- El derrame de 11 900 barriles de petróleo de la refinería La Pampilla, administrada por Repsol ocurrió el 15 de enero, cuando recién empezaba el año.
- Tres proyectos de ley que debilitan o buscan derogar los avances en legislación ambiental en Perú se debaten en el Congreso de la República.
- Dos defensores ambientales fueron asesinados este año mientras las actividades ilegales avanzan en la Amazonía peruana.
El Perú cierra el año 2022 en medio de una crisis política y social que hasta el 20 de diciembre había cobrado la vida de 26 personas, según informó el Ministerio de Salud. Tras el fallido golpe de estado del 7 de diciembre anunciado por el expresidente Pedro Castillo y la juramentación como nueva mandataria de Dina Boluarte el mismo día, marchas y cierres de vías empezaron horas después y fueron expandiéndose a la mayoría de regiones del país bajo los pedidos de renuncia de la presidenta, cierre del Congreso de la República y adelanto de elecciones.
En medio de este panorama caótico, Mongabay Latam ofrece un análisis de lo que ha sucedido en el país en temas ambientales durante el 2022, un año en el que los cuestionamientos al Congreso de la República también tienen que ver con propuestas de retrocesos en la legislación ambiental que incluyen proyectos de ley para debilitar la normativa forestal, cambiar las reglas en la creación de reservas indígenas y no incluir el tráfico de especies silvestres como delito de crimen organizado. Incluso, durante estos días de crisis política y explosión social, mientras en las calles se pedía el cierre del Congreso, el Parlamento decidió incluir en agenda del Pleno el debate de la modificación de la Ley Forestal, además, se programó la discusión de modificación de la Ley sobre pueblos indígenas en la Comisión de Descentralización.
Por otro lado, el derrame de 11 900 barriles de petróleo en el mar peruano apenas empezó el año también marcó la agenda ambiental del 2022. El crudo que se vertió en la costa central de Perú provino de la refinería La Pampilla, administrada por la empresa Repsol. Las imágenes que se vieron en esos días mostraron la magnitud de la devastación ambiental.
El mar no ha sido el único ecosistema expuesto a presiones y desastres en estos 12 meses. La Amazonía también continúa bajo amenaza constante frente a los delitos que, lamentablemente, se repiten cada año: tala y minería ilegal, narcotráfico e invasiones de tierra. Además, los derrames de petróleo que ocurren en la selva desde hace cinco décadas no se detuvieron.
A ellos se suma el incremento de las economías ilegales que ha ido acompañado de violencia contra defensores ambientales, en especial, contra poblaciones indígenas que defienden su territorio. Este año, dos líderes ambientalistas fueron asesinados, según informa la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
¿Cuáles fueron los avances y retrocesos ambientales en el Perú durante el 2022? Este es nuestro balance realizado junto a expertos y especialistas.
Lo trágico: el desastre de los derrames de petróleo
El panorama era desolador en las playas de Ventanilla, en el Callao, luego de que más de 11 mil barriles de petróleo se vertieron en el mar. La responsable de la operación en la zona era la refinería La Pampilla, administrada por Repsol desde el año 1996.
Aves completamente cubiertas de petróleo, muertas y flotando en el mar; otras que apenas podían moverse por la cantidad de crudo adherido a su cuerpo y a sus alas; rocas y arena manchadas de negro y un mar por el que discurría el hidrocarburo. Este era el panorama en la costa peruana los días que siguieron al derrame de petróleo.
“Ha sido monstruoso y reveló muchos de los problemas de la gestión del sector, por ejemplo, la falta de previsión de la empresa que supuestamente opera con los más altos estándares. Y del lado del gobierno, que no hace una supervisión adecuada y pasa por alto muchos elementos obligatorios de la legislación”, dice Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana.
La afirmación de Riveros quedó confirmada en el informe que presentó la Misión de las Naciones Unidas que visitó el Perú un mes después de ocurrido el desastre. “Desde la perspectiva humanitaria y socioeconómica, la respuesta había sido esporádica y poco organizada”, señaló el informe de las Naciones Unidas. La entidad, además mostró su preocupación por “la dificultad inicial del gobierno para determinar el mejor mecanismo de conducción y coordinación de la respuesta ante esta emergencia ambiental de gran magnitud”.
La reacción de la empresa tampoco fue adecuada. La información inicial sobre la cantidad de crudo derramado fue inexacta pues pasó de solo siete galones a 6000 barriles dos días después del derrame hasta, finalmente aceptar, que fueron 11 900 barriles los que cayeron al mar. Repsol también fue cuestionada por no realizar de manera adecuada las labores de contención y limpieza del petróleo vertido. Por estos dos casos, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) le impuso dos multas que suman 42 964 377 soles.
“El manejo del Estado de toda la situación ocasionada por el derrame de Repsol ha sido terrible y creo que hasta ahora la conducción no ha sido la adecuada”, señala el exministro del Ambiente Gabriel Quijandría. “No ha habido capacidad de generar una respuesta adecuada ni de parte del Estado ni de parte de la empresa”, agrega.
Casi un año después de ocurrido este derrame, poco se ha avanzado en la reparación de los daños. En setiembre de 2022, Mongabay Latam publicó un reportaje en el que se informó que de los 97 sitios impactados, solo 13 no estaban afectados, los demás aún reportaban daños o estaban en evaluación. El reportaje también indica que lugares de difícil acceso, como Pasamayo, continúan contaminados y que la atención a los pescadores, cuyas labores quedaron interrumpidas, han sido insuficientes.
“La empresa no ha presentado ningún plan de remediación —por lo menos no es público— para los impactos marino ambientales. En estos momentos las playas están sin ningún personal y nadie ha hecho nada durante los últimos meses”, dice Andrea Collantes, bióloga marina especializada en derrames de petróleo.
Pero no solo el mar peruano ha estado manchado por el petróleo en 2022. La Amazonía también ha sufrido derrames que, tras cinco décadas de explotación petrolera, se han vuelto recurrentes. El caso más dramático ocurrió en la quebrada de Cuninico, en setiembre, cuando una ruptura en el ducto del Oleoducto Norperuano ocasionó que 2500 barriles de petróleo llegaran al río Marañón y afectaran a más de 20 comunidades nativas.
Lissette Vásquez, adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo señala que “las deficiencias que han existido en la atención del derrame de Ventanilla se replican en la mayoría de derrames que ocurren en el país. Una actuación del Estado tardía y un inadecuado manejo y atención de los impactos sociales”.
Vasquez indica que los afectados deberían recibir ayuda humanitaria y contar con una compensación adecuada cuando resultan afectados por derrames de petróleo. “Es urgente atender la emergencia, que se pueda limpiar y contener el petróleo derramado, así como lograr una remediación de los impactos ambientales. Pero también hay otro componente muy importante: atender a la población afectada”.
En el mes de octubre, líderes indígenas de las comunidades amazónicas afectadas por los derrames de petróleo, así como representantes de los pescadores artesanales impactados por derrames de crudo en el mar peruano se reunieron en la ciudad de Lima, capital de Perú, con relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la falta de atención ante estos desastres.
“Estamos ante un desafío, una crisis, una emergencia muy grave, que sentimos no se ha visibilizado del todo en Perú y el compromiso con esta visita es poner el tema en la prioridad y en la dimensión que el caso amerita”, dijo Stuardo Ralón, primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator para Perú, al concluir su visita en Perú.
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Lo crítico: controvertidos proyectos para debilitar legislación ambiental
“La propuesta de cambio de la Ley Forestal [y de Fauna Silvestre] busca, abiertamente, limpiar varios casos de deforestación y colonización, como por ejemplo, los menonitas. Creo, además, que se remonta incluso a otros casos emblemáticos anteriores como Tamshiyacu o los proyectos de cultivo de palma en Ucayali”, señala Sidney Novoa, director SIG y Tecnología para la Conservación de Conservación Amazónica (ACCA).
Novoa se refiere al proyecto de ley que busca modificar la ley forestal vigente, una controvertida norma que “provocaría deforestación y degradación de los bosques”, según han manifestado, mediante comunicados, los ministerios del Ambiente, de Cultura y de Desarrollo Agrario y Riego, así como de expertos ambientalistas y líderes indígenas.
Renzo Piana, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), señala que esta propuesta tendría consecuencias muy graves porque “busca afectar las disposiciones vigentes sobre cambio de uso del suelo”, es decir, los predios ubicados en tierras para uso forestal o bosques en las que se hayan desarrollado actividades agropecuarias podrían ser tituladas sin que se justifique el cambio el uso de suelo, como actualmente exige la ley.
“Estás pasando de clasificar tierras de uso forestal para uso agrícola o pecuario. Eso abrirá la puerta para que se deforeste lo que aún queda de cobertura forestal, además de fomentar la invasión de bosques en buen estado e instalar en su lugar actividades insostenibles”, agrega Piana.
A pesar de los graves cuestionamientos, el 7 de julio, el Congreso de la República aprobó la propuesta. Sin embargo, el Ejecutivo la observó y no se concretó su promulgación. La norma retornó al Parlamento para ser debatida en las comisiones Agraria y de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. La norma podría volver a debatirse en cualquier momento.
Esta no es la única modificación legislativa controversial que se discute en el Congreso.
Una de ellas busca derogar la Ley 31622, aprobada apenas el 16 de noviembre, que incluye el tráfico de fauna silvestre como un delito de crimen organizado. La decisión ha quedado en suspenso tras la solicitud de la Comisión de Justicia para revisar la propuesta.
“Es una norma que ha tenido un proceso de elaboración de cuatro años. En este tiempo, todas las autoridades han dado su opinión favorable y ahora, lo que tomó años, se pretende derogar en pocos días, sin ningún análisis”, comenta Percy Grandez, asesor legal de las iniciativas Gobernanza Marina y Conservamos por Naturaleza de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
La otra propuesta controversial fue presentada el 11 de noviembre por el grupo parlamentario Fuerza Popular y pretende modificar la actual ley para pueblos en aislamiento. Se propone que la decisión para definir una reserva indígena para pueblos en aislamiento sea de los gobiernos regionales y no del gobierno nacional, como sucede actualmente.
“Es un esquema de debilitamiento de la institucionalidad que está más ligada a intereses particulares que a la protección del bien común nacional. Tratar de modificar la Ley Piaci es un ejemplo más que claro en el que un grupo económico busca cambiar una norma priorizando las actividades económicas en lugar de salvaguardar la vida de la población”, comenta Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Las leyes en principio se aplican para todos —agrega Baldovino— no se generan sobre la base de intereses particulares. Aquí las modificaciones se están trabajando descaradamente sobre intereses particulares, de grupos que quieren o necesitan ciertas modificaciones para seguir realizando sus actividades.
Por ahora, estos proyectos han quedado fuera del debate parlamentario tras el estallido de la crisis política y social del 7 de diciembre.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva peruana (Aidesep) y las nueve organizaciones regionales que la conforman han anunciado que no permitirán que “el Congreso, junto a ciertas mafias empresariales y mediáticas, aproveche la crisis para promover la aprobación de leyes lesivas y que atenten contra los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana”. Además, se han declarado en movilización permanente en y desde los territorios amazónicos para exigir el adelanto de elecciones generales. Y entre sus demandas también está el “cierre del congreso obstruccionista y racista, porque representa una amenaza a los pueblos indígenas”.
Lo malo: el peligro para los defensores de los bosques
El 2022 también ha estado marcado por la violencia contra defensores ambientales y líderes indígenas quienes viven expuestos a las amenazas de la ilegalidad por proteger sus bosques. Dos asesinatos han sido reportados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) durante este año.
El primero ocurrió el 20 de marzo, cuando Juan Julio Fernández Hanco, quien desde el año 2006 tenía una concesión de forestación y reforestación en la zona de amortiguamiento de la reserva Tambopata, en Madre de Dios, recibió dos disparos de bala en la cabeza. Cinco meses después, el líder indígena awajún y presidente del Frente de Defensa del Distrito de Manseriche, Genaro Comisario Bitap, fue asesinado de dos disparos de bala mientras caminaba en Manseriche —provincia de Datem del Marañon, región Loreto— acompañado de su hijo. El Ministerio Público inició una investigación sobre el crimen, pero las causas aún no han sido esclarecidas.
“Uno tiene que estar corrido, escondido, arriesgar su vida por reclamar lo que es de uno. Eso no puede ser en pleno siglo XXI”, dice Marcelino Tangoa, presidente de la comunidad nativa kakataibo Unipacuyacu, durante la presentación del libro Despojo y violencia en Unipacuyacu, impacto de la falta de titulación en comunidades kakataibo. “Vamos a estar ahí, vamos a seguir luchando para poder vivir y sobrevivir en esa tierra porque nosotros somos de ahí. La naturaleza es nuestra casa común”, agrega el líder de la comunidad que desde hace más de 30 años espera su titulación. En el caso del pueblo Kakataibo, al que pertenece la comunidad de Unipacuyacu, las amenazas han sido constantes desde que en 2020 asesinaron al entonces jefe de esa comunidad Arbildo Meléndez.
No es la única comunidad que enfrenta amenazas por las actividades ilegales que se han instalado en la Amazonía: minería ilegal, tala ilegal, el avance del narcotráfico, invasiones de territorios indígenas y tráfico de tierras. Un conjunto de delitos que cada año generan mayor presión sobre los bosques y los territorios indígenas.
“Durante este año ha continuado agravándose la situación de los defensores ambientales en Perú, especialmente en la Amazonía y en el contexto de economías ilegales como son la tala ilegal, el tráfico de tierras y la minería ilegal. Continúan los asesinatos y, lamentablemente, lo que vemos es que no hay respuesta adecuada por parte del Estado”, manifiesta Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
En abril de este año, una violenta invasión ocurrió en la comunidad asháninka de Alto Oshinari, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional El Sira; meses después, se talaron bosques y aparecieron pintas amenazantes en la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, en la región San Martín. Además, las invasiones de los territorios indígenas por parte de quienes se dedican a los cultivos ilícitos de coca y la peligrosa situación de las comunidades de las fronteras con Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador son solo algunos de los casos que ha reportado Mongabay Latam durante el 2022 pero que se multiplican en toda la Amazonía peruana.
Según el Registro de situaciones de riesgo para personas defensoras de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, hasta mayo de 2022 había 171 casos de amenazas y atentados reportados. En junio de este año, más de cien defensores ambientales y líderes indígenas de todas las regiones de Perú se reunieron en Lima, para denunciar estos casos de amenazas, persecución judicial y hechos de violencia. Para Teresita Antazú, lideresa indígena yanesha y responsable del Programa Mujer Indígena de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), el problema más serio que enfrentan las comunidades indígenas es la defensa de su territorio. “Hay comunidades que todavía no se han podido titular y comunidades que no se han podido georreferenciar. Nosotros, los líderes y lideresas, somos los que reclamamos los que estamos denunciando y al denunciar a veces hasta con tu familia se meten, te amenazan”, dice.
Las presiones a los territorios indígenas en 2022 también han recaído sobre los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (Piaci). “Se formó la Coordinadora de Desarrollo Sostenible de Loreto que ha llevado a cabo una serie de acciones para negar la existencia de los pueblos en aislamiento, rechazar la creación de reservas y pedir la anulación de la Ley Piaci que busca, prácticamente, frenar el proceso de creación de reservas”, señala Beatriz Huertas, antropóloga especializada en pueblos indígenas.
Huertas recuerda que en setiembre de este año, el Ministerio de Cultura, mediante un decreto supremo, reconoció la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento en el área de solicitud de creación de la Reserva Indígena Napo, Tigre y afluentes, ubicada en las provincias de Loreto y Maynas, en la región Loreto. “Fue un gran logro que se consiguió después de 19 años de gestiones, eso motivó una respuesta muy agresiva de parte de la petrolera Perenco y de grupos como la Coordinadora de Desarrollo Sostenible de Loreto”.
La demanda presentada contra el Ministerio de Cultura por la petrolera Perenco, que luego fue retirada, y el proyecto de ley que busca cambiar la legislación sobre pueblos en aislamientos son —según explica Huertas— la forma para frenar la creación de las reservas indígenas.
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Lo feo: la deforestación que no cesa
Alrededor de 4800 hectáreas de bosques fueron deforestados en la Amazonía por la presencia de colonias menonitas en las regiones de Ucayali y Loreto, según un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en Inglés) publicado en octubre de este año. El informe señala que 650 de ellas se perdieron durante el año 2022.
“El caso que más hemos seguido este año es la deforestación causada por las colonias menonitas y, por todo lo que hemos podido apreciar, nos preocupa que después de cinco años de su presencia no exista ninguna respuesta contundente de parte del Gobierno para frenar ese ritmo de avance”, dice Sidney Novoa, de Conservación Amazónica.
En octubre, Mongabay Latam publicó un reportaje sobre el avance de la deforestación de la colonia menonita establecida en Tiruntán en la región Loreto. Esta colonia, que llegó a Perú en 2020, está investigada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental por la deforestación de más de 300 hectáreas de bosques. No es la única, las colonias establecidas en Tierra Blanca, también en Loreto y en Masisea, en Ucayali —presentes en Perú desde el 2017— también tienen investigaciones fiscales por la tala de bosques amazónicos.
“Todavía estamos en deuda con la Amazonía porque lastimosamente hasta ahora no hemos podido concretar este gran proyecto que tenemos de un mecanismo de alerta y acción temprana para el tema de deforestación”, señala el Procurador Especializado en Materia Ambiental, Julio Guzmán.
Guzmán explica que este mecanismo ha sido aprobado como parte de la estrategia de lucha contra la tala ilegal pero hasta ahora no se ha podido regular, sin embargo, de concretarse su regulación, se podría frenar la deforestación cuando apenas empieza. “La deforestación por las colonias menonitas se convierte en más de 2000 hectáreas porque existe un proceso lento de reacción del Estado, que se puede corregir con este mecanismo de alerta temprana”.
De acuerdo con el monitoreo anual del Programa Nacional de Conservación de Bosques (Geobosques) del Ministerio del Ambiente, la deforestación en 2021 alcanzó 137 976 hectáreas de bosques, una cantidad inferior a la del 2020 que superó las 200 mil hectáreas. No obstante, la cifra de deforestación acumulada de los últimos 20 años en Perú alcanza los 2 774 562 hectáreas.
Según Geobosques, las regiones donde más bosques se han perdido durante el 2022 son Ucayali con 36 305 hectáreas; Madre de Dios con 23 142; Loreto con 19,829; Huánuco con 15 021; San Martín con 13 080; y Junín con 12 082.
“Creo que necesitamos revelar a los peruanos el rol estratégico que tiene la Amazonía. Necesitamos, de alguna manera, atender ese gran ecosistema con medidas y políticas más efectivas a todo nivel para frenar las actividades ilegales y detener la deforestación”, señala Cesar Ipenza, abogado especializado en medio ambiente.
Iris Olivera, coordinadora del programa Cambio Climático y Bosques de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), considera que el problema de la deforestación contradice las metas ambiciosas del compromiso del país para enfrentar el cambio climático. “Tenemos un proceso bien contradictorio, pues las metas para reducir hasta el 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero son muy ambiciosas, sin embargo un porcentaje muy importante para lograrlo depende de conservar los bosques, ya que la principal causa de emisiones en Perú es el cambio de uso de suelo en los bosques”.
La pérdida de bosques no solo concurre en la Amazonía. La cobertura vegetal dentro y fuera de las áreas protegidas en los ecosistemas andinos también se ha visto impactada por los incendios forestales que están ocurriendo en Perú.
Hasta el 15 de noviembre, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre había registrado 1335 incendios forestales en todo el Perú. La región con la mayor cantidad de ellos ha sido Cusco, con 443; en segundo lugar Apurímac con 213; seguido de Puno con 175 y Ayacucho con 167.
“Más de 150 incendios forestales han ocurrido en la provincia de Abancay, en Apurímac, en lo que va del año y siete de ellos han ocurrido en el Santuario Nacional de Ampay”, señala Jaime Valenzuela, jefe de esta área protegida ubicada en la región Apurímac, la segunda más afectada por los incendios forestales.
Valenzuela advierte que la presencia del fenómeno La Niña, la agudización de la sequía en el sur andino y el retraso de las llegada de las lluvias contribuyen a que ocurran los incendios forestales.
Lo bueno: la ciencia y la sociedad civil
En medio de los entretelones políticos y de los desastres ambientales, varios de los avances en la conservación han llegado gracias a la sociedad civil. “Hay una creciente movilización de algunos sectores en torno a lo que significa, por ejemplo, consumir pescado sano, y ahí entran las preocupaciones para controlar la contaminación por plásticos, el manejo de desagües y otros temas ambientales. Se está pensando en el concepto de ciudades saludables frente al mar”, dice Juan Carlos Riveros, de la organización Oceana. Andrea Collantes, bióloga marina especializada en derrames de petróleo, coincide con Riveros sobre el interés que ha despertado en los jóvenes los problemas del mar. “Muchos ciudadanos han empezado a mirar hacia el mar a partir del derrame de Repsol”.
También han llegado buenas noticias desde la ciencia. El descubrimiento del mono tocón de Aquino (Cheracebus aquinoi), una nueva especie de primate para el Perú ha sido una noticia alentadora. Su descubrimiento llevó 20 años de estudios y se le dio ese nombre en honor al profesor Rolando Aquino, prestigioso investigador peruano y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Otros hallazgo importante se dio en el Santuario Histórico de Machu Pichu, donde el científico José Ochoa, identificó, mediante el uso de cámaras trampa, a la rata chinchilla (Cuscomys oblativus), un roedor endémico del Santuario Histórico Machu Picchu que se consideraba extinta.
Además, el investigador peruano José Edquén Oblitas publicó su investigación sobre el hallazgo de seis nuevas especies de orquídeas para la ciencia dentro del Bosque de Protección Alto Mayo, en la región San Martín, una de ellas la Liparis Inaudita, una orquídea única en su género.
Imagen principal: aves afectadas por el derrame de petróleo en Ventanilla, Callao. Foto: Max Cabello Orcasitas.
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