- El sábado 8 de abril en la noche fue asesinado el líder indígena Santiago Contoricón, quien recibió un disparo de bala cuando se encontraba en su vivienda ubicada en la comunidad de Puerto Ocopa, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, en la Selva central de Perú.
- Según el Ministerio de Justicia actualmente hay unos 140 casos en el Registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos que involucran directamente a por lo menos 350 personas.
Un disparo de bala en la cabeza terminó con la vida del reconocido líder indígena asháninka Santiago Contoricón. El sábado 8 de abril, el asesino llegó hasta su casa ubicada en la comunidad de Puerto Ocopa, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, en la Selva central de Perú y tras dispararle se dio a la fuga en una motocicleta, informaron las autoridades del distrito.
El líder asháninka era reconocido por su intenso trabajo en la defensa de su pueblo como dirigente del Comité de Autodefensas del Río Tambo, además de haber sido alcalde distrital de Río Tambo entre los años 2003 y 2006, primer regidor de la Municipalidad Provincial de Satipo entre los años 2007 y 2010, y consejero regional por Satipo entre los años 2015 y 2018.
Tras el asesinato, la Policía Nacional del Perú indicó que un equipo especializado de agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) fue enviado a Satipo para apoyar en las indagaciones. Además, el Ministerio de Justicia señaló, en sus redes sociales, que ha puesto a disposición la asistencia legal para que la Fiscalía y el Poder Judicial puedan esclarecer el crimen. Asimismo, el Ministerio del Interior ha incluido el caso en su programa de recompensas y ha ofrecido hasta 150 mil soles “por información idónea y oportuna que facilite la identificación y captura de los responsables del asesinato del líder asháninka”.
La presencia del narcotráfico
La Central Asháninka de Río Tambo (CART) emitió un comunicado para condenar el crimen, así como de la creciente amenaza que significa para el pueblo asháninka la presencia del narcotráfico en la Selva Central de Perú y las constantes invasiones a sus territorios indígenas donde se instalan cultivos de hoja de coca ilegal.
“Nuestro hermano Santiago Contoricón, en su condición de dirigente, tenía el compromiso de defender los territorios de la Gran Nación Asháninka frente a la expansión de la coca ilegal y del narcotráfico”, dice el comunicado que también menciona que Contoricón, junto a los comités de autodefensa del Río Tambo, se enfrentó a los narcotraficantes que pretendían utilizar sus territorios y ríos para trasladar clorhidrato de cocaína hacia la región de Ucayali. “Los últimos años incautamos varias toneladas de cocaína y entregamos a la policía antidrogas. Esta es la razón del asesinato de nuestro dirigente. Ahora mismo otros líderes asháninkas están amenazados”.
La CART también anunció un paro como protesta por el crimen de Contoricón y para exigir que se capture a los culpables del asesinato. La medida de hizo efectiva desde el martes 11 de abril cuando se procedió a cerrar el tránsito de todo tipo de embarcaciones por el río Tambo. Además, reclaman al Gobierno Central y a las Fuerzas Armadas por el “abandono y desidia” que enfrenta el pueblo asháninka.
Santiago Contoricón también es recordado por haberse enfrentado a Sendero Luminoso durante el conflicto armado que vivió Perú entre las décadas de 1980 y 2000. Su testimonio sobre los asesinatos, secuestros y torturas que vivió la comunidad nativa de Puerto Ocopa ha quedado registrado en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación como uno de los casos de las comunidades nativas afectadas por la violencia.
“La comunidad nativa de Puerto Ocopa, entre los años 1985 y 1991, sufrió el atropello permanente de los integrantes del PCP-SL [Sendero Luminoso], quienes prácticamente tomaron la comunidad. Durante este período destruyeron el Convento Franciscano, cometieron numerosos asesinatos, enrolaron compulsivamente a sus integrantes, los sometieron a maltratos físicos, muchos murieron en los enfrentamientos con otras comunidades nativas, otros en el cautiverio, muchos figuran como desaparecidos”, se lee en la sumilla de este caso del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que cita el testimonio de Contoricón.
Instituciones públicas, organizaciones civiles, federaciones indígenas, así como defensores de los derechos humanos y de los derechos indígenas se han manifestado sobre este crimen que ha causado conmoción en Perú.
Desde el año 2020, Mongabay Latam ha documentado los asesinatos de líderes indígenas y defensores ambientales en Perú, crímenes relacionados con la presencia del narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilegales en bosques y territorios de pueblos indígenas.
“Este asesinato es parte de una oleada de crímenes a manos de narcotráfico que se ha endurecido notablemente desde la pandemia. De acuerdo a nuestros registros desde el 2020 hasta la fecha, la mitad de los asesinatos de líderes indígenas han estado vinculados al narcotráfico y esto tiene que ver con una expansión enorme de los cultivos lícitos en la Amazonía”, señala Mar Pérez, responsable de la Unidad de Protección a Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Según el Informe sobre la situación del tráfico ilícito de drogas 2021 en Perú, publicado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) en setiembre de 2022, “los cultivos de coca han invadido el territorio de pueblos indígenas. Entre el 2018 y el 2021 el crecimiento de las hectáreas de cultivos con fines ilícitos en dichos territorios ha sido del 93 % (de 7,963 hectáreas a más de 15 380 hectáreas de cultivos)”, señala el reporte.
“Hay como una arremetida del narcotráfico sobre los territorios de las comunidades y eso explica los niveles enormes de violencia vinculados a estas actividades en los dos últimos dos años. El narcotráfico comete los asesinatos, pero hay una responsabilidad del Estado que tiene la obligación de proteger a las personas y que ha fallado drásticamente”, agrega Pérez.
Lamentamos profundamente el asesinato del líder asháninka Santiago Contoricón y reiteramos nuestra preocupación por la seguridad de defensores y defensoras ambientales en el Perú.
Confiamos en una pronta investigación para sancionar a los responsables. pic.twitter.com/Kb3W4OhGVU— UE en Perú (@UEenPeru) April 11, 2023
La representante de la CNDDHH señala que la falta de titulación y seguridad jurídica de los territorios indígenas y la falta de protección de estas tierras han sido la puerta de entrada al narcotráfico que “finalmente viene desembocando en estos asesinatos que ahora lamentamos”.
Ángel Gonzáles, director de la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos (Minjusdh), señaló a Mongabay Latam que la familia de Santiago Contoricón recibe asesoría legal del Ministerio de Justicia, así como el acompañamiento de un gestor intercultural del Ministerio de Cultura. Además, mencionó que la familia está recibiendo protección de la Unidad Especial de Protección de Testigos y Víctimas del Ministerio Público. El caso del líder indígena asháninka —continúa Gonzáles— está en manos de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Junín. “En este caso era de particular relevancia que una persona especializada que conoce sobre comunidades nativas y que además conoce sobre estándares para la atención de casos que involucran a personas defensoras pueda participar de la investigación”.
Gonzáles mencionó también que el líder indígena asesinado no figuraba en el Registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos. “Su caso no estaba reportado, no había una denuncia concreta”. El funcionario del Minjusdh indica que tras la muerte de Contoricón se realizó una reunión en el salón comunal de Puerto Ocopa —entre las autoridades del Estado que llegaron a la comunidad nativa y los representantes del pueblo asháninka— en la que se habló de los problemas de la comunidad así como de los peligros a los que están expuestos.
“Esto responde a un contexto de una presencia muy fuerte del narcotráfico. Y ahora, por el asesinato de Santiago Contoricón, estamos enfocándonos en Junín, pero siempre hemos tenido el problema de la triple frontera entre Huánuco, Ucayali y Pasco, una zona que constantemente reporta amenazas”, agrega Gonzáles y menciona que en Madre de Dios, Ucayali y San Martín se han constituido mesas multisectoriales para la protección de personas defensoras de derechos humanos.
El director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Minjusdh señaló también que actualmente se tiene aproximadamente 140 casos en el Registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos que involucran directamente a por lo menos 350 personas.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 14 líderes indígenas y defensores ambientales han sido asesinados desde el año 2020 hasta lo que va del 2023, de ellos, diez han sido líderes indígenas.
Una historia de amenazas
El sábado 8 de abril, el líder indígena y su familia se encontraban en su casa cuando llegó un hombre que, sin identificarse, preguntó por Santiago Contoricón. “Él salió por la ventana para ver quién lo buscaba y en ese momento recibió el disparo en la cabeza”, cuenta Bernardita Vega, esposa del dirigente indígena.
El sujeto intentó hacer un segundo disparó a la hija que también estaba en la vivienda, pero el arma se atascó. Luego huyó de la casa y abordó una motocicleta conducida por un segundo sujeto que lo esperaba fuera del domicilio. “Fueron apenas unos segundos”, comenta Vega, quien ahora solicita seguridad para ella y sus tres hijos. “Lo que él quería es que la comunidad esté en paz. Le habrán quitado la vida, pero todo su esfuerzo y los proyectos que tenía planeados yo los asumiré”, agrega la esposa de Contoricón.
Fabian Antúnez, presidente de la Central Asháninka de Río Tambo (CART), señaló que desde el martes 11 de abril todo el distrito de Río Tambo se encuentra en paro y con las vías bloquedas para exigir al gobierno que encuentre a los responsables del crimen. “Van a sumarse los pueblos del Gran Pajonal y de Canuja; los pueblos Nomatsigenga y Asháninkas de Pangoa y de la Selva Central del Perené”, agrega.
Antúnez también señala que el mismo día que ocurrió el homicidio, el sábado 8 de abril por la mañana, el comité de autodefensa incautó un cargamento de droga y capturó a quienes trasladaban esta carga. Nosotros como organizaciones indígenas colaboramos con la seguridad nacional —dice Antúnez— con la lucha frontal contra el narcotráfico y los rezagos terroristas, pero el Estado nos deja desarmados, no tenemos armas para defendernos.
“El narcotráfico trae zozobra, trae delincuencia y muerte. Nosotros queremos paz, pero cuando hacemos estas interdicciones estamos luchando contra sus intereses y lo que hacen es matarnos”, agrega Antúnez, quien menciona que han solicitado la presencia de los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia y Derechos Humanos, así como del Presidente del Consejo de Ministros, en el distrito de Río Tambo.
El dirigente indígena Antúnez cuenta también que el 4 de abril, durante la instalación de la Comisión Multisectorial de Selva Central, en Satipo, los líderes indígenas que asistieron a la cita, incluido Contoricón, informaron sobre las amenazas de las que eran víctimas por la presencia del narcotráfico.
En la reunión estuvieron presentes el Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; las ministras de Cultura, Leslie Urteaga; de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes; y de Ambiente, Albina Ruiz, así como viceministros de los sectores Salud, Economía y Finanzas, Interior, Educación, Transportes y Comunicaciones, Justicia y Derechos Humanos, Energía y Minas, Desarrollo e Inclusión Social, además de autoridades regionales, locales y representantes de la sociedad civil y de los pueblos indígenas.
Esta comisión fue creada el 23 de marzo por Decreto Supremo y está integrada por 13 ministerios; los gobiernos regionales de Junín, Pasco, Cusco, Huánuco y Ayacucho; así como la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI) que congrega a 12 organizaciones indígenas; y la Organización Regional de Nacionalidades Amazónicas de Selva Central (Ornasec), que reúne a seis instituciones indígenas.
Quienes conocieron a Contoricón cuentan de su participación en la formación del Comité de Autodefensa del Río Tambo en la época del conflicto armado que vivió el Perú entre los años 1980 y 2000. “Santiago era muy activo, era un icono porque él fue una de las personas que inició los comités de autodefensa. Es conocido porque enfrentó al terrorismo porque en Río Tambo el terrorismo fue muy fuerte, y debido a la poca presencia del Estado tuvieron que organizarse las diferentes comunidades. Además, el señor Santiago fue uno de los dirigentes en la lucha actual contra el narcotráfico. Es un personaje que tiene mucha consideración aquí en la zona y a nivel nacional”, comenta Gino Zorrilla, representantes de la Defensoría del Pueblo de Satipo.
Zorrilla también señala que la Defensoría del Pueblo está monitoreando el caso y que ha exhortado al Gobierno Central que atienda el pedido de la Central Asháninka de Río Tambo. “Estamos en constante coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a través de nuestros programas de pueblos indígenas y de conflictos sociales. Lo que está exigiendo la CART es la presencia de los ministros para conversar y lamentablemente no han recibido respuesta hasta el momento”.
Imagen principal: Santiago Contoricón fue presidente del Comité de Autodefensa del Río Tambo. Foto: Facebook de Santiago Contoricón.
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