El pasado 10 de mayo, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso confirmó la noticia: se firmó el TLC con China. De inmediato, analistas explicaron los beneficios y retos de este acuerdo con una de las economías más grandes del mundo. Por otro lado, los sectores ambientalistas llamaban la atención sobre los riesgos del TLC para la biodiversidad y la naturaleza del país.

No había pasado ni una semana desde que se conoció esta noticia, cuando el presidente Lasso tuvo que comparecer ante la Asamblea Nacional para defenderse en el juicio político, por presunta corrupción, que se había iniciado en su contra. Poco después, el mandatario tomó la decisión de decretar la muerte cruzada, mecanismo legal en Ecuador con el que disuelve la Asamblea y se aleja de su cargo de presidente. Con esta decisión, el país quedó envuelto en una crisis política y tendrá que llamar a elecciones en unos meses para elegir al nuevo presidente y los nuevos asambleístas que se encargarán de terminar el periodo para el cual había sido elegido Guillermo Lasso.

En medio de la convulsión que vive el país, ¿qué va a pasar con el TLC? ¿Qué falencias ambientales y sociales tiene el texto? ¿Por qué las controversias en torno a la financiación de proyectos extractivos financiados por China preocupa a los expertos? Mongabay Latam conversó sobre estos temas con Paulina Garzón, directora de la ONG Latinoamérica Sustentable (LAS), expresidenta de Acción Ecológica y quien lleva más de 25 años trabajando en financiamiento internacional, medio ambiente y derechos humanos.

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—El 10 de mayo, Ecuador y China firmaron su Tratado de Libre Comercio (TLC). ¿Qué va a pasar con este acuerdo comercial ahora que Ecuador vive una gran crisis política con la disolución de la Asamblea Nacional y la salida del presidente Guillermo Lasso?

—Creo que nadie tiene la respuesta exacta ahora mismo. Formalmente, el TLC tiene que recibir un informe favorable de la Corte Constitucional y luego pasar a la Asamblea Nacional para su aprobación pero, con la muerte cruzada [mecanismo bajo el cual el presidente disuelve la Asamblea y también abandona su cargo], todo es incierto.

Políticamente también es un momento difícil para Lasso frente a la Corte Constitucional. Recientemente, la Corte dio paso a la consulta popular para el Yasuní [para preguntarle a los ecuatorianos si están de acuerdo con la explotación petrolera en este parque nacional], o sea, no es una Corte que necesariamente está alineada con las propuestas económicas de Lasso. Tenemos que estar muy atentos, no creo que se haya dicho todavía la última palabra sobre el TLC. Por otro lado, si es que la Corte hiciera un informe favorable, no está claro si la Asamblea actual, que está funcionando en su mínima expresión, podría decidir sobre este tema.

El escenario más probable es que habría que esperar a que se elijan los nuevos asambleístas y el TLC tendría que entrar en agenda para la aprobación. Fácilmente podemos estar hablando de un año, puede pasar mucho tiempo hasta que la ratificación del TLC se haga efectiva.

—¿El texto puede sufrir modificaciones mientras transita por ese camino?

—Sí. Yo espero que la Corte Constitucional haga un trabajo minucioso, detallado y concienzudo de revisión del contenido. Todavía se pueden hacer reformas.

—¿Qué implicaciones tiene para Ecuador este acuerdo comercial con el gigante asiático?

—Hay un problema en la relación comercial con China y eso se expresa en que las inversiones, el financiamiento soberano y el intercambio comercial tienen un enfoque fuertísimo en los recursos naturales, sobre todo de industrias extractivas. ¿Qué le vende Ecuador a China? Principalmente camarón, pescado, petróleo y minerales. El objetivo de cualquier TLC es darle más garantías al comercio, es expandir, ampliar y profundizar los mercados. Ecuador buscará seguir vendiendo estos productos y aumentar las ventas. Serán estos sectores donde se notarán más los efectos del TLC.

Esto pasará en un momento en que el país no sólo está convulsionado políticamente sino que Ecuador no ha estado ni está preparado con un buen marco regulatorio ambiental y social para este TLC con China. No se cuenta con políticas de Estado para enfrentar el cambio climático y con un plan para garantizar una transición energética justa y limpia. Entonces, toda la profundización del extractivismo en una economía primaria exportadora, y en un momento de crisis política, económica y ambiental, no es una buena idea.

—¿Por qué preocupa tanto el tema ambiental en este TLC con China?

—Si tú analizas los proyectos chinos, todos, sin excepción, tienen problemas muy graves de desempeño ambiental, de debida diligencia, aplicación de las leyes y de consulta previa. Casi todos han tenido una o más acciones legales frente a las Cortes ecuatorianas. Por ejemplo, la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair es un desastre, no solo ambiental sino también económico. El proyecto minero Mirador, por ejemplo, es otro desastre que tiene varias denuncias ante cortes nacionales, igual pasa con los proyectos mineros San Carlos Panantza y Río Blanco. Este último está suspendido por no haber realizado la consulta previa.

Todos los proyectos emblemáticos chinos son proyectos ilegales, conflictivos y con resultados económicos dudosos. Si hasta el momento esta es la experiencia con la inversión china que tiene Ecuador, fortalecerla con un TLC, a mí me suena muy peligroso.

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—¿Qué tanto se aborda el tema ambiental en el texto del TLC?

—Es mínimo. Hay una pequeña referencia en el capítulo 16 sobre cooperación económica, con un artículo sobre cooperación en temas ambientales, pero es algo absolutamente general. Se habla de que se buscará disminuir los impactos y que se promoverá el cumplimiento de las leyes. Eso es súper básico y es muy declarativo. Se habla de bioeconomía, de desarrollo verde y de financiamiento verde, pero no se explica qué significan los términos y esto es muy preocupante.

—Usted mencionó que el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair fue uno de los más preocupantes financiados y ejecutados por China, ¿por qué?

—Hay que recordar cuál fue la promesa ambiental de Coca Codo Sinclair cuando se firmó el acuerdo del contrato, tanto de préstamo como de obras. Dijeron que iba a ser el proyecto clave para la transición energética ecuatoriana y para limpiar la matriz energética que, para ese entonces, estaba basada principalmente en combustibles fósiles. Esto fue muy celebrado por el gobierno de Rafael Correa y con el respaldo de toda la institucionalidad China.

Se hizo esta gran promesa y, ¿qué pasó con Coca Codo Sinclair? Fue un proyecto que se acordó de la noche a la mañana, que no tenía estudios de impacto ambiental, geológicos y del flujo de los ríos actualizados. Tampoco se instalaron mecanismos adecuados de debida diligencia y hubo una enorme cantidad de corrupción. Además de que fue un proyecto muy caro y que no cumplió su promesa ambiental, se tuvo que intensificar la producción petrolera para pagar los préstamos chinos que Ecuador había adquirido desde el 2009 hasta el 2019. Resulta que muchos de estos préstamos tenían que ser pagados con petróleo. Es precisamente esta presión la que hace que el gobierno ecuatoriano decida entrar en el Yasuní, una de las zonas más biodiversas de toda la Amazonía, para poder pagarle los préstamos a China.

Que el TLC mencione conceptos como financiamiento verde o bioeconomía, sin definirlos, hace que sean conceptos vacíos y hasta peligrosos.

—Expertos han señalado que la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair tuvo influencia en la erosión regresiva del río Coca y en la desaparición de la cascada San Rafael…

—Ya había estudios en 1990 que hablaban de la erosión regresiva y de la posible desaparición de la cascada de San Rafael. Antes de que China financiara este proyecto, el gobierno de Correa intentó tramitarlo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), empezaron una cantidad de conversaciones pero el banco puso unos primeros requisitos, entre los que estaban la actualización de los estudios de impacto ambiental y social, y que los hicieran de una manera integrada, porque tenían solo un estudio de impacto ambiental para la represa, pero no para todas las obras complementarias. El gobierno no quiso hacerlo y en ese momento surgió el financiamiento chino. Se aceleraron todos los procedimientos. Incluso, se pasó una nueva ley de empresas públicas y se creó la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) para evitar un proceso de licitación porque la empresa pública podía elegir al contratante y, en este caso, pudo elegir a Sinohydro [empresa china a cargo de la construcción de la hidroeléctrica].

—Uno de los productos estrella de Ecuador es el camarón, ¿qué riesgos se podrían presentar en los océanos debido a un aumento en la producción, motivada por el TLC?

—El contenido del acuerdo es muy claro en que también aplica a las zonas costeras, a toda el área donde los dos países tienen soberanía en el mar territorial y a todos los derechos que tienen sobre aguas internacionales. Esto es gravísimo porque ha habido muchas denuncias sobre pesca ilegal. Un tema que está surgiendo ahora es toda esta campaña para la explotación de minerales en aguas profundas para la transición energética. Justamente China es uno de los promotores de esa iniciativa. Imagínate lo que es explotar minerales en aguas profundas, a miles de metros de profundidad, en donde no hay experiencia, no hay vigilancia ciudadana y no hay normativa ambiental.

Es muy grave incluir estas áreas en un TLC cuyo propósito es expandir la explotación de recursos naturales, incluidos los minerales, los camarones, los tiburones y todas las especies marinas para alimentar a 1400 millones de personas en China.

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—¿Qué debe hacer Ecuador para garantizar la sostenibilidad de sus recursos naturales si entra en vigencia el TLC?

—Hay que crear políticas porque, lamentablemente, nuestro país tiene una ausencia de políticas ambientales. Debemos tener una claridad en el TLC de cuáles son las políticas ambientales de lucha contra el cambio climático, de transición energética justa y limpia y, a partir de ahí, definir las actividades concretas. Esto no existe en este momento, el TLC está orientado a fortalecer y expandir actividades pero no a pensar en políticas.

—¿China tiene organizaciones que hagan seguimiento a las prácticas ambientales de los países con que tiene alianzas y tratados comerciales?

—Una cosa interesante es que en los últimos años China viene teniendo, en su lenguaje, un cierto liderazgo internacional sobre la lucha contra el cambio climático y sobre la mejora de los controles ambientales. China ha fortalecido instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, con un rol más fuerte en la supervisión y en la capacidad de imponer castigos a las empresas chinas por mal comportamiento ambiental y por violaciones de reglas ambientales. Pero todo esto es interno, dentro de China. Ahora, si esto puede también trasladarse hacia los controles sobre importaciones, sería algo magnífico.

Por el contrario, en la Unión Europea vemos una mayor preocupación por temas ambientales y por asegurar que la cadena de suministro de ciertos productos sea controlada, sea legislada, que los países tengan ciertas políticas y leyes que garanticen los derechos de las comunidades, etcétera. Nada de eso está en el TLC con China.

—Algunos expertos destacan que este TLC con China se negoció en tiempo récord…

—A mí me da la impresión de que este tratado fue hecho muy rápidamente. En otras ocasiones el Estado ecuatoriano ha permitido la participación de sociedad civil y ha hecho consultas al sector académico y científico sobre ciertos aspectos, pero esto no pasó en este TLC. Fue manejado de una manera muy hermética, se negoció muy rápidamente y el resultado es un tratado muy tradicional y muy declarativo.

¿Qué pasó en Perú? Pasaron muchos años, se dio un proceso para hacer un TLC donde las organizaciones sociales han tenido más espacios de participación, han pedido la creación de un capítulo ambiental y de un capítulo laboral. Se ha demorado muchísimo y aún no se ha firmado el TLC mejorado, y eso que las reuniones empezaron antes de la pandemia. Lo que quiero decir con esto es que este TLC de Ecuador con China, si pasa como está, va a necesitar muchísimo trabajo para poder mitigar potenciales daños. Es posible negociar estos tratados y hacer adendas, pero seguramente será muy difícil hacerlo.

El hermetismo que ha habido en el proceso de negociación, y lo rápido que se ha negociado, da cuenta de que los intereses de ambas partes son muy fuertes y lamentablemente se complementan: un gobierno desesperado por atraer inversión extranjera y un gobierno desesperado por acceso a materia prima.

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—A finales de 2021 usted participó en la elaboración del informe Banco de Desarrollo de China: financiamiento, gobernanza y desafíos socio-ambientales para América Latina y el Caribe. ¿El TLC podría motivar un aumento en los créditos otorgados a Ecuador?

—El Banco de Desarrollo de China es el banco comercial más grande del mundo y el que ha otorgado el mayor número de préstamos asociados a la extracción de combustibles fósiles. También es el mayor prestamista de Ecuador y, en el caso de los proyectos mineros, no son préstamos directamente a los proyectos si no a las compañías. El problema es la falta de reglas de juego ya que es un banco súper importante, juega en las grandes ligas del financiamiento internacional, pero sin las mínimas reglas de juego. Es un banco que no publica sus préstamos, que no sabemos si tiene políticas de salvaguarda sectoriales ni mandatorias porque no están públicas. No tiene un departamento de relaciones públicas con el que las comunidades y organizaciones puedan comunicarse. No tiene una política de acceso a la información. Hay hermetismo, opacidad y falta de mecanismos y políticas que den cuenta de una cultura de gobernanza ambiental y social.

Entonces, ¿qué pasa con una institución de estas características? Que los préstamos los deja totalmente al buen manejo o a la conciencia de la constructora y del gobierno que auspicia el proyecto. Y como vemos, no solo en Ecuador, los proyectos chinos son calificados como proyectos de importancia nacional estratégica, lo que les exime de reglas, agiliza las licencias ambientales y hace que no puedan ser vigilados más directamente por las comunidades y las organizaciones sociales. Tenemos un banco movilizando grandes capitales en áreas de gran sensibilidad ambiental y social, pero sin adoptar un rol propio en asegurar que se eviten y mitiguen los impactos negativos de inversiones riesgosas.

—Ahora que a Guillermo Lasso le quedan pocas semanas en el poder, ¿cómo ha visto usted la gestión ambiental del gobierno?

—Al inicio había algunas iniciativas interesantes que no estaban relacionadas con el extractivismo directamente. Por ejemplo, una cierta gestión en torno a las Islas Galápagos, donde se propuso apoyar el intercambio de deuda por naturaleza y crear comités de gestión para la protección de las islas. Pero cuando se trata de los sectores extractivos, rápidamente la política del gobierno ha sido la de ampliar sin pensar en las preocupaciones ambientales y sociales. Un buen ejemplo de esto es el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, que ha sido el propulsor de promover y expandir la explotación petrolera en el parque Yasuní. Él tiene varias entrevistas en donde manifiesta que Ecuador debe explotar el Yasuní, pone en duda la existencia de pueblos en aislamiento voluntario y no da crédito a la consulta popular.

Vemos un liderazgo muy tradicional que realmente no se ha enterado de los grandes problemas que vive el país en términos ambientales y su agenda principal es atraer la inversión extranjera y redoblar el extractivismo. Lo mismo ocurre en el tema minero.

*Imagen principal: Varias personas de las comunidades afectadas por el derrame de petróleo en el río Coca en febrero de 2020 hicieron una marcha pacífica el lunes 31 de agosto de 2020 en la ciudad de El Coca. Foto: Ivan Castaneira/Agencia Tegantai.

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Antonio Paz Cardona Editor/a

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