- Las viudas de los dirigentes indígenas Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, asesinados en 2014, exigen atención del Estado para sus familias y su comunidad.
- La Corte Superior de Justicia de Ucayali sentenció a 28 años y 3 meses de cárcel a los cinco responsables del crimen de los líderes asháninkas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto.
Las amenazas continúan en Alto Tamaya-Saweto, la comunidad nativa asháninka que nueve años atrás fue testigo del asesinato de sus líderes Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, quienes se enfrentaban a las mafias de taladores ilegales que amenazaban su territorio.
“Yo también tengo miedo, porque ya ha pasado la muerte de Saweto”, dice Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos, uno de los cuatro líderes asesinados el 1 de septiembre de 2014 cuando viajaban a la comunidad indígena de Apiwtza, en Acre, Brasil, para una reunión con defensores del bosque al otro lado de la frontera peruana.
Rengifo habla claro y exige que el Estado peruano les brinde protección porque, desde que empezaron a reclamar justicia, han recibido amenazas, que continúan hasta hoy. “El Estado debe cumplir como debe ser. Esta lucha no es fácil. Yo, como mujer, he dicho bien claro que he venido sufriendo para buscar que me escuchen, que me hagan caso, que no me ignoren”.
Julia Pérez, viuda de Edwin Chota, se une a estos reclamos durante la conferencia de prensa en la que también estuvieron Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintisima, y Lina Rengifo, hija de uno de los fallecidos.
Casi una década después del crimen en Saweto, la Corte Superior de Justicia de Ucayali emitió su sentencia contra los responsables del crimen. Eurico Mapes y los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix fueron condenados a 28 años y 3 meses de cárcel como autores directos del delito de homicidio calificado con el agravante de alevosía, mientras que Hugo Soria Flores y José Estrada recibieron la misma pena como autores mediatos del crimen. La sentencia también incluye una reparación civil de 200 mil soles que se entregará a las cuatro familias de las víctimas.
Amenazas contra los familiares
El abogado Óscar Romero, quien asumió el caso de Saweto desde el año 2018, señala que se trata de una sentencia en primera instancia que ha sido apelada por la defensa de los cinco acusados, por lo tanto, el caso se verá en una segunda instancia. Mientras tanto, los cinco sentenciados permanecen en libertad porque —como explica Romero— mientras no se confirme el fallo condenatorio, el juez ha ordenado un conjunto de normas de conducta que deben cumplir los sentenciados. “Solo en el caso de que se incumplan estas reglas, automáticamente lo que tiene que hacer el Ministerio Público es solicitar que la condena sea efectiva”.
El abogado Romero también se refiere a las amenazas de las que han sido víctimas las viudas y familiares de los dirigentes indígenas, así como la comunidad Alto Tamaya-Saweto. “Existe un testigo protegido que ha declarado, tanto en este caso como en otro que hay por criminalidad organizada, que los familiares de los señores Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo están amenazados de muerte”, precisa. Y agrega que se trata de “una organización criminal que tiene que ver mucho con el comando Vermelho de Brasil”, que cuando cometen crímenes en Perú cruzan la frontera hacia Brasil y cuando lo hacen en Brasil, se trasladan a Perú para eludir la justicia. “No solo son taladores ilegales, sino que es una organización criminal”, señala.
El defensor de las viudas de Saweto comenta que el testigo protegido menciona en su declaración estas amenazas. “Como defensa hemos presentado ante el Ministerio Público un pedido para que las viudas y familiares ingresen al programa de protección de víctimas y testigos, pero hasta ahora no tienen protección efectiva. No se cumple el tema logístico-operativo por parte del Estado con la familia de las víctimas”.
Julia Pérez también habla de estas amenazas. “El día que mi padre vaya a la cárcel, yo me voy a vengar de la comunidad”, recuerda Pérez que han dicho los hijos de los sentenciados. Pero no solo la comunidad Alto Tamaya-Saweto enfrenta amenazas, varias otras comunidades nativas ubicadas en la frontera de Perú con Brasil enfrentan los mismos problemas. “En la cuenca del Tamaya no están titulando las comunidades como debe ser, como se hizo con Saweto. Ha pasado un derramamiento de sangre para que recién se titule. Faltan otras comunidades”, agrega Ergilia Rengifo.
El caso Saweto ha sido emblemático para demostrar cuáles son los riesgos que enfrentan los líderes indígenas para proteger su territorio. A ello se suma la vulnerabilidad en la que viven las comunidades indígenas de la Amazonía peruana y las demoras en los procesos judiciales que deben soportar los familiares de las víctimas.
Desde el año 2008, Edwin Chota, entonces jefe de Alto Tamaya-Saweto, denunciaba ante las autoridades la tala ilegal que ocurría dentro del territorio comunal, pero no obtenía respuesta. Durante seis años buscó la forma de frenar este delito que estaba afectando los bosques comunales.
En el 2013, el líder indígena siguió el curso de la madera que había sido talada en Saweto hasta el aserradero Forza Nuova EIRL, en Pucallpa, donde fue descargada. En ese momento, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Pucallpa intervino e inmovilizó más de 900 trozas de madera. A partir de entonces —precisa el abogado Romero— comenzaron las amenazas. “Esa fue la causa que determinó los asesinatos”.
Chota y otras autoridades de su comunidad pidieron garantías para su vida. Además, continuaba con su pedido de titulación y una solicitud para que sean excluidas del territorio comunal 48 mil hectáreas de la concesión forestal de la empresa Eco Forestal Ucayali (Ecofusac), que estaban superpuestas.
Un año después de estas muertes, en agosto de 2015, se culminó el proceso de titulación de la comunidad nativa y se inscribieron en los Registros Públicos de Pucallpa las casi 80 mil hectáreas que corresponden al territorio comunal.
Un mecanismo de protección
Durante la conferencia, Jamer López, vicepresidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), realizó un sonido ancestral para saludar y rendir homenaje a los cuatro dirigentes fallecidos, quienes a pesar de no estar vivos, de acuerdo a la tradición indígena, los consideran siempre presentes.
“Hace ocho años atrás el caso de la comunidad Saweto representó la fotografía de lo que estaba pasando en ese momento en la Amazonía Peruana. Sin embargo, más allá de este caso, muchas comunidades siguen sufriendo atropellos y vulneraciones. Incluso, durante la pandemia, la violencia se agudizó y justo en la región Ucayali tenemos siete hermanos indígenas asesinados”, dice López.
El dirigente de ORAU comenta que continúan los hostigamientos y amenazas en las comunidades amazónicas, porque, además, “hay una brecha grande en el proceso de titulación, entonces, muchas comunidades también han denunciado la presencia de taladores ilegales y, prácticamente, cuando se evidencia estos casos comienzan las amenazas, e incluso los asesinatos a líderes. Este panorama no ha cambiado, creemos que va a seguir hasta que no se logre terminar el proceso de titulación”, asegura López.
Ante esta situación, la organización indígena está implementando un mecanismo de autoprotección y piden que el Estado lo reconozca. Se trata de un sistema de conexión entre todas las comunidades de la región para atender y proteger a quienes son amenazados en sus territorios.
“Por ejemplo lo que sucede en el alto [río] Ucayali lo conocen las comunidades del medio o del bajo Ucayali. Si en una comunidad hay presencia de taladores, sembríos de hoja de coca ilegal o si un jefe o líder está amenazado se crea una especie de cadena de información por los pueblos indígenas”, explica López y agrega que este mecanismo ya está funcionando, de tal forma que muchas veces pueden trasladar a otras comunidades a quienes están bajo amenaza para protegerlos. “Cuando pedimos garantías al Estado, el Ministerio de Justicia lo reconoce mediante un documento pero la parte operativa no funciona, en cambio, en las comunidades, estamos implementando esta forma de auto protección”.
Imagen principal: Viudas e hija de los cuatro líderes asesinados en 2014 en la comunidad Alto Tamaya-Saweto ofrecieron conferencia en Lima. Foto: Yvette Sierra Praeli.
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