Pablo Sibar y la lucha de los pueblos indígenas en Costa Rica por dejar de ser invisibles | ENTREVISTA

En un país a menudo ignorado internacionalmente, excepto en lo que se refiere a su bulliciosa industria del turismo y sus océanos, Costa Rica y su historial de derechos indígenas están recibiendo mucha atención por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y una comisión de derechos humanos. En medio de un movimiento para recuperar el territorio que han ocupado ganaderos y terratenientes, los líderes indígenas del país se enfrentan a amenazas de muerte, violencia y la inercia del Estado.

Entre las agresiones más violentas están los asesinatos del líder bribri Sergio Rojas Ortiz, en 2019, y del líder brörán Jehry Rivera, ocurrido meses después.

Pablo Sibar Sibar (también conocido como Pablo Sibas Sibas) es uno de los líderes indígenas brörán que han recibido varias amenazas de muerte en los últimos años. Estas van desde mensajes de voz en WhatsApp, coches que le persiguen por la calle y mensajes en las redes sociales.

Las investigaciones sobre los asesinatos y las amenazas en contra de los líderes indígenas se han estancado o se consideran situaciones excepcionales. Los fiscales estatales no ven una conexión entre la violencia contra líderes indígenas y su activismo por el derecho a la tierra.

Los ganaderos también informan que algunos miembros de la comunidad indígena quemaron una casa y mataron ganado en tierras en disputa. Otros han denunciado que les han golpeado en sus casas tras negarse a dejar las propiedades ubicadas en tierras indígenas, compradas previamente por terceros no indígenas.

Los enfrentamientos entre las comunidades indígenas y los terratenientes, que a menudo son ganaderos, se remontan a más de 40 años, después de que Costa Rica aprobase la Ley Indígena de 1977. Esta norma prohíbe que las personas no indígenas adquieran o vendan tierras en los 24 territorios indígenas del país y obliga al Estado a devolver estas tierras a las comunidades indígenas. Sin embargo, hoy en día, casi la mitad de las tierras están todavía en manos de propietarios no indígenas. En su mayor parte estas tierras se utilizan para la ganadería.

Una estrategia forestal nacional de 2015, parte de REDD+ identificó la ganadería como una de las principales causas de la deforestación y la degradación forestal. En la actualidad, la industria cubre aproximadamente el 20 % del país, desde su frontera con Nicaragua hasta Panamá.

La misma Ley Indígena no dice nada sobre la compensación o la ayuda a los ganaderos para que abandonen los territorios indígenas. Muchos llevan allí generaciones.

Como represalia, y a falta de un regulador estatal que ayude a redistribuir estas tierras, las comunidades indígenas empezaron un movimiento para recuperar su territorio, a través de la ocupación de tierras y el desalojo de los propietarios ilegales en 2010.

“Las personas que recuperan tierras desde luego se han enfrentado a amenazas. Han hecho frente a la muerte”, dice David Solís Aguilar, geógrafo especializado en los derechos territoriales de los pueblos indígenas del Centro de Investigación y Desarrollo Cultural de la Universidad Estatal de Costa Rica. “Sin embargo, la recuperación de tierras en Costa Rica es un ejercicio que no solo es legítimo, también es legal”.

En 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo al Estado costarricense que adoptase medidas cautelares para proteger a los líderes indígenas. En diciembre, Francisco Calí Tzay, relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, reiteró este llamado cuando dijo que las protecciones “se necesitan urgentemente”.

Sin embargo, los activistas ambientales indígenas dicen que estos llamamientos están siendo ignorados. Este año, el presidente costarricense Rodrigo Chaves Robles se negó a ratificar el Acuerdo de Escazú, un tratado regional creado específicamente para proporcionar mecanismos de protección para los defensores ambientales.

Solís Aguilar dijo que el no ratificar el Acuerdo Escazú envía el mensaje de que “la impunidad será perpetuada”, dice a Mongabay durante una videollamada desde Guatemala.

En octubre de 2022, se renovó cierta esperanza entre los defensores de los derechos humanos cuando el Tribunal Constitucional de Costa Rica vetó una petición de declarar inconstitucionales partes de la Ley Indígena de 1977.

Para profundizar en el movimiento de recuperación de tierras en Costa Rica y las amenazas de muerte a las que se enfrentan los líderes indígenas que forman parte de este proceso, Mongabay entrevistó a Pablo Sibar Sibar, coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI). Sibar lleva liderando el proceso de recuperación de tierras en el territorio Terrabá, en el sur de Costa Rica, durante los últimos 40 años. Desde una de estas parcelas de tierra recuperada, habla sobre las amenazas de muerte que está recibiendo, el proceso legal de devolución de tierras ancestrales a las comunidades indígenas y el activismo pacífico.

—¿Cómo es ahora la situación de las comunidades indígenas y el movimiento de recuperación de tierras en Costa Rica?

—Bueno, es exactamente igual que siempre. El gobierno no presta atención y no cumple con nada de lo que dice la ONU o la legislación nacional [en lo que se refiere a asuntos de recuperación de tierras]. Todo sigue igual, todo lo que tenemos que hacer es seguir recuperando nuestra tierra.

La mayor amenaza a la que nos enfrentamos en la actualidad es que los agricultores y los ganaderos (que no viven en el territorio, pero son los dueños de las granjas), llegan con mucha gente para pegarnos y sacarnos de sus granjas cuando hay un intento de recuperación de tierras.

—¿En qué consiste el proceso de recuperación de tierras? ¿Hay personas que entran literalmente en estos territorios y simplemente recuperan la tierra?

—Sí, así es. Entramos para retomar la tierra. Primero, decimos al usurpador [agricultores, ganaderos], que venga y se lleve sus animales, el ganado que tienen allí. Entonces les damos un plazo. Y en ese momento [del proceso] se vuelven muy violentos, porque normalmente llegamos con un grupo grande de personas que quieren deshacerse de ellos.

Sin embargo, los agricultores nos acusan de ser los que incitan a la violencia y ser los violentos. Dicen que nosotros somos los usurpadores, que estamos robando sus tierras. No obstante, estas tierras han sido reconocidas como tierras indígenas desde 1939 [la primera vez que el Estado reconoció territorios indígenas en el país], así que el Estado costarricenses es el que no ha cumplido con los procesos.

—Después de todos sus años defendiendo los derechos territoriales indígenas y participando de este movimiento, ¿cuánta tierra ha recuperado su organización?

—Diría que desde 2010 a 2022, hemos recuperado entre 12 000 y 13 000 hectáreas en todos los territorios que forman parte de nuestro proceso de recuperación, que son Salitre, Cabagra, Térraba, China Kichá y Guatuso. Estos son los cinco territorios que están en el proceso de recuperación.

La finca en la que me encuentro ahora mismo consiste en 1 000 hectáreas de tierra recuperada. Antes solo había ganado y pasto, hoy en día en esta granja habitan 80 familias, hay vida, hay esperanza y hay otro tipo de gozo. Cuando llegamos aquí, era una granja muy solitaria, con solo sol y soledad. Hoy, esta granja ha cambiado enormemente, tiene muchos animales que han empezado a llegar y familias muy felices, niños muy felices. La recuperación de las tierras indígenas nos trae felicidad, este es el motivo por el que las recuperamos: pensamos en nuestras generaciones futuras.

[Verdaderamente], la población indígena apenas tiene tierras. Se dice que en territorio indígena de Térraba había 9 355 hectáreas de tierra, pero en realidad, no teníamos donde plantar una yuca. Hoy en día, después de este proceso de recuperación, tenemos suficiente espacio para producir yuca.

Por ejemplo, aquí pasamos la pandemia [de COVID-19], pero nosotros no sentimos los efectos de la pandemia. Esta es una de las grandes ventajas de nuestras tierras, y eso es por lo que estamos dispuestos a continuar con la lucha incluso si perdemos nuestras vidas.

—Muchos activistas indígenas dicen que las investigaciones sobre las amenazas y asesinados de líderes indígenas son inadecuadas y no miran al vínculo con el movimiento de recuperación de tierras. ¿Cómo cree que está sido gestionada la investigación del asesinado de dos líderes indígenas, Sergio Rojas, que fue su compañero, y Jhery Rivera?

—Sergio Rojas fue un defensor de los derechos humanos y gran amigo mío desde que empezamos esta lucha juntos. Y luego, algunos agricultores se encargaron de que lo asesinaran. Lo que sucedió exactamente es que pagaron para que lo asesinaran.

El asesinato tuvo lugar en marzo de 2019. Había ido a presentar una demanda ante un abogado agrario, no un abogado penalista, luego volvió a su casa. Vivía solo. A las 9 de la noche, fue asesinado. Según la Fiscalía, todo el proceso de investigación se ha centrado en quiénes fueron los asesinos. No se ha centrado en aquellos que planearon matarlo. Lo que hemos estado pidiendo es que la Fiscalía investigue quiénes son los actores intelectuales, y quiénes son los que llevaron a cabo el proceso de asesinarlo.

El Estado no asiste en este proceso. Lo que nos han dicho es que no tenemos el derecho a recuperar la tierra y que es el Estado el que tiene que asumir estas acciones. Sin embargo, el Estado no ha hecho nada durante los últimos 40 años.

La Fiscalía iba a archivar el caso, pero el relator de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas pidió al Estado costarricense que no lo hiciera, así que todavía se está investigando.

—Usted ha recibido amenazas de muerte en relación con su trabajo como defensor de los derechos territoriales indígenas. ¿Puede explicar un poco más en qué consisten estas amenazas?

—Cuando asesinaron a Sergio, [los asesinos y los actores] dijeron que creían que todo iba a parar, pero [el proceso de recuperación de tierras] no es un solo proceso, somos muchos los que formamos parte de este proceso.

Cuando vieron que nada había cambiado con el asesinato de Sergio, recibí amenazas. Me han perseguido coches, alguien ha intentado atropellarme, me han pegado. En las redes sociales, hay personas que siempre dicen que Pablo debería desaparecer, que debería de ser arrojado al río con una piedra y que debería recibir un balazo.

He presentado un expediente completo a la Fiscalía, he sacado fotografías y recopilado pruebas de Facebook y mensajes personales de WhatsApp. Les he contado y mostrado todo y, no obstante, la Fiscalía dice que no hay pruebas y las archiva.

—¿Cuáles son los obstáculos a los que se enfrenta la población indígena para acceder a la justicia y los mecanismos de reparación?

—La Procuraduría General de la República no se toma nuestras denuncias en serio, y cuando las reciben, siempre las archivan y no hay ninguna acción de seguimiento. Este poder judicial debería ser el que se ocupe de las indemnizaciones o expropiaciones de las tierras indígenas ya que todos los agricultores están en nuestras tierras ilegalmente, sin embargo, la Fiscalía no lo hace.

[La población indígena] tiene suficiente legislación en este país, hay muchos periódicos que hablan sobre los derechos indígenas, pero no se cumplen. Y como el Estado costarricense no cumple con los procesos que ellos mismos establecieron, o las leyes y decretos, recuperaremos nuestras tierras nosotros mismos, porque debemos seguir sobreviviendo. Si no, vamos a desaparecer como pueblo, [como cultura].

—Usted ha trabajado como defensor de los derechos humanos desde los años 80 y es conocido por sus estrategias de activismo pacífico. ¿En qué consiste, exactamente?

—Los pueblos indígenas somos pacíficos. Hemos soportado todas las invasiones de los últimos 500 años y todavía sobrevivimos. Ahora, el Estado reconoce nuestros derechos, esos derechos están en papel, y todo el mundo puede verlos. Se dice que Costa Rica es un país que defiende los derechos humanos, un protector de los derechos humanos, que es un país donde no hay violencia, y, por supuesto, no hay violencia como en Guatemala, Colombia o México, pero la violencia es muy sutil.

Ha sido la violencia de hacernos invisibles, silenciarnos y no permitirnos hablar. Empezamos a luchar y decir que Costa Rica es un país violento, en donde se asesinó a gente indígena.

Muchos años después, Sergio Rojas apareció seguido por mí y algunos otros. Empezamos a decir, “bueno, si Costa Rica tiene una ley que dice que las tierras son nuestras y que tenemos derecho [a vivir aquí] y nadie más puede habitarlas, nadie excepto los pueblos indígenas, empezaremos a hacernos oír”.

Sin embargo, en esos primeros 30 años, el Estado no prestó atención y nos ignoró. Este proceso ha sido principalmente un diálogo, hablar y hacer que el Estado entienda nuestras luchas. En 2010 finalmente empezamos el proceso de recuperación y recuperamos nuestra tierra, y ahora, el Estado dice que somos violentos.

No obstante, nuestra lucha siempre ha sido pacífica. Cada vez que mi grupo va a protestar en las tierras, todas las agresiones las hemos sufrido nosotros. No hemos atacado a ningún agricultor. Las agresiones las llevan a cabo los agricultores, los usurpadores y la Fiscalía, que no atiende a nuestros informes.

Sin embargo, el proceso [de recuperación de tierras] continúa siendo un proceso de diálogo, un proceso no violento y un proceso de decir que la tierra es nuestra. Realmente, así es como somos, es decir, es un proceso pacífico, pero con mucha fuerza. Continuaremos intentando recuperar nuestra tierra y continuaremos tomando medidas si el Estado costarricense no cumple con lo que debe de hacer.

* Imagen principal: Pablo Sibas Sibas presenta un testimonio durante la Vigilia en Memoria de los DDH en Dublín, durante la Plataforma de Dublín 2022 de Front Line Defenders. Imagen de Kamil Krawczak

* Artículo original: https://news.mongabay.com/2022/11/we-go-in-and-take-indigenous-land-back-from-cattle-ranchers-qa-with-activist-pablo-sibar/

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