinatum) y el canelo (Ocotea spp.) fueron las especies más taladas. En cuanto a deforestación, se generaron 18 reportes: tres eventos fueron causados por colonos, para realizar invasiones, y 15 fueron por personas wao para hacer chacras, de acuerdo con los datos.
Los monitores Kenguiwe Matías Alvarado y Vicente Guiquita vigilan algunos sectores en donde se han identificado presiones y amenazas al territorio en la provincia de Pastaza. Salen de Toñampare y después de un par de días de monitoreo llegan por río y por tierra a la capital del cantón Arajuno, del mismo nombre. Desde ahí, deben ingresar nuevamente a otro sector que también pertenece al territorio wao, a la Y de Obepare. Se dirigen durante aproximadamente una hora hacia el este por vía terrestre.
Las fincas de ganado y sembradíos, como plátano, van quedando atrás. La carretera asfaltada se convierte en un camino lastrado. Al acercarse y entrar en el territorio waorani, el bosque se vuelve más denso, aunque no está intacto. “Aquí era bosque primario hasta hace cinco años”, dice Guiquita.
Desde la Y que lleva a la comunidad wao de Obepare y junto a un área deforestada, el monitor cuenta que hace siete años se construyó un camino de tres kilómetros hacia ese poblado, a través de él, empezaron a llegar madereros colombianos que armaban campamentos para extraer todo tipo de maderas comerciales. “Está totalmente destruido el bosque”, lamenta.
Ahora lo que más les preocupa es la construcción, desde este sector, de la vía Arajuno-Nushiño-Toñampare, de 41 kilómetros de longitud en medio de bosque primario. En esta selva, de acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, se puede encontrar “fauna característica del piso zoogeográfico tropical oriental”; es decir, guanta, tapir, armadillo, cabeza de mate, monos, pavas o felinos. Entre esos está el jaguar, especie en Peligro de extinción, según la Lista Roja de Ecuador. En el área en la que se abrirá la vía, el Estudio de Impacto Ambiental registró 83 especies forestales, entre esas, caoba (Trichilia pleeana), cedro (Cedrela odorata), guayacán (Tabebuia chrysantha), ishpingo (Ocotea floribunda), ungurahua (Oenocarpus spp.) y zapotillo (Maticia cordata).
La prefectura de Pastaza anunció esta obra “con bombos y platillos”, dice Gilberto Nenquimo, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE). Los habitantes de Toñampare —que suman unas 300 personas— pedían desde hace décadas un camino que les permitiera sacar sus productos y que les facilitara transportarse a hospitales en casos de emergencia. Sin embargo, muchos waorani reclaman en redes sociales y en reuniones no haber sido consultados. Para esta nacionalidad, el territorio es colectivo, y aunque sea tan grande y las comunidades sean distantes, los wao reclaman el derecho de tomar decisiones asamblearias sobre su espacio común, según explica Darío Villacís, asesor técnico de la NAWE.
Alvarado y Guiquita están en un dilema. Reconocen que la misma Dayuma y otras autoridades históricas de Toñampare han pedido esta obra, pero desde que empezó la construcción, a cargo del Consorcio E&M, se lamentan por la destrucción del bosque. La obra, que empezó a finales de julio de 2022, ya ha avanzado casi siete kilómetros.
Los wao temen que con la vía Arajuno-Nushiño-Toñampare se repitan los problemas de extractivismo que sucedieron en la llamada vía Auca, construida en la década de los cincuenta y en el norte del territorio wao, con el fin de satisfacer las necesidades de la naciente industria petrolera. Aunque este nuevo proyecto recién empieza, Gilberto Nenquimo ya ha recibido reportes de extracción de madera de la zona. Además, los monitores han observado que es común que la constructora “cometa errores” a la hora de marcar el camino, deforestando áreas fuera del trazado de la vía.
Luego de recorrer unos tres kilómetros, los monitores encuentran uno de estos puntos. “Aquí había un ahuano (Swietenia macrophylla) gigante, de 40-50 metros de altura y de unos dos metros y medio de diámetro. La idea era que el ahuano se quedara ahí y aprovechar la pepa para seguir cultivando”, dice Guiquita. “Los que viven cerca dicen que el mismo contratista está sacando la madera en volquetas”. André Erazo, técnico ambiental del proyecto, asegura que la madera talada se usa para afirmar el suelo en zonas de pantanos. “Una obra de estas va a tener un impacto negativo, pero es menor que el beneficio”, opina.
Los monitores observan una zona deforestada en la que había un ahuano de unos 50 metros de altura, que fue talado, entre otros árboles, aunque no es parte del trazado de la vía. Foto: Armando Prado
Alvarado, mientras tanto, reclama porque, a pesar de que la asamblea de Toñampare decidió que la madera talada se colocara a un lado de la vía, para que las comunidades la usen, esta decisión no se ha respetado. “En Toñampare tenemos aulas deterioradas, se puede usar ahí, eso beneficia a la comunidad”, dice Alvarado. Guiquita asegura que la constructora tampoco está cumpliendo con el compromiso de contratar a personas del territorio, que no solo sería beneficioso por la oferta de plazas de trabajo, sino también porque los waorani podrían guiar la construcción, evitando dañar árboles simbólicos, cascadas o saladeros de animales, es decir aquellos espacios en donde varias especies, entre ellas mamíferos, consumen agua y suelo como suplemento mineral.
Unos dos kilómetros más adelante, la vía todavía es una camino de tierra que pronto será lastrado. En este sector está el campamento de la empresa, una sencilla construcción de tablones de madera. Los monitores dejan la camioneta junto al campamento, y caminan a través de la espesa y fresca selva, cortando camino, para ver desde una loma el avance de la construcción y el contraste que genera en medio de hectáreas —hasta el horizonte— de copas de árboles.
El camino se termina, aproximadamente, un kilómetro más adelante. Aquí cuatro retroexcavadoras, una naranja y tres amarillas, arrancan el suelo amazónico para aplanar el camino. “A mí, que estoy conectada con la selva, me duele ver esto”, dice Aurelia Ahua, coordinadora territorial de Kenguiwe que en esta ocasión acompaña el recorrido.
En la asamblea de Toñampare también se decidió que no haya nuevos asentamientos o plantíos a lo largo de la vía, con el fin de conservar el bosque, pero no todos los wao tienen los mismos intereses. Un vecino de la comunidad, que además es concejal del cantón Arajuno, querría apropiarse del campamento de la constructora, que será abandonado a medida que avance la vía. En la visita, Kenguiwe se puso de acuerdo con el Consorcio E&M para quedarse a cargo de esa cabaña y usarla como punto de control. Durante el recorrido, los monitores también identificaron sembradíos de plátano que serían de habitantes wao, sobre áreas abiertas por la constructora fuera de la vía. Además, el técnico ambiental del proyecto contó que los trabajadores ya han tenido que expulsar a cazadores externos.
Ante la pregunta sobre cómo se evitarán estas presiones ambientales, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) respondió que existe un Punto de Control Fijo en la vía Diez de Agosto–El Triunfo–Arajuno, “donde se revisa el producto forestal que se moviliza desde ese sector”.
Darío Villacís se muestra incrédulo. “No sé qué tan efectivo sea el punto de control o cómo estén realizando los operativos. He visto una caseta y nada más”, cuestiona. Por esto, para la NAWE es urgente instalar un punto de control propio en el ingreso, en la Y de Obepare. Kenguiwe y Meñebai, un grupo de voluntarios que patrullan el territorio wao para disminuir las actividades extractivas realizadas por extraños o coworis, tienen planificado construir una caseta y turnarse las guardias.
La Barra Espaciadora y Mongabay Latam enviaron una solicitud de información a la Prefectura de Pastaza. La comunicadora de esa entidad dijo que ya se estaba trabajando en la respuesta; sin embargo, días después, un técnico negó lo anterior y dijo que no tienen el tiempo ni el personal para responder al cuestionario.
En el informe Apertura de vías en la Amazonía ecuatoriana, de Maap, se reporta un segundo impacto por construcción vial, aunque mucho menos extenso, en el centro-norte del territorio waorani, también en Pastaza. Se trata de dos accesos que salen y regresan en forma de U a la vía Auca, entre las comunidades waorani de Tiwino y Bataboro, en el Bloque Tigüino, operado por la firma ecuatoriana Petrobell. La Barra Espaciadora y Mongabay Latam enviaron una solicitud de información vía email a la empresa, pero no hubo respuesta hasta el cierre del reportaje.
“El primer tramo (4.4 kilómetros) fue construido entre enero de 2020 y noviembre de 2021, al sur de la comunidad Bataboro, mientras que el segundo tramo (1.7 kilómetros) fue construido entre noviembre de 2021 y enero 2022, al sur de la comunidad de Tiwino”, se lee en el reporte de Maap.
El Ministerio del Ambiente reconoció, en una solicitud de información, que desconocía sobre la apertura de estos accesos. “Se ha dispuesto de manera inmediata realizar una inspección para verificar la alerta expuesta por la fundación Ecociencia”, respondió el Maate el 12 de septiembre de 2022. Sin embargo, nunca hubo respuesta sobre cuándo se realizará la ofrecida inspección.
Roberto Ima, líder comunitario de la zona y dirigente de Educación de la Nawe, dice que lo observado a través de las imágenes satelitales no son vías, sino desbanques de tres metros de ancho que se abrieron para implementar el servicio de agua potable para Tiwino y Bataboro. Es decir, una extensión de 1.83 hectáreas fue deforestada.
El proyecto fue ejecutado por la Secretaría Técnica Amazónica, a través del Municipio de Arajuno. Los desbanques se realizaron, explica, para que las tuberías tuvieran la pendiente necesaria para que la gravedad permita que el agua llegue a las dos comunidades. “Pero ya está revegetado”, asegura.
Las comunidades del sector de Pompeya, en Orellana, al norte del territorio wao, también han pedido por décadas una carretera que les permita conectarse con Coca, la capital provincial. “Es pedido por la comunidad por la necesidad, a cada rato toca estar pagando, para venir a Coca se hace difícil”, dice —vía telefónica— Germán Ahua, presidente de la Organización de la Nacionalidad Waorani de Orellana (ONWO). “Es para poder mover café, cacao”, explica.
En 2016, la obra estaba por cumplirse, pero el Maate asegura que hizo inspecciones y encontró que el proyecto atravesaba áreas con bosques nativos y ecosistemas sensibles. Además, el Ministerio halló que podría afectar de forma indirecta al Parque Nacional Yasuní. “En mayo de 2016 se determinó que la información entregada por el Gobierno Autónomo Provincial de Orellana referente a la ruta de la vía Laguna de Taracoa–Taracoa–Alejandro Labaka, presentó falsedad en cuanto a que la ruta no coincide en varios puntos con la ruta existente a ser ampliada, rectificada y asfaltada”, le dijo el Ministerio a La Barra Espaciadora y a Mongabay Latam. Los wao, ajenos a esta información, tuvieron la percepción de que la prefecta de ese entonces, Guadalupe Llori —ahora asambleísta por Orellana—, no cumplió con su compromiso, según dice Ahua.
En 2020, Magali Orellana ganó las elecciones para la Prefectura de Orellana con la promesa de que ella sí completaría el proyecto. Entre febrero y octubre de 2021, según reporta Maap, se abrió un acceso vial, más parecido a una trocha, que finalmente conectó a Pompeya con las vías de acceso a Coca. Este camino tiene 15 kilómetros de longitud y unos ocho metros de ancho, lo que resulta en unas 12 hectáreas deforestadas. Está ubicado en el margen sur del río Napo y a 800 metros del límite noroeste del Parque Nacional Yasuní, de acuerdo con información de Maap. “Antes de la apertura de este acceso, la conexión vial llegaba hasta el margen norte del río Napo, por lo que, para acceder al margen sur del río, había que hacerlo a través de barcaza. De esta manera, el acceso a esta zona de bosque primario estaba más limitado y tenía un mayor control”, se lee en el reporte.
El camino Taracoa Pompeya es usado principalmente por peatones y motociclistas, pues a medida que se avanza, se vuelve difícil de transitar. Foto: Armando Prado
La Barra Espaciadora y Mongabay Latam enviaron una solicitud de información adicional al Maate, para conocer si está al tanto de esta nueva construcción, si existe ya una valoración ecosistémica de la afectación provocada por el proyecto suspendido en 2016 y cuándo se dispondrá —como dijeron en una anterior solicitud de información— que la Prefectura de Orellana realice la restauración del bosque afectado hace seis años. Después de un mes de espera, y hasta el cierre de esta publicación, no hubo respuesta.
La construcción de caminos en medio de bosques primarios tiene varios niveles de afectación, según explica Vargas, también oficial del proyecto Amazonía 2.0. La deforestación provocada para abrir los accesos es el primer daño, que además de fraccionar el bosque, causa liberación de carbono. Este tipo de impactos también ocasionan pérdida de servicios ecosistémicos y mayor presión en mamíferos, principalmente los de gran tamaño —como el tapir, el pecarí, el venado o el puma—, que son susceptibles al cambio de hábitat, explica el experto. “Toda apertura de vía es un conductor de más deforestación. A partir de eso empieza la colonización y la conversión del bosque en terrenos para cultivos, pastizales o viviendas”, dice.
Meses después de que el camino fuera abierto por Magali Orellana, vino la temporada de lluvias y con el agua, este acceso se cortó, cuenta Ahua. Un equipo de La Barra Espaciadora y Mongabay Latam intentó recorrer el sitio en un auto 4X4, pero desde los primeros kilómetros, el camino se volvió imposible de transitar. Actualmente, dice el presidente de la ONWO, poquísimos autos circulan, con la ayuda de tablas para cruzar las partes más fangosas. Algunas motos y transeúntes también usan este camino.
Orellana busca la reelección para el periodo 2023-2027 y ya habría ofrecido, según dice Ahua, lastrar o asfaltar el camino y extenderlo hasta la parroquia Alejandro Labaka, que intersecta en parte con el Parque Nacional Yasuní. La Barra Espaciadora y Mongabay Latam intentaron contactarse vía email, llamadas telefónicas, Whatsapp, y redes sociales con la prefecta de Orellana, pero no recibió respuesta hasta el cierre de este reportaje.
Las concesiones de minería metálica y la creciente acción de la minería ilegal amenazan la Amazonía; principalmente, el sureste de la provincia de Napo. El territorio wao, que se asienta en su mayoría en Orellana y Pastaza, también se extiende a esta provincia y está muy cerca de las zonas afectadas por la fiebre del oro. En 2020, las comunidades wao Konimpare y Meñepare, todavía en Napo, pero en la frontera con Pastaza, vieron cómo el interés minero se acercó a sus territorios, con la excusa de extraer balsa (Ochroma pyramidale), actividad que estaba afectando con mucha intensidad toda la Amazonía ecuatoriana en ese momento.
En un recorrido por la zona, Sergio Nenquimo, presidente de Konimpare, cuenta que la balsa es considerada “mala yerba” por los wao, porque es una planta de crecimiento rápido que cubre muy pronto los espacios abiertos. Por ello, cuando llegaron los comerciantes en búsqueda de esta madera, los wao estaban dispuestos a intercambiarla por unos cuántos dólares. Gilberto Nenquimo, el presidente de la NAWE, asegura que incluso escuchó de casos en los que se intercambiaba camiones de troncos por pomas de aguardiente artesanal. “La gente, como no sabía negociar, recibía alcohol a cambio de la balsa y después había relajos en las familias”, confirma Tamata Pa, monitora Kenguiwe del sector.
El Bloque 21, operado por Petroecuador, se superpone a estas comunidades waorani. Para ingresar, aunque es territorio de la nacionalidad, hay que pasar por un control de la empresa. A pesar de esto, durante el año de la pandemia, maquinaria forestal, conducida por colonos y personas de otras nacionalidades, entró al Bloque para abrir un acceso de unos ocho kilómetros de longitud, desde Meñepare, a través de bosque primario, hasta el río Obaro. Sergio Nenquimo calcula que entre la vía y lo talado a los costados, el ancho del área afectada es de unos 20 metros. Es decir, unas 16 hectáreas habrían sido afectadas por esta actividad ilegal. Además de balsa, los madereros se llevaron troncos de manzano colorado (Guarea kunthiana), abío (Micropholis chrysophyllum), tambor blanco y chuncho (Cedrelinga cateniformis).
Este tipo de aperturas, sin trazado técnico, “generan procesos de erosión y de acumulación de agua, que pueden provocar deslaves”, nota Édison Mejía, de Ecociencia, durante la caminata por el sector. Además, se genera el “efecto borde”, es decir, como consecuencia de la deforestación, la vegetación que queda al filo también muere. La fauna también es impactada, explica, porque los animales “son curiosos de las partes abiertas, les gusta explorar”, lo que les pone en mayor exposición ante cazadores. De hecho, cazadores externos aprovecharon el camino para matar huanganas, sahinos o venados, para vender su carne en las ciudades o usarla en banquetes de fiestas de otras nacionalidades.
Dos años después de la deforestación, balsas y guarumos (Cecropia sciadophylla), ambas de crecimiento rápido, le devolvieron el verdor a los bordes del camino, observa Sergio Nenquimo. Ahora, hay más sombra y es menos caluroso caminar por este sector. A pesar del impacto provocado, al llegar a un riachuelo, unos dos kilómetros desde el inicio del acceso, se observan pisadas de un felino —que podría ser un tigrillo juvenil— y de una huangana o pecarí de labio blanco. Los wao, que conocen bien su territorio, no dudan en agacharse a tomar el agua cristalina de esta fuente, saben que esta es, aún, agua pura.
Hace unos meses, Tamata Pa denunció, a través de las herramientas móviles, la apertura de este acceso. También comunicó a la NAWE la sospecha de que se estaba realizando minería ilegal en los ríos cercanos. Gilberto Nenquimo acudió al lugar y después de una caminata de un día por este acceso, corroboró que los intrusos estaban removiendo el lecho del río en búsqueda de oro. La NAWE expulsó a los mineros y aunque la amenaza sigue latente, Sergio Nenquimo asegura que los controles realizados por Meñebai y Kenguiwe han enviado el mensaje adecuado a los mineros.
Aurelia Ahua, coordinadora territorial de los monitores, cuenta que el equipo planifica construir un control en Konimpare, con el fin de evitar el ingreso al sector de cazadores, pescadores, mineros o madereros.
El Maate, en respuesta a una solicitud de información, dijo que realizó una inspección en el sector e inició dos procesos sancionadores: por tala ilegal (No. 01-TI-2022) y por inicio de un proyecto, obra o actividad sin la autorización administrativa (No. 01-CA-2022).
Matías Alvarado y Vicente Guiquita son originarios de Toñampare. Esta comunidad es considerada la capital waorani, por ser céntrica con relación a gran parte de las comunidades y por tener importancia histórica para la nacionalidad. Aquí vivió Dayuma, la primera wao que se contactó con el mundo occidental en la década de los cincuenta y la única dirigente de la nacionalidad Waorani hasta 1991, de acuerdo con Gilberto Nenquimo.
El principal legado de Dayuma, dice Alvarado, es la defensa del territorio. “Siempre me ha gustado hacer eso”, asegura, y añade que está capacitado para el manejo de programas y herramientas geográficas, como drones. Esta mujer también es un referente para Guiquita, sobrino político de Dayuma. Antes de unirse a Kenguiwe fue parte de la Guardia Indígena Meñebai.
Aunque Tamata Pa, Aurelia Ahua y el resto de monitores wao no tienen parentesco directo con Dayuma, ellos caminan y navegan el gran territorio que heredaron para conservarlo y, de esta manera, seguir guardando el sentir waorani.
* Imagen principal: Retroexcavadoras se abren paso en medio de bosque primario, en territorio Waorani, y aplanan el suelo en lo que será la vía a Toñampare. Foto: Armando Prado
* Este reportaje es parte de la primera edición del InvestigaTour Ecuador, organizado por Fundamedios, con el apoyo y acompañamiento de Convoca Perú.
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