El Estado colombiano hizo la tarea de adaptar las salvaguardas sociales y ambientales internacionales a la realidad local para garantizar que los proyectos de carbono respeten los derechos de las comunidades que cuidan los bosques.Sin embargo, hoy, cinco años después, esas normas se han quedado en el papel y las autoridades no exigen a los inversionistas que desarrollan bonos de carbono que respeten dichas salvaguardas, ni acompañan debidamente a las comunidades étnicas en las negociaciones con privados, ni han cumplido su promesa de contar con un sistema de información pública y un canal de denuncias. Cuando hace una década nació la idea de crear esquemas de pago por los servicios ambientales que prestan al mundo los bosques en los países tropicales, como sucede en América Latina, surgió también la preocupación de cómo lograr que ese dinero en efecto les llegara a las comunidades indígenas y campesinas protectoras de estos ecosistemas. Y, además, asegurarse de que no vulneraran sus derechos sino, por el contrario, que los fortalecieran y, con ellos, afianzara su gobernanza de bosques que son estratégicos para mitigar la crisis climática global. La solución a ese temor quedó plasmada en las salvaguardas sociales y ambientales: siete reglas de juego acordadas en la cumbre climática de Naciones Unidas de Cancún en 2010. Estas buscan garantizar que las iniciativas para reducir las emisiones de dióxido de carbono por cuenta de la deforestación funcionen bien y en efecto protejan a esas comunidades y la biodiversidad. Esto porque, con frecuencia, quienes habitan en aquellos bosques tropicales son minorías étnicas vulnerables. Colombia fue un alumno aplicado. Hizo un trabajo juicioso y ambicioso en adaptar esas salvaguardas a la realidad nacional. Pero luego dejó la tarea a medio hacer. Omitió volver esas reglas de juego obligatorias para los proyectos privados del mercado de carbono que han proliferado en los últimos cinco años y no ha cumplido promesas como crear un sistema de información de salvaguardas y un mecanismo de atención ciudadana. Si convirtiera esas normas que trazó en realidad, es probable que no se estuvieran presentando algunos de los problemas detectados en proyectos Redd+, como se les llama a las iniciativas por las cuales inversionistas privados pueden vender bonos en el mercado internacional por el carbono que estos bosques previenen sea liberado a la atmósfera, derivando así recursos para las comunidades que los cuidan y descuentos tributarios para los compradores de esos bonos. Así lo revela la reportería del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Mongabay Latam y La Silla Vacía, con el apoyo del Rainforest Investigations Network del Centro Pulitzer. “Hay un vacío normativo del que el gobierno es consciente”, dijo a esta alianza periodística Maritza Florián, especialista en cambio climático de la ong ambiental WWF. Otras ocho personas que han trabajado en el diseño de las salvaguardas o la regulación del mercado de carbono, tanto desde el gobierno como desde organizaciones ambientales y entes multilaterales, comparten esa lectura. Todas coinciden en que los últimos dos gobiernos colombianos han omitido reglamentar la manera cómo los proyectos privados Redd+ -que están vendiendo bonos a empresas como una alternativa para que no deban pagar un impuesto al carbono- deben incorporar estas salvaguardas. Tampoco han vigilado si en efecto las están cumpliendo. El mercado de carbono ha sido uno de los mecanismos de financiamiento climático que ha estado en el centro de discusiones de la implementación del acuerdo de París, cuya COP 27 arranca este domingo en Egipto. Esa realidad se ve agravada aún más por el hecho de que, como han contado el CLIP y su aliados, el gobierno tampoco ha acompañado a las comunidades indígenas y afrodescendientes mientras negocian con actores privados que quieren estructurar estos proyectos en sus territorios colectivos.