- Colombia eligió nuevo presidente y dio un cambio radical en su política social y ambiental.
- La violencia contra líderes sociales, ambientales y de derechos humanos persiste.
- Aunque el gobierno del expresidente Iván Duque esperaba una disminución de la deforestación en 2021, esta tuvo un aumento de 1,5 %. Estrategias de control militar como Operación Artemisa han sido fuertemente cuestionadas.
Colombia tomó un nuevo camino político al escoger a Gustavo Petro como presidente el pasado 19 de junio. El nuevo gobierno ha tenido una mayor apertura al diálogo con organizaciones sociales y ha anunciado nuevas medidas ambientales, sin embargo, el panorama que se vive en el país no es alentador. La organización Somos Defensores registró que solo entre el 7 de agosto —día en que se posicionó Petro— y el 30 de septiembre, se registraron 25 asesinatos de defensores ambientales, sociales y de derechos humanos.
El país encabezó durante dos años el listado de los países más letales para los defensores ambientales en el mundo. A pesar de que en el último informe de la organización Global Witness se ubicó en el segundo lugar, las cifras siguen siendo alarmantes: 33 de los 200 homicidios de defensores del medioambiente registrados en el mundo en el 2021 tuvieron lugar en Colombia (17 %).
La deforestación nuevamente aumentó. Susana Muhamad, ministra de Ambiente del gobierno de Petro, reveló que entre 2001 y 2021 la Amazonía perdió 1 858 285 hectáreas de bosque, lo que representa el 58 % de la deforestación de todo el país. Además, el primer mes de 2022 se convirtió en el enero con más incendios en los últimos 10 años. Asociada a los procesos de deforestación y a otros delitos ambientales, la violencia en áreas protegidas y resguardos indígenas de la Amazonía se ha incrementado.
Y aunque hay buenas noticias, como la creación y ampliación de áreas protegidas que permitieron que el país supere la meta de proteger al menos el 30 % de su territorio antes de 2030, hay dudas sobre cómo se obtendrán recursos para su control y vigilancia.
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Lo recurrente: la deforestación no cesa en Colombia
Por segundo año consecutivo la deforestación aumentó en Colombia. Cifras oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indicaron que en el 2021 se perdieron 174 103 hectáreas de bosque, lo que representó un incremento de 1,5 % comparado con el 2020 (171 685 hectáreas). La tendencia al alza se registró desde ese último año cuando, durante la pandemia, la pérdida de bosques aumentó un 8 % comparado con el 2019.
En el 2022, se ha incrementado el enfrentamiento entre antiguos y nuevos grupos criminales que se disputan los territorios donde antes la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ejercían control, principalmente las áreas de transición entre Andes y Orinoquía con la Amazonía, en departamentos como Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. “Después de la firma del Acuerdo de Paz se sintió un respiro en los territorios pero lastimosamente no duró mucho porque, posteriormente, actores armados volvieron a invadir. Son tantos grupos que finalmente uno no sabe quién es quién”, dice Luz Mery Panche, lideresa indígena nasa de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá.
Las expectativas respecto a la cifra de deforestación de 2022, la cual se presentará en 2023, crece en el sector ambiental, sobre todo si se considera que en el primer trimestre del año se concentraron las más grandes talas y quemas en la Amazonía. Monitoreos de la organización Global Forest Watch mostraron que durante enero de este año se presentaron más de 1200 alertas de incendios en la Amazonía. En el 2021, en esa misma época, se registraron apenas 280. La situación fue tan grave en 2022 que el número de incendios de enero en la Amazonía fue el mayor para ese mes en los últimos 10 años.
En julio de este año, la presentación del panorama de los bosques en 2021 hecha por Carlos Eduardo Correa, ministro de Ambiente en ese entonces, provocó serios cuestionamientos de expertos. En su corta presentación se omitieron cifras detalladas que antes sí se publicaban como la pérdida de bosque dentro de áreas protegidas. El gobierno del expresidente Iván Duque hizo énfasis en que el incremento de la deforestación había sido tan bajo que el fenómeno mostraba una tendencia a la estabilidad, y que la cifra seguía siendo muy inferior al récord alcanzado en el 2017, año en que el país reportó la deforestación más alta desde que hace mediciones.
“Decir que se tuvo mucho éxito cuando lo que se hizo fue estacionar la deforestación entre 170 000 y 180 000 hectáreas anuales, es un fracaso rotundo. Con ese desempeño es imposible llegar a la meta de cero deforestación en el año 2030”, comenta el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez.
Por otro lado, la construcción de vías ilegales siguió disparada en el 2022 en la Amazonía colombiana. El gran problema, como lo indica la investigadora Liliana Dávalos, profesora de la universidad Stony Brook en Nueva York, es que estas carreteras conllevan procesos de colonización a su alrededor.
Uno de los ejemplos más preocupantes es el de la vía ilegal Calamar – Miraflores en el departamento de Guaviare. Solo entre enero y la primera semana de octubre de 2022 se registraron 145 116 alertas de deforestación de la plataforma Global Forest Watch.
Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), comenta que en los últimos cuatro años, más de 59 kilómetros han sido abiertos para ampliar esta vía. “Los predios deforestados más grandes se encuentran en esa zona y es un modelo que se está consolidando en la región amazónica: grandes predios, accesos viales y entrada ganadera. Mientras no haya una decisión del Estado de declarar el cierre de la frontera agropecuaria desde el municipio de Calamar, y de hacer obligatorio y vinculante opciones alternativas de transporte como el fluvial, estamos perdidos”, asegura.
Lo malo: áreas protegidas y resguardos indígenas acorralados por la ganadería y el acaparamiento de tierras
El acaparamiento de tierras baldías es la principal causa actual de deforestación en Colombia y es un problema que se consolidó en el 2022, principalmente en la Amazonía. Atado a esta problemática está la ganadería extensiva, como mecanismo para buscar la propiedad de las tierras acumuladas, que en realidad le pertenecen a la nación.
“Tenemos unas huellas ambientales gigantes que son los pastizales y estos pastizales existen no porque haya un fuerte mercado ganadero sino porque están asociados con la apropiación de tierras. No es que haya una demanda irresistible de vacas en pie, carne o lácteos, sino que con las vacas vienen derechos y tradiciones que tienen que ver con la tierra”, comenta la investigadora Liliana Dávalos.
La deforestación para el acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva amenaza a varias áreas protegidas y resguardos indígenas. Cifras oficiales del Ideam entregadas recientemente a Mongabay Latam señalan que durante 2021 los parques nacionales que más bosque perdieron fueron Tinigua (5341 hectáreas), Sierra de la Macarena (3222 hectáreas), Serranía de Chiribiquete (2207 hectáreas), La Paya (888 hectáreas) y Paramillo (727 hectáreas). Los primeros cuatro se encuentran en la Amazonía.
La situación más crítica la vive actualmente el Parque Tinigua. El 2021 se convirtió en el quinto año consecutivo en que este parque encabeza la lista de áreas protegidas afectadas por la pérdida de bosques en Colombia. De acuerdo con información proporcionada por Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), una de sus principales presiones es la ganadería. En esta área protegida que tiene un área de 214 362 hectáreas hay cerca de 18 343 hectáreas impactadas por más de 100 000 cabezas de ganado. Es por eso que muchos expertos aseguran que si la tendencia de pérdida de bosques continúa, Tinigua perderá su valor ecológico como parque nacional.
“Por una falta de atención estructural al tema del ordenamiento territorial podríamos terminar perdiendo la selva y poniendo en riesgo a cientos de comunidades, porque una vez las vías empiezan a ampliarse, se empiezan a romper los grandes resguardos indígenas amazónicos, como está sucediendo con la carretera Calamar-Miraflores que está pasando de manera ilegal por la mitad del resguardo La Yuquera, sin ningún tipo de consulta y ningún tipo de procedimiento”, comenta Rodrigo Botero de la FCDS.
Por su parte, la lideresa indígena nasa Luz Mery Panche señala que las zonas taladas se han convertido rápidamente en praderas donde luego se ha instalado ganadería extensiva, “haciendo muy complicado, sobre todo para la población campesina, ejercer control territorial”.
Panche también señala que Artemisa, la operación militar que emprendió el gobierno del expresidente Iván Duque, no ha mejorado la situación de seguridad en la Amazonía ni las presiones sobre los bosques. “A finales del año pasado vinimos a sufrir en carne propia los efectos de los operativos de Artemisa. Hubo situaciones bastante tensas con las fuerzas militares y capturaron al gobernador indígena de la comunidad de La Esperanza, del pueblo nasa. Artemisa solo nos trajo más conflictos”, comenta.
Una de las esperanzas para ponerle freno a las presiones que enfrenta el medioambiente en Colombia tenía que ver con la aprobación, a finales de 2021, de la nueva ley de delitos ambientales donde, además de incluir a la deforestación, se crearon otros cinco nuevos delitos: promoción y financiación de la deforestación, tráfico de fauna, apropiación ilegal de los baldíos de la nación, financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación y el financiamiento de la invasión de áreas de especial importancia ecológica.
Sin embargo, hace pocos días se conoció que la Corte Constitucional declaró inconstitucionales los delitos de apropiación y financiación ilegal de los baldíos de la nación. Edwin Novoa, investigador de la organización Ambiente y Sociedad, comenta que la demanda sobre la cual se pronunció la Corte planteaba que el tema de baldíos no tiene nada que ver con el tema ambiental, “lo cual para nosotros es un argumento bastante flojo porque es claro que una de las principales motivaciones para deforestar es acaparar tierras baldías. La misma Corte Constitucional en muchas sentencias ha dicho que el tema de tierras tiene que ver con medioambiente”. “Esta decisión de la Corte de cierta forma se traduce en que los ganaderos que acapararon tierras ya pueden estar tranquilos porque no les van a hacer nada”, añade Novoa.
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Lo preocupante: la situación de los líderes sociales y ambientales sigue siendo crítica
Esta es una de las deudas persistentes en Colombia cada año pues los asesinatos de líderes sociales, ambientales e indígenas continúan. En febrero de 2022, el informe presentado por la organización Front Line Defenders reveló que durante el 2021 mataron al menos a 358 defensores de derechos humanos en 35 países, de los cuales 138 casos se presentaron en Colombia (39 %). Aunque la cifra es menor comparada con la del 2020, Colombia sigue siendo el país más letal según el informe.
Meses después, la organización Global Witness publicó su informe anual sobre homicidios de defensores ambientales en el que Colombia se posicionó como el segundo país más peligroso del mundo para ejercer la defensa del medioambiente y los territorios con 33 de los 200 asesinatos reportados, es decir, el 17 % de los casos, solo superado por México. Pasó al segundo lugar después de encabezar el listado durante dos años consecutivos.
Cifras de organizaciones nacionales de derechos humanos también dan cuenta de que la violencia persistió en 2022. Datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) muestran que entre el 1 de enero y el 4 de diciembre fueron asesinados 179 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.
El informe semestral enero-junio del Programa Somos Defensores registró un total de 439 agresiones en contra de 419 personas —algunas personas fueron víctimas de más de un tipo de agresión en un mismo hecho—. El documento resalta que, en comparación con el mismo periodo del año anterior, se observó una disminución del 16 % en el total de las agresiones (85 casos) pero “resulta muy importante considerar que la comparación se hace con el primer semestre del 2021, que estuvo marcado por la dinámica de movilizaciones en el marco del Paro Nacional que se prolongó por varias semanas y se caracterizó por el excesivo uso de la fuerza pública, lo que elevó considerablemente el número de agresiones cometidas”. De acuerdo con Somos Defensores, solo entre enero y junio de este año, se presentaron 99 asesinatos de defensores.
Dos de los asesinatos que más estremecieron al país en el 2022 fueron los de Breiner David Cucuñame y Luz Marina Arteaga. Cucuñame de tan solo 14 años, era un niño guardia indígena que murió por los disparos de un grupo armado en el norte del departamento del Cauca. Arteaga era una médica que acompañaba los procesos de reclamación de tierras de campesinos e indígenas en los departamentos de Meta, Casanare y Vichada. Su cuerpo apareció sin vida en el río Meta luego de estar desaparecida durante varios días.
Edwin Mauricio Capaz, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), comenta que después de la firma del Acuerdo de Paz han visto cómo la violencia sigue ganando espacio en el departamento del Cauca, uno de los más afectados por los grupos armados ilegales en Colombia. “Luego del Acuerdo de Paz, a partir del 2017, cada año han asesinado al menos a una de nuestras autoridades indígenas en ejercicio. Si la autoridad indígena no está a favor de lo que pretenden los grupos [ilegales], entonces la eliminan”.
“Los asesinatos en el primer semestre incrementaron en un 71 % respecto a 2021 y eso pone en evidencia que la campaña electoral no solo fue muy agresiva en términos políticos sino muy violenta. Nuevamente los liderazgos sociales fueron blanco de esta violencia”, asegura Lourdes Castro, coordinadora del programa Somos Defensores. Añade también que los departamentos más peligrosos para los defensores siguen siendo Cauca y Antioquia, “pero llama mucho la atención el aumento de las agresiones en Santander que no registraba índices tan altos en los últimos años. Consideramos que quizás el aumento está muy marcado por la disputa territorial que se vive en el Magdalena medio entre la guerrilla del ELN y las AGC [Autodefensas gaitanistas de Colombia]”.
El cambio de gobierno ha planteado expectativas sobre una mejora en la situación de los defensores en Colombia, sin embargo, la situación en el país es crítica. En su último análisis trimestral (julio-septiembre), Somos Defensores registró que entre el 7 de agosto y el 30 de septiembre, cuando ya había asumido el poder el presidente Gustavo Petro, se registraron 25 asesinatos.
“Hace poco el gobierno acogió la propuesta del Plan de emergencia para la protección a líderes sociales que presentamos varias organizaciones de derechos humanos. Se están implementando algunas medidas, pero 100 días de gobierno aún es muy poco tiempo para ver resultados de una situación tan compleja y que ha tenido tanto deterioro en los últimos años”, asegura Castro.
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Lo olvidado: Las estrategias para gestionar los recursos marinos
Si hay algo que Colombia considera un privilegio es ser el único país sudamericano con acceso a dos mares. Su posición geográfica le permite tener salida al océano Pacífico y al mar Caribe. A pesar de que casi el 50 % de su territorio es mar, históricamente sus políticas de desarrollo se han dado de espaldas a los océanos. Y si hacer gestión ambiental en el área continental es una tarea difícil, el asunto se torna peor cuando se habla del mar.
La sobrepesca sigue siendo un problema. “Así como la institucionalidad en torno a las áreas protegidas ha sido muy deficiente, la de pesca no es distinta”, asegura Juan Manuel Díaz, coordinador de programas para Colombia de la Fundación MarViva.
En Colombia la autoridad de pesca hace parte del Ministerio de Agricultura, lo cual para Díaz ya es algo que resulta problemático porque la agricultura busca cosechar de un sistema que previamente es sembrado, mientras que la pesca implica cosechar de un sistema que naturalmente “produce lo que tiene que producir”.
El manejo sostenible de los recursos pesqueros sigue siendo una deuda y es un tema en el que Colombia recién está incursionando, motivado principalmente por el agotamiento de muchos recursos marinos. “Finalmente la AUNAP [Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca] ha entendido que hay que imponer unas vedas a ciertos recursos, que hay que regular el uso de ciertas artes de pesca y que hay que entregarle a los pescadores artesanales unas áreas para uso exclusivo para que no compitan con los industriales, porque no hay recurso para ambos”, comenta Díaz.
A pesar de esto, la AUNAP no es una autoridad con funciones policivas y judiciales, así que Colombia depende de lo que haga la Armada Nacional y su cuerpo de Guardacostas, quienes son los encargados de vigilar que las actividades en los mares colombianos sean legales. Sin embargo, la capacidad de acción es limitada ya que la Armada tiene otras tareas prioritarias como el control del narcotráfico e invierte muchos de sus recursos en perseguir embarcaciones que llevan drogas.
“Tenemos muchas especies en etapa de agotamiento en Colombia. Se supone que después de esto viene una etapa de recuperación pero eso solo sucede si se dejan descansar los recursos durante unos años. En el país esto solo está ocurriendo con una especie de camarón en el Caribe y con el camarón de aguas someras del Pacífico, pero no porque haya vedas o restricciones sino porque las pesquerías quebraron y ya no salen a pescar”, dice Díaz.
A la problemática de la sobrepesca se suma la pesca incidental. Un estudio del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar) hizo seguimiento entre enero y septiembre de 2017 a la pesquería de camarón de aguas someras en el Caribe. Los resultados obtenidos mostraron que la captura total estimada para el Puerto de desembarco de Cartagena, fue de 92,8 toneladas, de las cuales solo el 17 % correspondió a captura objetivo, el 46 % a captura incidental (CI) y el 38 % fue descartado.
Según información de MarViva, por cada kilo de camarón de aguas someras se pescan aproximadamente 18 kilos de otras especies. De esos 18 kilos, más de la mitad va muerta de regreso al mar y el resto es aprovechado para venta.
“A pesar de que se invierten recursos en investigación y que ya sabemos mucho más sobre cómo funcionan nuestros mares y nuestros recursos, la situación de los océanos va de mal en peor. Además, el cambio climático no ayuda y el aumento del nivel del mar no perdona”, concluye Díaz.
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Lo bueno: Colombia ha protegido más del 34 % de su territorio
Antes de dejar la Presidencia el 7 de agosto de este año, Iván Duque anunció que Colombia ya tenía el 34 % de su territorio bajo protección ambiental. Duque reveló que el 37,6 % de las áreas marinas y el 31 % de las áreas terrestres del país estaban bajo protección y conservación, superando así su meta de proteger y conservar el 30 % del territorio antes de finalizar el 2022.
Esta idea se sustentó en la propuesta de alcanzar la meta mundial de proteger y conservar al menos el 30 % del planeta al 2030 (30×30), que empezó a discutirse durante la COP 14 de Diversidad Biológica de 2018, realizada en Egipto, donde también se aprobaron los lineamientos relacionados con Otras Medidas Efectivas de Conservación basadas en áreas, conocidas como OMEC. Las OMEC no son áreas protegidas, por lo que no están incluidas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), pero sí están destinadas a la conservación.
Hasta el momento existen 53 OMEC en el país y destacan algunas como las Reservas de Biosfera de SeaFlower y de la Sierra Nevada de Santa Marta; los Sitios Ramsar Estrella Fluvial del Inírida y el Río Bita, y la Zona Amortiguadora del parque Serranía del Chiribiquete.
Desde 2021, el anterior gobierno avanzó en la declaratoria de nuevas áreas protegidas y la ampliación de otras ya existentes, con lo cual el país pasó de tener 12 454 011 hectáreas de zonas marinas bajo protección (13,41 %), a 34 885 749 hectáreas, que equivalen al 37,6 % del territorio marino del país.
Una de esas nuevas áreas protegidas es la ecozona de montes submarinos conocida como la Cordillera Beata con más de 3 millones de hectáreas, que se encuentra en el mar Caribe central y es compartida entre Colombia y República Dominicana. También está el Área de colinas y lomas submarinas de la cuenca Pacifico Norte con más de 2,7 millones de hectáreas protegidas.
Además, se amplió el santuario de flora y fauna de Malpelo en más de 2 millones de hectáreas y el distrito nacional de manejo integrado Yuruparí-Malpelo en más de 9,5 millones de hectáreas.
“Este es un hito increíble no solamente para Colombia sino a nivel mundial. Esto nos dice hoy que tenemos el 34 % de nuestro territorio protegido o bajo algún esquema de conservación como son las OMEC”, dijo el entonces ministro de Ambiente Carlos Eduardo Correa y añadió que “cumplir la meta mundial de proteger el 30 % de los océanos y el territorio, no al año 2030, como lo estipula la Iniciativa 30×30, sino al 2022, ocho años antes, es una excelente noticia para la conservación de la biodiversidad. Esto refleja nuestra ambición y voluntad”.
Aunque los expertos consideran que las declaraciones de áreas protegidas son importantes, es necesario conocer cómo y con qué recursos se gestionarán esas áreas. “En las intenciones está bien, pero son áreas protegidas de papel que se hacen más que todo con una intención política de cumplir unos compromisos internacionales y sacar pecho con eso en los escenarios mundiales. Pero, a la hora de la verdad, lo que interesa es cómo se manejan. Puede que queden declaradas en el papel pero, quién va a manejarlas, quién va a hacer control y vigilancia, cómo se van a gestionar. Como sabemos, nuestra institucionalidad en torno a las áreas protegidas ha sido una cenicienta dentro de todos los gobiernos”, asegura Juan Manuel Díaz de MarViva.
Por su parte, Carlos Mauricio Herrera asegura que una de las falencias que históricamente tienen las áreas protegidas en Colombia es la falta de recursos económicos para su administración. “Hemos venido mejorando en planificación pero siguen faltando recursos para la construcción de planes de manejo y su ejecución”, comenta y agrega que sigue faltando una gobernanza más participativa y más incluyente para que más sectores de la sociedad participen en la gestión de las áreas protegidas.
*Imagen principal: Deforestación en la vía Calamar – Miraflores 2022. Foto: FCDS.
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