- El bosque nativo de Chile se sigue perdiendo a la velocidad de unas 18 mil hectáreas al año y casi ninguno de los proyectos de ley que buscan protegerlo progresaron en el congreso.
- Un nuevo episodio de intoxicaciones masivas en las comunas de Quintero y Puchuncaví dejan en evidencia que la descontaminación de la zona sigue siendo uno de los pendientes no resueltos.
- La ratificación del Acuerdo de Escazú, la creación de una Ley Marco de Cambio Climático y reformas para mejorar la gestión del agua son las noticias positivas del año.
Uno de los hitos que marcó la agenda ambiental de Chile durante el 2022 fue el rechazo a la nueva Constitución que se construyó durante un año y que incluía una serie de reformas ambientales de fondo. Sin embargo, como aseguran diversos especialistas, fue la oportunidad para mostrar que los temas ambientales son clave en el debate público del país. La sequía que cada vez impacta a más personas y más intensamente; la contaminación que sigue afectando la salud de miles y que este año nuevamente produjo intoxicaciones masivas en la población de Quintero y Puchuncaví; la degradación de bosques y ecosistemas frágiles como los salares en el desierto o los mares de la patagonia; y las áreas protegidas que a pesar de estar resguardadas se encuentran amenazadas por la minería o la producción salmonera, son algunos de los temas que preocupan a los chilenos.
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, actualmente hay 78 conflictos ambientales activos en el país y otros 33 están latentes.
Este 2022, no obstante, también estuvo marcado por importantes avances en materia legislativa, ratificación de acuerdos y reformas desde el Estado que parecen querer hacer frente, de una vez por todas, a algunos de los principales problemas pendientes. Se ratificó el Acuerdo de Escazú, se creó la Ley Marco de Cambio Climático y se avanzó en reformas para mejorar la gestión del agua y alcanzar la seguridad hídrica para las personas y los ecosistemas del país.
Este es el balance ambiental de Chile para el 2022.
Lo malo: proteger los bosques sigue siendo deuda
Este año se esperaba que varios proyectos de ley que tienen el propósito de proteger mejor los bosques nativos del país avanzaran en el Congreso. Lamentablemente, a excepción de la Ley Marco de Cambio Climático, ninguno progresó.
Uno de ellos buscaba que los proyectos forestales presenten Estudios de Impacto Ambiental. Se trata de una importante iniciativa puesto que Chile es el segundo productor de celulosa en América Latina y registra más de tres millones de hectáreas de monocultivos de pino y eucalipto que abastecen a la industria forestal. A pesar de que los impactos ambientales de esta actividad sobre la disponibilidad de agua, la calidad del suelo y la propagación de incendios han sido ampliamente documentados por la ciencia, los proyectos forestales no son sometidos a evaluación de impacto ambiental, un problema que este proyecto de ley buscaba corregir.
Tampoco avanzó un proyecto de ley que buscaba regular el cambio de uso de suelo tras la ocurrencia de incendios forestales, una medida clave puesto que impide que se utilice el fuego como un mecanismo irregular para implementar proyectos de urbanización, agrícolas o forestales.
“Seguimos esperando leyes fundamentales para mejorar la gestión y la protección de los bosques”, dice la doctora en ecología, Fernanda Salinas. Antonio Lara, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile e investigador principal del Centro del Clima y la Resiliencia (CR2), destaca, sin embargo, que la Ley Marco de Cambio Climático que fue promulgada también este año es una buena noticia para los bosques del país. En particular el experto destaca que, en la nueva ley, “el Estado no impulsará o no incentivará los monocultivos forestales y se compromete a fomentar la conservación y la restauración”.
El bosque nativo de Chile se pierde a una velocidad de unas 18 000 hectáreas al año, asegura Lara, debido principalmente a los incendios, la tala ilegal para la producción de leña y el cambio de uso de suelo para producción agrícola. Y aunque este año hubo avances significativos en fiscalización, recalca el investigador, la deforestación “sigue siendo un problema”, asegura el experto.
Además, “Chile no está llegando a la meta de restaurar un millón de hectáreas al 2030”, agrega Ricardo Bosshard, Director de WWF Chile. “Estamos restaurando a velocidad muy pequeña: 1000 hectáreas por año cuando deberíamos estar restaurando a 20 000 hectáreas, precisó.
Como si fuera poco, aunque “Chile tiene voluntad política para proteger su territorio (más del 20 % del área terrestre y el 43 % de su mar está actualmente bajo alguna categoría de protección), tenemos el triste récord de ser uno de los 10 países que menos invierte en biodiversidad en el planeta”, dice el politólogo, Eugenio Rengifo.
En ese sentido, una noticia alentadora es que en abril se lanzó Fondo Naturaleza Chile, una fundación público privada que busca movilizar financiamiento para la conservación de la biodiversidad terrestre y marina, y de la cual Rengifo es Director Ejecutivo. La fundación comenzó a crearse durante la segunda administración de Michelle Bachelet, consolidó su diseño en el segundo período de Sebastián Piñera y se inauguró finalmente a inicios del gobierno de Gabriel Boric.
Se trata de un modelo que existe en 19 países de Latinoamérica y el Caribe, aseguró la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, con el cual se “han logrado canalizar estratégicamente y de forma transparente más de $1,4 mil millones de dólares hacia actividades y proyectos de conservación en los últimos 30 años en coordinación y complemento al esfuerzo del Estado”.
Según Rengifo, el financiamiento “probablemente provendrá de una combinación de elementos más tradicionales tipo fondos fiduciarios con aportes multilaterales o privados, fundamentalmente filantropía, con otros elementos que pueden ser, por ejemplo, seguros parametrizados”. Sin embargo, por ahora, el equipo financiero de la fundación se encuentra evaluando todas las posibilidades por lo que ninguna decisión se ha tomado aún.
No obstante, a Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram, le preocupa que “el Estado no se haga cargo de las áreas protegidas que crea”. Para Liberona es importante que el Estado se comprometa a pagar al menos el sueldo de los guardaparques que este año protagonizaron una huelga para exigir, justamente, mejores condiciones de trabajo. “No estamos pidiendo mejoras sustanciales ni cambios rotundos, solo estamos pidiendo las condiciones mínimas para poder desarrollar nuestras funciones”, le dijo a radio Biobio el presidente del Sindicato Nacional de Guardaparques, César Bastías.
Lo persistente: nuevas intoxicaciones masivas en Puchuncaví y Quintero
El 9 de junio, un nuevo episodio de intoxicación masiva por contaminación del aire afectó a 115 personas de las comuna de Puchuncaví y Quintero, la mayoría escolares, y obligó al cierre de los colegios.
Esta no es la primera vez que ocurre una emergencia por contaminación en la zona. En 2018 más de 700 habitantes —principalmente niños— de estas dos comunas de la región de Valparaíso, resultaron intoxicados por los gases tóxicos provenientes del parque industrial donde se concentran termoeléctricas (centrales de generación de energía en base a la quema de carbón), estanques de almacenamiento de gas, una refinería de petróleo, una fundición de cobre, una planta de almacenamiento de combustibles entre otras instalaciones que, en total, suman 20 fuentes contaminantes. Antes de eso, en 2011, 128 niños de la escuela de La Greda en la comuna de Puchuncaví ya habían sufrido intoxicación por las mismas razones.
Tras el último episodio de intoxicación masiva, la empresa estatal Codelco, dedicada a la explotación minera cuprífera, decidió cerrar la fundición de cobre Ventanas que se ubica en el parque industrial. La decisión “se ha tomado considerando los recurrentes casos de intoxicación que ha habido en la zona de operación de la fundición”, dijo el presidente Gabriel Boric. La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, sostuvo en entrevista con CNN que “el mensaje político [del cierre de la fundición] es clarísimo, y es que Chile emprende un camino de desarrollo que no puede seguir siendo a costa de una naturaleza que necesitamos para nuestro bienestar”.
Para Katta Alonso, presidenta de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero – Puchuncaví, “es un hecho absolutamente histórico y es el principio de la descontaminación de la zona”, sin embargo, precisó que si bien “vamos en la dirección correcta, falta muchísimo todavía”.
Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, precisa que “quienes hemos estado trabajando ahí durante años, leyendo informes, estudios y entendiendo la normativa ambiental sabemos que parar la contaminación y comenzar a disminuirla es un proceso largo y que requiere alta inversión del Estado”. El mayor problema, dice la experta, es que no hay avance normativo. “No hay avance en la actualización de la norma de emisión de termoeléctricas, no hay avance en la norma de calidad primaria de arsénico respirable, no hay avance normativo en el PM 2,5 (material particulado fino suspendido en el aire que tiene un diámetro de menos de 2.5 micras), tampoco hay avance en la norma de fundiciones”, detalla.
Después de las intoxicaciones de 2018, “todavía no sabemos qué nos intoxicó o qué nos sigue intoxicando”, dice Alonso. Ello, a pesar de que la Corte Suprema, en un fallo histórico en favor de la población, dictó en 2019 entre otras medidas determinar cuáles son los contaminantes que están afectando a la población y elaborar un diagnóstico que permita identificar qué patologías han sido producidas por la contaminación.
De hecho, un mes antes de que ocurrieran los nuevos episodios de intoxicación, la Contraloría General de la República emitió un informe donde sostiene que a diez años de la crisis ambiental de la escuela de La Greda, los organismos de Estado, en particular los Ministerios de Medio Ambiente y Salud, han mantenido una posición reactiva en lugar de preventiva, que aún no han consolidado un análisis claro respecto de los contaminantes presentes en el agua, aire y suelos de la zona, y que tampoco han determinado cómo la exposición a estos elementos podría haber afectado la salud de las personas.
Además, los varamientos de carbón producidos por la descarga de ese mineral desde los barcos que abastecen a las termoeléctricas, “siguen en forma continua y super grandes”, asegura Alonso quien agrega que también las organizaciones locales medioambientales están pidiendo el cierre de la termoeléctrica Ventanas II “que debería cerrar ahora en diciembre, pero no nos han dicho absolutamente nada al respecto”.
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Lo crítico: sequía y una mejor gestión del agua
Este año los chilenos recibieron con alivio la lluvia que desde hace años no veían caer. Sin embargo, expertos advierten que no es suficiente para revertir una tendencia de déficit hídrico y de sequía severa que lleva más de una década golpeando al país.
De hecho, la Comunicación de Adaptación que Chile presentó en la COP 27 sostiene que los efectos del cambio climático seguirán intensificando la sequía en los próximos años y que “además de verse afectada la disponibilidad de agua, también se vería afectada la calidad del agua disponible para consumo humano, la biodiversidad, el riego y otros usos, por la presencia de metales, concentración de sales y mayor probabilidad de contaminantes”.
Un estudio de la iniciativa Escenarios Hídricos 2030, de Fundación Chile, reveló que el 44 % de las causas de los problemas hídricos se deben a falta de coordinación, de información, falencias en la institucionalidad y la carencia de un marco normativo adecuado para la gestión integrada de recursos hídricos.
En ese sentido, este año hubo tres anuncios que buscan entregar soluciones. El primero de ellos, y probablemente el más importante, es que luego de 11 años de tramitación en el Congreso se logró concretar una reforma al código de aguas que establece que es deber del Estado garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento. La reforma también prioriza la protección de las fuentes de agua y el uso de actividades subsistencia.
Para Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, la reforma es un paso importante no solo porque se incorporaron elementos de prioridades sociales y ambientales, sino también porque se establecieron muchas condiciones para la gestión sustentable del recurso. “Por ejemplo, se prohibió utilizar aguas de áreas protegidas, se prohibió sacar agua de glaciares, se establecieron mediciones obligatorias tanto para la extracción como para la devolución de agua por parte de grandes proyectos”, precisa la experta.
Por otro lado, la Ley Marco de Cambio Climático, que también fue promulgada este año, obliga a la creación de planes estratégicos de cuenca en los que un comité científico establecerá, entre otras cosas, un balance hídrico y las proyecciones del recurso en cada una de las 101 cuencas del país.
Por último, el gobierno creó el Comité Interministerial para la Transición Hídrica Justa que propondrá y ejecutará una hoja de ruta de corto, mediano y largo plazo para enfrentar la crisis hídrica y asegurar la capacidad de resguardar el acceso sostenible al agua en calidad y cantidad.
Dicho comité tendrá también a cargo los Consejos de Cuenca, organismos donde participarán representantes de todos los sectores relacionados con los usos del agua de una cuenca hidrográfica y que estarán orientados a promover una gestión coordinada e integrada del agua.
Marina Hermosilla, gerente de sustentabilidad de Fundación Chile, organización público privada que promueve el desarrollo sostenible, explica que “al no haber un cuerpo colegiado donde se puedan discutir todos los asuntos en común y por lo tanto tomar decisiones considerando a todos los actores de una determinada cuenca, es mucho más difícil dar respuesta a todos los involucrados”. En ese sentido, esta nueva institucionalidad permitirá reunir a todos los vinculados al recurso hídrico en una cuenca, asegura la experta.
Larraín, sin embargo, quien ha participado en la formulación de numerosas políticas públicas relacionadas con el medio ambiente, es crítica al asegurar que el Comité Interministerial para la Transición Hídrica Justa, que fue presentado por el gobierno como un nuevo modelo de gobernanza para la gestión del agua, “no tiene dientes”. Según la experta, en la práctica, dicho comité no puede ser un nuevo modelo de gobernanza ni tener poder de decisión, porque legalmente “la gobernanza del agua sigue estando en manos de las juntas de vigilancia, que son los propietarios de los derechos de agua”.
Para ella, las posibilidades concretas que por ahora están presentes para mejorar la gestión del recurso están dadas por las nuevas atribuciones que la reforma al código de aguas le otorgó al Estado y a los planes estratégicos de cuenca. “La autoridad va a tener que, desde la estrategia para cada una de las cuencas, más estos criterios de priorización de usos y condiciones de sustentabilidad (que quedaron establecidas en la reforma al código de aguas), armar un paquete de condicionantes que obliguen a los usuario a cumplir con ciertas cosas”.
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Lo positivo: la ratificación del Acuerdo de Escazú
A los pocos días de iniciado el gobierno de Gabriel Boric, Chile saldó una de sus principales deudas ambientales: firmar el Acuerdo de Escazú, el primer gran tratado medioambiental de Latinoamérica que busca asegurar el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia ambiental en el continente más peligroso para ejercer el activismo ambiental, según Global Witness.
Hasta entonces, la negativa de la anterior administración de Sebastián Piñera a firmar el Acuerdo había provocado duras críticas entre organizaciones defensoras del medio ambiente, sobre todo porque Chile había estado entre los principales promotores del acuerdo y había sido uno de los impulsores del documento que ya ha sido firmado por 10 países.
Antonia Berrios, abogada de la ONG Fima, que representa jurídicamente a comunidades frente a conflictos socioambientales, explica que mientras se acrecienta la crisis ambiental y la degradación de los ecosistemas han surgido más focos de conflicto y con ellos más amenazas a quienes toman el liderazgo. “Mientras más aumenta la acción ambiental por parte de los defensores, también aumenta una respuesta que muchas veces es negativa y que busca acallarlos”, agrega Berrios. Según la abogada, los amedrentamiento en Chile son variados e incluyen “defensores demandados civilmente por daño a la imagen de determinadas empresas, querellas penales por dichos que no constituyen ni injurias ni calumnias, pero que el mismo hecho de hacer pasar a los defensores por un proceso cumple la función de amedrentarlos para acallarlos”, cuenta la experta.
Además, también existen casos de defensores ambientales que han recibido amenazas de muerte. Tal es el caso de Verónica Vilchez, del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), organización civil que ha liderado el conflicto por el agua en Chile, o Katta Alonso, presidenta de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero – Puchuncaví, que desde años pide el saneamiento de una de las zonas más contaminadas del país.
“El hecho de haber ratificado este acuerdo visibiliza que existen estos defensores y por lo tanto crea conciencia en toda la sociedad”, asegura Berrios.
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El avance: leyes para enfrentar el cambio climático y descarbonizar la economía
“El cambio climático es hoy y no mañana”, dijo la ministra Rojas cinco días después del último episodio de intoxicación en Quintero y Puchuncaví. Ese día se publicó en el diario oficial la Ley Marco de Cambio Climático, que establece que el país sea carbono neutral y resiliente al clima a más tardar el 2050. Se trata de “un hito en la historia medioambiental del país”, aseguró el Ministerio de Medio Ambiente, y especialistas de distintas ONG ambientales y de centros de investigación coinciden en que se trata, probablemente, de la ley más relevante de la última década ya que considera la mitigación y la adaptación al cambio climático como una política de Estado, lo que implicará necesariamente “cambios estructurales”, aseguró la ministra Rojas.
En concreto, la ley establece facultades y obligaciones a nivel central y también a nivel regional y local, involucrando y obligando acciones para enfrentar el cambio climático a 17 ministerios, a los gobiernos regionales y a todas las municipalidades de Chile. Además, instaura la obligación por parte del Estado de reportar todos los años la inversión pública climática y a las instituciones financieras de declarar anualmente los impactos y riesgos climáticos de sus proyectos de inversión privada.
Según el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, la ley marco implicará, por ejemplo, grandes cambios en cuanto a la información que entreguen los desarrolladores de proyectos al sistemas de evaluación de impacto ambiental, puesto que los riesgos ambientales deberán ser incorporados. Por eso, en opinión de Mena, la ley “es una forma muy importante de poder cambiar las cosas”.
A expertos consultados por Mongabay Latam, sin embargo, les preocupa que el financiamiento para implementar la ley sea insuficiente. “Cuánto determine el Ministerio de Hacienda para entregar a la aplicación de la ley va a determinar efectivamente el compromiso real que tiene el Gobierno con respecto a la implementación de esto”, dice Mena.
Las medidas tomadas para avanzar en la descarbonización de la economía se ratificaron durante la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), ya que Chile entregó un reforzamiento de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NCD), el plan en donde expone de qué manera y en cuánto disminuirá sus emisiones de gases de efecto invernadero. Dicho reforzamiento incluye, entre otras cosas, ampliar al 2030 en al menos 1 millón de hectáreas la actual superficie protegida de ecosistemas terrestres y acuáticos continentales, tener el 100 % de las áreas protegidas públicas con planes de manejo y revertir la tendencia creciente de emisiones de metano a 2025.
Además, se entregó la primera Comunicación de Adaptación, donde se exponen las necesidades específicas que el país requiere atender para poder adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. Por último, la ministra Rojas también hizo entrega del quinto informe del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI). Se trata de un importante documento que los países deben proporcionar puesto que en él se indica la cantidad de gases que fueron emitidos lo que permite saber si las metas se están cumpliendo. Según un comunicado del Ministerio de Medio Ambiente, dicho informe detalla que en 2020 hubo una disminución de un 4 % de las emisiones de dióxido de carbono respecto del 2018.
Aunque la disminución podría deberse a los efectos de la pandemia, cabe destacar que por primera vez en Chile la energía eólica y solar generaron más electricidad que el carbón durante un período completo de 12 meses, entre agosto de 2021 y septiembre de 2022.
Liberona, de Fundación Terram, advierte, sin embargo, que si bien se trata de una buena noticia, esta “tiene letra chica, porque buena parte de esa energía no se puede usar”. ¿Por qué? Según explica Marco Billi, investigador del Centro del Clima y la Resiliencia (CR2), “la energía eólica y solar tiene la característica de que es variable y fluctúa dependiendo de si hay sol o hay viento. Por lo tanto, hasta el momento la lógica del sistema ha sido mantener como base la energía a carbón y que las energías renovables se usen por sobre esa”. El problema, es que para descarbonizar efectivamente la matriz energética es necesario invertir esas posiciones, es decir, que la energía renovable sea la base, explica Billi. Para lograrlo, no basta con producir energía renovable sino que es necesario contar con un sistema que permita almacenarla.
En noviembre se promulgó la Ley de Almacenamiento y Electromovilidad, que había sido presentada en diciembre del 2021 por la anterior administración, y que “busca incentivar la incorporación de infraestructura de almacenamiento para que de esa manera disminuya el vertimiento de (energía) renovable que hoy se produce”, explica Marina Hermosilla de Fundación Chile. “El primer tiempo de las políticas públicas para el fomento de energías renovables fue el hito de que la capacidad de generación con energías variables supere al carbón”, dijo el ministro de Energía, Diego Pardow, durante la ceremonia de promulgación de la ley. Ahora, agregó, “se inicia un segundo tiempo que permitirá incentivar el uso de tecnologías limpias que permitan al sistema responder durante los peak de demanda de manera de dejar de depender de los combustibles fósiles. Esa es la única manera que permitirá descarbonizar nuestra matriz energética”.
Imagen Principal: Tala ilegal de bosque nativo en el sur de Chile. Foto: CONAF.
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