- Entre el 19 y el 21 de abril tendrá lugar la segunda Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú. Uno de los temas más importantes que se abordará será el avance del Plan de Implementación de Protección de Defensores Ambientales.
- En la COP también se elegirá el Comité de Apoyo y Cumplimiento, una instancia que recibirá las quejas de la ciudadanía de los Estados parte del Acuerdo de Escazú.
- Cualquier persona podrá ver todas las negociaciones a través de YouTube, algo que no ocurre con ningún tratado internacional en América Latina y el Caribe.
El Acuerdo de Escazú entró en vigencia en el 2021. Es el primer tratado internacional que reconoce el deber de los Estados de Latinoamérica y el Caribe de proteger a los defensores ambientales, así como garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia ambiental.
En 2022 se realizó su primera Conferencia de las Partes (COP) en Santiago de Chile, y en noviembre de ese año tuvo lugar el primer Foro sobre Defensoras y Defensores Ambientales en Quito, Ecuador.
Entre el 19 y 21 de abril de 2023 se llevará a cabo la segunda COP en Buenos Aires, Argentina. En esta reunión se elegirán los primeros integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del tratado y se dará la bienvenida a los nuevos estados parte: Belice, Chile y Granada. Colombia, uno de los países donde se registran más agresiones contra defensores ambientales, asistirá después de que el presidente Gustavo Petro firmó la ratificación del Acuerdo en noviembre de 2022, pero sin ser Estado Parte pues el país aún espera la aprobación de la Corte Constitucional.
¿Qué temas se discutirán? ¿Cuáles son los asuntos más urgentes? ¿Qué tanto se ha avanzado en la implementación del Acuerdo en los 14 países que ya son parte? ¿Qué diferencia a Escazú de otros tratados internacionales? Para responder a estas preguntas, Mongabay Latam habló con Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad, una de las organizaciones de la sociedad civil colombiana que formó parte de la Alianza por el Acuerdo de Escazú, coalición que trabajó durante años para que el país ratificara el Acuerdo.
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—¿Qué se va a negociar en esta segunda COP del Acuerdo de Escazú en Argentina?
—Es importante tener en cuenta que esta segunda COP2 es extraordinaria y, al serlo, tratará un tema específico urgente que se debe aprobar y que no puede esperar a los dos años reglamentarios de las COP ordinarias. Esta COP se planteó para la elección de un Comité de Apoyo y Cumplimiento, una instancia supremamente importante porque estará conformada por seis expertos en materia de derechos humanos y temas ambientales que van a recibir quejas de la ciudadanía de los Estados parte del Acuerdo de Escazú. Si un ciudadano se da cuenta que el Estado no está cumpliendo con el contenido del Acuerdo, puede elevar una recomendación o queja ante este comité y este hará una evaluación técnica.
El comité no emite una decisión final o vinculante, pero sí puede generar un informe con recomendaciones valiosas en caso de que el ciudadano active una instancia judicial a nivel nacional. Por eso es supremamente importante esta elección.
Adicionalmente, hay que mencionar que Escazú abre dos instancias que no tiene ningún otro tratado internacional. Una es este Comité de Apoyo y Cumplimiento y otro es el Foro de Defensores que se creó a partir de una solicitud expresa de la sociedad civil durante la primera COP.
—¿Cuál es el objetivo de este Foro?
—La primera versión del Foro se dio en noviembre del año pasado en Quito, Ecuador. Allí se decidió crear un Plan de Implementación de Protección de Defensores Ambientales a nivel de América Latina y el Caribe. En esta COP extraordinaria en Buenos Aires, la Secretaría Técnica, que está a cargo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), va a presentar los avances de ese plan de implementación. Ese es un tema que también es muy importante para nosotros [Ambiente y Sociedad] teniendo en cuenta las cifras de amenaza y asesinato de defensores ambientales en Colombia y en la región.
—¿Ya se conoce algún borrador de ese Plan de Implementación de Protección de Defensores Ambientales?
—En el primer Foro de Defensores en Quito, la sociedad civil entregó un documento con recomendaciones de lo que se debería incorporar en este plan de protección. Ya deberíamos tener un borrador, pero esa información no ha sido difundida por parte de la Secretaría Técnica, y ese es un llamado que nosotros como organización de la sociedad civil hemos hecho a la Secretaría. La respuesta que nos dieron es que esta información será difundida oficialmente en la COP extraordinaria.
A través de los representantes del público, que es básicamente la ciudadanía al interior del Acuerdo de Escazú, y que está representada por seis personas que fueron elegidas el año pasado por votaciones, hemos hecho llegar un mensaje a la Mesa Directiva del Acuerdo, donde solicitamos que ese Plan de Acción en borrador sea consultado públicamente con la sociedad civil de América Latina. Ambiente y Sociedad, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, estamos proponiendo consultas públicas presenciales en toda la región, con participación amplia de líderes y lideresas sociales y ambientales, que finalmente son los que se van a ver beneficiados.
—Colombia, después de muchos tropiezos en el Congreso durante el anterior gobierno, ratificó el Acuerdo de Escazú a finales del año pasado. ¿Qué ha pasado después de la firma de la ley por parte del presidente Gustavo Petro?
—Cuando uno habla con la ciudadanía de estos temas, la reacción inmediata es: “¡Implementemos ya Escazú!”. Pero hay unos trámites que se deben cumplir legalmente. Cuando termina el proceso legislativo de ratificación y la firma del presidente, el tratado internacional inicia un proceso de revisión en la Corte Constitucional, la cual debe decir si eso que se firmó cumple con el contenido de la Constitución. Todavía estamos en este momento. Quisiéramos que Colombia ya fuera Estado parte, pero sabemos que esto tiene sus tiempos y como sociedad civil no pretendemos impulsar ningún tipo de presión ni llamado a agilizar una revisión constitucional, porque creemos que se debe hacer con la mayor rigurosidad.
—Según el último informe de Global Witness, Latinoamérica lidera los asesinatos y agresiones de defensores ambientales. ¿Cómo ve usted la situación de estos líderes en la región en lo que va del 2023?
—Este es uno de los grandes retos que enfrenta la implementación del Acuerdo de Escazú. Multinacionales, principalmente extractivas, como petroleras y mineras, están presentes en territorios vulnerables, que da la casualidad que, en muchos casos, son ecosistemas estratégicos. Por ejemplo, en el departamento del Putumayo, en Colombia, se generan alertas constantes de amenazas y criminalización de activistas y defensores ambientales. Nosotros trabajamos con muchísimos líderes y lideresas que tienen procesos judiciales, generados a partir de la oposición a la presencia de empresas petroleras en la Amazonía colombiana, o líderes y lideresas que han sido amenazados en torno a la protección del territorio que ejercen. Sin duda, la situación en América Latina y el Caribe es grave y el acuerdo de Escazú llega a generar un escenario de diálogo que hace mucha falta.
Por eso, desde la sociedad civil hacemos tanto énfasis en ese Plan de Protección a nivel de América Latina y el Caribe. Lo que yo creo que es novedoso, y es por eso que la sociedad civil debe estar muy atenta, es que este plan se construye con la visión de los líderes y lideresas de la región, porque el público tiene voz dentro del Acuerdo de Escazú y esto no no pasa con otros tratados internacionales de América Latina y el Caribe.
El tema de defensores es el más llamativo del Acuerdo, pero no podemos olvidar que hay otros tres derechos que se buscan garantizar: acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental. Es vital entender esto porque al vulnerar esos tres derechos, generas un escenario de riesgo para los defensores.
—Ya que menciona los otros derechos que se buscan garantizar con el Acuerdo de Escazú, ¿qué tanto se ha avanzado con el acceso a la información?
—Te hablo primero de Colombia. A pesar de que el país todavía no es Estado parte, es uno de los que más avances tiene en materia normativa. Desafortunadamente, no solo aquí, sino en muchos países de la región, tenemos muchas normas pero muy pocas se aplican efectivamente.
Colombia ya tiene una ley de acceso a la información pero, por ejemplo, todos los países del Caribe que ya ratificaron el Acuerdo no tienen una, es más, ni siquiera reconocen el término acceso a la información pública ambiental.
Respecto a los países que ya están ratificados, resaltaría tres: Argentina, México y Ecuador. Son los más avanzados en un plan de implementación del acuerdo interno. En esta COP seguro van a presentar un avance sobre la forma en que ellos están tramitando esa implementación del Acuerdo.
¿Qué sabemos nosotros gracias a aliados y organizaciones que están siguiendo este tema en estos países? México ya tiene un plan establecido de implementación del Acuerdo y ha trabajado con algunas organizaciones de la sociedad civil, pero realmente no ha empezado la fase de implementación. Algo similar pasa en Ecuador, donde se quiere crear, por ley, una mesa interinstitucional para la democracia ambiental, similar a la que se creó en Colombia dentro del Ministerio de Ambiente en el 2018.
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—Uno de los temas más complejos de implementar en Escazú es el de acceso a la justicia. ¿Qué avances y retrocesos ha tenido la región en estos dos años de vigencia del Acuerdo?
—Yo pienso que el derecho al acceso a la justicia es de los más complejos al momento de la implementación del Acuerdo, porque va muy ligado al rol de los jueces y las ramas judiciales en los países de América Latina y el Caribe. Algo que nosotros [Ambiente y Sociedad] identificamos cuando hemos apoyado a muchas comunidades, principalmente en la Amazonía, es que tienen un montón de fallos a favor que les han concedido en primera y segunda instancia, pero nadie los está cumpliendo porque no hay capacidad para darle seguimiento a las órdenes o, peor aún, muchas instituciones desconocen esos fallos judiciales.
En el artículo 8 del Acuerdo de Escazú se plantea la creación de una corte ambiental que ejerza funciones en cada uno de los Estados parte. Eso sería ideal. Retomando, el derecho al acceso a la justicia es el más complejo, porque implica una capacitación de los jueces que son quienes toman decisiones.
—¿Y hay algún país que esté liderando el tema de acceso a la justicia?
—No. Uruguay y México están muy enfocados en acceso a la información y participación ciudadana. Ecuador está totalmente concentrado en la participación ciudadana, porque quieren garantizar la implementación del Acuerdo con muchísima gente observadora. El Caribe es como otro mundo porque todavía no tiene reconocidos muchos derechos en su jurisprudencia. Será interesante ver ese enfoque de acceso a la justicia en esta nueva COP. Colombia podría asumir ese liderazgo, aunque por ahora solo tiene voz, pero no voto. El gobierno colombiano está muy enfocado en el tema de defensores por la situación histórica que hemos vivido.
—¿Qué implicaciones tiene el hecho de que países como Brasil, Perú y Honduras todavía no hagan parte de Escazú y que en algunos casos hayan archivado los proyectos de ratificación?
—Es clave mencionar que Perú y Brasil son dos países amazónicos que representan más de la mitad de la Amazonía. Para nosotros [Colombia], como país amazónico, es fundamental que estos países también avancen en el proceso de ratificación. Creo que en esas demoras tiene mucho que ver el contexto político que vive cada país. Perú archivó el Acuerdo y ahora están pasando por un tema de derechos humanos supremamente complejo y Escazú no está en la prioridad de su lista de trabajo. Sin embargo, es importante mencionar que la sociedad civil peruana está supremamente activa con el Acuerdo de Escazú y son parte de todas las redes internacionales. El gobierno no lo prioriza, pero la sociedad civil sí está muy atenta a las decisiones que se toman, y a posicionar y presionar al país para que empiece el proceso de ratificación.
De Honduras hay que resaltar que ya avanzó. El país estaba en un proceso democrático muy complejo, pero asumió la presidencia una mujer que es más abierta al tema de derechos humanos y es ambientalista. Entiendo que ya van hacia la firma del Acuerdo y empezarán el proceso de ratificación.
En cuanto a Brasil, hoy una de las representantes del público es brasileña y que ella quedara fue una estrategia a nivel regional, porque es muy importante la presencia del país. Recordemos que el año pasado, en la primera COP, Brasil dejó la silla vacía.
—Y cómo ve lo que pasó con Costa Rica. El país lideró la creación de Escazú, pero es uno de los que no lo ha ratificado…
—Por colegas que están en Costa Rica sabemos que hay mucha presión del sector privado. Algo muy similar a lo que pasó en Colombia durante el anterior gobierno. Muchos se preguntan qué le pasó a Costa Rica, porque fue el lugar donde se pactó el Acuerdo, todas las negociaciones se dieron allá. Costa Rica lideró a través de su viceministra de Ambiente, Patricia Madrigal, esa misión titánica de sacar adelante Escazú. Desafortunadamente, las dinámicas políticas a veces pueden más que las oportunidades de la agenda de derechos humanos y ambientales. Sin embargo, hay que recordar que los gobiernos son transitorios, las dinámicas políticas pueden cambiar en cualquier momento y esperemos que eso pase en Costa Rica.
—El cambio de las dinámicas políticas en Colombia llevó a la ratificación del Acuerdo, ¿cree que eso influyó en otros países de la región?
La ratificación de Colombia activó muchísimas cosas en México en torno a pensar cómo lo van a implementar, porque la crítica allá era que no estaba pasando nada. Algo similar pasó en Ecuador.
—¿Qué le diría a aquellos que insisten en que el Acuerdo de Escazú no es necesario o, por lo menos, no es prioritario?
—El corazón de Escazú es la ciudadanía. Si los ciudadanos no estamos atentos a que se implemente el Acuerdo de Escazú, el Acuerdo se va a morir, como ha pasado con muchos tratados internacionales que han existido.
Una vez se implemente el Acuerdo, cualquier ciudadano puede quejarse si el Estado no lo está cumpliendo. Eso es algo muy importante para decirles a los que repiten que este es otro tratado más. Aquí vas a tener instancias donde puedes ser observador del Acuerdo. Es un filtro más que se le pone al Estado para que cumpla con los deberes establecidos en la Constitución.
Hago una invitación a la ciudadanía a estar muy atentos a la agenda de la COP que empieza el 19 de abril. La COP se va a transmitir a través de YouTube y es un espacio abierto donde, por primera vez en América Latina y el Caribe, podemos escuchar una negociación. Generalmente esos espacios se hacen a puerta cerrada, como pasa en el Acuerdo de París. Acá podemos escuchar, habrá personas que nos van a estar representando adentro y las organizaciones vamos a estar siguiendo el tema.
—¿Cuáles son los temas que está impulsando Ambiente y Sociedad días antes de la COP en Argentina?
—Hemos priorizado toda la agenda de implementación del Artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que es el artículo de protección de defensores y defensoras ambientales. Queremos que el borrador del Plan de Implementación de Protección de Defensores Ambientales contenga las recomendaciones que nosotros hicimos el año pasado, junto con diferentes organizaciones de América Latina y el Caribe. También estamos muy interesados en saber quiénes van a ser elegidos dentro del Comité de Apoyo y Cumplimiento para generar una agenda y una articulación con esas personas elegidas. A la fecha, nosotros, como muchas otras organizaciones de la región, tenemos un contacto directo con los representantes del público y hay una agenda de la sociedad civil frente al Acuerdo de Escazú. Creo que cuando se conforme el comité, también formará parte de esta agenda para darle seguimiento a los casos que se eleven a esa instancia y a los informes que este comité publique cuando esté en funcionamiento.
Por otro lado, una de las cosas en las que queremos incidir es que se garantice la mayor participación posible de la ciudadanía, pues estamos hablando de un Acuerdo que habla de la participación ciudadana. Se debe garantizar un patrocinio a líderes y lideresas ambientales para que asistan y se apoderen de este espacio. Ese es un llamado que seguiremos haciendo.
—Usted mencionó unas recomendaciones que han hecho durante la primera COP y el Foro de Defensores, ¿cuáles son?
—Planteamos que se deben establecer mecanismos de prevención. Siempre, cuando se habla de la protección de defensores de derechos humanos, y en este caso de defensores ambientales, se habla de escenarios de reparación, es decir, cuando el daño ha sido causado. Tenemos que empezar a hablar de escenarios preventivos que deben ser construidos en articulación con los planes de vida y con las dinámicas internas de las comunidades en los diferentes países de la región.
También es importante el fortalecimiento de los esquemas de autoprotección que han establecido las comunidades, como las guardias indígenas. Eso debe ser una prioridad. Los Estados no solo deben garantizar recursos para impulsar estas guardias o estos espacios de autoprotección, sino que también deben integrarlos dentro de la política pública, dándoles un nivel adicional de reconocimiento. Esto se requiere con urgencia, sobre todo por el incremento de actores armados en ecosistemas estratégicos. Sabemos que esa es la realidad que se vive en este momento en nuestra región.
Otro punto importante es la responsabilidad de otros actores que generan escenarios de conflicto, como es el caso de las empresas. Debe haber un reconocimiento de la responsabilidad directa que estas han tenido en América Latina y el Caribe frente a la vulneración de líderes y lideresas ambientales, así como un reconocimiento por parte de otros actores como, por ejemplo, la banca multilateral que otorga financiamiento a proyectos.
Además, es importante que el plan de protección regional tenga un enfoque diferencial en materia de género. El rol de las mujeres defensoras tiene unas particularidades, no solamente en la relación con la comunidad y con el territorio, sino también con los riesgos a los que se enfrentan ejerciendo esos liderazgos.
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*Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.
*Imagen principal: Plantón realizado el 17 de junio de 2021 en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, para pedir la ratificación del Acuerdo de Escazú. Foto: Juan Pablo Sierra.
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