El exministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, Juan Santos, fue detenido el 18 de mayo acusado de haber recibido presuntos sobornos que superan los 2 millones de dólares por adjudicaciones en obras estatales. Este caso ocurre en medio de una crisis económica que enfrenta el país y de conflictos políticos entre los líderes representativos del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, expresidente de Bolivia, y Luis Arce, actual mandatario del país.

Las denuncias contra Santos no son el único caso de corrupción que han enfrentado autoridades que han estado a cargo del sector ambiental o de sectores responsables de cautelar los territorios del país. La exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo; el también exministro del mismo sector, Edwin Characallo, y el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, han sido investigados y denunciados durante sus gestiones. Entonces surge la pregunta: ¿cómo afectan estos casos de corrupción al sector ambiental y a los problemas que atraviesa el país?

“Los temas importantes, porque son también los que más aportan al Producto Bruto Interno de Bolivia son la explotación de hidrocarburos, el modelo de producción de soya que ocasiona deforestación y la extracción de minerales, principalmente la minería de oro. Son los tres problemas ambientales principales que tenemos en Bolivia y que están asociados no solamente con el medio ambiente, sino con la economía”, dice Carmen Capriles, ingeniera agrónoma, activista ambiental y experta Internacional en políticas ambientales, desarrollo sostenible y cambio climático. Mongabay Latam habló con la experta, que forma parte también de la organización boliviana Reacción Climática, sobre esos temas y el papel del actual gobierno para enfrentarlos.

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—Bolivia está atravesando una crisis económica y, en medio de ello, han surgido disputas políticas entre los líderes del partido que está en el gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS), además de casos de corrupción que están saliendo a la luz. En medio de este contexto, ¿cómo describiría la situación económica y política que está atravesando Bolivia?

—Es un contexto bastante complicado debido a las políticas relacionadas al extractivismo de los últimos años debido, principalmente, a los hidrocarburos que tenían precios altos, por lo tanto, hubo un periodo de prosperidad que ayudó al país a salir adelante. Es más, el modelo de desarrollo de las últimas dos décadas ha estado basado en el extractivismo que se sustentaba, como indiqué, en los hidrocarburos, sin embargo, la producción de hidrocarburos está disminuyendo desde los años 2014 y 2015, y Bolivia cuenta ahora con muy pocas reservas, quizá para una década más. Las reservas de Bolivia se han ido agotando debido a la sobreexplotación del recurso y no se ha invertido en otro tipo de energías alternativas. Entonces gran parte de la economía se hizo dependiente de los hidrocarburos.

—El ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos, tuvo que renunciar a su cargo debido a las acusaciones de corrupción por presuntos sobornos o coimas que habría recibido. Se habla de 2.7 millones de dólares en sobornos relacionados a varios proyectos. También están involucrados en el caso funcionarios de su sector y hasta familiares. ¿Qué ha significado este caso para Bolivia y para el sector ambiental?

—Bueno, no es un caso ni nuevo ni aislado. Recordemos que la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, fue denunciada —en el año 2015, durante el gobierno de Evo Morales— por el desfalco del Fondo Indígena que provenía de un impuesto a los hidrocarburos y que tenía como fin generar proyectos de desarrollo tanto para pueblos indígenas como para comunidades locales. Se hizo la investigación, pero al final quedó en nada y, lastimosamente, este caso nunca avanzó, no se recuperó el dinero, y fue tremendo, especialmente para las comunidades que más lo necesitaban. Fue muy triste porque a quienes robaron fue en realidad a los que más necesitaban, porque esos fondos podrían haber significado un cambio en el caso de los pueblos indígenas que ahora tienen que lidiar con la minería o con la tala ilegal de árboles porque no cuentan con recursos. Y esos recursos que eran legítimamente de los pueblos indígenas se los robaron.

—Hace un año el entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characallo, fue detenido tras recibir 20 000 dólares de soborno y ahora cumple una condena de ocho años, además el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, también está involucrado en un caso de corrupción. ¿Existe un patrón de corrupción en estos organismos responsables del territorio en Bolivia, o en general en el Ejecutivo?

—La corrupción se ha agudizado y se ha vuelto, lastimosamente, una especie de cultura. Desde que llegó al poder Evo Morales, muchos de los funcionarios cobran a los trabajadores, quienes tienen que entregar una parte de su salario para el partido, lo que permite al partido de gobierno contar con recursos.

—¿Cómo así?

—En primer lugar, para trabajar en cualquier oficina pública de Bolivia se debe tener el carné del MAS, del partido de gobierno. Puedes tener el mejor currículum, puedes ser el mejor técnico en tu área, sin embargo, si no te afilias al partido de gobierno, no te van a contratar, porque no existe la meritocracia.

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—Ahora que ha surgido esta denuncia del ministro del Ambiente, uno de los principales críticos del actual gobierno de Luis Arce ha sido el expresidente Evo Morales, y ambos son del mismo partido. ¿Qué está pasando entre los dos líderes del MAS?

—Hay un conflicto interno dentro del MAS, aunque como no soy del partido y no conozco los detalles internos. Pero es evidente que Evo Morales está saboteando a Luis Arce y está saboteando su gestión. Creo que es lamentable porque así perdemos todos. Tenemos a los parlamentarios discutiendo temas partidarios y no los problemas nacionales que actualmente estamos viviendo, como la falta de dólares. Las políticas del anterior gobierno de Evo Morales fueron muy inmediatistas y no se pensó a largo plazo, no vieron las contingencias y no generaron inversiones en sectores que realmente podían haber sido claves para enfrentar la crisis. Más bien lo que se hizo fueron políticas populistas basadas en extractivismo y dirigidas básicamente al tema de bonos y eso está teniendo su impacto ahora, nos está pasando factura.

—Como usted dice, en medio de este enfrentamiento se está dejando de lado los temas prioritarios del país. ¿Cuáles son los temas ambientales prioritarios que no se están viendo en medio de toda esta crisis política y económica?

—Bueno, tenemos el modelo de producción de soya, que deforesta y está generando un déficit hídrico. También está el tema del cambio climático que está afectando y tiene repercusiones dentro del país. La producción de soya, los hidrocarburos y la extracción de minerales son importantes porque son los principales aportes del PIB (Producto Interno Bruto) de Bolivia.

—Hace poco se aprobó la denominada Ley del Oro, que según el gobierno, va a beneficiar al país. ¿Usted considera que será así?

—El problema es todo el sistema productivo del oro basado en los cooperativistas y el hecho de que no está sujeto a ningún tipo de regulación. Por el contrario, está contaminando los ríos, especialmente los amazónicos, pero también hay minería aurífera que está contaminando el Lago Titicaca. Es una contaminación permanente, prácticamente crónica que se ve reflejada en las altas concentraciones de mercurio que se han encontrado en las poblaciones indígenas, pero también en peces. Eso quiere decir que todo el ecosistema y sus componentes están comprometidos debido a este mal manejo. Bolivia es un productor de oro desde la Colonia y, recién ahora, con los problemas por el mercurio, nos hemos puesto a ver el tema del oro y a darnos cuenta de la cantidad que se está produciendo y los pocos beneficios que nos trae al país, pues deja menos de 3 % en impuestos y lo que ha hecho la ley es incrementar a 6 %, pero es ridículo que el sector aurífero deje tan pocos impuestos al país.

Este es un claro ejemplo de estructuras que se han ido reproduciendo desde la Colonia. Tiene que haber una regulación para las cooperativas que están produciendo oro, muchas veces violando derechos humanos, sobreexplotando a la mano de obra y sin ningún tipo de condiciones que respeten los derechos humanos. Personalmente creo que la llamada Ley del oro es un paliativo para tratar de postergar la crisis, pero eventualmente si no vemos otro tipo de alternativa, la economía de Bolivia tiene un gran riesgo de caerse. Creo que esta ley no es ni siquiera una salvaguarda. Las medidas que se necesitan son más profundas. Y lo que hay que comentar, que es un tema delicado, pero importantísimo hablarlo, es cómo reducir el subsidio al diesel, porque somos un país productor de hidrocarburos, productor de gas, pero que importa diesel y luego subvenciona al diesel para sectores como la minería, la agroindustria y otros sectores extractivistas.

—Hablando de de la reducción de los subsidios al diesel, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, en una presentación anunció que se ampliará la exploración de hidrocarburos y presentó 18 proyectos, 11 de ellos a cargo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como una forma de enfrentar el problema de los gastos por subsidios. ¿Cree usted que este es el camino para reducir los subsidios?

—No, el camino en el país tiene que ser una transición energética, porque lo que nos queda de hidrocarburos es muy poco y tenemos que empezar a priorizar sectores como los industriales o los que producen empleos. Pero si se prioriza la exportación vamos a tener más problemas dentro del país. Por eso es necesario ver otro tipo de alternativas productivas, pero que no sean solamente extractivistas, porque el otro problema que tiene Bolivia es que extrae los recursos naturales, la materia prima básicamente y no existe transformación. Hay que trabajar para darle valor agregado a esos recursos naturales. Esa es una tarea pendiente.

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—El gobierno habla del litio como uno de los recursos que no solo se va a extraer, sino que se llegará hasta su industrialización y la producción de baterías como valor agregado. ¿Qué opina usted al respecto?

—Yo no creo que el litio sea la solución en Bolivia, creo que están haciendo un elefante blanco más. Lo que se ha hecho hasta ahora se ha hecho mal y eso hay que decirlo. Y no se ha generado ningún producto derivado con el litio. Es un gran problema. Y esa ha sido la historia de Bolivia desde la época de la Colonia. Bolivia ha explotado oro, plata, estaño y otros recursos naturales para el planeta y se ha quedado con los pasivos ambientales, zonas de sacrificio y pobreza. Por eso ahora creemos que es necesario trabajar alternativas que no sean extractivistas ni manejadas por unas cuantas familias o empresas, sino que se tiene que pensar en un tipo de economía que realmente beneficie a la mayoría del país y no solamente a unos sectores.

—En cuanto a la deforestación, un reciente informe de la Fundación Amigos de la Naturaleza y MapBiomas señala que desde 1985 hasta la actualidad se han perdido ocho millones de hectáreas de bosques en Bolivia y que en los últimos años la deforestación está creciendo, que además está relacionada con los avasallamientos, la presencia de actividades ilegales y también de incendios forestales. ¿Por qué no se puede frenar esta pérdida de bosques en Bolivia pese a que vivimos una crisis climática que se agudiza con la deforestación?

—La minería ha generado zonas de contaminación de agua en el Altiplano ocasionando que muchos agricultores pierdan sus cultivos y sus animales, e incluso sus hijos están contaminados con metales pesados. Entonces, lo que ha hecho el Gobierno para ganar votos de estos sectores sociales ha sido entregarles tierras en la Chiquitania, que es la transición entre el trópico húmedo y el Chaco, pero es un lugar que no tiene agua. Incluso se cambió la ley para otorgamiento de tierras que permitía a los agricultores tener solo cinco hectáreas y se autorizó la entrega de 20 hectáreas. Por lo tanto, estas personas beneficiadas, para establecer su soberanía —porque según la ley la tierra es de quien la trabaja y no de quien la conserva como creo que debería ser— lo que hacen para habilitar las tierras es quemarlas.

Pero estos ecosistemas son tan secos que cuando se realiza el chaqueo —una práctica típica del trópico húmedo donde se puede controlar el fuego— en un ecosistema de Chiquitanía, que es más seco, el fuego empieza a crecer y se expande y luego es muy difícil controlarlo. Eso ha pasado en los años 2019, 2020 y 2021 en la Chiquitania. Y todos esos grupos a quienes se les dio tierras sin consensuar con las poblaciones locales, ni tener un plan de asentamientos, ni saber qué van a producir; llegaron, empezaron a habilitar las tierras y todo se incendió. Pero estas tierras no son aptas para ningún tipo de cultivos y lo digo como ingeniera agrónoma. En esa región no hay agua, por lo tanto, no tiene sentido entregar tierras donde no se puede producir. Eso está causando un daño ambiental grande, porque este ecosistema se vuelve, cada vez, más seco.

—La soya, principalmente, pero también otros monocultivos, se están expandiendo en Bolivia y están relacionados con la deforestación. ¿Hay intereses políticos o incluso corrupción detrás de la expansión de los monocultivos?

—Uno de los sectores que ha sido altamente beneficiado durante el gobierno de Evo Morales y en general del MAS ha sido el sector agroindustrial que se ha podido expandir. Y se han dado leyes para favorecerlos. El ciclo es este: se entregan las tierras a poblaciones pobres que empiezan a habilitarlas y una vez que lo han hecho y se les entrega el título, ellos venden estos terrenos a grandes agroindustriales que tienen fondos y recursos para mayores inversiones. En el caso de la soya, se debe replantear el sistema productivo y si yo cultivara soya estaría pidiendo que no quemen una hectárea más de bosque, porque eso repercute negativamente en el cultivo, se vuelve más seco. Y lo que hacen es recurrir a la biotecnología, a semillas transgénicas que sean más resistentes a sequías más intensas.

—El presidente Luis Arce fue ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales. ¿Se espera que pueda lograr que Bolivia supere esta crisis?

—Creo que falta mucho diálogo al respecto, falta analizar alternativas y creo que eso no está haciendo el gobierno actualmente y no se está viendo otras alternativas, se está buscando soluciones muy rápidas, que a la vez pueden ser muy peligrosas. Creo que ya se veía venir este tipo de problemas hace como una década, porque se sabía y se confirmó que Bolivia no tenía tantas reservas de hidrocarburos como las que se creía. Eso está claro. Soy muy crítica hacia el gobierno y hacia sus políticas, creo que no han sido las mejores para el país y creo que actualmente estamos viviendo las consecuencias de esas políticas populistas, inmediatistas que tenían apoyo, pero que en realidad no eran soluciones estructurales a los problemas sociales y ambientales que tiene Bolivia. Viendo hacia el futuro, esos son los problemas en los que tenemos que enfocarnos para dar soluciones reales.

—¿Cuáles serían esas soluciones?

—Muchas soluciones requieren de normativas, pero que se cumplan. Un claro ejemplo es la ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien que hasta la fecha tiene cero jurisprudencia. Esta ley incluye un principio precautorio pero, a pesar de que está vigente desde el año 2012, tiene cero jurisprudencia. Tampoco tenemos una ley de transparencia y acceso a la información lo que hace muy difícil controlar a las grandes empresas, dónde están y qué es lo que están haciendo. Y el tema estructural de fondo social es que Bolivia necesita otro tipo de alternativas económicas, no puede ser que la única alternativa económica sea ser mineros. Hay que desarrollar otro tipo de ámbitos, por eso hablaba del tema de transformación, donde se generan empleos y la población pueda tener una diversidad de actividades económicas y no solamente dedicarse a la minería, que no nos beneficia como país.

* Imagen principal: Mina en Bolivia. Foto: Ministerio de Minería y Metalurgia. 

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Yvette Editor/a

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