Nicaragua: expertos aseguran que detrás de la masacre de pobladores indígenas mayangna está el interés sobre los recursos naturales de la reserva Bosawas

A las seis de la mañana del 11 de marzo de 2023, la comunidad indígena mayangna Wilú, ubicada en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Bosawas, en Nicaragua, fue atacada por aproximadamente 60 personas no indígenas fuertemente armadas. Como resultado, cinco comuneros mayangna de entre 20 y 45 años de edad fueron asesinados, dos resultaron heridos y todas las casas —a excepción de la escuela y la iglesia de la comunidad— fueron incendiadas.

Los sobrevivientes huyeron a la comunidad vecina de Musawas que, al igual que Wilú, es parte del territorio indígena mayangna Sauni As. Allí unas 80 familias están refugiadas; entre ellas se encuentran algunas que provienen de otras poblaciones aledañas que también huyeron por temor a ser violentadas.

Funeral de indígenas mayangnas asesinados durante la masacre de Wilú, Nicaragua, el pasado 11 de marzo 2023. Video: Gobierno Territorial Autónomo Mayangna Sauni As.

El ataque se produjo aprovechando que los hombres de la Comunidad se habían retirado a cazar, aseguraron comuneros que entregaron su testimonio a Mongabay Latam y que mantienen su identidad resguardada por razones de seguridad. “Empezaron a tirar balas como lluvia”, aseguró uno de ellos, “con armas de guerra como fusiles AK-47 y M16”.

Hasta la fecha, el gobierno nicaragüense no ha emitido ningún pronunciamiento sobre lo ocurrido. Organizaciones internacionales, en tanto, condenaron los ataques y “el grave riesgo en el que se encuentran las comunidades indígenas” frente a lo que aseguran se trata de una “violencia sistemática”.

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Un historial de ataques

Líderes indígenas, defensores de derechos humanos y activistas ambientales en Nicaragua aseguran que los ataques fueron perpetrados por colonos, personas no indígenas provenientes de otras zonas del país que invaden el territorio. Detrás de todas esas invasiones, explica Amaru Ruiz Alemán, presidente de la Fundación del Río, una organización ambientalista con más de 30 años de trabajo en el sureste de Nicaragua, está el interés sobre los recursos naturales. El principal de ellos, asegura Ruiz, es la tierra para ser traficada u ocupada. En cualquiera de los dos casos, el resultado es la deforestación para la introducción de cultivos y sobre todo ganado, una de las mayores causas de deforestación en el país.

Las invasiones también están motivadas por intereses forestales, el tráfico de fauna y la extracción minera, principalmente de oro, agrega el experto.De hecho, según un informe de la Fundación del Río de julio 2022, “el 66 % de toda la Reserva de Biósfera de Bosawas está concesionada a la minería metálica”.

Según el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), “el territorio mayangna Sauni As ha venido sufriendo ataques sistemáticos de colonos no indígenas y/o bandas criminales desde el 2013”. Ese año, el indígena mayangna Elías Charles Taylor fue asesinado mientras patrullaba su territorio atendiendo a una denuncia de que colonos estaban tumbando el bosque. Otros líderes que lo acompañaban resultaron gravemente heridos. A partir del año 2020 los ataques se recrudecieron, sostiene Calpi, siendo los más cruentos el ataque a la comunidad de Alal en 2020, la masacre de Kiwakumbaih en 2021 y el reciente ataque a la comunidad de Wilú.

En el primer caso, decenas de hombres armados asaltaron la comunidad de Alal, mataron a cuatro hombres, hirieron a dos y quemaron 16 casas. En el caso de la masacre ocurrida en el cerro Kiwakumbaih, donde indígenas mayangna y mískitu desarrollan históricamente la minería artesanal, “no hay certeza de cuantas fueron las víctimas ya que diferentes testigos dan diferentes cifras y expresan que algunos cadáveres quedaron en los túneles y no fueron rescatados”, asegura Calpi. Sin embargo, de acuerdo a varios testimonios, “se estima que las víctimas fueron entre 13 y 16 personas  —entre ellas un niño de aproximadamente seis años—”, sostiene la organización. Además, una de las mujeres indígenas mískitu asesinadas fue mutilada y una mujer mayangna y su hija de 14 años agredidas sexualmente por varios de los atacantes.

Ya en ese mismo lugar, el defensor del territorio, Nacilio Macario, había sido asesinado en el año 2020.

“El año pasado —dice uno de los comuneros que conversó con Mongabay Latam— estuvimos recibiendo bastantes amenazas, pero no tuvimos eventos graves como este que pasó en 2023”.

Según cuenta, actualmente las mujeres y niños estarían durmiendo en el bosque para evitar ser atacadas durante la noche. “Alistan sus ropas, alistan sus comidas y se van a dormir en la montaña porque temen estar en la casa porque las pueden asesinar, quemar sus viviendas”. Además, “los niños no pueden estudiar como venían estudiando. Las mujeres iban a los ríos a pescar, los niños iban a bañarse, a jugar. Ahora no existe eso. La gente vive alarmada, preocupada”.

Defensores de derechos humanos destacan que la saña con la que son perpetrados los ataques también da cuenta de que existe una planificación. “No solo es matarlos, sino es también quitarles los ojos, hacerles heridas en el cuerpo. Esto no es aleatorio. Saben en qué momento entrar y lo que quieren es que no vuelva la gente, causar terror”, dice Ruiz.

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Deforestación y minería ilegal amenazan Bosawas

“Las personas que entran de otros territorios del país llegan a destruir. En un día despalan hasta 100 manzanas con motosierra”, dice uno de los comuneros que prefiere mantener su identidad en reserva. “Antes era en la zona de amortiguamiento, ahora es en la zona núcleo donde ni siquiera los mayangna pueden derribar, no pueden despalar, está totalmente prohibido”, dice el otro. “Nosotros cuidamos, los colonos vienen, nos toman a la fuerza, se imponen a través de amenazas y empiezan a destruir”.

Según la organización no gubernamental ambientalista Centro Humboldt, la Reserva de la Biósfera Bosawás, que abarca unos 2,2 millones de hectáreas, perdió entre 1987 y 2010 casi 600 000 hectáreas de bosque. Luego, entre 2013 y 2017 perdió otras 92 000 hectáreas más y, según la plataforma satelital Global Forest Watch, entre ese año y 2022, otras 79 200 hectáreas de bosque primario fueron arrasadas.

Producto de la deforestación, para las comunidades indígenas es cada vez más difícil abastecerse de los alimentos que obtienen del bosque. “Ya los animales se han ido. Antes los comunitarios iban a la montaña y se encontraban chanchos de monte y otros animales, pero hoy en día ningún chancho de monte se ha aparecido por la misma presencia de los colonos que llegan ahí”, dice el comunero.

Además, el agua de los ríos está siendo contaminada con mercurio producto de las actividades mineras. “La gente se está enfermando porque nosotros en las comunidades no tenemos agua potable de las ciudades, nosotros ocupamos del río”, agrega el comunero mayangna.

Todas estas afectaciones, además, se suman a los impactos que la crisis climática está teniendo sobre el territorio. “En los últimos años ha habido variaciones de las temporadas de verano y de invierno. Hay ríos o fuentes de agua que se están secando”, dice un segundo comunero que conversó con Mongabay Latam bajo reserva de su identidad.

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La reacción del Estado 

Las autoridades de Nicaragua no se han pronunciado respecto al ataque a Wilu. “Lamentablemente, no hay ningún comunicado, no hay ningún pronunciamiento de parte de la policía, entonces significa que para ellos todo está normal”, dice uno de los comuneros.

Además, 160 organizaciones de la sociedad civil que se dedicaban al trabajo ambiental han sido canceladas por el régimen de Daniel Ortega. Muchos de los defensores han sido despojados de su nacionalidad, han debido exiliarse en el extranjero y la prensa independiente se ha visto notoriamente coartada. Como resultado, las comunidades indígenas se sienten solas y abandonadas.

“A nivel de Nicaragua no hay acompañamiento, no hay consideración. Cada vez que ponemos denuncias no nos atienden, sólo nos reciben y nos engavetan. No nos sentimos acompañados”, dice uno de los comuneros.

Según Calpi, las comunidades le han pedido en distintas oportunidades al Estado de Nicaragua su protección, así como la investigación, judicialización y reparación de las graves violaciones a sus derechos humanos. Sin embargo, “el Estado en la mayoría de los casos no se hace presente a las comunidades”, asegura la organización y cuando lo hace, agrega, “niega que los ataques sean realizados por colonos y en su lugar culpa a los mismos indígenas como ocurrió en el caso de la masacre de Kiwakumbaih”, en el que cuatro comuneros indígenas fueron condenados a cadena perpetua. Según la defensa, la justicia criminalizó a los comuneros contradiciendo a más de veinte víctimas y testigos y pese a que los condenados no se encontraban en el lugar de los hechos en el momento en que ocurrió aquella masacre.

“Estas personas tienen 10 años de estar matando gente y no hay ni un solo preso. Los únicos cuatro presos que hay son los mayangna y los tienen amarrados con cadenas día y noche”, asegura una defensora de los pueblos indígenas de Nicaragua que pidió el resguardo de su identidad.

El 13 de febrero de 2022, la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la Comunidad de Wilú que ya había sido víctima de ataques y en septiembre del mismo año amplió dichas medidas a favor de las comunidades de Musawas y Suniwas. Sin embargo, “el Estado de Nicaragua no las ha acatado”, dice Calpi. 

Otras organizaciones internacionales ya han hecho recomendaciones al gobierno nicaragüense para que adopte medidas adecuadas y oportunas para salvaguardar la vida de los y las integrantes de las comunidades, así como la protección del derecho a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas. Entre ellas destaca la Organización Mundial contra la Tortura, a través de su segundo examen Periódico a Nicaragua en el año 2022; la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en su informe de septiembre de 2022, y la última resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2022.

Luego de la masacre de Wilú, las autoridades indígenas del territorio Sauni As solicitaron al General del Ejército de Nicaragua, Julio César Aviles Castillo, “la activación in situ e instalación permanente de unidades del Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua en distintos puntos estratégicos del territorio Sauni As”.

Además, 11 organizaciones internacionales, entre ellas la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condenaron los ataques. “Exigimos al Estado de Nicaragua cumpla su obligación de implementar de forma oportuna y eficaz las medidas cautelares”, sostuvieron en un comunicado. Así mismo, solicitaron a los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos que continúen y refuercen su labor de monitoreo, investigación y seguimiento sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua.

Imagen principal: Ataque a la comunidad mayangna Wilú, Nicaragua. Foto: Gobierno Territorial Autónomo Mayangna Sauni As.

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