- A inicios de mayo, un guardia indígena nasa fue asesinado y 43 niños estuvieron confinados durante más de dos días en medio de combates entre grupos guerrilleros, en los municipios de Jambaló y Caldono, en el departamento del Cauca. Este territorio tiene una posición estratégica que conecta fácilmente con el océano Pacífico y con la ciudad de Popayán.
- El 20 de mayo se conoció que cuatro menores de edad fueron reclutados hace varios días por el frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC en el departamento de Putumayo. Fueron asesinados por ese grupo armado cuando intentaron escapar.
- Estos hechos ocurren mientras el gobierno de Gustavo Petro estaba en diálogos de paz con varios grupos armados en Colombia. Luego de lo sucedido con los cuatro niños del Putumayo, Petro levanto el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC.
Por años, el norte del departamento del Cauca ha sido uno de los principales epicentros del conflicto armado en Colombia. Durante el 2023, la violencia siguió en aumento; uno de sus puntos más altos se alcanzó el pasado 3 de mayo, cuando los fuertes combates entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente Jaime Martínez de las disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) afectaron a las comunidades indígenas.
Los enfrentamientos iniciaron en el territorio indígena de Pioyá, municipio de Caldono y posteriormente se trasladaron a la vereda La Solapa, en el municipio de Jambaló, habitado principalmente por indígenas nasa. La comunidad alertó a su guardia indígena y a sus autoridades sobre los hechos, e inmediatamente una comisión humanitaria se desplazó a La Solapa. Sin embargo, la comisión quedó en medio del fuego cruzado y el guardia indígena William Vargas resultó herido, pero no pudo ser trasladado a un centro de salud debido a los fuertes combates. Minutos más tarde, falleció.
La situación fue tan grave que, a pesar de la muerte de Vargas y de los llamados de cese al fuego por parte de organizaciones humanitarias, los combates siguieron sin tregua durante más de 48 horas, tiempo en que la comisión humanitaria permaneció atrapada en el fuego cruzado y 43 niños indígenas estuvieron confinados en la escuela Los Robles y el resguardo Pioyá, en zona rural de Caldono.
Los niños presenciaron la muerte de cuatro subversivos. Lograron ponerse a salvo gracias a los buenos oficios de una misión humanitaria conjunta, integrada por la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Personería Municipal de Caldono.
Autoridades indígenas y organizaciones sociales denuncian que la violencia continúa siendo el pan de cada día en el departamento del Cauca y otras regiones del suroccidente colombiano. El pasado 20 de mayo, autoridades indígenas Murui de Leguízamo, Putumayo, denunciaron que cuatro de sus niños fueron reclutados forzosa e ilegalmente por las disidencias del Frente 1 Carolina Ramírez de las FARC. Los niños intentaron huir, pero fueron asesinados en el sector de El Estrecho, del municipio de Solano en el departamento de Caquetá, en límites con el departamento de Amazonas.
La violencia se niega a salir del Cauca
“Les hago un llamado a los grupos armados ilegales a que dejen a la población civil por fuera de sus confrontaciones y hostilidades, pero de manera especial a que no afecten a los niños, niñas y adolescentes, quienes gozan de protección constitucional”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, luego de que la misión humanitaria de la que formó parte la entidad, lograra poner a salvo a los 43 niños indígenas nasa que se encontraban confinados en una escuela en zona rural de Caldono, Cauca, debido al fuego cruzado entre disidencias de las FARC y el ELN.
Durante el confinamiento, a los niños y niñas les fue brindada atención psicológica por parte de una profesional en salud, integrante del grupo de derechos humanos del CRIC, ya que presenciaron la muerte de cuatro subversivos de los dos bandos en los alrededores de su escuela.
El Defensor del Pueblo aseguró que los menores de edad, particularmente los que están en la ruralidad, no pueden seguir siendo víctimas del fuego cruzado de los violentos. “Poner en riesgo la vida de niños, niñas y adolescentes no es precisamente una muestra de querer una reconciliación con el país. Les pedimos a los grupos armados que se acojan a la propuesta de diálogo impulsada por el Gobierno Nacional y les exigimos verdaderos gestos de paz”, dijo.
Las autoridades indígenas del norte del Cauca aseguran que episodios como el confinamiento de los niños y el asesinato del guardia indígena William Vargas captan la atención de las autoridades y los medios de comunicación durante unos días, pero insisten en que la violencia nunca ha abandonado su territorio.
Eduin Mauricio Capaz, consejero mayor del CRIC, comenta que desde que ocurrieron el asesinato y el confinamiento, ha habido suspensiones de clases en al menos 30 instituciones indígenas de la zona, lo que afecta a más de 500 estudiantes. Asegura que las autoridades indígenas están haciendo constantes llamados a organizaciones de derechos humanos y a todas las comunidades para mantenerse alertas ante la aparición de nuevos combates y a inminentes desplazamientos internos debido a esos enfrentamientos.
“Nosotros le hemos pedido a todos los actores armados que salgan de nuestros territorios, pero no ha sido posible. Hay una negación rotunda y terca por parte de ellos porque desconocen la territorialidad indígena. También le hemos pedido al Estado algún nivel de respuesta ante la emergencia y ellos han decidido enviar fuerza pública, sin embargo, la presencia de fuerza pública también está siendo objeto de complicaciones en el sector”, dice Capaz.
El consejero mayor de CRIC afirma que el Estado ha quedado limitado y todavía no ha podido adaptarse a la emergencia territorial en el Cauca, pues está respondiendo sólo con oferta institucional y no está articulando sus acciones con las autoridades indígenas. “Entonces se queda corto y su respuesta tiende a no ser precisa, en la medida que ellos no pueden ingresar al territorio y los únicos arriesgados son los indígenas”.
Las autoridades indígenas en el norte del Cauca han tenido que crear planes internos para responder a la emergencia humanitaria. Por ejemplo, ubicar sitios donde la gente se pueda desplazar, mejorar la comunicación, activar más guardias indígenas y emprender una campaña educativa para que las comunidades tengan claro los sitios de protección como colegios y casas del Cabildo. “Estamos volviendo a la época del 2010-2012, donde los combates y la guerra eran pronunciados”, comenta Capaz.
Norte del Cauca: un territorio en continua disputa
En medio de la grave crisis humanitaria que vive el pueblo indígena nasa, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) publicó su informe Desarmonías Territoriales 2022 en el que les pide a las organizaciones de solidaridad internacional, para que continúen acompañando a los indígenas del norte del Cauca.
El documento asegura enfáticamente que “nuestra lectura de la situación contemporánea en el norte del Cauca es que el conflicto armado es una estrategia para la destrucción de la autonomía territorial, para el saqueo de la madre tierra y para nuestra desaparición como pueblo”.
La ACIN presenta datos y cifras de la difícil situación que atraviesan los nasa. Para las comunidades, el reclutamiento de menores de edad para la guerra es tal vez la situación más crítica entre los múltiples problemas del conflicto que enfrentan. Según sus datos, en 2022 se reclutaron 250 niños, niñas y adolescentes.
Además, durante el año pasado fueron asesinadas 97 personas, se recibieron 88 amenazas, se presentaron 66 hostigamientos y combates en su territorio, así como 61 episodios de seguimientos y persecuciones, 16 atentados, 15 desaparecidos, 6 desalojos, 5 secuestros, 4 retenciones y un atentado a infraestructura.
“Ocurrieron 97 homicidios en 2022. Este total incluye a comuneros y a individuos externos que fueron asesinados en territorios indígenas. Se superó el número más alto de asesinatos registrado por este sistema de monitoreo, ocurrido en 2009”, indica el reporte. Destaca que a diferencia de años anteriores, en los que predominaban las amenazas colectivas, han venido en aumento las amenazas directas e individuales, “lo que demuestra que se ha alcanzado una mayor identificación de liderazgos y capacidad de seguimiento o control sobre comunidades”. La mayoría de los 16 atentados ocurridos en 2022 fueron contra miembros de las guardias indígenas.
¿Por qué los actores armados se disputan el norte del Cauca? Para Eduin Mauricio Capaz, consejero mayor del CRIC, los municipios de esta región, con alta población indígena, se encuentran en una posición estratégica que los conecta fácilmente con el océano Pacífico y con la ciudad de Popayán, por lo que se convierten en un corredor para el narcotráfico, para el tráfico de coca y especialmente de marihuana. A su vez, en municipios como Jambaló y Caldono existen procesos de resistencia indígena muy organizados que se han opuesto de manera directa a las acciones de los actores armados. Eso ha hecho que la conflictividad sea más fuerte y visible.
“Desafortunadamente, este corredor lo pretende ahora el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los que ya estaban desde hace algún tiempo en el territorio eran las unidades de la Dagoberto Ramos de las FARC, que se caracterizan por un nivel de beligerancia bastante alto”, asegura Capaz.
Aunque Jambaló y Caldono han sido los epicentros de los últimos enfrentamientos entre actores armados ilegales, a la CRIC le preocupan al menos cinco zonas del departamento, entre las que están los municipios de Argelia, Inzá, Paez, Morales y la zona comprendida por los cascos urbanos de Corinto, Toribío, Caloto y Santander de Quilichao.
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Reclutamiento de niños indígenas y alerta por homicidios de líderes sociales
Días después de que los indígenas del Cauca fueron noticia nacional por la muerte de William Vargas y el confinamiento de más de 40 niños en una escuela, se conoció que cuatro niños indígenas murui de Leguízamo, en el departamento del Putumayo, habían sido reclutados por el frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC y fueron asesinados por este mismo grupo luego de que escaparan en el departamento de Caquetá.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le hizo un llamado a las autoridades nacionales para que atiendan la situación en Leguízamo. En el 2022, la Defensoría ya había hecho 44 recomendaciones sobre la situación de orden público en ese municipio, especialmente en lo relacionado con el riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
“Reclutar y asesinar niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas no son precisamente gestos de buena voluntad para alcanzar la paz. Además de ser evidentes violaciones al Derecho Internacional Humanitario, lo que genera es el rechazo social y la desconfianza hacia los grupos armados que dicen tener intenciones de dialogar con el gobierno de cara a un proceso de negociación”, dijo Camargo.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre lo sucedido y aseguró que “el asesinato de cuatro menores indígenas en Putumayo es un crimen atroz, una bofetada a la paz que violenta las bases del Derecho Internacional Humanitario. He convocado una reunión de seguridad extraordinaria para anunciar medidas frente a estos hechos”.
Directivos de diversas entidades del Estado viajaron a Putumayo y confirmaron la noticia. Adriana Velásquez, subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), aseguró que “vamos a tener una mesa técnica interdepartamental a la cual se convoca tanto al departamento del Caquetá, Amazonas, Putumayo y también Cauca, en la que vamos a abordar todas las estrategias de prevención de reclutamiento para este territorio”.
En la mañana del 22 de mayo, el presidente Gustavo Petro anunció que debido al asesinato de los cuatro indígenas murui menores de edad, el gobierno decidió suspender el cese al fuego bilateral que tenía con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, al que pertenece el frente 1 Carolina Ramírez, y que se reactivan todas las operaciones militares ofensivas contra este grupo en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo.
El Defensor del Pueblo también manifestó que la situación de todos los liderazgos sociales y de derechos humanos en Colombia es crítica y presentó una nueva alerta temprana en la que se indica que persiste el riesgo y hay un crecimiento paulatino de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales.
“Registramos 593 homicidios entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, es decir, un promedio de 15 víctimas por mes. El riesgo es extremo en 120 municipios; alto en 258; medio en 203 municipios, y bajo en otros 125”, indicó Camargo, y agregó que “reiteramos nuestro llamado para proteger la vida e integridad de todas estas personas. Sobre todo por la violencia sostenida en contra de quienes hacen parte de los sectores comunal, indígena, comunitario, campesino o agrario y afrodescendiente, los más golpeados por la violencia, con el 79 % del total de homicidios”.
*Imagen principal: Defensoría del Pueblo Colombia atendiendo a niños que estuvieron confinados en una escuela de Caldono, Cauca, durante más de dos días por enfrentamientos entre disidencias FARC y el ELN. Foto: Defensoría del Pueblo Colombia.
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