- La petrolera canadiense Gran Tierra comunicó al Estado colombiano su decisión de finalizar sus operaciones de exploración en el territorio del pueblo Inga en Villagarzón, Putumayo.
- Aunque la compañía vaya a desmantelar sus instalaciones en la zona, los Inga seguirán exigiendo sus derechos, en particular a la división del Estado colombiano que solo ha reconocido la existencia de una comunidad en la zona, pese a que hay nueve más.
La petrolera Gran Tierra solicitó en 2012 una licencia para explorar el proyecto APE La Cabaña, ubicado en Villagarzón, Putumayo. Paralelamente, le solicitó también al Estado que evaluara la presencia de pueblos indígenas en la zona de influencia del proyecto y la conclusión de las autoridades, fue que estos no existían en el área. Con esta opinión técnica a favor, en el 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le dio luz verde al proyecto. Y fue así como la empresa avanzó sin problemas con sus operaciones por lo menos hasta el 2015.
Pero fue precisamente ese año que la petrolera sufrió un revés. En el 2015, preocupados por la situación, los inga pusieron una demanda contra la Dirección Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, y el Tribunal Administrativo de Nariño les dio la razón. Básicamente le ordenó a dicha entidad visitar la zona del proyecto para reconsiderar si había o no presencia indígena en la zona. Mientras tanto, la licencia de exploración quedó sin efectos jurídicos y el proyecto no pudo avanzar más. Tres años más tarde, en 2018, la Dirección Nacional de Consulta Previa regresó al área y volvió a insistir en que no había comunidades indígenas en la zona. Los inga y su defensa se mostraron inconformes con el resultado, y solicitaron al tribunal que ordenara una nueva visita.
El tribunal nuevamente ordenó en el 2021 a la Dirección Nacional de Consulta Previa visitar la zona, la cual finalmente reconoció la presencia de un resguardo indígena en el área del proyecto. Esta decisión sorprendió a la dirigencia inga, considerando que en su pelea legal habían exigido que se reconozca la presencia de las diez comunidades de Villagarzón, como se lo hicieron saber al equipo de Mongabay Latam y Cuestión Pública en 2022.
¿Cuál es el nuevo capítulo en este conflicto que empezó hace más diez años? La petrolera Gran Tierra anunció su salida del área del proyecto. Aunque los inga aseguran que recién se enteraron de esta noticia en enero a través de una comunicación enviada por la ANLA, hoy saben que esa decisión fue tomada por la empresa en mayo del 2022. Si bien podría ser el punto final de la batalla legal librada por las comunidades, los inga temen que el gobierno no respete su derecho a la consulta previa en futuros proyectos.
Mongabay Latam habló con el líder de los Inga de Villagarzón y con una de las asesoras de su estrategia jurídica para conocer los pormenores de la salida de la petrolera canadiense, pero también para saber cuáles serán los próximos pasos de los Inga en su demanda por que se respete su territorio y para exigir que el proyecto haga un cierre adecuado de sus operaciones.
La salida de Gran Tierra
Gran Tierra cotiza en la bolsa de valores de Nueva York y en la de Toronto. Mongabay Latam consultó los documentos públicos y los comunicados que dicha compañía ha emitido en dichos mercados bursátiles para disposición de sus accionistas y encontró que aproximadamente desde mayo de 2020 no hay mayor mención al bloque PUT-1, cuando antes eran recurrentes.
Según una fuente judicial que conoce de cerca el caso, la ausencia de información sobre APE La Cabaña en las bolsas de valores puede estar relacionada al desgaste de la compañía frente al proyecto. A lo que hay que sumar que en el 2021, la empresa tuvo que iniciar un proceso de consulta previa cuando el Estado reconoció la presencia del resguardo indígena San Miguel de la Castellana en el área de la operación. La fuente judicial consultada explicó también que la consulta previa puede tomar normalmente tres años, pero como este proceso recién se inició en 2021 y sin incluir a todas las comunidades, el período de tiempo se puede extender hasta superar incluso los diez años, lo que puede hacer que la exploración no sea rentable.
Lo cierto es que ese desgaste se hizo evidente cuando la ANLA les notificó en una comunicación a los Inga la decisión de la compañía de desmantelar el proyecto de APE La Cabaña, ubicado dentro dentro del bloque petrolero PUT-1 , según nos contó su abogada defensora. Esta información fue también confirmada por el líder inga, Carlos López, quien le dijo a Mongabay Latam que “la empresa Gran Tierra ha manifestado la decisión de retirarse y desmantelar el proyecto denominado APE La Cabaña que ha venido ejecutando en territorio ancestral del pueblo Inga en Villagarzón, sin el debido consentimiento”.
Gran Tierra aseguró a Mongabay Latam que su salida de APE La Cabaña se debe a que está priorizando otros proyectos dentro del bloque PUT-1. “La decisión de no seguir adelante con el proyecto APE La Cabaña en este momento se debe a una decisión corporativa de enfocar nuestro capital y esfuerzos en otras áreas dentro del bloque PUT 1 y otros bloques en nuestro portafolio”, dijo la compañía. Sobre la ausencia reciente de información sobre ese bloque en sus documentos de las bolsas de valores, la petrolera agregó que cuando no informan sobre un tema es porque “esa información no incluye actualizaciones importantes que deben informarse”.
La preocupación de Laura Montaño, abogada asesora del equipo técnico de los inga y de los líderes de este pueblo, gira en torno ahora a que la empresa siga el protocolo respectivo, que requiere de una revisión estatal, antes de dejar la zona. “Ahora comienza el proceso de desmantelamiento. Falta que expliquen cómo va a ser el paso a paso de dicho proceso ante la ANLA. Gran Tierra debe presentar una propuesta y la ANLA debe revisarla antes de aprobarla”, explica Montaño, quien es coordinadora del área de financiamiento, actores económicos y derechos socioambientales de la organización de la sociedad civil Ambiente y Sociedad.
Es importante que los proyectos petroleros garanticen que dejarán un territorio en buenas condiciones antes de partir. Precisamente, en Colombia, se debate un proyecto de ley para regular los pasivos ambientales, es decir, los daños que dejan, por ejemplo, los proyectos extractivos al finalizar sus operaciones. En el país se calcula que hay más de 1843 pasivos ambientales, según un estudio contratado por el Ministerio de Ambiente en 2016.
Las cifras de incidentes de hidrocarburos tales como derrames petroleros o fugas, relacionadas incluso con la propia Gran Tierra, parecen sugerir que ha dejado un rastro que tiene que ser tomado en cuenta. De acuerdo con las cifras de la ANLA y un análisis de datos realizado por Mongabay Latam, entre 2015 y junio de 2022 Gran Tierra estuvo relacionada con al menos 26 incidentes de hidrocarburos en todo Colombia.
El pueblo Inga le dijo a Mongabay Latam que el proyecto de exploración que ocupa más de 629 hectáreas, sí ha afectado su territorio y que esperan que se subsane dicha situación antes de su partida. López aseguró, en entrevista con este medio, que “Gran Tierra construyó su plataforma sobre un humedal. En un cañanguchal, un sitio de importancia cultural, el cual guarda estrecha relación con la fuerza espiritual desde la medicina tradicional ambi waska. Allí también vive y se reproduce la fauna. Lo construyeron sin tener en cuenta que, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), puede haber vestigios arqueológicos del pueblo Inga en dicha zona, los cuales en el recorrido lograron evidenciar y hacen parte de los informes del ministerio público”.
Además, añade López, quien también es presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas de Villagarzón (ACIMVIP), que no puede pasarse por alto que se “generó contaminación en un afluente que nace de ese humedal y que provee al río San Vicente que es donde se abastece toda la comunidad del pueblo Inga. Muchas familias están asentadas a orillas del río San Vicente y lo utilizan para sus comidas o abastecerse de agua”. Montaño agrega que también se debe considerar que “el pozo ha quedado abandonado. Hay mosquitos, puede ser riesgoso para los niños y los animales”.
Al respecto, la compañía canadiense dijo que no ha desarrollado actividades de exploración ni producción en el área y que cualquier daño ya ha sido remediado. “Cualquier afectación derivada de la plataforma de concreto construida en 2012 debió ser atendida al momento de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental provisto por las autoridades ambientales en ese momento”, aseguró Gran Tierra a Mongabay Latam.
La defensa del territorio Inga continúa
Junto con la exigencia por la remediación de su territorio antes de que Gran Tierra salga de la zona, los Inga y su defensa tienen toda la atención puesta en que el Estado reconozca a las otras nueve comunidades de este pueblo presentes en Villagarzón. López le dijo a Mongabay Latam que tiene esperanzas en que el Gobierno de Gustavo Petro los reconozca finalmente.
“Han desconocido la presencia del pueblo Inga. Solicitamos al gobierno nacional que nos reivindiquen los derechos que nos han sido vulnerados. La Dirección de Consulta Previa dice que solo existe una comunidad. Pero somos diez comunidades que hemos sido afectadas de manera espiritual, física, cultural y territorial”, dice Carlos López.
Hoy los Inga de Villagarzón suman 699 familias, alrededor de 2512 personas distribuidas en las diez comunidades, cifras que están actualizando, según le dijo López a este medio.
“Seguimos dando la pelea. El problema que continúa es el manejo que se le ha dado al reconocimiento de los pueblos indígenas en este territorio por parte de la Dirección Nacional de Consulta Previa, que ha vulnerado derechos”, dijo Montaño.
Según la abogada de Ambiente y Sociedad, el problema es que la Dirección Nacional de Consulta Previa maneja un concepto limitado de afectación directa por parte de los proyectos extractivos. Es decir, solo considera que hay afectación a un resguardo indígena, pese a que el área de concesión de APE La Cabaña abarca los territorios de varias de las comunidades y estos deberían ser tomados en cuenta.
Un ejemplo son los resguardos Blasiaku y Wasipungo, cuyos territorios son atravesados por el proyecto petrolero, como reveló Mongabay Latam. “En San Miguel de la Castellana les tocó reconocer que iba a haber afectación porque está a 40 metros del pozo y este atraviesa a la comunidad. En Wasipungo hay traslape y en general hay afectaciones en todas las comunidades Inga de Villagarzón. Pero la Dirección Nacional de Consulta Previa no está tomando un enfoque que garantice los derechos de manera amplia”, dijo Montaño al respecto.
También criticó la falta de voluntad de Gran Tierra para reconocer a los demás pueblos que la Dirección Nacional de Consulta Previa no identificó en la zona. “A Gran Tierra le faltó no limitarse a la decisión inicial de la Dirección Nacional de Consulta Previa de solo reconocer un resguardo. Pudieron haber hecho más para reconocer a las demás comunidades. Gran Tierra ha visto la presencia de las comunidades desde el comienzo en el territorio, inclusive cuando las resoluciones decían que no había presencia”, señaló Montaño. Sobre este punto, la petrolera Gran Tierra dijo que valoran el recurso de la consulta previa y que el Ministerio del Interior es la “es la
única autoridad responsable de certificar la presencia de comunidades étnicas y certificar cuándo es obligatoria la consulta previa para la ejecución de un proyecto”.
Más allá de la decisión de Gran Tierra de abandonar el proyecto, el pueblo inga considera que la extracción petrolera no es compatible con ese territorio que forma parte de la Amazonía colombiana. “El territorio es la madre. Defendemos un uso armónico del territorio. Cuando intervienen la tierra (con actividades petroleras), están atentando contra la dadora de vida. Por eso consideramos que este tipo de proyectos atentan contra la vida, el territorio y el pueblo Inga de Villagarzón. Este tipo de proyectos no se pueden aplicar en territorio amazónico”, dice el líder Inga Carlos López.
Los inga han ejercido su defensa en los estrados y también lo han expresado en las calles con varias protestas. “Somos optimistas del Estado del proceso que viene cursando de reivindicación del derecho de consulta previa. Esperamos que los postulados del nuevo gobierno se puedan materializar”, dijo Carlos López.
*Imagen principal: Plantón de resistencia frente al lugar de operaciones de Gran Tierra Energy en el marco de la jornada de paro nacional del 17 de junio de 2021. Crédito: Imagen suministrada por Joaquín Jansasoy, coordinador territorial inga.
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