En el departamento del Chocó, la disputa entre dos grupos armados ilegales ha generado confinamientos, desplazamientos, amenazas y otras violencias en contra de las comunidades de la región.Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y hasta diciembre de 2022, al menos 26 líderes indígenas del Chocó colombiano fueron asesinados. “En ocasiones no podemos ir al pueblo, pescar ni cazar”, cuenta un líder indígena Emberá del departamento del Chocó, en la costa pacífica de Colombia. Los habitantes de esa región están a expensas de la violencia de grupos armados ilegales que, entre otras cosas, obligan a la población a no salir de sus casas a partir de determinadas horas y durante el tiempo que ellos deciden. En Colombia, durante 2022, un total de 433 580 personas fueron violentadas con la práctica del confinamiento, una especie de toque de queda impuesto por los grupos armados. El Chocó, Antioquia, Córdoba y Sucre fueron los departamentos más afectados, sobre todo durante el segundo trimestre del año, de acuerdo con un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), publicado en enero de 2023. En el departamento del Chocó, los confinamientos son ordenados por los actores armados dominantes en la región: el Clan del Golfo y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las poblaciones indígenas y afro que habitan en la zona quedan en medio de los enfrentamientos entre estos grupos. Mujeres Emberá del Chocó danzan en agradecimiento al río y las semillas. Archivo ONIC. Una violencia histórica En el departamento del Chocó colombiano, ubicado en la costa pacífica noroccidental del país, hay más de 68 415 indígenas, de acuerdo con datos del censo de 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En esa zona de Colombia viven los pueblos Emberá Katío, Emberá Chamí, Emberá Katío, Emberá Dobidá, los Wounaan y los Tule. Estas comunidades han sido violentadas históricamente, sobre todo durante el conflicto armado que se registra en Colombia desde 1959. Los pueblos Emberá Katio y Emberá Chamí están entre los diez más vulnerados; durante el conflicto armado, los actos de violencia más constantes en su contra fueron los asesinatos selectivos, las masacres y la desaparición forzada. La firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no significó el fin de la violencia para muchas zonas del país que siguen inmersas en la guerra: 59 líderes sociales han sido asesinados en el Chocó desde 2016 hasta el 31 de diciembre de 2022; de ellos, 26 eran líderes indígenas, según datos de la organización de la sociedad civil Indepaz. El departamento también ha sufrido nueve masacres, desde agosto de 2018 hasta diciembre de 2022, con un total de 34 víctimas. Aunque la presencia de actores armados está generalizada en el Chocó, los municipios más afectados son Bojayá, Medio San Juan, Medio Atrato, Nuquí, Carmen de Atrato, Alto Baudó y la capital Quibdó, de acuerdo con distintos líderes indígenas entrevistados por Mongabay Latam y que solicitaron el anonimato para no exponerse aún más. La violencia en contra de las comunidades chocoanas no solo se ejerce con las armas. También con el olvido estatal. “Contra el Chocó hay un racismo estructural e institucional. Aquí no hay agua potable, hay una muy baja cobertura de acueductos, el alcantarillado es prácticamente inexistente. Como dijo la futura ministra de Igualdad: si el Chocó fuera un país, tal vez sería uno de los tres más subdesarrollados del mundo”, dijo Helmer Quiñones, líder afrodescendiente, especialista en procesos de paz y asuntos étnicos. Lee más | Comunidades indígenas arhuacas mapean la ruta del jaguar en el Caribe colombiano Comunidades obligadas al confinamiento El reciente informe del ONIC reveló que al menos 453 018 indígenas colombianos en 2022 fueron víctimas de actos violentos, en un país en el que hay al menos 1.9 millones de indígenas, de acuerdo con el censo del DANE de 2018. Es decir, que alrededor de un 23 % de los indígenas colombianos fueron victimizados durante el último año. El número de víctimas indígenas que se registró en 2022 es el más alto desde 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz con las FARC, como informó el medio de comunicación Consonante. Además, superó con creces la del 2021, que era de 19 931 personas vulneradas por acciones como confinamientos, desplazamientos, entre otras. De los actos violentos, el informe de la ONIC resalta que el más pronunciado fue la agresión de confinamiento, es decir cuando las comunidades se ven obligadas con amenazas y toques de queda a no moverse de sus viviendas durante períodos específicos por órdenes de los grupos armados ilegales. El periodo en el que más personas fueron confinadas fue el segundo trimestre de 2022, con 415 187 víctimas. Es decir, el 95 % de todas las víctimas registradas en ese año. Una draga de minería ilegal en el Chocó, Colombia. Foto: Cortesía Codechocó. Sebastián Hurtado, del área de incidencia y paz de la ONIC, así como investigador del estudio, explica que esto se debió al paro armado —una especie de toque de queda— que ordenó el Clan del Golfo, uno de los dos grupos armados ilegales dominantes, como respuesta al gobierno colombiano tras la extradición a los Estados Unidos de su líder, Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, el 4 de mayo de 2022. Datos de la Defensoría del Pueblo, organismo estatal colombiano encargado de la protección de los derechos humanos, también muestran que el Chocó fue el departamento más afectado por los confinamientos, con 65 eventos, seguido por Arauca y Valle del Cauca. “En el Chocó hay una forma de violencia mucho menos visibilizada que es el confinamiento. Hay un subregistro en ese tipo de acciones. Las comunidades muchas veces no denuncian este tipo de acciones porque reciben amenazas de los actores armados. Son toques de queda. Son órdenes de que la gente debe permanecer en sus casas durante cierto tiempo mientras hay movilidad de las tropas o disputas. Tienen como fin la búsqueda de control territorial”, explicó Juana Cabezas, integrante e investigadora de Indepaz. Pueblo Emberá, el más afectado “La macroregión occidente es la que más tuvo víctimas en el 2022. Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, con especial atención en este último. Y en la Orinoquía, Arauca, también hubo más violaciones de Derechos Humanos”, dijo Hurtado a Mongabay Latam. “El pueblo Emberá, en sus variaciones Emberá Katío, Emberá Dobira, ha sido el más afectado (en el Chocó)”, agregó Hurtado. Vista de la comunidad Unión Pitalito, donde habitan los pueblo Wounaan y Emberá. Crédito: UNHCR/ACNUR Américas. Mongabay Latam habló —bajo protección de su identidad por las altas amenazas— con tres líderes del pueblo Emberá, el mayoritario en el Chocó, sobre la situación de sus pueblos y los confinamientos. “Son constantes las restricciones a la población en la hora nocturna, a veces de día. Hay una presencia y control del grupo armado”, dijo uno de ellos. Los tres mencionaron que estos confinamientos en sus zonas son principalmente ordenados por el Clan del Golfo. “Hoy la región de los Emberá es una zona de guerra total, con una crisis humanitaria étnica de desmedidas proporciones”, aseguró el especialista en asuntos étnicos Helmer Quiñones. “Hay un sentimiento de zozobra en las comunidades para movilizarse dentro de sus territorios”, complementó Hurtado de la ONIC. “(Ha habido más) de 4 mil indígenas desplazados”, dijo un segundo líder indígena. También aseguró que no hay condiciones de seguridad para que estos retornen. En 2022, asesinaron a cinco indígenas en el Chocó. “En el San Juan, Medio Atrato, Nuquí y dos en Quibdó. En total, asesinaron a ocho líderes sociales, dos de ellos eran de comunidades afro y un líder comunal”, aseguró Juana Cabezas, investigadora de Indepaz. Además, 54 personas fueron víctimas de minas antipersonales entre 2016 y 2022, según datos de la Presidencia de Colombia. “Otra forma de violencia que afecta a las comunidades indígenas, en particular las Emberá, es la activación de minas antipersonales. Sobre todo afecta a las mujeres que van con sus hijos a los cultivos. Los grupos armados las usan para evitar el avance de sus rivales”, complementó Cabezas. Uno de los tres líderes indígenas aseguró que se ven obligados a conversar con los miembros de los grupos armados ilegales para garantizar su seguridad. La interlocución, señala, era más fácil con las FARC, ya que tenían una jefatura y estructura clara. “Ya no tienen una jerarquía estructurada. No tienen ni la menor idea de los derechos de los indígenas o la tierra colectiva. Eso dificulta la interlocución. No es claro el orden, quien es el superior, ahora es muy difícil. Son desorganizados, ya no se sabe quien es su jefe”, dijo el primer líder. Acto de perdón público de parte del Ejército Nacional colombiano a víctimas del conflicto armado de la comunidad Emberá. Foto: ONIC. Lee más | #ExpediciónVirtual: Río Puré, un parque para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento de Colombia Pobreza que aumenta la vulnerabilidad Uno de los líderes entrevistados por Mongabay Latam enfatizó que las condiciones de pobreza en el Chocó también afectan a los pueblos indígenas. “La pobreza es extrema. No hay colegio, vivienda, energía eléctrica, salud, vías, proyectos productivos, entre otros”. En la zona, aseguró, se presenta un alto número de suicidios entre los jóvenes. “Obligan a los jóvenes a entrar en las filas de los grupos armados. Si se oponen, los grupos empiezan a amenazar”, dijo otro de los entrevistados. El medio ambiente también ha sido otra víctima de las dinámicas violentas en el Chocó. La minería ha afectado al departamento históricamente, tanto que su principal río, el Atrato, tuvo que ser declarado sujeto de derechos por un fallo judicial para protegerlo de esta actividad. Chocó es un departamento biodiverso que cuenta con más 9000 especies de plantas, 200 mamíferos, 600 aves, 100 reptiles y 120 anfibios, entre ellos las ranas venenosas de colores fosforescentes. Allí habitan especies en peligro de extinción como el mono araña de cabeza negra o marimonda del Chocó (Ateles fusciceps). “A los pueblos indígenas Emberá del Chocó nos preocupa la contaminación del medio ambiente, de los ríos. Nos preocupa la tala indiscriminada para la siembra de hoja de coca. Para los Emberá el territorio es la Madre. No se vende, ni presta y menos arriendo. Nosotros lo cuidamos”, dijo uno de los líderes. Uno de los muchos afluentes del río Atrato que serpentea a través del Chocó. Foto de Bram Ebus para Mongabay. Lee más | Venezuela: el 2023 inició con derrames petroleros en Lago de Maracaibo La expectativa por las nuevas negociaciones El gobierno de Gustavo Petro en Colombia tiene una apuesta por la reintegración de los miembros de los grupos armados ilegales, para lo cual se realizan negociaciones de paz con el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Los líderes indígenas entrevistados tienen esperanza en estos procesos de paz. “Que no haya más violencia, que respeten el territorio. Ojalá avancen estos procesos de paz”, pidió el segundo líder. Los datos aún no muestran que las negociaciones se estén transformando en una mayor calma. “No hay descensos aún como se esperaría, podría haberlos, pero son mínimos. Estamos en una etapa muy reciente”, dijo Juana Cabezas. También resaltó que el gobierno de Petro recibió el país con altas cifras de violencia. Mientras tanto, las acciones violentas siguen. Uno de los líderes Emberá denunció a Mongabay Latam que ha recibido amenazas en su contra por parte del Clan del Golfo en las últimas semanas. “Los del Clan del Golfo me dijeron que si no colaboro, que me vaya del resguardo”, dijo. “Actualmente en esta zona (norte del Chocó) no hay combates. En otras sí se ha presentado combate, desplazamiento forzado, confinamiento, amenazas. Hay presencia de las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, otro sobrenombre del Clan del Golfo) a lo largo y ancho del Departamento del Chocó”, dijo otro de los entrevistados. Los pueblos indígenas no quieren ser sólo testigos de las negociaciones, ellos quieren ser partícipes activos: “Buscan ser protagonistas en la nueva política de paz total. Los diálogos de paz deben contar con la presencia de los pueblos indígenas, como ocurrió con el capítulo étnico del Acuerdo de Paz con las FARC”, aseguró Hurtado de la ONIC. “El gobierno solo hace procesos de paz con los actores armados, eso nos preocupa. No toman en cuenta nuestras necesidades. El proceso de paz actual no nos consulta”, dijo uno de los líderes. *Imagen principal: El río Atrato ha sido contaminado y, de acuerdo con los pobladores, algunas especies de peces han desaparecido. Foto: Tatiana Navarrete. ——— Videos | #Expediciones científicas | ¿Cómo salvar la danta de montaña de la extinción? Si quieres conocer más sobre la situación ambiental en Latinoamerica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Facebook | ¿Cuál es el balance ambiental de Latinoamérica en 2022?
