- La Fiscalía ecuatoriana formulará cargos por varios delitos en contra de un centenar de personas, incluido el expresidente Lenín Moreno, involucrados en corrupción dentro del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. Por su parte, la Asamblea Nacional debate si lleva a juicio político al presidente Guillermo Lasso que viene de una dura derrota en el referendo del 5 de febrero.
- Mientras todo esto ocurre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) se levantó de las mesas de diálogo instaladas después del paro nacional de 2022, y Eduardo Mendúa, uno de sus dirigentes que lideraba una lucha antipetrolera en la provincia de Sucumbiós, fue asesinado el pasado 26 de febrero.
- En entrevista con Mongabay Latam, el exjuez de la Corte Constitucional, Ramiro Ávila Santamaría, analiza el complicado escenario social, político y ambiental que vive Ecuador en los primeros meses del 2023.
Las últimas semanas han sido agitadas en Ecuador. El 22 de febrero la fiscal general del Estado, Diana Salazar, anunció los avances de la investigación que adelanta la entidad sobre un entramado de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, ubicado a pocos kilómetros aguas arriba de la actual erosión del río Coca. En su anuncio, Salazar solicitó a la Corte Nacional de Justicia “fijar fecha y hora para la realización de la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de cohecho en contra de decenas de personas, entre ellas, el expresidente Lenin Moreno, su esposa, una de las hijas de ambos, además de dos hermanos y dos cuñadas del primero”. Se habla de más de 76 millones de dólares en sobornos entre 2009 y 2018. Solo cuatro días después, comunidades y asociaciones indígenas denunciaron el asesinato de Eduardo Mendúa, líder de la comunidad A’i Cofán Dureno y dirigente de Relaciones Internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), quien recibió 12 impactos de bala a quemarropa a las afueras de su casa, en la provincia de Sucumbíos. Mendúa era el rostro visible de la resistencia antipetrolera de su comunidad.
Mientras todo eso ocurría, la Asamblea Nacional revisaba la posibilidad de hacerle un juicio político al presidente Guillermo Lasso por delitos contra la seguridad del Estado y por delitos contra la administración pública como concusión, cohecho y peculado. De darse el juicio, Lasso podría terminar destituido. “Ojalá no prospere este recambio presidencial porque me parece que la alternativa es peor, la desestabilización va a ser peor. El escenario de Perú es una cosa que llama la atención y tenemos que aprender de esas lecciones. Una jugada fuera de los cauces democráticos puede ser terrible para este país”, asegura Ramiro Ávila Santamaría.
Ávila Santamaría es abogado, experto en derechos humanos y ambientales, y catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar. Durante tres años, entre 2019 y 2022, fue uno de los nueve jueces de la Corte Constitucional y en 2008 fue miembro de la Comisión de Redacción de la Constitución de Ecuador. En entrevista con Mongabay Latam, el abogado analiza algunos de los hechos políticos, ambientales y sociales más polémicos que han sacudido a Ecuador solo en los dos primeros meses de 2023.
—En el referendo del pasado 5 de febrero había dos preguntas relacionadas con el medio ambiente. En la primera se planteaba incorporar un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en la segunda se le preguntaba a los ecuatorianos si estaban de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones por servicios ambientales. ¿Por qué muchas organizaciones sociales, ambientales e indígenas promovieron votar por el ‘No’?
—Desde junio del 2022, cuando se dio el Paro Nacional, el movimiento indígena planteó 10 puntos para discutir con el gobierno y se crearon unas mesas de concertación que pretendían parar la revuelta y dar una solución negociada a las demandas que estaba haciendo el movimiento indígena y popular. Entre esas demandas había algunas peticiones de carácter ambiental, en particular con miras a detener la frontera extractiva minera y petrolera. Entonces, cuando el presidente Lasso formula estas preguntas, estando los temas en discusión en la mesa, las soluciones profundas sobre lo ambiental se tornaron irrelevantes y el referendo adquirió un tinte populista.
En relación a la primera pregunta, esta no era necesaria porque ya existe una protección hídrica y existe un trámite para declarar zonas de protección hídrica que no cambiaba con el hecho de declarar constitucionalmente que se trata de zonas de restricción, porque al final el gobierno siempre acaba teniendo la batuta para declarar qué zonas son o no de protección hídrica. Entonces, la pregunta resultaba realmente innecesaria y políticamente era irrelevante frente a las demandas de la CONAIE [Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador].
La otra pregunta era contraria a la idea de los pueblos indígenas, y muchos grupos de ecologistas, de no mercantilizar la naturaleza. En Ecuador, la naturaleza está reconocida desde el 2008 como sujeto de derechos y el hecho de proponer una reforma constitucional que promueve la venta de servicios ambientales, se vio más como una posibilidad de mercantilizar la naturaleza y no como una posibilidad de promover la idea de que un sujeto se tiene que respetar y que no tiene que entrar en la lógica de mercado.
—Al inicio de su respuesta mencionaba el tema de las negociaciones de los 10 puntos propuestos durante el paro nacional del 2022, ¿cómo ve usted los avances de los acuerdos y el hecho de que la CONAIE se haya levantado de las mesas?
—Yo aquí quisiera más bien replicar lo que le escuché al presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, cuando le preguntaron por qué se levantaron de la mesa. Él dio dos razones: que no veía una intención política sincera y de buena fe de avanzar y discutir todos los problemas y, en segundo lugar, que si bien el gobierno había acogido algunos puntos, estos no eran más del 30 % de las demandas que se habían hecho en el paro.
Quizás lo que provocó mayor descontento es que si se tenían unas mesas de diálogo, donde se estaban proponiendo discusiones que tienen que ver con la pobreza en el campo, y en particular de los pueblos indígenas, hacer un referéndum con los mismos temas que estaban en la mesa, pero con soluciones absolutamente superficiales, no tenía sentido. Fue tal el descontento con lo que hizo el gobierno, que ninguna de las preguntas tuvo una respuesta favorable. Al final fue una gran derrota del gobierno y este debería tener la consciencia de que no atendió el clamor popular.
—Cuando la Conaie se levantó de las mesas resolvió mantener una movilización permanente y radicalizar la lucha en los territorios, ¿qué implicaciones tiene esto y que se puede esperar luego de esa decisión?
—A mí me parece que en Ecuador estamos en un momento delicado. Hay una amenaza de juicio político al presidente Lasso por parte de la Asamblea Nacional y creo que la CONAIE ha tomado una posición muy prudente. En un primer momento anunció una movilización nacional, pero cuando hubo este llamado al juicio político, donde hay un montón de intereses políticos distintos a los del movimiento indígena, la CONAIE anunció que iba a estar atenta y no se está dejando envolver por los intereses políticos que están detrás. Creo que después de una derrota del referendo, el gobierno debe rectificar muchas cosas en los poco más de dos años que le quedan. Ojalá no prospere este recambio presidencial porque la alternativa es peor, la desestabilización va a ser peor. El escenario de Perú es una cosa que llama la atención y tenemos que aprender de esas lecciones. Una jugada fuera de los cauces democráticos puede ser terrible para este país. Espero que este gobierno mire al sector popular e indígena ecuatoriano y no solo los pequeños intereses de la clase financiera y política que siempre ha estado aventajada.
—¿Qué implica el juicio político que plantea la Asamblea Nacional y cuáles son esos intereses que estarían detrás?
—Lo primero es que el juicio político responde a situaciones de corrupción en donde han estado involucradas personas muy cercanas al gobierno. Eso existe y es real, no se puede negar. La segunda cosa es que detrás del juicio político hay intereses particulares, sobre todo del correísmo. Uno de sus objetivos a corto plazo es el de beneficiar a grandes personajes políticos, incluido el expresidente Rafael Correa que tiene condenas penales. También hay intereses particulares de los de siempre, de los grupos económicos que siempre pescan en río revuelto. El escenario de una destitución es muy preocupante.
—¿Qué pasaría si prospera el juicio político?
—De acuerdo con la Constitución ecuatoriana, si hay un juicio político y este es exitoso, la sucesión la tendría el vicepresidente [Alfredo Borrero] quien ha demostrado ser absolutamente incapaz. Ha sido inepto, no ha aportado al gobierno y creo que sería un escenario peor al que tenemos ahora. Insisto en que lo que tiene que pasar en Ecuador es que se dé una negociación política, no con sectores políticos y económicos, sino con los sectores populares e indígenas que han alzado su voz desde junio del año pasado, cuando salieron durante un mes a las calles. Creo que ahí está el norte de este gobierno, por ahí debería ir.
—Constantemente hay denuncias de criminalización por parte del Estado en contra de defensores ambientales, sociales e indígenas, ¿qué tan crítica es esta situación y a qué se debe esa alta criminalización en Ecuador?
—Esto no es sólo de este gobierno, es una constante desde el retorno a la democracia. Esto se agudiza mucho más cuando se intensifican las actividades extractivas, en particular la petrolera y la minera. Esto es pan de todos los días acá en Ecuador. La primera estrategia que tienen las empresas con intereses extractivos es dividir a las comunidades y la segunda es criminalizar a quienes están en resistencia y no están de acuerdo con sus intereses y posturas. La criminalización no sólo ha significado juicios penales y denuncias contra los líderes que resisten, sino también una estigmatización enorme, en términos mediáticos, de esas personas.
La semana pasada murió un líder indígena [Eduardo Mendúa] que se oponía a la actividad petrolera. Esto habla del extremo al que puede llegar la violencia política en contra de quienes se oponen. No solo se trata de criminalización sino que también puede significar amenazas y muerte. Lastimosamente tengo que reconocer que la criminalización es un problema y el Estado no protege a quienes defienden los derechos de la naturaleza, de las personas y las colectividades.
—Ahora que mencionó el asesinato de Eduardo Mendúa, ¿qué impacto tiene este hecho en las relaciones entre las comunidades indígenas y el gobierno?
—Creo que tiene un impacto enorme en dos sentidos. Si de aquí sale algo “positivo”, podemos decir que es la convicción de que las comunidades deben estar organizadas para resistir de forma adecuada. Lo negativo es que esta muerte genera mucho miedo y el miedo siempre es un mal consejero. Yo siempre espero que el gobierno tome medidas para evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir porque, en medio de una democracia, llaman la atención este tipo de muertes violentas. Ninguna muerte, ni ninguna violación de derechos humanos, debe quedar impune.
—Ecuador es signatario del Acuerdo de Escazú que exhorta a la protección de los defensores ambientales. ¿Hay fallas en su implementación?
—Ecuador es signatario de todos los instrumentos que uno se pueda imaginar y también tenemos una Constitución que en algunas cosas va más allá que el acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú avanza en cosas que son importantes como el acceso a la información y la necesidad de consultas que sean de buena fe pero, por un lado se ve, como siempre, falta de compromiso político y, por otro lado, también se trata de falta de mecanismos estatales no gubernamentales para poder implementar estas cosas. En general, la función jurisdiccional no está a la altura de lo que significa ser garante de derechos constitucionales y me parece que todos fallamos acá de alguna manera.
—Otro tema que recientemente estuvo en la agenda pública fue el anuncio de la Fiscalía sobre nuevos avances en la investigación en contra de la corrupción, durante más de una década, en el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, ¿cuál es su opinión sobre ese caso?
—Ese caso es una de las deudas más grandes que tiene este país en relación a transparencia, a investigación efectiva y a tratar de enjuiciar a quienes nos llevaron a un gran fracaso. Coca Codo Sinclair es el proyecto más caro y millonario que hemos tenido pero es un fracaso rotundo: esas máquinas están rajadas, el río Coca colapsó, hay montones de informes que dicen que nunca debió construirse y hay una cantidad enorme de responsables en distintas índoles, incluso penales. No sé si estamos a la altura de investigar un caso donde hay tanto capital chino y donde hay tanta podredumbre. Ojalá algún día sepamos todo lo que está detrás, porque fue una pésima inversión, es un desastre ecológico y además no funciona ni en el 20 % de lo que se anunció.
—¿Le preocupan los impactos de otros megaproyectos?
—Ahora está sonando un proyecto hidroeléctrico en el río Santiago y dicen que será tres veces más grande que Coca Codo Sinclair. Pero las comunidades indígenas shuar no tienen ni idea de las dimensiones de ese proyecto. La historia se repite: territorio ancestral, Amazonía, comunidades que no están informadas y poca transparencia. La poca transparencia y la falta de consulta es el presagio de muchos conflictos. Creo que no se aprenden las lecciones.
—La industria petrolera y la minería, tanto legal como ilegal, siguen expandiéndose rápidamente en la Amazonía, ¿cuáles impactos sociales y ambientales son los más visibles?
—Con otros abogados hemos estado defendiendo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de los pueblos indígenas en aislamiento que están sobreviviendo a la expansión petrolera. Por otro lado, comunidades como los waorani o los shuar tenían otros estilos de vida hace no más de 50 años y cuando entraron las petroleras y la minería, entraron también la prostitución, el alcoholismo y el consumismo. Los efectos de esa llegada han sido división comunitaria y destrucción ambiental. Las mujeres amazónicas de Ecuador me parecen tan sabias porque, cuando los presidentes les dicen que están sentadas en “bacinilla de oro”, ellas contestan que antes eran seres dignos y soberanos, que tenían su selva, la cual era su farmacia, su universidad y su casa, y que ahora muchos tienen que mendigar dólares para poder comprar lo que ya no no les da la selva.
—¿Ha sido posible una transición ecológica, como propuso al inicio de su mandato el presidente Guillermo Lasso, cuando las actividades extractivas continúan en expansión?
—Uno entendería que la transición ecológica significa salir de un modelo que está basado en el consumo de carbono y de productos que están bajo la tierra, a un modelo que es sustentable, en el sentido de preservar la naturaleza para generaciones futuras. Si eso es transición ecológica, Ecuador no ha transitado. Más bien, lo que está haciendo el país es abrir paso a la minería porque en menos de 10 años se nos acaba el petróleo en la Amazonía. Es decir, estamos transitando de una actividad extractiva a una que es mucho más violenta, y digo violenta porque se pueden conseguir minerales de forma legal e ilegal, mientras que en el caso del petróleo la ilegalidad es mucho más difícil debido a la tecnología que se necesita.
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—Usted menciona la violencia que suele venir con la minería ilegal, ¿qué opina sobre la decisión del gobierno de declarar la minería ilegal como amenaza a la seguridad?
—El gobierno quiere hacer entender a la opinión pública que el problema no es la minería sino la minería ilegal. No niego que la minería ilegal tiene cuestiones tremendamente reprochables pero el problema para mí es la minería como tal. Entonces, tratar de decir que hay dos tipos de minería: la legal que es hecha con tecnología de punta y la ilegal que es violenta, no es cierto. En el país tenemos minería legal mal hecha y sin tecnología de punta que genera conflictos en los territorios.
—El control de la ilegalidad, así como el de la correcta operación de las actividades legales, son un reto para Ecuador. ¿Qué tan fortalecidas están actualmente las capacidades del sector Ambiente?
—Si uno mira a Ecuador en el contexto mundial, es un país chiquito sin capacidad de negociación en los mercados globales. Pero acá hay una riqueza enorme y hay empresas de muchos países aprovechando esa riqueza. Cuando uno ve el rol del Estado en los juicios y cómo se defiende, se comprueba que las entidades ambientales son tan débiles que no son capaces de hacer una contraparte a las entidades proextractivas. El gobierno tiene un Ministerio de Ambiente que tiene que dar un permiso ambiental y el mismo gobierno tiene un Ministerio de Energía y Minas que otorga las concesiones mineras. Cuando analizas la conformación de los dos ministerios, y el poder que tienen, el Ministerio de Ambiente no tiene poder alguno de hacer un informe ambiental que no sea financiado por las empresas, no tiene ninguna capacidad para siquiera dar la apariencia de que tiene controles ambientales.
*Imagen principal: Ramiro Ávila Santamaría, es abogado, experto en derechos humanos y ambientales, y catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar. Durante tres años, entre 2019 y 2022, fue uno de los nueve jueces de la Corte Constitucional. Foto: Universidad Andina Simón Bolívar.
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