- Casi 6 000 hectáreas fueron deforestadas en la región Amazonas en el 2022, sobre todo en territorios pertenecientes a comunidades nativas, según un reciente estudio sobre pérdida de bosques a cargo de Oxfam Perú, la ONG Paz y Esperanza y la Unión Europea.
- Los datos registrados en 2022 reflejan un repunte de la deforestación dentro de Amazonas, luego del pico histórico alcanzado en 2020, año del brote de la pandemia del COVID-19.
- El informe también incluye las dimensiones de la pérdida forestal en la región de San Martín a lo largo de 2022, que alcanzó 14 329 hectáreas, y en donde las concesiones forestales fueron los sectores más afectados.
“A toda hora y desde cualquier punto de los ríos Nieva o Marañón, se pueden ver los botes repletos con nuestra madera. Pero nadie hace nada”. El testimonio, afligido y cargado de desaliento, corresponde a Romer Orrego, presidente de la Organización Consejo Aguaruna Huambisa, que agrupa a 322 comunidades nativas de las cuencas de los ríos Cenepa, Santiago, Marañón, Nieva y Domingusa, en Amazonas, región que forma parte de la Amazonía del Perú.
Para el líder indígena, el narcotráfico, la tala y minería ilegales son las economías delictivas que más han afectado los bosques de los territorios a su cargo. No se trata de un fenómeno reciente, sino, a juicio del apu, es el resultado de largos años de abandono por parte del Estado, y de la falta de alternativas laborales en las comunidades de la región. “Todo ello ha conllevado a que la ilegalidad siga creciendo en nuestros pueblos”, sostuvo.
Esta situación de alarma ha quedado en evidencia en el reciente informe anual sobre pérdida de cobertura boscosa en Amazonas, para el cual Oxfam Perú y la ONG Paz y Esperanza recogieron información del Programa Bosques del Ministerio del Ambiente, y la desagregaron a fin de situar los ámbitos de devastación e identificar los periodos en que esto ocurrió. De acuerdo con el análisis, la región Amazonas registró 5806 hectáreas de bosques deforestados durante el 2022, de las cuales 3183 hectáreas se ubican dentro de comunidades nativas tituladas. Los pueblos indígenas que habitan las etnias awajún y wampis constituyen la categoría territorial donde más se concentró la pérdida forestal.
Con este nuevo dato, la deforestación en Amazonas creció en 1477 hectáreas con respecto a las 4329 hectáreas reportadas en el 2021.
La Autoridad Regional Ambiental de Amazonas —que también ha sido parte de las coordinaciones para la realización del estudio, junto con la Unión Europea— trabajará sobre los resultados de la evaluación en las acciones de control y vigilancia dentro de su territorio de competencia.
Comunidades nativas, las más afectadas
El análisis reveló que en 2022 las comunidades nativas en donde se registró una mayor pérdida de cobertura forestal dentro de Amazonas fueron Chamikar, Tuyankuwas, Shawit, Villa Gonzalo, Yujagkim, Wawik, Belén, Kashap, Cusu Pagata y Alto Pajakus. La evaluación se realizó sobre las 201 comunidades nativas tituladas de la región. Las más afectadas están en los distritos de Nieva, Río Santiago y El Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, e Imaza, en Bagua. Se trata, precisamente, de las jurisdicciones que mayor deforestación reportaron el año pasado, según lo consignado en el estudio.
“Tres de estos distritos están ligados a comunidades nativas y pertenecen a Condorcanqui, donde ha habido narcotráfico, minería y pistas de aterrizaje”, dijo a Mongabay Latam Rubén Ninahuanca, coordinador del programa de Gobernabilidad de la ONG Paz y Esperanza, que trabaja con las comunidades indígenas de Amazonas y San Martín.
Además de las comunidades nativas tituladas, las otras categorías de gestión de bosque donde hubo mayor deforestación corresponden a áreas naturales protegidas (118 hectáreas: 2.03 %), áreas de conservación privada (98 hectáreas: 1.69 %) y concesiones para conservación (7 hectáreas: 0.13 %). El resto del desbosque (41.32%) estuvo ubicado sobre otros derechos territoriales.
El bosque de producción permanente de la región, es decir, el área con bosque natural primario o que no ha sido intervenido o explotado por el hombre, no evidencia señales de depredación forestal.
El mayor daño en la cobertura boscosa de la región Amazonas sucedió entre los meses de agosto y noviembre de 2022. Los especialistas a cargo de la evaluación explicaron que, de diciembre a marzo es la temporada en que la madera es retirada de las zonas de tala, pues las lluvias facilitan su traslado.
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Avanza la pérdida forestal
Después del 2020, cuando empezó la pandemia del COVID-19 en Perú, el año 2022 es el que más deforestación registró en la región Amazonas. La oficial de justicia ambiental y climática en Oxfam Perú, Suyana Huamaní, explicó que la emergencia sanitaria generó el regreso de muchas personas a sus lugares de origen y con ello surgió de nuevo la necesidad del uso de la tierra como medio de vida.
El estudio puntualiza que el retorno a actividades como la agricultura y la extracción de madera incrementaron la presión sobre los bosques tropicales. Sin embargo, Mongabay Latam ha reportado que la pandemia también ocasionó la incursión de ilegales (taladores, cocaleros, mineros o narcotraficantes) sobre diversas zonas de la Amazonía peruana ante la nula presencia del Estado o la falta de resguardo de comuneros indígenas que cumplían con las restricciones de libre tránsito ordenadas por el Gobierno.
“En Amazonas se vio con más intensidad la minería ilegal, sobre todo en la parte norte. Ahí hubo un crecimiento importante y frente a ello las organizaciones indígenas de la zona denunciaron y pidieron interdicciones”, detalló Huamaní.
El 2020, Perú tuvo la cifra récord de 203 272 hectáreas de bosques perdidos, y la región Amazonas alcanzó un pico de 11 540 hectáreas taladas. Al año siguiente, la deforestación decreció en esta región a 4329 hectáreas, pero para el 2022 repuntó hasta 5806 hectáreas. Es decir, las actividades de desbosque permanecieron y nuevamente han comenzado a despuntar.
Mongabay Latam ha seguido de cerca el estado de los bosques de la región Amazonas en estos tres últimos años. En enero de 2021, este medio reportó la forma en que taladores ecuatorianos estaban irrumpiendo en comunidades wampis de la cuenca del río Santiago para extraer topa o madera balsa. Para la fecha de publicación del reportaje, unas 50 hectáreas de topa ya habían sido depredadas, pues los ilegales venían entrando a territorio indígena peruano desde mediados del año anterior.
Hacia julio de 2022, Mongabay Latam informó que unos 20 000 pies tablares de especies forestales protegidas (cedro y caoba) eran sustraídas cada mes de comunidades wampis por madereros ilegales, o sea, el fenómeno delictivo había cambiado. Y para septiembre del año pasado, otro reportaje de este medio reveló que mineros ilegales operaban más de 60 dragas para la extracción de oro sobre siete comunidades nativas awajún ubicadas en las orillas del río Cenepa. Todo ello tuvo lugar en la provincia de Condorcanqui, la más golpeada por la deforestación en la región Amazonas (2679 hectáreas: 46.14 %).
Imágenes satelitales dimensionan el problema
Eider Marín, ingeniero responsable del área de Información y Control Forestal y de Fauna Silvestre de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de Amazonas, declaró que su oficina ha tenido conocimiento de las economías ilícitas que se han estado desarrollando, sobre todo, en la parte norte de la región y, principalmente, en Condocanqui.
No obstante, remarcó, las gestiones anteriores no han elaborado algún documento con estadística oficial que precise las causas exactas de la creciente deforestación en su región. Marín ha asumido funciones en la ARA de Amazonas desde enero del 2023.
Para cuantificar el cambio de cobertura y verificarla, Paz y Esperanza y Oxfam Perú analizaron en detalle imágenes obtenidas a través de los satélites Landsat-8 y Sentinel-2. El funcionario indicó que los resultados obtenidos en el estudio serán sustanciales para las visitas que el ARA Amazonas haga a los sectores de depredación que han sido ubicados, e iniciar acciones de control.
“Tenemos zonas donde la deforestación podría ser por minería ilegal y tráfico de tierras, se requiere validar en campo esa información”, señaló Marín.
Dentro de Condorcanqui, Nieva es el distrito que mayor deforestación registró en 2022 (1383 hectáreas), un sector donde, según la información que maneja el funcionario del ARA Amazonas, hay invasiones de comunidades y tráfico de tierras. “Las áreas comunales son extensas y la responsabilidad de protegerlas recae sólo en los comuneros. Entonces, las actividades ilícitas se desarrollan, pues quienes las ejercen tienen mucho más capacidad logística y económica. Eso supera siempre a las capacidades que puedan tener las comunidades”, resalta el ingeniero Marín.
A Nieva pertenecen cuatro de las comunidades nativas con mayores índices de deforestación en Amazonas durante el 2022: Chamikar, Shawit, Kashap y Alto Pajakus.
Comunidades en riesgo
Chamikar es la comunidad nativa que tuvo los más altos niveles de depredación forestal dentro de la región Amazonas. De las 3183 hectáreas de desbosque que hubo en los ámbitos indígenas de este sector de la Amazonía peruana, Chamikar reportó 143 56 hectáreas de selva devastadas.
Baltazar Shajian, líder de Chamikar, dijo a Mongabay Latam que el establecimiento y desarrollo de economías ilegales es un problema que actualmente afecta a la mayoría de comunidades nativas del Perú. El apu señaló que la necesidad ha llevado a que algunos comuneros alquilen terrenos a gente no indígena procedente de otros lugares. “Entonces, si alguien viene a mirar si hay tala de madera, cultivos ilegales o explotación de oro, lo va a mirar. Pero eso no soluciona la realidad del pueblo awajún, sino el sensibilizar a la gente para que no siga haciendo lo mismo”, dijo. “A veces las únicas oportunidades que hay en las comunidades rurales o indígenas son esas actividades”, resaltó.
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Shajian atribuyó la complicada situación en comunidades como la suya al olvido de las autoridades locales, regionales y nacionales. En ese sentido, preguntó: “¿Qué alternativa están dando las instituciones o las autoridades para que no haya efectos contra el medioambiente o daños ambientales?”.
Desde hace dos años, cuando asumió el cargo de líder comunal, Shajian inició un proceso de pacificación, contó, cuyo primer paso fue un censo para saber cuántas familias residen en el pueblo y tener identificados a todos los habitantes. Existe en la comunidad, dijo, un plan de trabajo para reducir la contaminación, la tala ilegal, y para impedir el ingreso de mineros clandestinos y de personas que llegan para abrir terrenos destinados a la crianza de animales. “Pero Chamikar tiene 30 000 hectáreas, por eso no puedo controlar a cada persona o ir a cada casa para saber qué actividades realiza. Eso se puede escapar de mis manos”, puntualizó el líder indígena.
Romer Orrego agregó que la necesidad ha obligado a que, por ejemplo, los comuneros indígenas arrienden cada hectárea de sus terrenos a 100 soles (US$27) por mes. Y es en aquellas parcelas, describió Orrego, donde foráneos ilegales extienden enormes campos para el cultivo de hoja de coca que luego será destinada al narcotráfico.
“Ahí entran a trabajar los mismos pobladores: cuando se abren las chacras, en la siembra y hasta cuando se procesa la hoja. De esa forma también se solventan”, narró el presidente de la Organización Consejo Aguaruna Huambisa. Sin embargo, precisó que cuando los ilegales saben sobre la realización de un operativo policial, se van y toda la responsabilidad recae en los comuneros. “Es muy penoso todo”, dijo Orrego. Él vive en Ajachín, una comunidad donde el 2022 fueron depredadas casi 20 hectáreas de bosques.
Villa Gonzalo, en el distrito de Río Santiago, es la cuarta comunidad nativa en la escala de deforestación dentro de Amazonas. Hubo allí 95 hectáreas de pérdida de bosques el año pasado. En mayo y junio de 2022, Villa Gonzalo fue escenario de una importante incautación.
Los comuneros wampís de aquella localidad, apoyados por las rondas campesinas, interceptaron el paso de dos botes cargados con 13 000 y 14 000 pies tablares que iban rumbo a Santa María de Nieva. Era madera fina que había sido talada en comunidades del Alto Santiago. Esta situación de ilegalidad ya había llegado también a algunos pueblos del Bajo Santiago como Villa Gonzalo y sus anexos.
De otro lado, Belén y Cusu Pagata, comunidades que tuvieron 72 y 68 hectáreas de deforestación el año pasado, respectivamente, son algunos de los sectores hasta donde llegaron las dragas de mineros ilegales que estuvieron operando en la extracción de oro a lo largo del río Cenepa, una grave situación que Mongabay Latam reportó en septiembre del año pasado.
Deforestación crece en San Martín
El informe sobre pérdida de cobertura boscosa también incluyó los índices registrados durante el 2022 en San Martín. Para identificar los niveles de desbosque aquí también participó el Colegio de Ingenieros de la región. En total, fueron 14 329 hectáreas de deforestación identificadas en San Martín, con lo cual hubo un aumento de 1249 hectáreas de bosques arrasados con respecto al 2021 (13 080 hectáreas).
Conforme al estudio, el periodo entre junio y octubre, correspondiente al verano amazónico, fue donde más se acentuó la tala indiscriminada. Las provincias más afectadas fueron Bellavista (3413 hectáreas: 23.8 %), Huallaga (2158 hectáreas: 15.1 %), Mariscal Cáceres (1674 hectáreas: 11.7 %) y Lamas (1605 hectáreas: 11.3 %).
En tanto, el análisis determinó que las categorías territoriales con mayor devastación forestal en San Martín fueron las concesiones forestales inactivas, con 1384 hectáreas; las concesiones forestales activas, con 1255 hectáreas; las concesiones para conservación, con 873 hectáreas; y las zonas de conservación y recuperación de ecosistemas, donde se reportó 769 hectáreas de deforestación.
En las comunidades nativas, la deforestación ascendió a 711 hectáreas, mientras que en el bosque de producción permanente correspondiente a la región la tala indiscriminada se extendió por 634 hectáreas. En el caso de las comunidades nativas, el estudio se enfocó dentro de las 41 que han sido tituladas en este departamento de la Amazonía peruana.
“En San Martín, el tema de titulación de comunidades nativas es bastante complejo. El Ministerio de Cultura ha reconocido alrededor de 122, pero apenas hay 44 tituladas. La data que tenemos está referida a comunidades nativas tituladas. Probablemente hay áreas de bosque que escapan al análisis, pues para las comunidades que solo están reconocidas no tenemos oficialmente un polígono donde se pueda determinar con exactitud cuánta deforestación existe”, precisó Rubén Ninahuanca, de Paz y Esperanza.
El panorama de cara a los resultados de pérdida de bosque para este 2023 son desalentadores. El ingeniero en recursos naturales renovables de Paz y Esperanza, Melvin Mestanza, dijo que durante los tres primeros meses del año el Programa Bosques reportó 63 960 alertas tempranas de deforestación. “Eso implica un aproximado de 5756 hectáreas a nivel país y se trata apenas de lo ocurrido hasta fines de marzo. Las causas son antrópicas, es decir, por la intervención del hombre”, declaró.
Para Suyana Huamaní, de Oxfam Perú, la inflación y el alto costo de vida actuales también podrían tener un impacto negativo en los resultados de deforestación durante el 2023. “Muchas familias pueden volver a usar el bosque para tener más ingresos económicos y eso podría ser otro gatillazo”, remarcó Huamaní.
* Imagen destacada: En 2022, la deforestación en la región Amazonas se incrementó en 1.477. Las comunidades nativas fueron los sectores más afectados. Foto: Paz y Esperanza
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