- Las industrias extractivas siguen dejando grandes deudas en lo ambiental y en lo social. Al petróleo, un problema de 50 años, se suma la minería legal e ilegal y la pesca ilegal e incidental.
- A pesar de que Ecuador es un país aparentemente garantista de derechos en sus fallos legales, como cuando se convirtió en uno de los líderes en reconocer los derechos de la naturaleza, la mayoría de estos no se cumplen. Además, los defensores del ambiente denuncian ser víctimas de persecuciones.
*Esta publicación es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y La Barra Espaciadora del Ecuador.
Ecuador empezó el 2022 con un derrame de al menos 6300 barriles de petróleo por la rotura del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), como una consecuencia más de la erosión regresiva del río Coca. Este fenómeno es el resultado, atribuyen expertos, de una falla en la construcción de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, una obra insignia del gobierno de Rafael Correa. Este desastre, que explotó en 2020 tras la desaparición de la cascada San Rafael, ha afectado por lo menos el derecho a la propiedad, al ambiente sano y al trabajo de al menos 27 000 personas, de acuerdo con organizaciones indígenas y de derechos humanos.
Cuando se pensaba que esta mala noticia podía a lo mejor ser compensada con una serie de esperadas sentencias constitucionales emitidas también a inicio de año, el incumplimiento hasta hoy de estas elimina el optimismo inicial. Lo preocupante es que estas decisiones judiciales son clave pues sentaron precedentes sobre los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales como sujetos, el derecho al consentimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas, los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y el derecho a la consulta prelegislativa. Por ello, el movimiento indígena ecuatoriano no ha dejado de insistir en su cumplimiento durante las mesas de diálogo propiciadas como salida al paro nacional de junio.
“En las mesas de diálogo se hicieron muchos acuerdos, pero se ve que no hay voluntad del gobierno de cumplir. Han sido acuerdos para que el país o los ecuatorianos no sigamos con esta protesta en las calles, vemos que es una estrategia del gobierno para callar nuestras voces”, reclama Alex Lucitante, poblador indígena cofán defensor de los derechos de la naturaleza y de los pueblos y nacionalidades indígenas.
Los planteamientos realizados durante esos 18 días de paralización han marcado en cierta medida la agenda ambiental del año. El gobierno de Guillermo Lasso ha hecho compromisos para elaborar la tan esperada Ley de Consulta Previa, Libre e Informada, ha establecido moratorias a las actividades extractivas y eliminado decretos. Otra obra de este gobierno, aunque no tiene que ver con las mesas de diálogo, es el incremento de las áreas protegidas. No obstante, como lo resaltan distintos expertos entrevistados para este balance ambiental del 2022, los compromisos y llamados decretos de papel no son suficientes para la naturaleza ni para las comunidades afectadas por las actividades extractivas. “Es necesario que la famosa transición ecológica se convierta en un nuevo modelo de desarrollo para el país”, señala Tarsicio Granizo, exministro de ambiente y director del Fondo Mundial para la Naturaleza para Ecuador (WWF por sus siglas en inglés).
Lo imparable: la minería sigue depredando los ecosistemas
La principal deuda ambiental en el sector minero es la falta de una consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas que han vivido de manera ancestral en los territorios en donde se llevan a cabo los proyectos. En las mesas de diálogo, que le siguieron al paro nacional liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el gobierno de Guillermo Lasso se comprometió a no otorgar nuevos títulos a las nuevas peticiones de derechos mineros hasta contar con la ley y anunció que sometería a consulta prelegislativa la propuesta de consulta ambiental. Esta, a diferencia de la consulta previa, libre e informada, constituye “el derecho de toda persona en general a ser consultada cuando se quieran adoptar decisiones que puedan afectar al ambiente”, como lo explica Jorge Acero, abogado de Amazon Frontlines.
El movimiento indígena también exigió la derogatoria del decreto 151, de expansión minera y emitido en el primer año de mandato de Guillermo Lasso, y la moratoria y nulidad de las concesiones mineras, pues considera que violan sus derechos. Sin embargo, los representantes del Gobierno no dieron paso a este pedido. Es más, la otorgación de concesiones mineras ha continuado sin Consulta previa, libre e informada y sin Consulta Ambiental, un vacío legal que ha traído como resultado al menos 20 conflictos mineros a lo largo del país en los últimos 25 años, de acuerdo con William Sacher, investigador de minería y docente del programa de Cambio Climático de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Sacher explica que hay alrededor de 30 proyectos mineros cuestionados por contaminar el agua, cambiar los cauces fluviales, afectar ecosistemas clave y desatar conflictos sociales. Entre esos están el proyecto de cobre Llurimagua, en el norte de Ecuador, concesionado a la chilena Codelco; la mina activa de cobre Cóndor Mirador, en el suroriente del país, operada por la empresa china Ecuacorriente; y las concesiones mineras en el páramos de Fierro Urko, en el sur del Ecuador.
“En Ecuador nunca se ha formado personal que permita la fiscalización o monitoreo satisfactorio de la actividad minera”, asegura el investigador. Esto, asegura, es lo que genera a la larga grandes pérdidas económicas por pasivos ambientales, afectación de ecosistemas y evasión fiscal. A ello se suma “que hay material que se extrae y que sale del país de forma ilegal, sin que se pueda contar con regalías, impuestos que deberían acompañar la extracción y exportación; estamos con un problema de saqueo asociado a la minería ilegal”, indica.
Esta actividad ilícita en Ecuador afecta principalmente al sur del país, pero también ha generado graves daños ambientales en zonas turísticas como Napo, en el nororiente. Andrés Rojas, Defensor del Pueblo de esta provincia, dice que la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos no Renovables no tiene la capacidad de coordinar con otras instituciones con el fin de realizar operativos de control en zonas tomadas por mineros ilegales. “No pueden ingresar [a los frentes mineros], existe violencia alta, coordinar con Fuerzas Armadas y Policía es complicado”, explica.
La justicia también está en deuda con el ambiente. Nathalia Bonilla, presidenta de Acción Ecológica, dice que el 14 de diciembre habrá una audiencia para evaluar el cumplimiento de las medidas cautelares que protegen a la población de Eloy Alfaro, San Lorenzo y a la naturaleza frente a la minería ilegal. “En esta audiencia es muy probable que levanten las medidas cautelares y si es que levantan las medidas cautelares, van a dejar a la naturaleza y a la población de estos dos cantones a merced de la minería y del crimen organizado que viene de la mano”, asegura.
La minería de oro ilegal también está afectando zonas protegidas, como la Reserva Biológica Colonso Chalupas, en Napo, o la Reserva Cofán Bermejo, en el norte del país. “El Estado conoce sobre estos casos, pero no ha hecho nada y ya son varios años. Como comunidades estamos tratando de que todas estas actividades no entren, pero ya están en la línea [límite con la comunidad], destruyendo el río que está del otro lado del territorio”, dice Alex Lucitante, quien habita en una comunidad dentro de la Reserva Cofán Bermejo.
Lo trágico: los derrames de petróleo continuaron
Este año se inició con el derrame de 6300 barriles de petróleo por la rotura del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en la zona afectada por la erosión regresiva del río Napo. Esto se suma a los más de 15 800 barriles que se vertieron en ese mismo sector en 2020, contaminando más de 360 km de ríos y afectando a unas 27 000 personas de 105 comunidades kichwas, como informó Alexandra Almeida, Coordinadora del Área de Petróleo de Acción Ecológica.
Entre el 2012 y mayo de 2022 hubo 1584 derrames, principalmente debido a la falta de mantenimiento de los oleoductos, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate). Es decir, hubo 12.6 derrames por mes. “La mayoría de estos derrames no son reparados integralmente ni las comunidades son indemnizadas, por lo tanto, se quedan como pasivos ambientales”, dice Almeida.
En este 2022 se empezó a ejecutar el Decreto 95, el plan de Guillermo Lasso de expansión petrolera. “Cuestionamos que solo se consideraba la duplicación petrolera [duplicar la producción de crudo], pero no se consideraron los impactos ni la remediación de los pasivos que ya existen”, opina Elmer Chávez, presidente del Frente de Defensa de la Amazonía. Sin lograr la meta propuesta y después del paro nacional liderado por el movimiento indígena, el gobierno arrinconado se vio obligado a derogar el Decreto 95.
Entre los proyectos previstos para cumplir con la famosa duplicación estaba el inicio de extracción en el campo Ishpingo, dentro del Parque Nacional Yasuní y con una parte dentro del área intangible Tagaeri Taromenane (para pueblos en aislamiento voluntario) y la zona de amortiguamiento. Este es considerado el campo “más productivo” del bloque ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini). Los trabajos en esta área altamente sensible tuvieron luz verde a partir del gobierno de Lenín Moreno, quien lo permitió con el decreto 751. Sin embargo, a inicios de este año, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales los artículos que posibilitaban la instalación de plataformas petroleras en la zona de amortiguamiento. Entonces, “Lasso cogió lo último que le quedaba, las plataformas A y la B, fuera del área de amortiguamiento”, dice Almeida.
“Vemos con preocupación que los impactos a la biodiversidad en el Yasuní se incrementan, a pesar de que dicen que hay buenas prácticas implementadas, nuestros sistemas de monitoreo nos dicen que no todo es así”, dice Sebastián Valdivieso, director para Ecuador de Wildlife Conservation Society (WCS). El colectivo Yasunidos puso una demanda de medidas cautelares por la extracción petrolera en el Yasuní, porque aunque no se haya entrado a la zona de amortiguamiento o a la zona intangible, se está afectando a un mismo ecosistema.
Otra deuda ambiental en esta área es el incumplimiento de la sentencia del Caso Mecheros, que obliga a eliminar este tipo de infraestructura instalada en zonas aledañas a centros poblados hasta enero de 2023. Los mecheros son un sistema de quema de gas que contaminan el aire y el agua, provocando enfermedades respiratorias y cancerígenas, según denunciaron las nueve niñas demandantes. Sin embargo, ni un solo mechero ha sido apagado aún, de acuerdo con los tres expertos consultados.
En las mesas de diálogo, el gobierno se comprometió a establecer una moratoria para la licitación de los bloques de la Ronda Suroriente hasta que se cuente con la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada. También se comprometió a hacer una evaluación de los sitios contaminados por la actividad petrolera, con el fin de iniciar procesos de reparación. No hay un plazo establecido para el cumplimiento de estos compromisos, lo que ya preocupa al movimiento indígena. “No se refleja en la realidad la aplicación de acuerdos, no vemos un cambio real en el tema del extractivismo y eso es preocupante”, opina Patricia Gualinga, lideresa del pueblo kichwa Sarayaku.
Océanos: el gran olvido
Ecuador se mantiene como uno de los países que más exporta aletas de tiburón. Lo paradójico, según lo menciona una publicación de Mongabay Latam, es que se esperaba que la pesca de estos peces cayera con los años tras la entrada en vigencia de un decreto de 2007 que prohibió la comercialización de carne y aletas a menos que estos peces hayan sido capturados de manera incidental. Este es el resultado de que “las pesquerías siguen presionando por un recurso que es objetivo, no incidental”, dice César Peñaherrera, doctor en ciencias marinas cuantitativas y parte de la fundación Migramar. A esto se suma, explica el experto, que en el país no hay cuotas para la pesca incidental, por lo tanto, toda la pesca de tiburones se declara como incidental.
El vacío en la ley se refleja en el crecimiento exponencial de las exportaciones de aletas, según datos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Por ejemplo, mientras en el 2020 se exportaron 82,18 toneladas, en los primeros meses del 2021 la cifra se triplicó y se exportaron 223 toneladas por un valor de 6.5 millones de dólares. El 78 % de estas exportaciones corresponden a cuatro especies que están protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que busca regular la comercialización de ciertas especies para asegurar que se conserven en la naturaleza.
Si vemos las cifras de este año, solo hasta mayo el país exportó más de 40 toneladas, de acuerdo con un reportaje de Insight Crime. Cristina Cely, veterinaria y directora de One Health Ecuador, una institución que trabaja en torno a la salud de la fauna y el equilibrio con el ser humano, denuncia que estos números incluso podrían ser mayores, pues asegura que existen desembarcos de aletas de tiburón en playas en donde no hay controles.
Aunque en febrero de este año se emitió el reglamento de la Ley de Pesca, esta “sigue dejando en abandono total a los tiburones con respecto a la pesca incidental”, indica la veterinaria de One Health. Peñaherrera explica que a los tiburones “se les asigna la categoría de recurso hidrobiológico [o pesquero] para que las autoridades ambientales no tengan el poder de ejercer medidas de control y protección a estas especies”. De esta manera, se las pone en la misma categoría que especies de alta reproducción como el atún o el dorado. Cada año, el atún pone unos 30 millones de huevos, mientras que, en el mismo periodo, los tiburones tienen máximo 30 crías.
Una buena noticia con respecto a los océanos este año fue la creación de la Reserva Marina Hermandad, que incrementó el 5,5 % de superficie marina nacional bajo conservación, según el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate). Esta Reserva se conecta con áreas de conservación en Colombia, Costa Rica y Panamá, conformando el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, que protege dos millones de kilómetros cuadrados de un área que “cuenta con los mayores índices de endemismo del mundo y características oceanográficas complejas”, según el website del Corredor. Aunque es un paso importante para proteger el mar al nororiente de las Galápagos, Cely cuestiona que el área incluya una zona de pesca “en donde se les permitirá pescar a los atuneros, con gran índice de pesca incidental”.
Sobre la vigilancia pesquera, Cely critica que el seguimiento que Ecuador le da a los casos de actividades ilegales llega hasta los informes. Además, señala que en el país no se están realizando patrullajes nocturnos, por la falta de seguridad para quienes los ejecutan.
Deforestación: otro año sin datos actualizados
“Una de las cosas que hay que hacer inmediatamente es detener la deforestación en el país, especialmente en la Amazonía”, dice Tarsicio Granizo, exministro de Ambiente y director para Ecuador de WWF. Esta región está muy cerca de llegar a un punto de inflexión, argumenta el experto y se respalda en los datos del informe Amazonía Viva: el 18 % de toda la cuenca amazónica se ha deforestado y el 17 % está degradada. A esto se suma, dice, la deforestación constante de los manglares en la Costa ecuatoriana, una actividad que destruye ecosistemas y vuelve a las comunidades costeras vulnerables a inundaciones, y la poca protección a los bosques secos y semiáridos.
A pesar de esta realidad, Granizo denuncia que no hay cifras de deforestación actualizadas por las entidades gubernamentales. María Olga Borja, Coordinadora Técnica del proyecto MaapBiomas Ecuador como parte de la fundación Ecociencia, dice que los últimos datos del Maate son del 2018, pero estos se publicaron en un formato accesible solo para personas que tienen conocimiento de ciencias geográficas, lo que limita el acceso a la información que debería ser abierta y accesible, según las leyes ecuatorianas. “No hay datos certeros, pero se habla de 60 mil a 80 mil hectáreas deforestadas por año. ¡Es una barbaridad esa tasa de deforestación!”, expresa el exministro de Ambiente.
Entre 2001 y 2020, en la cuenca amazónica, que abarca también parte de la región andina, constituyendo más de la mitad del Ecuador continental, se han deforestado 623 509 hectáreas, de acuerdo con datos de MaapBiomas, que se enfoca en la cuenca amazónica. Borja explica que en esas dos décadas, se vio una tendencia a la reducción de la deforestación, aunque había sitios en donde esta actividad se estaba intensificando. Sin embargo, “la pandemia cambió todo, incluyendo patrones de uso de suelo”.
“Mucha gente retornó al campo, transformó el bosque para producir o vender recursos forestales. Además, hay fiebre por extraer oro y minerales de manera ilegal”, dice la experta de Ecociencia. La minería ha superado las 7000 hectáreas de expansión en la cuenca amazónica. Si no es un gran impacto en términos de extensión, los efectos de la minería son catastróficos. “Se destruye la integridad ecológica, la calidad de agua, la cadena de alimentación desde las especies más chiquitas de un río hasta los seres humanos que dependemos con esos recursos”, explica Borja.
Otra amenaza es la apertura de caminos, pues son considerados el vector más claro de procesos de transformación de un bosque. Borja asegura que la mayoría de la deforestación está ligada a la agricultura y la apertura de caminos ha facilitado el acceso a la naturaleza que antes estaba intacta. “Nos preocupa que no hay una planificación o incluso una fiscalización de qué caminos deberían ser permitidos y qué caminos no deberían ser permitidos”, dice. El reportaje Nuevos caminos deforestan el territorio waorani, de Mongabay latam y La Barra Espaciadora, revela la facilidad con la que se abren estas vías a través de bosques primarios, ya sea por parte de gobiernos autónomos descentralizados o por parte de actores ilegales.
Lo feo: incumplimiento de sentencias y persecución a defensores
Este 2022, en Ecuador se han dado importantes sentencias de la Corte Constitucional (CC) relacionadas a los derechos de la naturaleza, de pueblos y nacionalidades indígenas y al ambiente. Jorge Acero, de Amazon Frontlines, destaca la sentencia de la Mona Estrellita, en la que se decidió que los animales son sujetos de derechos, y el caso Sinangoe, que se centra en la Consulta Previa, Libre e Informada y en la naturaleza como sujeto de derechos.
Acero también nombra la sentencia sobre el decreto 751. En este caso, la CC indicó que no se puede aplicar una consulta a los pueblos en aislamiento voluntario, pues prevalece el principio de no contacto. Otra sentencia importante está relacionada con la Ley de Recursos Hídricos, que busca garantizar el derecho al agua, controlar los recursos hídricos y regular el uso y aprovechamiento del agua. Esta fue declarada inconstitucional por la Corte por contrariar el artículo 57 de la Constitución, al no garantizar el fin de la consulta prelegislativa.
Además, hay otro tanto de decisiones judiciales, como la sentencia de 2017 de La Chiquita, sobre contaminación de los cauces de agua ocasionada por Palmicultoras. Aunque como precedente las sentencias de la CC y de las cortes menores son importantes, el problema es que al final estas “no se están cumpliendo”, según Acero. El abogado dice que en la mesa de derechos colectivos entre el gobierno y el movimiento indígena se exigió el cumplimiento de las medidas de reparación establecidas en las sentencias, como en el caso de contaminación minera en Sinangoe o el retiro de material explosivo petrolero en Sarayaku, pero este pedido no avanzó, puesto que el gobierno señaló que al ser las decisiones de la CC de carácter obligatorias, no es necesario asumir un compromiso para su implementación.
Los defensores de la naturaleza siguen en peligro en Ecuador según la Evaluación de Ecuador en su cuarto Examen Periódico Universal, realizada por la Alianza por los Derechos Humanos. “Para los defensores, cada vez se hace más difícil”, dice Patricia Gualinga. “Todas las denuncias han sido archivadas, quedan en la impunidad, no hay resultados”, agrega.
En octubre de 2022 se reportaron tres ataques armados en contra de defensoras de derechos ambientales en Molleturo, en la provincia sureña del Azuay. En el último, fue asesinada Alba Bermeo. Con este precedente, Alex Lucitante, defensor ambiental A’i Kofan, teme por el bienestar de otros defensores y guardias indígenas que se encuentran con actores ilícitos durante sus inspecciones. “Hemos recibido amenazas de personas que dicen que estamos atentando contra los pobres, pero es mentira, un pobre no puede tener tres o cuatro máquinas destruyendo la selva y los ríos, hay un gran riesgo aquí, el gobierno se ha callado ante nuestros reclamos”, denuncia.
Varios defensores de la naturaleza han denunciado ser víctimas de persecución judicial, entre ellos, Xavier Solís, abogado de Fundación Alejandro Labaka; Wilson Quindigua, presidente de la comuna kichwa El Edén; Yuli Tenorio, abogada de comunidades en resistencia al extractivismo en el centro norte del Ecuador, y Marco Romero, defensor técnico de las comunidades de Fierro Urku. Además, Lina María Espinosa, abogada de la ONG Amazon Frontlines, señaló que recibió amenazas de muerte después del paro nacional de junio de 2022.
Lo bueno: más áreas protegidas y nuevas especies
Según el Maate, existen 10 nuevas áreas protegidas en siete provincias. Esto representa un 42 % de incremento de áreas protegidas y suma un total de 9.3 millones de hectáreas. La creación de la Reserva Marina Hermandad en Galápagos y la creación del Corredor marino transfronterizo entre Colombia, Panamá, Costa Rica y Ecuador es la que más atención a nivel mundial se llevó, pues se anunció en noviembre del año pasado, durante la vigesimosexta Cumbre del Clima. Además, se crearon seis nuevas Áreas de Protección Hídrica, que “permitieron, en diez meses, triplicar el área de bosques y páramos bajo este esquema de conservación, pasando de 18 000 ha en mayo de 2021 a 65 988,45 ha en la presente fecha”, según el Maate.
Este año, el Instituto Nacional de Biodiversidad ha registrado 40 especies nuevas: 12 de anfibios, 3 de mamíferos, 3 de plantas y 22 de invertebrados. Entre esos, está el primer registro de la Rata Olalla (Olallamys albicaudus) en Ecuador; 20 nuevos registros de hormigas pertenecientes a nueve géneros y seis subfamilias; el descubrimiento de la planta Monopyle glutinosa, y el descubrimiento de una nueva especie de rana torrente, la Hyloscirtus sethmacfarlane.
Si bien estas son buenas noticias, muchas reservas están amenazadas por la deforestación, la cacería, la minería ilegal de oro, entre otros. Además, se ha denunciado que muchas de estas declaraciones quedan en la buena voluntad, pues no hay recursos para proteger las áreas. Sobre la Reserva Marina Hermandad, Guillermo Lasso dijo que su creación es parte “del mayor canje de deuda por conservación hecho en el mundo”, pero no se han dado más detalles.
Tarsicio Granizo cree que el Maate debe exigir más recursos al gobierno central y orientar los recursos de la cooperación internacional hacia la necesidad más grande del Ministerio: el personal. “Lo que se debe hacer es contratar gente para llenar los vacíos, para que la autoridad ambiental sea la que controla la actividad ambiental se necesitan además vehículos y equipamiento para la gente de campo”, asegura. Durante el gobierno de Moreno, se redujo personal y el Maate y la Secretaría del Agua fueron fusionados.
Finalmente, según Granizo, es necesario crear corredores de protección entre las reservas para que las áreas no se queden aisladas. El director de la WWF adelantó que esta organización está trabajando en la creación de un corredor entre el Parque Nacional Llanganates y el Parque Nacional Sangay, en el nororiente ecuatoriano.
Imagen principal: Más de 22 000 barriles de petróleo han sido vertidos por roturas del OCP en la zona de la erosión regresiva del río Coca, afectando a al menos 27 000 personas. Foto: Iván Castaneira.
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