- Del 7 al 19 de diciembre de 2022 se celebrará la Conferencia sobre Diversidad Biológica de la ONU (COP15) en Montreal, Canadá. En ella se busca establecer un plan ambicioso que transforme la relación de la sociedad con la naturaleza y se detenga la gran crisis de pérdida de biodiversidad que se vive en todo el planeta.
- Ana Di Pangracio, experta en derecho y política ambiental, señala que los resultados deben apuntar hacia la recuperación de la biodiversidad con estrategias como la conservación, el uso sostenible y la restauración, así como el involucramiento de todos los sectores de la sociedad y todos los niveles de gobierno, respetando los derechos humanos.
- Además, Di Pangracio señala la importancia de contar con el financiamiento suficiente para revertir la crisis de pérdida de biodiversidad y que no se repita la historia que llevó a que las Metas de Aichi no se cumplieran plenamente.
El planeta enfrenta una crisis de pérdida de biodiversidad que se vislumbra lejos de detenerse: el más reciente informe Planeta Vivo advirtió que las poblaciones de flora y fauna se redujeron en un 69 % en promedio desde 1970. El ser humano ha sido el causante: desde la sobreexplotación de recursos naturales, los excesos en los hábitos de producción y consumo, hasta el cambio climático, han puesto en riesgo a numerosas especies y ecosistemas. Las consecuencias no son solo para la naturaleza, también se reflejan en varias áreas de la vida de los seres humanos, entre ellas la salud.
Del 7 al 19 de diciembre de 2022, se celebrará la Conferencia sobre Diversidad Biológica de la ONU (COP15) en Montreal, Canadá, en donde se reunirán representantes de los países de todas las regiones para acordar un nuevo Marco Mundial para la Diversidad Biológica Post-2020, que reemplazará las Metas de Aichi que se establecieron en 2010, pero cuyos objetivos no se cumplieron plenamente. Según la ONU, se busca tener un plan ambicioso para lograr una transformación en la relación de la sociedad con la biodiversidad y garantizar que, para 2050, se cumpla con el objetivo de vivir en armonía con la naturaleza.
“Conforme pasa el tiempo, sin que realmente se tomen medidas efectivas que detengan y reviertan este proceso de declive constante de la biodiversidad, estamos más cerca de ese punto que teme la ciencia: el punto de no retorno, donde ecosistemas y especies —incluyendo la humana— no tengan capacidad de resiliencia para ajustarse al avance de las actividades humanas”, señala Ana Di Pangracio, experta en derecho, política ambiental y en biodiversidad con enfoque de derechos humanos.
En Mongabay Latam conversamos con Di Pangracio, experta argentina de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) e integrante del Grupo de Mujeres del Convenio sobre la Diversidad Biológica, acerca de lo que estará sobre la mesa durante las negociaciones de la COP15.
Lee más | “La restauración ecológica también tiene que ver con la recuperación del tejido social” | ENTREVISTA
—Este 7 de diciembre comienza la Conferencia sobre Diversidad Biológica de la ONU (COP15), ¿por qué es importante y cuál es su balance general sobre lo que ahí se discutirá?
—Es importante porque, por fin, los Estados Partes del Convenio de Diversidad Biológica estarían próximos a adoptar lo que será un Marco Mundial de la Diversidad Biológica, posterior a 2020 y que iría hasta 2030. Esto vendría a reemplazar el Plan Estratégico del Convenio de Diversidad Biológica y sus Metas de Aichi para la Biodiversidad, que iban de 2011 a 2020. Todo ese plan estratégico y metas se habían adoptado en la COP10 de Nagoya, Japón, en el año 2010. Pero en medio pasó una pandemia, cuando se estaban dando los primeros pasos de negociación en torno a este marco post-2020 y quedó postergado, a la espera de poder retomar.
Si bien hubo algunas charlas online para mantener el debate y la conversación en torno al nuevo plan estratégico, era necesario retomar las negociaciones en persona para poder avanzar el texto de lo que será este Marco Mundial de la Diversidad Biológica posterior a 2020. Después de la demora de dos años por las crisis del COVID-19 y tras decenas de talleres temáticos, consultas regionales y reuniones estamos ahora en lo que sería la instancia final. Pero falta mucho por hacer. El marco post-2020, en lo absoluto, está cerca de completarse.
Un aspecto que siempre resaltamos es que, pese a toda esta demora por la pandemia, se ha dado realmente todo un proceso abierto y participativo inédito, lo cual ha sido muy bueno porque no había pasado al momento de tener que desarrollar el Plan Estratégico 2011-2020 y las Metas de Aichi. Nosotros destacamos eso, estamos ya en la recta final y con bastante presión para alcanzar un acuerdo entre el 7 y el 19 de diciembre.
—¿Cuáles son los principales objetivos sobre la mesa y cómo se buscará alcanzarlos y medir su progreso?
—Algunos de los principales objetivos —conforme a nuestro expertise y lo que seguimos (en FARN)— es, primero, que consideramos que las Metas de Aichi son un estándar y un piso mínimo ya acordado sobre el cual seguir trabajando. No puede haber regresión de lo acordado en la COP10, de 2010. Las Metas de Aichi eran muy buenas y ambiciosas, solo que falló su implementación porque los recursos financieros, la generación de capacidades, cooperación científica y un marco de monitoreo y reporte no estuvieron a la altura de los desafíos. Se estima que se ha logrado un 20 % del financiamiento que era necesario para poder cumplir con las Metas de Aichi.
Es básico que se consagre un enfoque de derechos humanos y que estén en el corazón de este nuevo marco, dado que las Metas de Aichi eran prácticamente ciegas a esto, salvo por algunas cuestiones donde refería los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. Para lograr que se cumpla la consagración de los derechos humanos en este marco post-2020, no solo tiene que estar en sus principios, sino también en sus metas importantes, por ejemplo, en la planificación espacial, restauración, áreas protegidas y conservadas, entre otras. Solo así se podrá poner de relieve las contribuciones, aportes, necesidades, barreras y desafíos que tienen titulares de derechos como pueblos indígenas, comunidades locales, mujeres, niños, jóvenes y personas defensoras del ambiente.
Se tiene que hacer un trabajo más profundo de las causas de raíz de la pérdida de diversidad biológica. Eso supone regular al sector privado, mayor financiamiento para la diversidad biológica, ponerle fin a los incentivos y subsidios perjudiciales para la biodiversidad que hoy se dan en gran manera. Lo que tiene que pasar es que se reitere lo que propusieron las Metas de Aichi: identificar esos incentivos y subsidios para ponerles fin y, de corresponder, redireccionarlos a la protección de la biodiversidad, ya sea a conservación, uso sostenible o restauración. Ningún país ha avanzado en ese tipo de trabajo estratégico.
Lee más | Un posconflicto marcado por la deforestación: el panorama de los bosques amenazados en Colombia
—¿Qué otros puntos deben ser vitales durante las negociaciones?
—Creemos que no tiene que haber enfoques que mercantilicen a la naturaleza, sistemas de compensación de biodiversidad, cuestiones como ganancia neta, pérdida neta o conceptos poco claros y que no están definidos formalmente, como naturaleza positiva. Todos estos mecanismos generalmente tienden a facilitar que se siga destruyendo la naturaleza, como la habilitación de zonas de sacrificio, bajo la premisa de que se va a cuidar o restaurar en otros lugares la biodiversidad. El foco debe ser conservar y gestionar responsablemente los hábitats naturales, esa tiene que ser la prioridad porque, de lo contrario, este tipo de mecanismos siguen habilitando la destrucción de la naturaleza y nos distraen del principal objetivo que tiene que ser atender los impulsores directos e indirectos de la pérdida de biodiversidad que la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de las Naciones Unidas (IPBES) identificó.
Desde ya, tiene que haber una meta importante en torno a poder detener la rampante crisis de pérdida de especies. Especialistas en esta materia hablan de, por lo menos, plantear un 80 % de reducción de extinciones impulsadas por los seres humanos para 2030.
También es importante focalizar la atención en las especies exóticas invasoras. Muchas veces vienen de la mano de los seres humanos y son una de las principales amenazas para la biodiversidad. Los países, tal como se lo propusieron en las Metas de Aichi, tienen que trabajar por prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y controlar o erradicar aquellas que ya se han introducido.
En términos de implementación de áreas protegidas y otras medidas efectivas de conservación, parece haber consenso científico de la necesidad de seguir ampliando las áreas terrestres, aguas interiores, costero-marinas bajo alguna categoría de protección y ahí también juegan un rol importante las Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas (OMEC), que tienen que identificarse y ser propuestas por los países conforme estándares internacionales que, por ejemplo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha desarrollado. No solo es cantidad, sino calidad. Tienen que ser áreas protegidas representativas en términos ecológicos, con una gobernanza efectiva, equitativa e inclusiva, que estén debidamente financiadas para cumplir su fin y gestionadas por personas que estén altamente calificadas para ello; que tengan impacto positivo para la biodiversidad y para las personas.
Sería un salto de calidad que este nuevo marco post-2020 incluyera la agenda de biodiversidad en ciudades, lo cual estaba ausente en el anterior Plan Estratégico. También hay que impulsar y generar condiciones favorables para implementar cuestiones como la soberanía alimentaria, la agroecología, la agricultura familiar y la pesca de pequeña escala, manteniendo la resiliencia de agroecosistemas y que las soluciones están en los territorios. Este marco post-2020 necesita priorizar soluciones basadas en la comunidad y aplicar un enfoque precautorio a las llamadas soluciones tecnológicas, como geoingeniería, biología sintética, impulsores genéticos, que pueden tener un severo impacto negativo en la biodiversidad.
—¿Qué tan rápido estamos perdiendo biodiversidad y por qué es preocupante no solo para las especies, sino para el bienestar humano?
—La naturaleza está en crisis. Buena parte de la biodiversidad ya se ha perdido y continúa en declive. Según IPBES, las presiones humanas que causan la disminución de la biodiversidad se intensifican cada día. Como resultado, el 75 % de la superficie terrestre y el 66 % de los océanos ya han sufrido alteraciones considerables, ya se ha perdido más del 85 % de la superficie conocida de humedales, ecosistemas que son esenciales para la vida, porque son una gran fuente de agua dulce, un elemento central para todas formas de vida en la Tierra, incluyendo la humana. También según IPBES, se estima que el 25 % de las especies de grupos de animales y plantas que se han evaluado están amenazadas, lo que sugiere que alrededor de un millón de especies ya se enfrentan a la extinción en solo décadas.
Todo este declive de la biodiversidad también tiene un severo impacto en el bienestar de las personas, porque con esto se degradan los diversos beneficios que la naturaleza nos brinda. La biodiversidad es sinónimo de agua dulce, alimentos, medicinas, materiales para diversas actividades productivas, sostiene medios y modos de vida de comunidades enteras, también alberga no solo un patrimonio natural sino cultural que está asociado a la biodiversidad, con lo cual, ciertamente, la crisis de pérdida de biodiversidad tiene un impacto directo en el bienestar y en la calidad de vida de las personas.
—Uno de los principales temas es cerrar la brecha financiera en la protección de la biodiversidad, ¿qué decisiones económicas deberían tomarse desde los gobiernos de la región?
—Lo central es que los países realmente cumplan con lo que ya se propusieron en las Metas de Aichi. La meta número tres era identificar, poner fin y/o redireccionar los subsidios e incentivos perjudiciales para la biodiversidad que cada año otorgan. Esa sería una vía que permitiría cerrar la brecha financiera.
También nosotros reclamamos que todos los países destinen mayores partidas presupuestarias cada año en su Ley de Presupuesto Nacional destinadas a la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible y la restauración. Aún hoy se sigue invirtiendo muchísimo en actividades que tienen un impacto negativo en la biodiversidad.
También los países en desarrollo tienen que generar, poner a disposición de los países en vías de desarrollo, fondos nuevos y adicionales que les permitan a estos últimos poder atender en sus países y a nivel regional la crisis de pérdida de biodiversidad y que puedan hacer realidad lo que la comunidad internacional se va a proponer en este Marco Mundial de la Biodiversidad Post-2020.
—Para la COP15 también se ha propuesto que los pueblos indígenas y comunidades locales sean socios implementadores del Convenio sobre la Diversidad Biológica, ¿cómo lograr salvaguardar el conocimiento tradicional, respetar sus derechos y promover el uso sustentable de la biodiversidad cuando los recursos no siempre llegan a estos territorios?
—Ciertamente los pueblos indígenas y comunidades locales no están entre los grupos priorizados a la hora de decidir en dónde se destinan los fondos para la conservación de la biodiversidad. Son ellos los que en buena parte conservan la biodiversidad en los territorios y la defienden, muchos de ellos son defensores de la naturaleza y los derechos de sus comunidades, y están bajo serio riesgo: sufren ataques e incluso atentados contra su vida. América Latina y el Caribe es la región más peligrosa del mundo para las personas que defienden la naturaleza y sus derechos. Los territorios de pueblos indígenas y comunidades locales albergan 80 % de la biodiversidad mundial pero, en el financiamiento climático, 1 % de este llega a pueblos indígenas y comunidades locales, el resto queda entre grandes organizaciones y otros intermediarios.
Deben preverse, en este marco post–2020, mecanismos que permitan asegurar que haya un buen porcentaje de estos fondos que baje a los pueblos indígenas y comunidades locales, acompañados de la capacitación y el fortalecimiento que van a necesitar para poder implementar esos fondos; hay que acompañarlos en las labores que ya llevan adelante y que permiten conservar patrimonio natural y cultural. Esa es una forma de preservar su conocimiento tradicional, respetar sus derechos y también el uso sostenible de la diversidad biológica.
Este es un tema que ha sido central para el Convenio de Biodiversidad desde sus inicios, en su propio texto reconoce las contribuciones que hacen los pueblos indígenas y comunidades locales a la biodiversidad, también las mujeres, y es momento de realmente hacerlo efectivo, tanto en financiamiento como con todo el acompañamiento de generación de capacidades y transferencia de tecnología que requieren para poder proteger la biodiversidad que está presente en sus territorios.
—¿En qué posición quedan las mujeres y cómo deberían ser incluidas en la igualdad de acceso a la educación, los recursos, servicios y tecnologías para apoyar su participación en la gobernanza, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad?
—Hay una meta exclusiva que ha estado empujando el grupo de mujeres, que es la meta 22 —incluida en el texto negociación— que tiene primero un eje: no solo es el que las mujeres participen en los procesos de toma de decisión, sino también que se les reconozcan sus derechos de acceso a la tierra, aguas y territorios. Esos dos elementos son importantes y están presentes en esa meta que, en primera instancia, presentó Costa Rica antes de la pandemia, en la última reunión presencial que se tuvo antes del COVID, en febrero de 2020, en Roma. Cuando se retomaron las negociaciones, Costa Rica nuevamente lo planteó, ya acompañado de otros países. Se fue generando más masa crítica en torno a esta meta durante la reunión de Nairobi y confiamos en que finalmente va a ser adoptada. Por ejemplo, el grupo de Latinoamérica y el Caribe lo apoya, también la Unión Europea y muchos otros países africanos y asiáticos.
Ha sido un esfuerzo muy grande del grupo de mujeres que puso este tema en agenda, porque, como dije, en el texto de la Convención ya se reconocen el rol y las contribuciones de las mujeres a la biodiversidad y los desafíos que enfrentan para poder ser escuchadas en espacios de toma de decisión, poder ser beneficiarias de financiamiento, de capacitaciones, etcétera. Eso no solo se necesita en la parte del preámbulo de los principios, sino que realmente —al igual que todo tema de derechos humanos— se necesita especialmente en ciertas metas.
Nosotros alentamos que, además de desarrollar una estrategia de biodiversidad, también adopten un plan de acción de género nacional relativo a la biodiversidad, estaremos trabajando por ello ahora que se adopte el marco post-2020 y los países tengan que actualizar sus estrategias.
Generamos un documento sobre cómo incorporar el enfoque de derechos humanos y género en la estrategia de biodiversidad, pero es importante que haya una meta exclusiva. Al igual que en los temas de derechos humanos, no solo hay que consagrarlo en los principios y reconocer lo que ya ha hecho la Asamblea General de Naciones Unidas recientemente, que aprobó una resolución donde se reconoce el derecho a un ambiente sano, limpio y sostenible como derecho humano, también hay que incluir especiales referencias a derechos de pueblos indígenas y comunidades locales, mujeres y jóvenes en metas claves.
—¿Hay señales que permitan augurar que la COP15 terminará con un acuerdo adecuado?
—Todavía falta mucho trabajo, hay cientos de corchetes en el texto de negociación, lo cual es un indicativo de que los Estados Partes todavía están lejos de alcanzar un acuerdo. El proceso ha sido bastante lento y frustrante por momentos. Muchos países —la mayoría— siguen priorizando sus necesidades específicas sin ánimo de comprometerse a un texto que permita atender esta crisis de biodiversidad, detenerla y revertirla. Las Metas de Aichi, en buena parte, no se alcanzaron por falta de voluntad política.
Los Estados tienen una nueva oportunidad para demostrar que realmente están decididos a abordar el declive diario de la biodiversidad que arriesga el sostenimiento de todas las formas de vida en la Tierra, incluyendo la humana. Hay que darle a esta crisis ecológica la atención que merece, que muchas veces queda postergada por la crisis climática.
* Imagen principal: Jaguar (Panthera onca). Foto: © PROCAT Colombia.
———
Videos | Tala y comercio ilegal de madera fina amenazan comunidades wampís de la Amazonía peruana
Si quieres conocer más sobre la situación ambiental en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos.
Facebook | La lucha para salvar al cauquén colorado, un ave en peligro crítico de extinción en Argentina
Si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
