- Representantes de pueblos originarios y comunidades de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, República Dominicana y Perú se reunieron en la capital peruana para exponer los casos más emblemáticos de daños ambientales en sus países.
- Pueblos indígenas y organizaciones ambientalistas se unieron en la campaña Que paguen los que contaminan, para exigir a las empresas y los Estados a responsabilizarse por los daños sociales y ambientales que han ocasionado.
“La Amazonía siempre ha sido explotada. Ha sido el patio trasero de los estados para un supuesto desarrollo, mientras quienes vivimos allí no tenemos salud de calidad, ni educación de calidad, ni vías de transporte de calidad. No tenemos nada”, dijo indignada Consuelo Piaguage, del pueblo indígena Siekopai, representante de la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) en la Amazonía ecuatoriana. Sus palabras reflejan lo que viven los pueblos indígenas de Ecuador afectados desde hace tres décadas por la explotación de hidrocarburos, también sintetizan muchos de los reclamos que tienen los pueblos originarios y las comunidades Latinoamericanas hacia las industrias extractivas que operan en sus territorios.
Piaguage forma parte de la tercera generación de su familia que reclama por la contaminación dejada por la empresa transnacional de hidrocarburos Texaco —comprada por Chevrón en el año 2001—, que según el propio Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador ha sido “responsable del derrame de no menos de 15.8 mil millones (59.9 mil millones de litros) de residuos de petróleo y 28.5 millones de galones (108 millones de litros) de petróleo bruto en la Amazonía”.
“Esta lucha viene desde mis abuelos. Mi abuelito fue una de las primeras personas que ha firmado la denuncia contra Texaco —ahora Chevron—. Luego mi papá, a los 18 años, cuando yo aún no existía, también la firmó. Ahora, me están heredando esta lucha”, contó la lideresa Siekopai ante un auditorio de defensores ambientales Latinoamericanos reunidos en Lima, Perú, el pasado 12 de mayo.
Defensores ambientales de pueblos originarios y especialistas de organizaciones ambientalistas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, República Dominicana y Perú se reunieron en la capital peruana, durante la presentación de la campaña global Que paguen los contaminadores, con la cual buscan denunciar los problemas de contaminación y destrucción que padecen sus pueblos y territorios por la presencia de empresas dedicadas a las actividades extractivas.
Extracción de hidrocarburos: la actividad que más daños provoca
“La actividad de hidrocarburos es la que más impacta en los territorios, sobre todo en la Amazonía”, resaltó Henry Córdova, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (Mocicc). Después está la minería y las actividades madereras —continúa Córdova—, así como la deforestación de los territorios.
Las empresas extractivas que han afectado los territorios de las comunidades tienen vinculación directa con la crisis climática, aseguró Córdova, sobre todo porque se trata de compañías dedicadas a la explotación de combustibles fósiles sobre todo de petróleo y de gas.
Uno de los casos emblemáticos —dijo Córdova— es el de Texaco-Chevrón en el territorio ecuatoriano. “Un crimen ambiental que lleva casi 30 años de impunidad y que, a pesar de que se han ganado varias batallas legales dentro del territorio ecuatoriano, todavía se mantiene una disputa a nivel internacional”.
“Para mí fue impactante ver una de las lagunas de desechos tóxicos, porque sólo había escuchado hablar de ellas, pero nunca las había visto. Fue ahí que nace mi interés por esta lucha”, recordó Consuelo Piaguage cuando habla de las 1000 piscinas que fueron construidas por la empresa Texaco Petroleum Company para depositar los desechos tóxicos del petróleo.
Según el documento El caso Chevron/Texaco en Ecuador Una lucha por la justicia ambiental y social, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, “a modo de ‘remediación’ la empresa disimuló centenares de piscinas de residuos tóxicos cubriéndolas con una capa superficial de materia orgánica y dejándolas en el mismo estado contaminante. Hasta hoy, estas piscinas siguen contaminando el suelo y las aguas de la Amazonía ecuatoriana”.
Las acciones de la empresa transnacional —agregó Piaguage— han dejado pérdidas humanas, ambientales y culturales. “Nosotros como Siekopai tenemos una fuerte relación espiritual con la naturaleza, pero los espíritus se han alejado por la contaminación, porque para nosotros el agua no es simplemente materia física, sino que es un espacio donde viven algunos espíritus”.
Ese no fue el único caso de afectación por hidrocarburos expuesto durante la reunión en Lima. También asistieron representantes del pueblo mapuche en Argentina que ha sufrido los damos ambientales causados por el yacimiento de petróleo y gas de Vaca Muerta, ubicado en Neuquén; así como dirigentes de los pescadores artesanales afectados por el derrame de la empresa Repsol, ocurrido en enero de 2022 en la costa peruana.
Desde Argentina, Lef Nahuel, Werken (portavoz) de la Confederación Mapuche de Neuquén-Zonal Xawvn Ko, contó lo que ha significado para el pueblo mapuche la explotación de gas y petróleo del megaproyecto de Vaca Muerta en la Patagonia argentina. “En el 2013 se inicia la explotación a gran escala mediante la técnica de fracking, que implica el uso diario de millones de litros de agua para la extracción de los hidrocarburos y una gran contaminación que ha proliferado junto con las perforaciones, así como los basurales petroleros como se denomina a los residuos que se están amontonando en las orillas de las ciudades”.
Nahuel mencionó que en la zona entre Neuquén y Añelo, una franja de 100 kilómetros, las actividades del megaproyecto Vaca Muerta ha causado contaminación, derrames y un atropello en los territorios de las comunidades. “Son alrededor de 26 las comunidades afectadas, de ellas, unas 10 comunidades mapuches se ubicaron en lo que se denomina zona caliente. Y hay presencia de enfermedades relacionadas con la contaminación”.
Meli Capabran Duarte, integrante del Pu Zomo-Mujeres Mapuche de la Confederación Mapuche de Neuquén-Consejo Zonal Xawvn Ko, aseguró que con el proyecto Vaca Muerta se están destruyendo las fuentes de agua potable y de riego que abastecen a los distintos territorios de Neuquén. “A pesar de que nuestra zona representa el encuentro de tres ríos, esos mismos ríos se usan hoy en día para el fracking. Y ahora se pretende usar uno más que no estaba destinado para la industria”.
Capabran resaltó que las mujeres mapuche están en la lucha de preservar los bienes comunes, “porque entendemos que los ríos, el agua, la tierra, son nuestra fuerza y permiten nuestra vinculación con el entorno. Las aguas están contaminadas, los suelos se están partiendo por los sismos causados por el fracking, pero a pesar de todo, recibimos muchísima fuerza que ha permitido a nuestra gente mantenerse por tanto tiempo de pie”.
Que paguen los que contaminan
Silvana Cevallos, representante de la Red por la Superación del Modelo Forestal de Chile, llegó al encuentro en Lima para exponer sobre los problemas que representa el modelo forestal que existe en su país.
Cevallos contó que el conglomerado de las empresas privadas más grandes de Chile ocupa el 70 % de la producción y del volumen de exportación de la industria forestal, “a diferencia de otros países, en Chile no existe la figura de la forestal pública o estatal ni tampoco la producción cooperativa o colectiva”.
En la región del Bío Bío, señaló Cevallos, más de un 40 % del territorio es monocultivo forestal y se concentra en dos o tres provincias de la costa dónde solo se ven los árboles que sobrevivieron a los agroquímicos que usa la industria forestal. “Nosotros tenemos derecho a la biodiversidad, a un medio ambiente libre de contaminación, a la naturaleza y al agua limpia. Ninguno de esos derechos está siendo respetado. Así entendimos que todas esas problemáticas tenían un factor común: la industria forestal”.
Uno de los efectos más grandes que han tenido las plantaciones forestales en Chile sucedieron durante los incendios forestales ocurridos a inicios de 2023. “El pino es muy inflamable y cuando se poda, quedan las hojas secas, es decir, una gran cantidad de combustible. Cuando llega el fuego con temperaturas sobre los 35 grados, eso es una bomba de material inflamable”.
Lo mismo ocurre con el eucalipto, dijo Cevallos, una especie que arde a menor temperatura, y cuyo aceite de sus hojas es inflamable. “El fuego alcanza, temperaturas muy superiores a los 600 grados y se estima que puede llegar a los 2000 grados, que es la temperatura de fundición de la arcilla y de los metales. Las primeras capas de suelo, que es el suelo fértil, cambiaron completamente su composición química”, aseguró la defensora ambiental sobre lo que sucedió en las tierras forestales luego de los incendios.
Lo que más indigna a quienes han resultado afectados por el fuego —agregó Cevallos— es que existen normas nacionales sobre las medidas necesarias para evitar los daños, pero las industrias no las han cumplido del todo y el Estado tampoco ha fiscalizado. “Tenían que hacer cortafuegos para que el fuego no llegara a las zonas pobladas, pero no todas lo hicieron. Además, debían tener un contingente suficiente para enfrentar los incendios y todos los testimonios dan cuenta de que las brigadas con las que contaba la industria forestal eran insignificantes para la magnitud del fuego. Su mecanismo de contingencia no funcionó”.
Nathalie Rengifo, coordinadora en América Latina de la campaña Que paguen los contaminadores, señaló que las organizaciones sociales del continente hicieron un llamado para crear esta campaña para que las empresas transnacionales extractivas, los agronegocios y los Estados se hagan responsables por los daños que causan sus actividades.
“Que paguen por los desastres ambientales causados a las comunidades, por la vulneración de sus derechos, por la vulneración a los derechos de la Madre Tierra, por los desastres culturales, sociales, económicos y espirituales que han generado en las comunidades”, describió Rengifo. “Es un concepto más allá de una indemnización económica, sino que abarca la justicia climática. Además, se pide que los combustibles fósiles se dejen bajo tierra, que no haya más extracción”, agregó.
La propuesta de emprender esta campaña surgió durante la Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP 25, que se realizó en Madrid, España, en 2019. En esa cita, se impulsó la propuesta de los países en desarrollo para que los gobiernos y las grandes corporaciones cumplan con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. Se trata de una campaña global que involucra a países de África, Asia y América Latina.
“Como se veían pocos resultados en la implementación de los compromisos climáticos se decidió impulsar una campaña llamada Que paguen los grandes contaminadores”, cuentó Henry Córdova, de Mocicc, sobre el nacimiento de esta propuesta que reúne a pueblos originarios de varios continentes. “Nos preocupaba que las corporaciones estuvieran presentes dentro de las negociaciones de la COP, pues ponía en duda que los gobiernos puedan tomar acciones efectivas y contundentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”.
El representante de Mocicc destacó que la reunión en Lima fue un punto de encuentro para el intercambio de testimonios y experiencias de defensores ambientales en Latinoamérica. “Hemos podido constatar que los problemas son comunes a todos nuestros países”, mencionó Córdova. “Así como en Perú hemos visto el asesinato de alrededor 20 dirigentes dedicados a la lucha ambiental en defensa de sus territorios, también hemos escuchado testimonios de representantes de Ecuador, Bolivia y de otros países que han sido amenazados, perseguidos, judicializados y asesinados”.
* Imagen principal: Megaproyecto Vaca Muerta en Argentina. Foto: Cortesía Gobierno de Argentina.
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