“Nicaragua se ha quedado sin organizaciones ambientales independientes”: Amaru Ruiz | ENTREVISTA

Cuando aún no cumplía los 30 años, el biólogo Amaru Ruiz Alemán conoció el exilió. A finales de 2018, el defensor ambiental salió de Nicaragua, después de recibir amenazas. Fue en Costa Rica, país que ha recibido a muchos de los exiliados nicaragüenses, en donde se enteró de que le habían quitado su nacionalidad.

Amaru Ruiz Alemán recordará el miércoles 15 de febrero de 2022 como el día en el que su nombre formó parte de la lista de 94 personas —entre ellas la poeta Gioconda Belli, la activista Vilma Núñez y el escritor Sergio Ramírez— a las que se les dejaba sin la nacionalidad nicaragüense y se les confiscaba sus bienes. Eso sucedió una semana después de que el régimen de Daniel Ortega expulsara del país a 222 presos políticos, a los que también se les quitó la nacionalidad.

“Yo no dejaré de ser nicaragüense. Sigo y seguiré siendo nicaragüense. El régimen podrá decir lo que sea, pero eso no me va a quitar la condición: soy nacido en Nicaragua, de padre y madre nicaragüenses, y eso es algo que no nos van a arrebatar”, dice a Mongabay Latam el también presidente de la Fundación del Río, organización que desde 1990 trabaja en la defensa de los recursos naturales en el sureste de Nicaragua.

Fundación del Río ha acompañado a comunidades indígenas en sus denuncias en contra del Canal Interoceánico, megaproyecto que desde 2013 impulsó el gobierno de Nicaragua y que hasta ahora está detenido. Además, en abril de 2018, dio a conocer los graves incendios que afectaron a la Reserva Biológica Indio Maíz.

Desde su exilio, Amaru Ruiz ha denunciado en redes sociales las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de comunidades indígenas y afrodescendientes, entre ellas la masacre registrada a principios de septiembre de 2021 en el Territorio Mayangna de Sauni As en la Reserva de la Biosfera Bosawás. Por realizar estas denuncias, el defensor fue acusado de “la propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación”, por lo que el ministerio público solicitó al poder judicial una orden de detención en su contra.

Ni la criminalización ni el exilio o la resolución que busca dejarlo sin nacionalidad merman la convicción de Amaru Ruiz, quien ahora tiene 33 años. En entrevista con Mongabay Latam, el defensor afirma: “Nosotros seguimos dignos y firmes. Vamos a seguir denunciando las violaciones a los derechos humanos y la atrocidades que suceden en Nicaragua en los temas ambientales y sociales”.

—¿Qué representó leer su nombre en la lista de personas a las que el régimen de Daniel Ortega quitó la nacionalidad?

—Eso es una aberración jurídica, es inconstitucional y violatoria de los derechos de los ciudadanos nicaragüenses y del derecho internacional en materia de los derechos humanos. Hay una resolución sin haber pasado por el proceso de juzgamiento, de debida defensa y sin que nosotros estemos en el país. Por eso decimos que hubo una aberración jurídica.

Estas acciones también son una criminalización más a la labor de las personas que hemos trabajado, desde diversas trincheras, en la defensa de los derechos humanos, de los derechos políticos, ciudadanos y ambientales. En nuestro caso, veníamos cuestionando el modelo neoextractivista impuesto por el régimen de Ortega-Murillo, un modelo que nos ha llevado a tener los índices más altos de deforestación en la región de Centroamérica y a tener un deterioro de las condiciones ambientales, sobre todo en territorios y comunidades indígenas.

—La Fundación del Río fue de las primeras organizaciones de la sociedad civil a las que el gobierno de Nicaragua les canceló la personalidad jurídica.

—Nosotros estamos dentro de las primeras diez organizaciones a las que les cancelaron su personalidad jurídica. Y somos de las pocas que trabajan temas ambientales. Fuimos una de las organizaciones que cuestionó el proyecto del Canal Interoceánico que inició en 2013. Acompañamos a las comunidades campesinas e indígenas para que reclamaran sus derechos sobre las posibles violaciones y apropiaciones a su tierra y a sus recursos. Hicimos varios estudios que nos permitieron analizar cuáles iban a ser los impactos en términos sociales, ambientales y económicos a lo largo de la ruta del canal que en ese entonces se tenía identificada. Desde ese momento nos declaran no gratos como organización.

Luego, en abril de 2018, denunciamos la negligencia del Estado nicaragüense en atender un incendio en la Reserva Biológica de los Indios Maíz; acompañamos a las comunidades indígenas y afrodescendientes en la lucha para tratar de visibilizar la situación de emergencia que se vivía en ese momento. Eso generó que la comunidad estudiantil universitaria se manifestara en contra de la negligencia del Estado para enfrentar el incendio en la reserva y despertó la conciencia ambiental de varios sectores de la población. Por eso fue que nos amenazaron con quitarnos nuestra personería jurídica si seguíamos denunciando lo que estaba pasando en el país.

Luego vino el proceso de insurrección cívica masiva, a partir de las reformas del Seguro Social y la represión a quienes protestaron; eso representó el inicio de la crisis. Lograron establecer el estado de terror a través de la policía, los paramilitares y con ayuda del Ejército de Nicaragua. A partir de ahí quitaron la personalidad jurídica a las primeras organizaciones que para ellos representaban un obstáculo y un cuestionamiento a su política.

—¿A cuántas organizaciones de la sociedad civil se les ha cancelado el registro?

—Hasta ahorita llevamos 3270 organizaciones con cancelación de su personalidad a jurídica. A finales de diciembre de 2022, el conteo que teníamos eran 3200. Sin embargo, en lo que va de 2023 se han dado más cancelaciones.

Son diferentes las formas en que se han dado estas cancelaciones. Hay algunas organizaciones que presentan una “disolución voluntaria”, pero que en realidad son forzadas a su cierre. Otra forma es que cancelan de manera directa la personalidad jurídica de la organización. Y hay otras afectadas por el cambio de la Ley 147 (que regía a las personas jurídicas sin fines de lucro) a la Ley 1115 (la que ahora rige a estas organizaciones). Ese cambió llevó a la convalidación de los documentos de las organizaciones. Durante ese proceso, el régimen no ha querido convalidar a varias organizaciones.

Las organizaciones que han cerrado representan el 45 % de todas las que existían antes de 2018. Así que prácticamente la mitad del espacio cívico se ha anulado en el país. El 98 % de las cancelación de organizaciones ocurrieron en 2022.

—De esas organizaciones, ¿cuántas tenían en su agenda el tema ambiental?

—Nicaragua se ha quedado sin organizaciones ambientales independientes. No existe organización ambiental independiente que esté registrada en Nicaragua.

En nuestro conteo, más de 160 organizaciones que se dedicaban al trabajo ambiental han sido canceladas, organizaciones que tenían proyectos ambientales ya sea de protección, de conservación o de educación.

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—¿Eso qué consecuencias ha tenido en los bienes naturales de Nicaragua y en los territorios de las comunidades indígenas?

—En principio, las comunidades indígenas y afrodescendientes se han sentido desprotegidas. Muchas de estas organizaciones ambientales acompañaban sus demandas y acuerpaban su trabajo de monitoreo ambiental, de conservación o de investigación.

Estas organizaciones, además, servían para gestionar los recursos de cooperación y desarrollo en materia ambiental. Al cerrarlas, también se cierran los programas de atención directa que se tenían en diversos territorios del país.

Lo otro es que ahora, obviamente, el régimen no tiene ningún contrapeso en el juego democrático frente a las concesiones mineras o proyectos extractivistas. No tiene ninguna auditoría, ninguna resistencia frente a estos modelos.

Ahora es mucho más complejo dar seguimiento a todo el sistema de gestión ambiental del país. Ahora se celebran audiencias para las concesiones de proyectos y no hay un acompañamiento de las organizaciones ambientales a las comunidades que les preocupa que les impongan una concesión minera dentro de su territorio.

No hay capacidad para incidir en la política pública, eso ha contribuido al deterioro de las condiciones ambientales del país. Y una muestra es que Nicaragua es uno de los países que tiene la tasa más alta de deforestación de Centroamérica.

—¿Cuál es el dato que ustedes tienen sobre la tasa de deforestación en Nicaragua?

—Nosotros andamos calculando que la tasa deforestación es de 147 000 y 165 000 hectáreas anuales. Eso es peor que en la época de Somoza. En ese entonces, se deforestaban más de 100 000 hectáreas.

El deterioro ambiental también se nota en el acceso al agua, en el deterioro de las cuencas hidrográficas, en la contaminación por mercurio provocada por las actividades de minería, tanto artesanal como industrial, que están teniendo un auge en el país. El régimen ha permitido que Nicaragua sea la nación de Centroamérica con el mayor número de concesiones mineras: más de 117 concesiones están dentro de territorios indígenas.

Esa situación de deterioro ambiental que vive el país, incluso, se traduce en un aumento de la vulnerabilidad a las afectaciones por eventos climáticos, sobre todo en las comunidades que se ubican en la zona costera del Atlántico o del caribe nicaragüenses que han sufrido la embestida de más de tres huracanes. La capacidad de respuesta ha disminuido también porque ya no hay presencia de organizaciones civiles. Y, obviamente, hay un desinterés del régimen de Nicaragua por atender la materia ambiental. El presupuesto general de la República para temas ambientales no rebasan ni el 1 %.

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—¿Qué proyectos ambientales persisten en Nicaragua?

—Está el proyecto llamado Bio-CLIMA que tiene como fuente de financiamiento el Fondo Verde del Clima y GEF (Fondo Mundial para el Medio Ambiente). Nosotros hemos dicho que ese proyecto se puso en marcha sin los procesos de consulta libre previa informada y que hay un desencanto de las comunidades indígenas por la propuesta política que financiaría ese proyecto, ya que lo que plantea es la cohabitación entre invasores de tierras y comunidades indígenas. Dentro de ese proyecto se estableció beneficiar a ganaderos responsables de la deforestación en el país; consiguieron recursos para financiar sistemas agrosilvopastoriles y eso lo tiene que pagar la comunidad internacional cuando la responsabilidad debería de ser del sector.

Este proyecto es el primero, a nivel mundial, que llegó a la etapa de investigación del Mecanismo de Reparación Independiente (MIR, por sus siglas en inglés). Entre el 12 y el 18 de marzo se estará llevando una sesión en donde se va a abordar el tema de Bio-CLIMA. Aquí lo que está en juego es la credibilidad de los mecanismos que tiene el Fondo Verde del Clima.

Hace un mes, el régimen sale pomposamente con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y oficializan su alianza como parte del proyecto Bio-CLIMA, para continuar con el acceso a ese financiamiento.

[El proyecto Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas de Bosawás y Río San Juan tiene un costo total de 116.6 millones de dólares. El Fondo Verde para el Clima aporta 64.1 millones de dólares, de los cuales 38 millones son en calidad de préstamo al gobierno de Nicaragua, y 26.1 millones como donación. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) financia 44.2 millones, mientras que el GEF dona 8.3 millones de dólares.]

—¿Desde su perspectiva este proyecto de Bio-CLIMA traerá más problemas para las comunidades indígenas?

—La cohabitación que plantea ese proyecto es prácticamente una legalización de la invasión a sus territorios y les piden a los indígenas que vivan en el mismo territorio que sus asesinos. Además, no hubo ni consulta libre, previa e informada. Pasó lo mismo que con el proyecto del canal interoceánico.

—¿Aún podrían revivir el proyecto del canal interoceánico?

—El canal no se ha cancelado. Las leyes 800 y 840 siguen vigentes. Están queriendo hacer el puerto de agua profunda. Hicieron la carretera, están buscando financiamiento para los subproyectos. Además, aún existe la Comisión del Canal que ha tenido presupuesto todos estos años. ¿Qué hacen con eso presupuesto? No se sabe.

El canal, hasta ahora, no existe porque hubo resistencia de las comunidades, de los grupos ambientales, de los científicos. En la ley y en el discurso del régimen, el proyecto aún existe.

—El contexto político que vive Nicaragua actualmente, ¿a qué sectores económicos ha beneficiado?

—A las grandes industrias atractivas, a las mineras, las empresas palmeras y ganaderas. Esas son las más beneficiadas. Dentro de esos sectores están los nuevos grupos de poder vinculados al régimen de Ortega-Murillo y a su capital financiero. Muchos de ellos han sido financiados con fondos de cooperación venezolana que lograron establecerse en el país como un nuevo grupo de poder económico y que empezaron a hacer negocios con grandes empresas vinculadas a capital extranjero, sobre todo compañías mineras, palmeras y de madera. Son las que están generando los mayores procesos de deforestación en el país.

Las concesiones forestales están en manos de una mafia. Lo hemos visto con la suspensión, desde el 2022, de la veda forestal de algunas especies que estaban protegidas como el pochote y el cedro real. Todavía no tenemos toda la información necesaria para saber a quién está beneficiando esa suspensión de veda, pero los indicios señalan que eso no está beneficiando a las comunidad locales, si no a la gente que tiene la capacidad para el procesamiento y la transformación de esos recursos maderables.

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—¿Qué ha significado hacer la defensa ambiental desde el exilio?

—Primero es un compromiso que tenemos como organización y como defensores de derechos ambientales y de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Obviamente se ha dificultado el trabajo, pero gracias al apoyo de las comunidades indígenas, de las personas comprometidas con el tema ambiental en Nicaragua, es que podemos seguir monitoreando la situación de deterioro ambiental y podemos tener información de primera mano. Gracias al trabajo de esas personas que siguen confiando en la organización, es que podemos hacer el trabajo.

—¿Qué ha sido lo más difícil de este tiempo en el exilio?

—El aprender a vivir en el exilio, queriendo regresar al país. Ha sido difícil adecuarse a una nueva lógica de trabajo, a una nueva forma de vida, siempre añorando regresar. También ha sido un proceso satisfactorio el ver que otras personas, desde Nicaragua y asumiendo los riesgos, continúan trabajando para mejorar y transformar las condiciones de nuestro país.

—¿Ahora qué significa para usted ser nicaragüense?

—Sigue significando un orgullo. Yo no dejaré de ser nicaragüenses, sigo y seguiré siendo nicaragüense. El régimen podrá decir lo que sea, pero eso no me va a quitar la condición: soy nacido en Nicaragua, de padre y madre nicaragüenses y eso es algo que no nos va a arrebatar. Nosotros seguimos dignos y firmes. Vamos a seguir denunciando las violaciones a los derechos humanos y la atrocidades que suceden en los temas ambientales y sociales.

—Si hablamos sólo de los bienes naturales de Nicaragua, ¿qué se está perdiendo en el actual contexto político del país?

—Se está perdiendo toda la capacidad humana y la capacidad de respuesta para enfrentar la crisis ambiental. Los retrocesos que hemos tenido en la gestión ambiental lamentablemente van a marcar el futuro de Nicaragua.

* Imagen principal: El nicaragüense Amaru Ruiz, defensor de derechos ambientales, vive en el exilio desde 2018. Es una de las personas a las que el régimen de Daniel Ortega les quitó su nacionalidad. Foto: Cortesía Amaru Ruiz.

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