- Una propuesta legislativa amenaza el futuro de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Venezuela, ya que ordenaría que todas se registren de nuevo bajo la condición de no recibir recursos del exterior o realizar actividades políticas. Debido a que en Venezuela ya no se publican los textos de los proyectos de ley, no son claros todos los detalles de la nueva norma.
- Representantes de ONGs venezolanas, incluidas dos enfocadas en la defensa del medio ambiente, lo describen como un proyecto de ley que busca acallar a las voces críticas contra el régimen.
El futuro de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela está en vilo después de que, en enero de este 2023, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un proyecto de ley para, entre otras cosas, fiscalizar aún más su financiamiento. Alejandro Álvarez, biólogo y coordinador de la organización no gubernamental Clima21, dedicada desde hace cuatro años a temas de medio ambiente y derechos humanos en el país latinoamericano, define con una frase lo que representa esa nueva norma: “Es una amenaza contra todas las organizaciones de la sociedad civil”.
Hasta ahora es imposible conocer los detalles de la propuesta, ya que en Venezuela no se publican los textos de los proyectos de ley antes de ser aprobados. El diputado del chavismo Diosdado Cabello dio pistas de lo que busca la norma aprobada en su primer debate, durante una sesión de menos de dos horas y sin cuestionamientos. Aún le falta ser aprobada en segundo debate. Su objetivo es “generar los recursos legales para que (las ONG) rindan cuentas ante algún instrumento. Ha llegado la hora de legislar sobre cómo reciben recursos, cómo los invierten. Si se dedican a la política, deben registrarse como partido político”.
El diputado también mencionó que vigilarán la labor de organizaciones no gubernamentales (ONG) como Futuro Presente y Súmate, entre otras. Habló de 62 organizaciones que “funcionan con fines políticos, cuyo fin no es humanitario, sino imponer lo que ellos piensan que es la democracia”. Además, las acusó de apoyar el imperialismo del gobierno de los Estados Unidos.
En términos prácticos, según los expertos consultados por Mongabay Latam, de ser aprobada, la nueva ley cancelará los registros de todas las organizaciones de la sociedad civil, para que estas se inscriban de nuevo, pero demostrando que cumplen con fines humanitarios, no políticos y que no reciben fondos de países considerados rivales por parte del régimen.
No hay un listado oficial de las 62 organizaciones, sin embargo, en su discurso en la Asamblea, el diputado Cabello también mencionó a Provea. Esta organización fundada en 1988 ha denunciado la minería ilegal que se realiza bajo el amparo de grupos armados ilegales colombianos en la Amazonía venezolana, así como la violencia sufrida por el pueblo Yanomami.
Para entender cómo la propuesta legislativa podría afectar al conjunto de organizaciones venezolanas, incluidas las ambientales, Mongabay Latam habló con los representantes de Provea, así como con los de Clima21 —dedicada a investigar temas de medio ambiente y derechos humanos— y de SOS Orinoco, enfocada en denunciar la minería en la Amazonía venezolana promovida por el gobierno de Nicolás Maduro a través de su política del Arco Minero. Clima21 también ha denunciado dicha situación desde 2019. Además, se consultó a Acceso a la Justicia, cuya misión es traducir las decisiones jurídicas a favor de los venezolanos.
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Las reacciones al proyecto “Antisociedad”
“El objetivo del gobierno al señalarnos de tener intereses imperialistas y recibir fondos de Estados Unidos está dirigido a sus partidarios como una manera de desprestigiarnos. En nuestro caso, Provea, no recibimos dinero del gobierno de Estados Unidos, pero usan ese argumento (falso) para intimidar”, señaló Raúl Cubas, cofundador de esta organización, que se dedica a la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Cubas explicó que de manera inconstitucional, con el proyecto de ley, el gobierno de Nicolás Maduro pretende que las organizaciones que ya tienen una trayectoria en el país, “dejen de existir, particularmente las entidades sin ánimo de lucro y que vuelvan a registrarse. Esto implica que deben volverse a presentar y cumplir nuevos requisitos. Aproximadamente, hace diez años es prácticamente imposible inscribir en los registros nuevas organizaciones o fundaciones”.
Desde su perspectiva, la iniciativa legislativa afectará a todas las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, no solo a las que hasta ahora se han mencionado.
Alejandro Álvarez, coordinador de Clima21, consideró que el proyecto de ley envía un mensaje a todas las organizaciones del país: “Es un disuasivo. Para que las que no han sido mencionadas digan ‘yo no trabajo con tales otras que han sido señaladas’, ‘yo no realizo tal tipo de actividad’”.
Desde la nueva Asamblea en 2019, muchos de los textos de los proyectos de ley no se publican en Venezuela. “Eso es inconstitucional”, explicó Laura Louza, directora ejecutiva y fundadora de la organización Acceso a la Justicia, dedicada a traducir temas jurídicos a los venezolanos y apoyarlos en la defensa de sus derechos.
Louza se mostró escéptica sobre la posibilidad de que la ley sea debatida a profundidad y desde un punto de vista crítico, ya que no hay una oposición real en Venezuela dentro de la Asamblea: “Se debería analizar el articulado, pero eso no se hace, no se explica. En Venezuela los proyectos de ley simplemente son aprobados a mano alzada, por los chavistas. Si el gobierno quiere aprobar una ley lo hace en quince días, en dos discusiones, todo el mundo dice que sí”. La Vicepresidencia de la República —señaló— sería la encargada de implementar esta ley.
“Es un proyecto contra todo tipo de organizaciones. Lo que lleva a pensar es que toda defensa de los derechos humanos está prohibida”, aseguró Louza. “El régimen de Nicolás Maduro ha intentado callar a las ONG en múltiples ocasiones”, dijo Cristina Burelli, fundadora de SOS Orinoco. Este proyecto de ley, resalta, “es una muestra más de que es un gobierno autoritario”.
Louza también señaló que el proyecto no es simplemente una renovación de registros de organizaciones, sino que acaba con la vida jurídica de las existentes y que tiene un carácter totalitario. “(De aprobarse el proyecto) sería un punto final de los espacios para reunirse, para hablar. El proyecto dicta que las organizaciones requieran una autorización para registrarse. Son muchos los requisitos y hay un Estado sin capacidad institucional, sin reglas claras y estables. Va a ser una autorización selectiva. Usted tiene un plazo para registrarse, y si no lo hace, le ponen una multa impagable”, denunció Louza.
Para las organizaciones no gubernamentales esta situación no es nueva en Venezuela, pero con esta ley se agravaría el panorama.
“Clima21 es una organización que en enero cumplió los 4 años, es joven. Desde que se creó, no ha podido registrarse legalmente. ¿Por qué? Porque no es posible. No aceptan las solicitudes”, explicó Álvarez.
Un ejemplo de los requisitos para poder ser registrado actualmente es no tener entre los estatutos la mención de las palabras derechos humanos, según le explicaron especialistas a este medio. Además, temen que el objetivo real de la propuesta sea acabar con las organizaciones no gubernamentales en Venezuela al controlar su financiación, siguiendo el ejemplo de otros regímenes como el de Nicaragua y Rusia.
A la par que se discute el proyecto que las organizaciones llaman “Antisociedad”, en 2023 se revivió otro que es conocido como ley de cooperación internacional y que busca que el Estado reciba todas las donaciones a organizaciones de la sociedad civil y este decida a cuáles y cómo les envía recursos.
“En Nicaragua se llama Ley de regulación de agentes extranjeros. La ley de Nicaragua es igual a la rusa, inspirada en esta. Sabemos lo que ha pasado en Rusia, la última organización que quedaba hace poco fue disuelta. Y aunque estamos viendo algo peor en Nicaragua, la trama de la película está clara, aunque en cada país con sus matices”, dijo Louza sobre las normas del país centroamericano que declararon ilegales a las ONG.
Louza explicó que “en Venezuela, el actual proyecto de ley —el denominado “Antisociedad”— es más restrictivo porque no es una ilegalización progresiva si no cuentas con un registro, sino que es inmediata en cuanto entra en vigencia y da un plazo para volverse a inscribir. Va contra las organizaciones. Es la misma intención de lo que ha pasado en Nicaragua. Además, el otro proyecto, el de cooperación internacional, no está muerto. En paralelo, no en el pleno de la Asamblea, pero sí en la Comisión de política exterior volvieron a debatirlo. Es inconstitucional porque no puedes discutir dos temas que están relacionados de manera separada”.
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La labor ambiental de las ONGs venezolanas
En Venezuela, organizaciones como Provea y Clima 21 se han distinguido por denunciar la minería ilegal de oro, una actividad que se ha incrementado en los últimos años. “Hemos venido denunciando, junto con organizaciones indígenas del estado de Bolívar, las consecuencias de la implantación de una política extractivista en los territorios del Arco Minero del Orinoco y en el Estado Amazonas, donde la minería está prohibida hace tres décadas por decreto presidencial. Sin embargo, hoy esa zona está ocupada por actores irregulares armados que controlan el territorio y la explotación minera con la complicidad de sectores militares”, dijo Cubas.
En Venezuela, “no se puede hablar del Arco Minero. Es un tema casi tabú. La opacidad es enorme”, agregó Louza. La organización SOS Orinoco también ha liderado las denuncias sobre el daño ambiental y humano generado por la minería en la Amazonía venezolana. “Desde 2018, hemos realizado un levantamiento de información sobre minería en Canaima, resultado de la política del Arco Minero de Nicolás Maduro. Luego seguimos en Yapacana, la Reserva de Biósfera del Alto Orinoco y el Parque Nacional Guaiquinima, así como en las demás áreas protegidas que están siendo afectadas por el Arco Minero. Hicimos muchas denuncias de manera anónima para proteger nuestra integridad”, dijo Burelli de SOS Orinoco.
En Yapacana, en la Amazonía venezolana, las disidencias de grupos armados ilegales colombianos, como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), protegen la minería ilegal con la complicidad de la Guardia venezolana, de acuerdo con lo que ha documentado Mongabay Latam y Vorágine.
Los representantes de las ONGs venezolanas coincidieron en que las investigaciones sobre el Arco Minero han incomodado al régimen. Los directivos de estas organizaciones señalaron que solo hacen su trabajo: “No hacemos confrontación contra el gobierno, el tema de nuestra organización es trabajar en la defensa de los derechos humanos ambientales”, dijo Álvarez de Clima21, ONG que ha realizado informes sobre la deforestación causada por la minería ilegal del Arco Minero y sobre cambio climático.
Álvarez agregó que el proyecto de ley busca distraerlos de su trabajo al hacer que tengan que defenderse, pero se mostró decidido a continuar su labor en el área ambiental.
*Imagen principal: Vista de los tepuis —mesetas con paredes verticales— que se encuentran en el sudeste de Venezuela, zona donde se encuentra el Arco Minero de Venezuela. Foto: Antolín Martínez A. bajo la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
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